El ejército colombiano desplaza a los campesinos
Fuentes: Pressenza/ Independent Media Institute
Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Colombia fue escenario de una serie de protestas en masa a finales del pasado abril tras el llamamiento a una huelga general en la ciudad de Cali. Las causas de las protestas, que duraron semanas, pueden haber sido diversas: una aparente “reforma fiscal” que iba a beneficiar al 1% más rico de los ciudadanos; el fracaso de los recientes acuerdos de paz; y la incapacidad del sistema de salud colombiano para contener la epidemia de covid-19. En respuesta a dichas protestas, el gobierno mató a docenas de manifestantes, “desapareció” a cientos, impuso toques de queda en múltiples ciudades y movilizó al ejército. Pero las protestas continuaron durante semanas porque eran, en parte, un rechazo a la militarización global del país.
El trasfondo del levantamiento es la cuestión de la tierra. La guerra civil que dura decenas de años ha expulsado a millones de campesinos de sus tierras, que han pasado a manos de grandes terratenientes o han servido para levantar megaproyectos de grandes corporaciones. El continuo robo de tierras producido en los últimos años en Colombia cuenta con una nueva y aterradora arma: la militarización de la conservación del medio ambiente. En una serie de operaciones militares por todo el país iniciadas en febrero en seis localidades diferentes del país, en las que participaron un gran número de soldados y policías, el ejército capturó a 40 personas, a quienes el fiscal general acusó de deforestación y minería ilegal. En otro operativo anterior, el ejército capturó a cuatro personas acusadas de delitos contra el medio ambiente, a quienes el presidente Iván Duque catalogó como “disidentes de las guerrillas de las FARC”, según un artículo en Mongabay. En otra operación realizada en marzo de 2020, los soldados que pretendían detener a propietarios cuyo ganado pastaba ilegalmente en parques nacionales detuvieron a 20 personas, 16 de las cuales resultaron ser campesinos que no poseían ganado ni tierra alguna, según Mongabay. El ejército colombiano afirmó haber realizado 8 operaciones en 2020 mediante las cuales “recuperó más de 9.000 hectáreas de selva” y detuvo a 69 personas, 20 de ella menores, según el mencionado artículo en Mongabay.
Cuando ejército habla de selvas “recuperadas” se refiere a un territorio vaciado de sus habitantes. La iniciativa global, iniciada en 2019, se ha denominado “Operación Artemisa” y moviliza a un destacamento militar –al que el periódico en lengua inglesa de Bogotá, City Paper denomina “ecoguerreros”– con el fin de reducir un 50 % la deforestación, según declaró el presidente Duque a Reuters.
Ante tan grande presencia militar en la selva cabe preguntarse: ¿puede resolverse el problema de la deforestación mediante el uso de las armas? ¿Es posible salvar los bosques con detenciones masivas? ¿Se puede confiar en los mismos militares que mataron a miles de personas inocentes, incluyendo campesinos, para proteger el medio ambiente?
La Amazonía amenazada
La deforestación de la Amazonía es un problema real. La porción colombiana abarca en torno al 42% del área terrestre del país y supone el 6% del área amazónica total, mientras Bolivia y Venezuela cuenta cada una con otro 6%, Perú el 9% y Brasil el 66% del total de la selva amazónica.
El presidente Jair Bolsonaro de Brasil prometió en su campaña electoral que impulsaría el “desarrollo” del Amazonas y rápidamente adoptó iniciativas en ese sentido. También en Colombia la deforestación ha avanzado velozmente, devorando entre 100.000 y 200.000 hectáreas al año a partir de 2018. Los principales motores de la deforestación son la ganadería, los incendios, el cultivo de coca y amapola y la expansión de las carreteras y la minería. Si la “recuperación” (definida por la expulsión de personas de dichas zonas mediante el uso de la fuerza militar) mantiene el ritmo de 9.000 hectáreas anuales alcanzado en 2020, los “ecoguerreros” del ejército necesitarían trabajar once veces más rápido para detenerla. Por este motivo es procedente preguntarse qué es lo que realmente está pasando en Colombia y cuáles son las razones de esta iniciativa.
La región del Amazonas está protegida por la constitución colombiana, al igual que los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entre estos derechos están el derecho la consulta previa, libre e informada en caso de cualquier plan de desarrollo. Existen una serie de foros a través de los cuales los pueblos indígenas pueden ejercer teóricamente esos derechos. Entre ellos están la Mesa Permanente, la Comisión Nacional y la Mesa Regional Amazónica. Una parte importante de la Amazonía colombiana (más de la mitad) está, por ley, bajo jurisdicción indígena. Pero sus tierras son codiciadas por intereses empresariales.
Los derechos de los inversores cuestionados en los tribunales
La herramienta más poderosa del robo de tierras corporativo no pretende en absoluto proteger el medio ambiente: es el marco del “libre comercio”, consagrado por los acuerdos internacionales, a los que según el notable lingüista y filósofo Noam Chomsky sería mejor llamar “los acuerdos de los derechos del inversor”. Pero los pueblos indígenas y los tribunales que mantienen un ápice de independencia desafían constantemente este marco.
