- Los derechos de patentes, propiedad intelectual, que tienen estas grandes empresas les otorgan la exclusividad en el desarrollo, producción y comercialización de todas las innovaciones (por supuesto las vacunas anti-covid) a lo largo de los próximos 20 años. Esto quiere decir que los rendimientos para las próximas décadas son inconmensurables si tenemos en cuenta que el virus estará entre nosotros y ya no digamos las posibles nuevas mutaciones.
- La llamada arquitectura de las patentes les otorga un mayor blindaje ya que se patenta no solo el producto, sino todos los procesos y modificaciones moleculares. Esto dificulta, cuando no impide, el desarrollo de genéricos. De esta manera, el monopolio del mercado de vacunas ha estado copado históricamente por cuatro empresas: Sanofi, Merck, Pzifer y GlaxoSunthikline (GSK).
- Utilizan además para estas y otras vacunas, un lanzamiento secuencial basado en la falta de transparencia y desabastecimientos. Las cadenas de producción y comercialización están controladas según sus propios intereses. Por ese motivo primero llegan a los países ricos (pactando precios muy altos con EEUU y la UE), lo que les garantiza a ellos unos beneficios mucho mayores que si tuvieran que negociar con los países más pobres. Esta experiencia ya la vivimos en España con los tratamientos contra la hepatitis C. El precio de salida de los antivirales era disparatado y sin embargo los costes eran mínimos; hizo falta una gran movilización de los afectados para obligar a una negociación entre el gobierno español y la industria farmacéutica. Además, como indicábamos más arriba, los acuerdos con los Estados o los Tratados Internacionales están basados en la obligación de mantener el secreto comercial y por lo tanto un oligopolio de su comercialización.
- Lo que la opinión pública desconoce es que estas grandes empresas que se benefician de una manera tan descarada de la legislación y de su posición privilegiada en el mercado, están respaldadas además por inversiones públicas de los propios gobiernos; es decir, el Estado mete dinero público en las empresas y establece planes de colaboración científica para que, más tarde, los rendimientos económicos vayan a parar a esas empresas. Las investigaciones que se han llevado a cabo estos diez meses hasta conseguir las vacunas no han sido una excepción. En la información que nos ofrece un reportaje de la BBC recogido por Magnet el 28 de diciembre del 2020 se dice lo siguiente:
- Hospitales integrados en la red pública pero con una mayor intervención de capital privado. Este es el caso por ejemplo de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid que pertenece a Fresenius-Quirón (además también tiene hospitales en otras localidades como Móstoles, Valdemoro, Villalba). La particularidad es que la Comunidad de Madrid les otorga una cuota de mercado, es decir, un porcentaje de la población para que atiendan y a cambio reciben dinero de los Presupuestos de la Comunidad. Hoy esto supone un 17% de dichos presupuestos. Además la empresa Fresenius-Quirón contrata a su personal laboral tanto sanitario como no sanitario a los que, como es de suponer, impone convenios propios. Se da el caso además que -como en estos lugares se aumenta la productividad media del sector- tienden a absorber más pacientes de los suyos propios y con ello reciben más transferencias del gobierno autonómico. La Fundación Jiménez Diaz es un parásito de la sanidad pública madrileña no solo por los recursos que absorbe, sino porque el propio gobierno del PP facilita su competencia en perjuicio de hospitales como el Clínico San Carlos. Así tenemos como ejemplo que cuenta con una población atendida de nada menos que 450.000 personas, lo que ha conducido al Clínico a perder en varios años cientos de camas.
- Hospitales o centros sanitarios privados. En ese caso son empresas dedicadas a la salud con capital exclusivamente privado y no adheridos a la red pública. Muchos con convenios con la administración pública de las que obtienen una parte de su petróleo además de buscar otras vías de acceder al mercado. En Madrid representan un porcentaje muy elevado (hasta un 30%) en relación con lo público. La mayoría están construidos en zonas de rentas altas o muy altas y suelen encargarse de intervenciones menores (cataratas, traumatología, cirugía estética, rehabilitaciones,…), para recibir esos servicios el usuario tiene que tener su póliza ( Sanitas, Asisa, Adeslas…), o bien a veces también se establecen convenios de colaboración como por ejemplo el que tenía el hospital de la Beata Mariana de Jesús con el hospital público de La Princesa para las rehabilitaciones de pacientes de traumatología. Además el personal laboral tiene unas condiciones económicas y de jornada inferiores al sector público por lo que los beneficios que obtienen estas empresas suelen ser muy elevados y los precios que cobran a sus pacientes por determinadas intervenciones también.
- Hospitales y centros sanitarios públicos con servicios privatizados. Este es el caso de la totalidad de centros tanto en Madrid como en el resto de España. Los siete grandes hospitales de Madrid con más peso público (La Paz, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, La Princesa, Clínico), tienen todos ellos subcontratados los servicios de hostelería, limpieza y la mayoría mantenimiento y otros. Esto ha sido también una transferencia de recursos públicos a empresas privadas como Ferrovial, Clece, OHL, que pertenecen a los amigos del PP. La corrupción y las puertas giratorias campan a sus anchas. Pero no solo eso, sus servicios suelen ser muy deficitarios ya que es muy difícil compatibilizar una buena calidad asistencial con el abaratamiento de los costes laborales. Cada vez que una empresa subcontrata un servicio (limpieza por ejemplo) lo primero que hace para sacar más rentabilidad es reducir el personal que había anteriormente.
- Ante la inmensa gravedad de la pandemia, los organismos e instituciones internacionales y los Estados nacionales deberían llegar a un acuerdo para la fabricación, comercialización, transporte y distribución de todas las vacunas. Es imprescindible que todas las vacunas lleguen por igual a todas las poblaciones del mundo (ricos y pobres) en el menor tiempo posible. Se debe actuar como en tiempos de guerra. Hoy es inaudito que cuatro empresas controlen la propiedad y las patentes de las vacunas contra la covid-19.
- Dominio 100% público de los medios y recursos sanitarios que son del Estado. Las organizaciones políticas, sociales y sindicales deberían comprometerse a iniciar un proceso conjunto de reversión del patrimonio público en manos privadas. Hoy el 60% de los presupuestos de la Comunidad de Madrid están destinados a la sanidad, de ese porcentaje cerca del 20% se va a la privada (sin contar los gastos de farmacia). Es necesario trabajar hacia un plan de transferencias cero de lo público a lo privado. De esa manera se podrá utilizar el presupuesto público para recursos humanos en atención primaria y especializada que es lo más urgente y lo que verdaderamente se necesita.
- Establecimiento de protocolos claros sobre el uso de nuevas tecnologías médicas, en particular las que se quieran aplicar en sustitución de la atención directa del profesional con el enfermo. Ninguna llamada telefónica (y mucho menos de una empresa privada) puede reemplazar el contacto humano que tradicionalmente se da en la atención primaria.
- Estas reflexiones no pasarán de la pantalla de un ordenador si no conseguimos que la sociedad en su conjunto se involucre, como otras tantas veces, en la defensa de la sanidad pública y universal. Nuestros valores basados en la solidaridad y la cooperación no sirven de nada si la gente no se moviliza y participa. En ese sentido es fundamental que las trabajadoras y trabajadores sanitarios se pongan delante de esta lucha. Es en beneficio suyo y de toda la sociedad. En estos tiempos la historia ha querido que la lucha por la salud pública ocupe un papel estelar. Miles y miles de profesionales de la salud están haciendo un esfuerzo enorme por mantener en pie el sistema público. La unidad de acción entre estos profesionales y el conjunto de la población es el camino para defender una sanidad pública, universal y de calidad.