CHILE: DE LA REVUELTA AL PROCESO

KARINA NOHALES

Las elecciones a constituyentes del 15 y 16 de mayo dieron la vuelta el tablero. Hace poco más de un año afirmamos que el estallido social de octubre de 2019 había sido el primer ensayo de ruptura de la conjura de la transición posdictatorial contra la lucha de clases. Afirmamos también que, acorralados por la irrupción popular, los partidos del orden habilitaron el proceso constitucional con la esperanza de desactivar la revuelta y clausurar por arriba lo que el pueblo abrió por abajo. Finalmente, afirmamos que este proceso constitucional, entendido al principio como garantía de gobernabilidad, aparecía cada vez menos como un evento predecible y controlado, tornándose una caja de Pandora que, lejos de cerrar flancos, los abría a cada paso.

Justo en este punto la pandemia arribó a Chile, aplazando el itinerario constitucional y creando en muchos la sensación de que la revuelta pasaba a ser cosa del pasado. Pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Las elecciones demostraron que la revuelta sigue abierta y que ha entrado en el terreno de tornarse proceso, desbordando tanto el diseño oligárquico que pactaron los partidos del orden como el fatalismo de diversos sectores de la izquierda extraparlamentaria, acostumbrada a vaticinar derrotas. Esta vez el pueblo confió en sus propias fuerzas y ganó.

El 25 de octubre de 2020 se impuso con un 80% la opción Apruebo en el plebiscito que consultaba a la población si quería o no una nueva Constitución. Las encuestas previas proyectaban correctamente que el Apruebo triunfaría por sobre el 70%. El Rechazo ganó solo en cinco de los 345 municipios del país, uno del norte extremo, otro de la Antártica y luego en los tres municipios de la capital en que se concentran los superricos.

El mundo social organizado crítico del Acuerdo que habilitó el proceso constitucional llamó a votar ampliamente en el plebiscito con el objetivo de infligir una derrota contundente a la derecha, desmoralizarla, para afirmar así la autoconfianza de las amplias capas populares. Y, efectivamente, el aplastante resultado generó entusiasmo y de manera inmediata diversas organizaciones emprendieron la discusión de levantar candidaturas para la Convención Constitucional.

Importantes franjas de organizaciones decidieron levantar sus candidaturas de manera independiente, es decir, por fuera de los partidos políticos que han administrado los últimos 30 años, así como de aquellos que firmaron el Acuerdo y las leyes represivas que le prosiguieron. Una amplia deliberación, invisible desde las alturas, volvió a tomar los espacios organizados, pulso vivo limitado por el contexto de pandemia, pero no por eso menos latente. El proceso constituyente abierto por octubre seguía su curso y se preparaba para reclamar la titularidad que le había sido arrebatada por la mezquina traducción institucional.

Si bien las personas que no militan en partidos legalmente constituidos pueden ordinariamente ser candidatos ocupando un cupo en listas de partidos, para esta elección, de manera extraordinaria, se permitió a los independientes formar sus propias listas electorales, cuestión que no está contemplada para ningún otro tipo de elección, incluyendo las parlamentarias.

Ninguna de las encuestadoras del establishment se atrevió a publicar pronósticos de los resultados de la elección de constituyentes. Diversos personeros de los partidos del orden se dedicaban a sostener en los medios de comunicación hegemónicos que la Convención Constitucional quedaría integrada de manera similar al actual Parlamento, es decir, sin sorpresas significativas.

Más o menos, todo el mundo, incluyendo las organizaciones populares, coincidía en que la unidad de todos los partidos de derecha en una única lista a nivel nacional versus la dispersión de la heterogénea oposición se traduciría en una holgada sobrerrepresentación de ese sector en el órgano constituyente, en el que solo necesitaba un tercio de representantes para bloquear cualquier transformación estructural al modelo.

El único pronóstico cercano a lo que finalmente se verificó fue el de Axel Callís, analista político y director de la encuesta DataInfluye, quien se limitó a afirmar que en esta elección podría verificarse “un reseteo de todo lo conocido”.

