La comunidad exige que los dejen buscar los cuerpos antes de iniciar la inundación de la zona
Desde 1986 hasta el 2017 fueron alrededor de 73 masacres las que se registraron en la zona.
Una megaobra que amenaza el hallazgo de desaparecidos
Katalina Vásquez Guzmán
Entre 1978 y 2016, en los doce pueblos que serían inundados por la represa HidroItuango se han registrado 621 casos de desaparición.
Desde Medellín
El río Cauca, uno de los más importantes de Colombia, recorre 1300 kilómetros desde la región andina hasta el Caribe. Sus aguas profundas han sido por décadas el manantial de vida y trabajo de millones de campesinos: minería, pesca, y todo un entorno biodiverso que, por el abandono del Estado y los años más oscuros de la guerra, también se convirtió en escenario de muerte. Durante décadas de barbarie los cuerpos de hombres y mujeres asesinados fueron arrojados a las aguas del Cauca. Y, como ocurre también con el río Magdalena, son comunes los relatos de los lugareños que fueron encontrando cuerpos a los cuales los mismos campesinos dieron entierro; o a los cuales no pudieron sino verlos correr por orden de los grupos ilegales que en ciertos sectores y épocas les prohibieron rescatarlos. Por eso y por el deterioro medio ambiental las comunidades se oponen a la inundación del cañón del Cauca en la etapa final de HidroItuango, el proyecto hidroeléctrico más ambicioso de Colombia y América Latina que albergará 20 millones de metros cúbicos de agua en una presa de 225 metros de altura, y que tomó como principal escenario el río Cauca.
Su construcción comenzó en 2010 y, desde entonces, las escándalos por las vulneraciones a los derechos humanos que sufren los campesinos son abundantes. Actualmente, la organización Ríos Vivos –algunos de cuyos líderes han sido asesinados o protegidos con escoltas ante las amenazas desde que inició la megaobra y éstos sus denuncias– está solicitando a todas las dependencias del Estado involucradas en HidroItuango que el cañón no sea inundado hasta tanto no sean buscados exhaustivamente los cuerpos de centenares de desaparecidos que estarían todavía en el cañón. Exigen sus derechos a la Verdad, la Justicia, la reparación y su dignidad como víctimas estén en primer lugar antes que los intereses económicos de la clase política y empresarial que, desde hace más de 40 años, se propuso que en 2018 Antioquia tendría la generadora de energía más grande del país.
Isabel Cristina Zuleta, la ambientalista nacida en Ituango y desplazada de allí por paramilitares, hoy líder de la organización Ríos Vivos, asegura que el proyecto HidroItuango tiene una “relación histórica con el conflicto y el “vaciamiento” del territorio”. Tras las masacres y horrenda incursión paramilitar en los años ochenta, justo cuando la Asamblea de Antioquia firma una ordenanza para iniciar la millonaria hidroeléctrica, la gente salió huyendo. Estos situaciones, según Isabel Cristina, “facilitaron la entrada y consolidación del proyecto. Hay coincidencia entre los momentos más destacados de este proyecto hidroeléctrico con los más fuertes en términos del conflicto armado… Asimismo, el Proyecto se beneficia del conflicto armado y de la violación de derechos humanos pues éstos significaron además de menos comunidades en el territorio, menos oposición, y menos gente a quien compensar”.
La gran central eléctrica que se apropió del tesoro por décadas cuidado por los campesinos –el agua y las montañas del Norte de Antioquia– sería inaugurada a finales de este año. Por eso la inundación del cañón en los 12 municipios de influencia donde ya fueron desplazadas miles de personas y poblados enteros desaparecerán, está cada vez más cerca, aumentando la preocupación de quienes creen que sus seres queridos desaparecidos podrían estar en este enorme cañón. De acuerdo con registros del observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1978 y 2016 en los doce pueblos que afecta HidroItuango se han registrado 621 casos de desaparición. Por su parte, el Registro Único de Víctimas reporta 342 casos en los mismos municipios hasta noviembre de 2017.
PáginaI12 pudo conocer un documento inédito que confirma que en el cañón del Cauca fueron exhumados 159 cuerpos por la Fiscalía General de la Nación. El trabajo silencioso de los antropólogos se realizó tras las exigencias realizados por los defensores de Derechos Humanos a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) que solicitó al ente estatal iniciar la búsqueda. Esta se inició, según el documento que conoció este diario, a mediados de 2014 “en cumplimiento de directrices emitadas por la Dirección de Justicia Transicional” pero la comunidad y grupos de abogados y ambientalistas que acompañan los campesinos solo se enteraron de que sí se habían logrado desenterrar cuerpos a finales del año pasado, durante una reunión. Ante la negativa de EPM de brindarles información sobre el tema, el Colectivo de Abogados José Alvear solicitó a la Fiscalía los datos y en respuesta se detalla que en 2014 Empresas Públicas solicitó a la Fiscalía la prospección de un kilómetro del río en un tramo seco.
