CRECE PROTESTA Y RESISTENCIA ANTINEOLIBERAL EN COLOMBIA: PARO NACIONAL DESDE EL 21 DE OCTUBRE

Pedro Santana Rodríguez 

La Minga indígena arrancó este 12 de octubre desde el departamento del Cauca con la participación de más de 7000 indígenas, principalmente de la etnia Nasa, campesinos, así como representantes de las comunidades afrodescendientes que viven en este departamento. Sus principales reivindicaciones tienen que ver con el derecho a la vida dado que este es uno de los territorios más golpeados por la violencia. En lo que va del año 2020, se han perpetrado allí 9 masacres así como el asesinato de líderes y lideresas sociales como también excombatientes de las FARC-EP, en proceso de reinserción. Otra reivindicación es el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los gobiernos de turno en los últimos veinte años en relación con dotación de tierras e inversión pública social en sus territorios. Exigen así mismo el cumplimiento de los acuerdos de Paz suscritos por el Estado con las hoy reintegradas FARC-EP.

Su exigencia más puntual consiste en que solicitan una reunión directa con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la que esperan plantear sus reivindicaciones. Duque envió una Comisión que se reunió con representantes indígenas que no obstante señalaron que quieren una reunión directa con el presidente de la República y por eso decidieron continuar con su marcha hacia Bogotá a donde piensan llegar este lunes 19 de octubre. Como es ya usual en el desgobierno de Duque este se ha negado en ocasiones anteriores a un diálogo directo y hasta ahora se ha negado a recibirlos y dudo mucho que finalmente acceda a un dialogo directo con los representantes de la Minga indígena y popular.

Con su recorrido por cinco departamentos del país la Minga viene reactivando la movilización popular que pese a la pandemia se ha manifestado en jornadas de protesta en diversas regiones del país. Es la respuesta a un gobierno que no ha abierto las compuertas para un proceso de negociación exigido por las masivas movilizaciones de noviembre de 2019 y frente a las cuales Duque se negó a escuchar y menos a negociar. Como se recordará esas movilizaciones exigían el desmonte de políticas públicas neoliberales que han empobrecido a sectores muy amplios de la población como lo muestran las propias cifras gubernamentales. El Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, publicó en esta semana el alarmante dato de profundización de la pobreza. Según este último informe el 35.7% del total de la población del país vive en pobreza monetaria, esto es, que reciben ingresos por debajo de 327 mil pesos mensuales, o sea 90 dólares, estos datos corresponden al año 2019 y ésta pobreza se ha extendido como consecuencia de la pandemia que ha dejado 8 millones de personas en desempleo, sin ingresos y sin auxilios estatales.

A esta crisis se ha sumado la ineficacia del gobierno en el manejo de la pandemia. Colombia es hoy el sexto país del mundo con mayor nivel de contagios con 930.159 enfermos confirmados y con 28.306 muertos a consecuencia del covid-19. A ello hay que sumar un subregistro del 26% en las muertes como lo demostró el DANE en su informe del mes de julio del presente año.

Las políticas públicas puesta en marcha para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia han sido ineficientes e insuficientes. El propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en entrevista en el diario El Tiempo señaló que solo se ha destinado en términos reales el 3.5% del Producto Interno Bruto, PIB, para la atención de la pandemia en tres frentes, principalmente ayudas sociales a través de programas como familias en acción con unos 2.6 millones de beneficiarios que han recibido unos 90 dólares por familia, el programa de adultos mayores que cubre a 1.7 millones de personas con un monto de 25 dólares mensuales, 300 mil jóvenes que han recibido unos 160 dólares mensuales y cerca de 3 millones de familias en el programa denominado ingreso solidario que reciben unos 40 dólares mensuales. A todas luces estos pírricos auxilios no cubren las necesidades básicas de éstas familias que cuentan en promedio con cinco personas en su núcleo familiar. (Hay que pagar la deuda, vamos a necesitar más impuestos. Alberto Carrasquilla. El Tiempo 12, 10, 2020).

La otra línea ha consistido en el auxilio a la nómina de las empresas que como lo ha mostrado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se ha concentrado en las más grandes empresas y también es insuficiente puesto que se auxilia a la nómina con el 40% del costo del salario mínimo y se ha excluido a las microempresas que son en buena cuanta las mayores generadoras de empleo.