Terminó aconteciendo que la derecha no logró un tercio, que la ex Concertación se desfondó y que la revuelta ingresó en masa a la Convención. La sensación generalizada fue de sorpresa. Para los partidos del orden, una sorpresa que sucedió a pesar de ellos; para el pueblo, una sorpresa que sucedió gracias él, una sorpresa que deliberadamente deseó, y ese deseo orientó los esfuerzos y los pasos dados, produciendo el resultado. ¡Simplemente funcionó! Cuando un pueblo ha experimentado su fuerza, como en octubre, no hay acuerdo cupular que pueda detener su voluntad transformadora.

Las presiones sociales hacia la democratización del proceso constituyente habilitaron la adopción institucional de mecanismos de participación que desplazaron la centralidad de las clásicas intermediaciones del sistema político, partiendo por los partidos.

Hemos visto muchas veces que las irrupciones sociales se incorporan a la institucionalidad mediadas por ciertas formas y actorías que transforman tanto sus dinámicas como sus contenidos. El hecho particular de que en estas elecciones pudiesen participar los independientes a través de listas propias se tradujo en que la revuelta social pasará de manera directa y apenas mediada a la Convención Constitucional.Con el feminismo del movimiento social entra a la Convención el programa político contra la precarización de la vida

La Convención Constitucional está compuesta por 155 miembros, 17 de los cuales son escaños reservados para pueblos originarios, y además es paritaria. La derecha obtuvo 38 escaños, de los cuales 16 entraron como independientes en cupos de partidos de derecha. La ex Concertación (alianza entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana) obtuvo 25 escaños, de los cuales 11 entraron como independientes en cupos de esos partidos. La DC solo obtuvo un escaño. La alianza del Partido Comunista y el Frente Amplio obtuvo 28 escaños, de los cuales 13 entraron como independientes en cupos de esos partidos.

Los independientes electos en listas independientes sin tutela de partidos suman 48. Once de ellos son de la lista Independientes No Neutrales, alineados con la ex Concertación y financiados por el gran empresariado.

De los 155 constituyentes, solo 52 militan en partidos, todos los demás son independientes de todos los sectores. De los 17 escaños reservados para pueblos originarios, la mayoría, 9 de ellos, son de izquierda, 5 de centro izquierda y 3 de derecha.

Dejando de lado los puntos de entrada a la Convención Constitucional, los constituyentes de izquierda electos en listas de partidos, en cupos independientes, en listas independientes y en escaños reservados suman un abanico diverso de 78. Los electos identificados como de centro suman 36. Los electos de derecha suman 41.

Con excepción de la lista de la derecha y la de la ex Concertación, en todas las demás listas y en los escaños reservados fueron electas muchas más mujeres que hombres. La paridad –inédita en el mundo para este tipo de procesos– tuvo que ser aplicada para corregir la subrepresentación masculina. Mientras once hombres entraron a la Convención en virtud de la corrección de paridad, solo cinco mujeres lo hicieron.

Este resultado refrenda que el feminismo ha logrado ser no solo un contenido político ineludible en este periodo, sino que en el campo popular es reconocido como legítimo portador de las aspiraciones generales de transformación de los pueblos. Con el feminismo del movimiento social entra a la Convención el programa político contra la precarización de la vida.

En las elecciones por venir es necesario luchar por una paridad cuyo resultado no tenga techo, es decir, mantener la paridad de entrada y una paridad de salida que garantice una representación de al menos el 50% de mujeres, pero sin límite máximo, como fue en este caso.

Del mundo social organizado prima la representación de las organizaciones de lucha socioambiental y feminista, también las organizaciones y asambleas territoriales. Del mundo social no organizado priman figuras que estuvieron en las calles desde el comienzo de la revuelta hasta ahora, resistiendo y denunciando la represión.

La revuelta ha entrado en masa a la Convención, pero el sindicalismo ha quedado fuera. La principal central sindical del país (CUT) levantó 22 candidaturas, ninguna entró. Misma suerte tuvieron las candidaturas del gremio de docentes, de empleados fiscales, de la salud primaria y de algunos sindicatos del sector privado, como la Unión Portuaria y Starbucks. NO+AFP, espacio que condujo las masivas movilizaciones por el fin del actual sistema privado de pensiones y cuya composición es principalmente sindical, presentó 19 candidaturas y solo una de ellas fue electa. Como contraste, dos constituyentes (mujeres) representantes de organizaciones del trabajo no asalariado (cuidadoras) –trabajos que aún no encuentran su espacio de participación en el sindicalismo tradicional– sí resultaron electas.