Existen múltiples ejemplos de situaciones en las que los pueblos indígenas han acudido a los tribunales para defender sus derechos sobre la tierra. Cuando se descubrió a la compañía minera Cosigo Resources Ltd. desarrollando actividades ilegales en un parque nacional amazónico y el Tribunal Constitucional colombiano inició una investigación, la compañía solicitó el arbitrio en Texas, donde la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional debe dictaminar sobre el asunto. Cosigo Resources Ltd. sostenía que la protección constitucional colombiana en el parque nacional Yaigojé-Apaporis es contraria a la obligación colombiana de velar por los intereses de los inversores en función del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE.UU. La batalla sigue abierta.
Otra compañía minera canadiense, Auxico Resources, pretende extraer oro y coltán (material imprescindible en los teléfonos móviles) en la Amazonía. Auxico Resources firmó un memorando de entendimiento con el gobernador de Guainía, Javier Zapata, para la “producción de minerales”, según Minería Pan-Americana. En 2018 Zapata anunció que había concedido el 80% de la tierra a Auxico Resources. Zapata se encuentra actualmente en prisión por corrupción, pero Auxico continúa trabajando en la zona. En 2019 el presidente Duque anunció la creación de la nueva municipalidad de Barrancominas en Guainía, adelantándose a una iniciativa de las comunidades indígenas (el 85% de la población en Guainía) de la región para establecer sus derechos sobre la tierra.
Una tercera compañía, American Resources (ahora GeoPark), consiguió un permiso para realizar prospecciones petrolíferas en territorio indígena siona en Putumayo, al sur de Colbia (frontera con Perú y Ecuador), una comunidad de 2.600 personas que ha sufrido los ataques de paramilitares y narcotraficantes durante decenios (la policía ha registrado 23 masacres diferentes en Putumayo entre 1993 y 2014). La comunidad juró en 2014 que no permitiría la explotación de petróleo en su territorio. En 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ordenó medidas precautorias para proteger” a los siona y un juez colombiano declaró asimismo que esto “enviaba un claro mensaje” y ordenó que Amerisur Resources suspendiera su proyecto de explotación petrolera en la zona, según un artículo de El Espectador. El juez ordenó la suspensión de las licencias de exploración en una de las reservas. Amerisur Resources rápidamente anunció que continuaría con sus labores mineras porque la “consulta previa” que establece la constitución colombiana se había completado aparentemente. La batalla sigue abierta hasta hoy mismo, y la compañía sigue insistiendo en que completó los requisitos constitucionales de consulta previa en algún momento del pasado.
En 2010 el ejército ecuatoriano propuso la creación de un bosque “protegido” controlado por el ejército en territorio siona, pero los siona se negaron. En julio de 2020 el gobernador siona Sandro Piaguaje declaró a GeoPark que “ustedes van a perder, porque no podrán sacar ni una gota de petróleo de nuestro territorio”. Pero ahora las alertas de deforestación están disparándose por toda la tierra siona, junto con los informes de narcotráfico. Los siona temen que estas alertas proporcionen a los militares una excusa para entrar en la zona e iniciar un proceso que culmine en la entrega del territorio a GeoPark.
Cuando hablamos de los intereses corporativos en la Amazonía no deberíamos olvidar el caso de Steven Donzinger y Chevron en Ecuador. En 1993 el abogado Steven Donzinger asumió una reclamación histórica contra el gigante petrolero Chevron, que había contaminado la Amazonía ecuatoriana y devastado las comunidades indígenas que allí vivían. En 2011 un tribunal ecuatoriano ordenó a Chevron ingresar la suma de 9.500 millones de dólares para compensar los daños. Chevron se negó a pagar y acudió al sistema judicial estadounidense para perseguir a Donzinger, que actualmente lleva dos años en arresto domiciliario en Nueva York.
Burbujas medioambientales contra campesinos
Por muy elevado que sea el coste de las batallas judiciales, los pueblos indígenas han demostrado que su lucha dentro y fuera de los tribunales para proteger el medio ambiente puede tener éxito. Para las empresas sedientas de tierra, la conservación militarizada ha surgido como una estrategia alternativa a las arriesgadas batallas legales. Junto con la Operación Artemisa, Colombia ha desplegado una estrategia de “Burbujas Medioambientales”, iniciada en 2016. En 2017 el ejército colombiano participó en una serie de maniobras militares denominadas “Operación América Unida” junto a los gobiernos de Perú, Brasil, Canadá, Argentina y, por supuesto, Estados Unidos (pero no Bolivia, pues su presidente de entonces, Evo Morales, rehusó hacerlo).
Las burbujas medioambientales son operaciones sorpresa que son dadas a conocer una vez que los militares han realizado un operativo para proteger determinada zona frente a las actividades ilegales. Cada Estado (departamento) en Colombia cuenta con un “equipo de respuesta rápida para monitorizar, prevenir, controlar y vigilar tareas contra las causas de la deforestación”.