La tercera línea que aún no se ha evaluado aunque los propios empresarios han criticado a la banca que es la encargada de administrar este programa, consiste en línea de crédito a las empresas en dónde el Estado a través del fondo público Fogafín garantiza hasta el 90% de dichos créditos en caso de quiebra y no pago de las empresas beneficiarias. Las propias Asociaciones de Empresarios han denunciado trabas y demoras de la banca privada que exige garantías por el 10% que arriesgan en cada crédito aprobado.

Estas son las tres líneas en las cuales según Carrasquilla se han invertido los 3.5% de recursos del PIB que son totalmente insuficientes ante la quiebra de cientos de miles de empresas y la profundización de la pobreza en amplios sectores de la sociedad. De modo que motivos para la protesta social no faltan y la Minga Indígena será recibida en Bogotá con un paro de los maestros y el día 21 con un Paro Nacional aprobado y convocado por el Comité Unitario del Paro Nacional en que concurren las centrales sindicales y diversas organizaciones sociales.

Toda esta reactivación de la movilización popular se da sin una respuesta del gobierno nacional. Uribe quien realmente gobierna a través de Duque lo único que ha dicho es que la protesta está inspirada en el socialismo que practicarían sus convocantes y que hay que reprimir a los manifestantes. En sus mansajes desde su puesta en libertad insiste en que el riesgo es que la protesta desemboque en un triunfo de la oposición a la que califica de castrochavista.

En esto tiene razón Uribe. La única salida ante la incompetencia de este gobierno es que la crisis social se transforme en crisis política y que los sectores de la oposición logren un proceso unitario que les permita construir una sólida alternativa política que triunfe en las elecciones presidenciales del año 2022. Todo está dado para que esto suceda, pero, la única condición para que ello ocurra es que se avance en un acuerdo político que garantice la unidad del centro izquierda y justamente esto es lo que aún no está garantizado. Este es el reto para salir de la crisis en que estamos.

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* Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur

Colprensa.

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó que el paro tiene como objetivo rechazar las masacres y asesinatos ocurridos en el país, además de rechazar la represión y defender la vida y la paz en Colombia.

Explicó además que se busca condenar el actuar del gobierno y los decretos de emergencia expedidos durante la pandemia del covid-19, el desconocimiento a las organizaciones sociales y a los fallos proferidos por el sector judicial.

Orjuela también afirmó que se exigirá el diálogo y la discusión del pliego de emergencia, que incluye 104 puntos y que plantea la necesidad de una renta básica, la protección a las mujeres y sectores vulnerables, el salvamento a las pequeñas y medianas empresas y la derogatoria del decreto 1174 sobre el piso de protección social.

Nelson Alarcón, presidente de Fecode, anunció que también se rechazará la intención del gobierno de privatizar la educación y el modelo de alternancia planteado para el regreso a clases en medio de la pandemia del covid-19.

Este paro es apoyado por organizaciones estudiantiles, organizaciones campesinas, de mujeres, comunidades afro, Lgbti. “Organizaciones políticas y sociales que no compartimos el comportamiento del gobierno”, afirmó el director de la CUT.

Los convocantes a la jornada de movilizaciones anunciaron que habrá un único punto de concentración en cada una de las ciudades. Los puntos y los recorridos se darán a conocer en los próximos días.

Además, afirmaron que habrá un documento de declaración frente a los puntos que motivan la jornada, que será leído en todas las concentraciones a lo largo del territorio nacional.

“Esperamos que la convocatoria cuente con una manifestación masiva para demostrarle a este gobierno su incapacidad para conducir los caminos de este país”, afirmó Tarsicio Rivera, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales.

El comité enfatizó que el paro del próximo 21 de octubre tendrá movilizaciones pacíficas y democráticas.

Esta nueva convocatoria tiene como objetivo defender la vida, la democracia, la salud, la paz, entre otros puntos

Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co

Esta nueva convocatoria tiene como objetivo defender la vida, la democracia, la salud, la paz, el cumplimiento de los acuerdos, el rechazo a la represión de la protesta social, el cese de los asesinatos de líderes sociales, entre otros puntos.