Numerosos diagnósticos y balances críticos largamente masticados explican esta desidentificación entre revuelta y sindicalismo. Sin duda se trata, en parte, de la ruina del sindicalismo de la transición, subordinado a los partidos de estos 30 años; se trata, también en parte, de la impotencia de una forma sindical que no logra –en muchos casos no se lo ha propuesto– incluir a ingentes capas de trabajadores y trabajadoras informales, desempleadas, no remuneradas, migrantes, dispuestas a organizarse y luchar, pero respecto de quienes la forma sindical se ha desarraigado de su experiencia organizativa. Pero lecturas más, lecturas menos, el hecho es que, a diferencia de otros debates trascendentes, el debate programático e ideológico del trabajo asalariado en la Convención Constitucional no será portado en primera persona por los representantes sindicales. Para el movimiento social y, en particular, para el movimiento feminista queda planteada la importante tarea política de hacerse de la legítima titularidad de ese debate, más en cuanto el 29 de mayo el PS arrasó en las elecciones del CUT sacando del podio al PC. Esto solo podrá hacerse con apuestas organizativas audaces en este plano.

El próximo mes de noviembre tendrán lugar en Chile elecciones presidenciales y parlamentarias. Tres días después de las elecciones –el miércoles 19 de mayo– vencía el plazo para que los partidos políticos inscribieran pactos para realizar primarias presidenciales. La jornada se convirtió en un culebrón de la oposición.

Mientras el Partido Comunista y el Frente Amplio ya habían acordado realizar primarias entre sus respectivas cartas a la presidencia, en la víspera y con la venia de ambos sectores se sumó el Partido Socialista con su candidata. Este hecho es de significativa trascendencia, toda vez que suponía que el PS ponía fin a su histórica alianza con la Democracia Cristiana, dejándola a su suerte tras el devastador resultado obtenido por esta en la Convención.

Sin embargo, en el momento mismo de reunirse todos los partidos en el servicio electoral para proceder a la inscripción, el Partido Socialista llegó de la mano con el Partido por la Democracia (partido instrumental menor de la ex Concertación), anunciando que este había depuesto su carta presidencial para colocarse detrás de la carta del PS, y exigiendo consecuentemente la inclusión del PPD en el pacto para que pudiera prosperar la primaria conjunta. Se sumaba a esta exigencia la de acordar además listas conjuntas para las elecciones parlamentarias. Tras tensas horas de ires, venires, dimes, diretes y exposiciones públicas de las diferencias dentro de los partidos que conforman el Frente Amplio, tanto este bloque como el PC cerraron la puerta al PS por querer colar a su hermano pequeño por la ventana.

Finalmente, la derecha inscribió su propia primaria, el PC y el FA hicieron lo propio y la ex Concertación no logró inscribir como bloque primarias legales para las elecciones a la presidencia. Ello no quiere decir que este sector no pueda tener candidatura propia, pero sí que tendrá que encontrar la forma de consensuar, en medio de sentimientos de traición y de la debacle electoral que los atraviesa, una apuesta presidencial única, o bien no consensuar nada en lo absoluto y competir cada cual por separado.

Como sea, un desplazamiento inédito de las coordenadas políticas ha tenido lugar. Vemos una derecha de contornos definidos pero estancada en el 20% electoral y con poco margen de crecer fuera de ese margen; vemos un nuevo pacto de partidos de izquierda que viene a ocupar el lugar del fantasmagórico centro y, de manera incontestable, todo el país sabe que existe algo que ha irrumpido en el poder constituyente que está más a la izquierda de estas expresiones.

El 20 de mayo, en editorial de radio Bio Bio –principal transmisora del país–, su dueño Tomás Mosciatti, conocido por sus posiciones conservadoras, afirmaba que:

La victoria en las elecciones no fue de la centro izquierda, fue de la izquierda, esa sin apellidos. Desde ahora, nunca la izquierda había tenido tanto poder. Esta victoria es superior a la de Salvador Allende pues en esa época la Unidad Popular no pretendía modificar la Constitución, sino que aceptó un reforzamiento de ella, llamado Estatuto de garantías democráticas, para poder acceder al poder. Lo que ha ocurrido ahora es que la izquierda logró tener el mandato popular, o sea, un mandato legítimo, para redactar la Constitución sin ninguna limitación, porque la única que tenía, esa de los dos tercios que obligaba a negociar no existe, se vació por completo.