En 2018 las organizaciones campesinas participaron en el #JuicioALaDeforestación para testificar sobre lo que las autoridades les habían hecho en nombre de la conservación. Una delegación campesina de la asociación de Trabajadores del Campo Leguízamo informó de los “supuestos abusos contra la población civil por parte de las autoridades” en el Parque Nacional La Paya. En su testimonio afirmaron que “todas sus pertenencias, casas y animales fueron quemados durante la intervención”. “Nosotros, los campesinos, no somos los causantes de la deforestación. El gran terrateniente, que se ha apoderado de mil hectáreas del parque, es libre de andar por donde quiera sin restricciones”. Durante 2018-2019 tuvieron lugar otras cuatro operaciones militares del mismo tipo.
El caso de Labarce, en el departamento colombiano de Sucre, resulta también instructivo. Los residentes afrocolombianos, algunas de cuyas familias llegaron a la zona en 1916, vieron como sus tierras entraban a formar parte de un parque nacional, el Santuario de Flora y Fauna el Corchal, en 2002. Sus territorios se convirtieron de un día para otro en terra nullius, tierras vacías, mediante la misma doctrina utilizada para expulsar a los pueblos indígenas de sus tierras en todas las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, donde tienen su sede las principales corporaciones mineras. Los campesinos se presentaron de buena fe para cooperar en el proceso y cuentan con derechos según la ley. Durante las decenas de años en que vivieron allí protegieron la biodiversidad de la zona y mantuvieron un territorio circunscrito sin expandirse más allá, hacia la selva. A pesar de ello se les consideró ocupantes ilegales de su propia tierra. Existen muchos otros casos de campesinos considerados intrusos generaciones después de que se animara a sus ancestros a “colonizar” esas tierras.
El conservacionismo debe ser desmilitarizado
Esta apropiación del conservacionismo por fuerzas militares no ocurre solo en Colombia. El académico keniata Morcadei Ogada ha descrito las mismas dinámicas en muchos países africanos. En su web ha escrito: “El amor de un extranjero por nuestra fauna suele darnos la medida de su odio por nuestros pueblos indígenas”. Si es posible apropiarse de la “conservación” para usarla como un eslogan mediante el cual desplazar a los pueblos indígenas, ya es hora de repensar el concepto. Es hora de descartar el maltusianismo, la fantasía de las “tierras vacías” y el apocalipticismo que subyace en buena parte del pensamiento ecologista.
Se estima que la Amazonía tiene 13.000 años de antigüedad, y que la región lleva habitada 19.000 o más años. Hay razones, por tanto, para considerar la posibilidad de que la selva más salvaje que podemos imaginar sea de hecho un paisaje cultural creado por seres humanos y otras especies en colaboración. En el libro 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus, su autor Charles Mann ofrece algunas estimaciones sobre qué fracción del Amazonas fue creada por pueblos indígenas; un cálculo prudencial es que “en torno al 12 por ciento de la selva amazónica no inundable es de origen antropogénico, creada directa o indirectamente por seres humanos”. Otro investigador le responde que “toda ella es creación humana” y, según un tercer estudioso, “la frase `medioambiente creado´ es aplicable a la mayor parte, si no a todos, los paisajes neotropicales”.
Frente a la utilización de la autoridad de los Parques Nacionales Naturales de Colombia para el desplazamiento de campesinos, una propuesta para solucionar el conflicto es la de “Parques con Campesinos”, que convertiría a estos en socios para la conservación en lugar de considerarles enemigos del medio ambiente.
La mayor arma contra la deforestación no es ningún arma. Es ofrecer a los campesinos la seguridad de la tenencia de la tierra para que retomen las prácticas sostenibles que han preservado la inmensa y gloriosa Amazonía. El actual Plan de Desarrollo Nacional que lleva a cabo la Operación Artemisa y que pretende promover objetivos de “conservación” reduciría esta a una serie de áreas protegidas desconectadas, separadas por carreteras, rodeadas de pozos petroleros, represas hidroeléctricas, zonas fumigadas y minas, como muestran los mapas presentados por los activistas del Programa de Protección de la Selva Amazónica. La única manera de detener la deforestación es la presencia de comunidades y cuidadores en la propia tierra, no la actuación de “ecoguerreros”.
El modo de salvar el planeta no es que la institución más destructiva del mundo –las fuerzas militares modernas– cree “burbujas” vacías de seres humanos para luego adjudicar esa tierra a compañías petroleras o mineras. El modo de salvar el planeta es devolver la tierra a las personas cuyas prácticas aseguraron la asombrosa biodiversidad que hemos disfrutado durante milenios.
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Este artículo fue producido por Globetrotter.
Justin Podur es un escritor residente en Toronto y colaborador de Globetrotter. Es profesor en la facultad de cambio medioambiental y urbano de la Universidad de York.
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