Como en otras ocasiones, durante las 48 horas en las que se llevaría a cabo la jornada, quienes salgan a las calles marcharán, llevarán a cabo caravanas, expresiones artísticas y plantones, los cuales serán pacíficos y seguirán los protocolos y medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19.

Para coordinar estas actividades, durante los días 13 y 14 de octubre se realizarán asambleas zonales, en las que se hablarán sobre las dinámicas propuestas.

Según información compartida por Colprensa, Fecode "también le pedirá al Gobierno que entregue un informe de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (Pae) y se solicitarán garantías, condiciones, adecuaciones e inversiones de los recursos para la continuidad del año escolar en las casas".

La burguesía y el uribista régimen mafioso no han parado de atacar la minga indígena con calificativos mentirosos para tratar de deslegitimarla y tapar así la incapacidad de un Estado caduco e inservible, que solo garantiza los intereses de las clases dominantes y que usa la fuerza de la bota militar cada vez que «los de abajo» se levantan contra «los de arriba».

Tachan de «irresponsable» a la minga por «fomentar el contagio de la COVID-19», mientras la burguesía envía diariamente a millones de obreros a que les generen jugosas ganancias en los centros fabriles, bancarios y comerciales, exponiéndolos a contagiarse del virus. ¡Si el pueblo tiene que salir a producir, también puede salir a protestar!

Criminalizan la minga diciendo que está «infiltrada por la guerrilla», poniéndole así la lápida a los dirigentes indígenas, mientras el régimen uribista en cabeza del Estado de los ricos usa ejércitos legales e ilegales para asesinar dirigentes populares de restitución de tierras o que se oponen a la megaminería por todo el país; «infiltrado» el régimen mafioso de Uri-Duque por el «Ñeñe» y otros narcotraficantes; muchos trinos incendiarios contra la minga y ninguno contra el cartel de Sinaloa; ¡terrorista el Estado narcoparamilitar que asesina y desaparece estudiantes, maestros, obreros y campesinos!

Tratan de ofender la minga acusándola de que es «política» y no reivindicativa, porque supuestamente el régimen ha cumplido los acuerdos. Esto último es totalmente falso, pues el de Uri-Duque es un régimen anti-popular odiado por las masas porque defiende a sangre y fuego los intereses de los monopolios y no los de las masas. Pero además, no es ninguna ofensa decir que la minga es un gran movimiento político y popular que confronta el terrorismo ejecutado por este putrefacto Estado que no cumple con la sustitución de cultivos, la restitución de tierras o la protección de las comunidades indígenas porque no le interesa hacerlo, porque su carácter es mafioso y asesino, y se lucra de la guerra contra el pueblo que tiene como raíz la lucha a muerte por la renta extraordinaria de la tierra, poniendo en medio de las balas de los carteles narcotraficantes y de las fuerzas asesinas del Estado, al pueblo trabajador.

El jefe del cartel mafioso que hoy administra los negocios de la burguesía, Álvaro Uribe Vélez, acusa a la minga de querer «la toma socialista del Estado», de ser una «toma socialista» y un «motor socialista», con la intención de revestir, sin pruebas, un movimiento de masas con un carácter insurreccional que no tiene ¡pero que ojalá tuviera! ¡ojalá la minga fuera parte de un gran movimiento consciente de masas por la destrucción de este podrido Estado y por la instauración del Socialismo!

El régimen tiene miedo de que el pueblo se levante, no solo por conquistar unas reivindicaciones o exigencias concretas, sino que ponga en jaque su poder político por medio de grandes manifestaciones que respondan a la violencia reaccionaria con violencia revolucionaria, ante lo cual los únicos culpables de agudizar las contradicciones en la sociedad colombiana, son la burguesía y los terratenientes, clases que ponen en peligro la existencia de la sociedad misma, y ejemplo de ello es el manejo que le han dado a la pandemia en el cual ha primado la salvación de sus negocios por encima de la vida y la salud del pueblo, fieles a su carácter e intereses de clase que defienden.

La lucha del pueblo avanza y el trabajo de los comunistas revolucionarios debe ponerse a la altura del momento, inspirados en la valentía de la minga que contra las calumnias y mentiras, avanza victoriosa hacia la capital del país.