La afirmación es debatible, pero la trascendencia de lo que está en juego es bastante real. Para pensar la magnitud transformadora que abre el momento constituyente actual es necesario ligarla tanto a la concreción de varios desafíos políticos y organizativos que tiene por delante el movimiento popular como a la suerte de los posibles resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.El pueblo ha obtenido una victoria. La ha obtenido por abajo y por la izquierda, heterogéneo como la revuelta misma

Desde distintas bancadas se han presentado al Congreso tres proyectos de ley que buscan habilitar la participación de independientes en listas propias para las parlamentarias, tal como fue para las elecciones de constituyentes. Sería contraintuitivo que el poder legislativo apruebe una reforma tal, pero no es una posibilidad a descartar. De concretarse esto, lo más probable es que el Congreso que acompañe el trabajo de la Convención Constitucional tenga una composición similar a esta última. De no concretarse, durante un periodo el país podría entrar en una inestable y tensa dualidad entre poder constituido y poder constituyente.

Lo propio acontece en materia presidencial de lograr imponerse alguna de las antiguas coaliciones en el poder ejecutivo. Sin embargo, de imponerse el bloque PC-FA en el actual momento constituyente, el escenario podría dar un giro inédito por la izquierda. Esta afirmación prescinde de la mayor o menor radicalidad del bloque en cuestión, sino que parte, al igual que durante la Unidad Popular, de la expectativa popular que se pone en juego y de la iniciativa autoorganizada que estas expectativas desatan.

Está por verse qué pasará en este plano en los próximos meses. Algunos escenarios –como es el caso del presidencial– no solo son posibles, sino probables.

El pueblo ha obtenido una victoria. La ha obtenido por abajo y por la izquierda, heterogéneo como la revuelta misma. Los sectores organizados la han obtenido y los poco organizados también. Ningún acuerdo por las alturas pudo detener la voluntad de un pueblo que se levantó decidido a derrocar tanta injusticia. Es el pueblo el que ya empezó a hacer y concretará ahora lo que no hicieron en 30 años los gobiernos posdicatoriales: poner fin a la herencia de Pinochet y abrir con ello una nueva forma de organizar la vida en Chile. A diferencia de los procesos constituyentes verificados en América Latina durante el llamado ciclo progresista, aquí lo ha hecho a pesar de y bajo el mandato de un gobierno que le declaró la guerra y a pesar de una pandemia.

El pueblo tiene su propia historia, no parte de cero, pero tampoco se propone una nostálgica vuelta a un pasado violentamente interrumpido. La presencia central del feminismo, de las luchas socioambientales y de la plurinacionalidad miran hacia adelante, con memoria de futuro que pone en juego ejercicios de imaginación política emancipadora.

Si bien durante estas décadas, en todo el mundo, los pueblos se han levantado para impedir el avance de las reformas neoliberales, el caso chileno tiene la particularidad de que su clave antineoliberal no consiste en frenar este avance, sino en desmontar un neoliberalismo que se instaló radicalmente hasta el final. No hay nada existente por proteger ni por dejar intacto. En este sentido es una experiencia novedosa.

En el plano interno, algunas izquierdas miran con cierto recelo la diversidad de la representación popular en el órgano constituyente. Hay ciertas izquierdas que le temen a lo que declaran desear o que simplemente sucumben ante la propia impotencia que las hizo llegar mal y tarde a una decisión popular de disputa que ya estaba en curso y en la que han quedado como furgón de cola. Nada más peligroso para esas izquierdas que esa pulsión conservadora que lleva a desconfiar de la potencia de un pueblo que ha decidido, con razón, confiar en sus propias fuerzas, dejando el campo abierto para un encuentro amplio con las ideas anticapitalistas.

Más acá y en lo inmediato, las representaciones populares de la Convención ya han emprendido la tarea de conformar la bancada de los pueblos, exigiendo en primer lugar condiciones políticas mínimas para que pueda tener lugar el proceso constituyente, a saber, la libertad sin condiciones de todos los y las presas políticas de la revuelta, la desmilitarización del Wallmapu –territorio ancestral mapuche– y la creación de una comisión de verdad y justicia que contenga una política de reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como la determinación de las responsabilidades políticas y judiciales de los responsables de estos crímenes.

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Karina Nohales es activista anticapitalista y feminista