En cuanto buscaron, encontraron, tal como aseguraban los campesinos desde el inicio de las obras. También se exhumaron los cuerpos de los cementerios de los poblados de Orobajo y Barbacoas, los cuales tendrán que ser trasladados por el inicio del megaproyecto. En total, la Fiscalía halló y exhumó 159 cuerpos en los doce municipios, con el pueblo de Ituango encabezando el mayor número de cuerpos encontrados con 91 casos. Allí la guerra entre Farc y “paras” escaló hasta niveles inhumanos realizando masacres y asesinatos colectivos que involucran incluso al ex presidente Alvaro Uribe Vélez, a quien hace dos semanas le iniciaron una nueva investigación por la Masacre de El Aro. Del los 159 cuerpos rescatados, van 84 identificados y entregados, y exactamente eso es lo que esperan los familiares de los centenares más que aún no son exhumados. “Lo más preocupa es que no se siguen buscando ni hay voluntad de continuar buscando a los demás desaparecidos, además de la pérdida de los medios de vida, la memoria y la cultura de las comunidades campesinas”, asegura Isabel Zuleta.
Ríos Vivos ha solicitado a EPM, a la Fiscalía y las autoridades que continúe la búsqueda de los desaparecidos y a la Fuerza Pública que respete los derechos de los campesinos que siguen habitando el área de influencia de HidroItuango. Recientemente, ante las protestas de los campesinos en el municipio de Sabanalarga, la Policía y el Ejército respondieron por la fuerza y además un líder fue amenazado, según denuncia Ríos Vivos, por un funcionario de las obras empleado de Refocosta, una empresa contratada por EPM. Las protestas, además de exigir que no inunden el cañón, piden al Estado que cumpla con los escenarios de diálogo que la Constitución colombiana dispone para realizar este tipo de intervenciones. El Colectivo José Alvear y Ríos Vivos aseguran que las audiencias programas y obligatorias con la ANLA (Agencia Nacional Ambiental) han sido incumplidas a lo largo de 2017. También aseguran que la actitud de EPM ha sido hostil y hermética, pues no responde ante sus solicitudes. PáginaI12 intentó lograr una entrevista con esta ésta, la compañía de servicios públicos más importante del país, pero su respuesta fue negativa.
Para los defensores de derechos humanos y una misión internacional que incluyó a una abogada argentina de la familia de Santiago Maldonado, que visitaron las poblaciones en enero, la vida y la integridad de los campesinos está en riesgo constante por HidroItuango y se hace urgente que se detenga la inundación. Cuando entre en marcha, la megaobra generará más de 13 mil GWH de energía anual que EPM aspira a exportar a toda América Latina y quizá Estados Unidos, y así empezar a recuperar los más de 5,500 millones de dólares que han invertido e invertirán los diversos accionistas. Por su parte, el daño ambiental y humano no tendrán reversa.
Fuente: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/33586-colombia-una-megaobra-que-amenaza-el-hallazgo-de-desaparecidos.html
Familias de desaparecidos en Ituango piden frenar llenado de represa
La comunidad exige que los dejen buscar los cuerpos antes de iniciar la inundación de la zona.
Hasta el momento, los trabajos avanzan en un 80,5 por ciento. Foto: Cortesía Comentar12
Por: Miguel Ángel Espinosa
Campesinos de la zona piden a las autoridades colaborar con la búsqueda de posibles fosas comunes, antes que sea inundada por la represa de Hidroituango.
El hermano de Eduardo* fue asesinado en el puente de Pescadero, en Ituango, en una masacre perpetrada por miembros del frente 18 de las Farc el 20 de noviembre del 2002. En aquel entonces, cuentan los testigos, se veían bajar cuerpos por las aguas del río Cauca, casi a diario, por cuenta de la violencia en la zona que involucraba a la guerrilla y a los paramilitares.
Como él, son más de 200 familias de esta zona del norte antioqueño que perdieron a sus familiares y nunca los encontraron; algunos dicen que los cuerpos viajaron con las corrientes del río, otros aseguran que en algún lugar de este inmenso valle que une al norte y bajo Cauca del departamento se encuentran enterrados sus seres queridos.
Pero la esperanza de encontrarlos será finalmente sepultada en junio de este año, cuando empiece la inundación de la zona por cuenta de la obra de Hidroituango, un ambicioso proyecto que busca generar energía eléctrica al país para los próximos 10 o 15 años.
Hidroituango, a 170 kilómetros de Medellín, está ubicado en el cañón del río Cauca, en jurisdicción de Ituango y Briceño. En total, esta presa de 225 metros de altura -20 millones metros cúbicos de volumen, 405 metros de longitud y 22.600 metros cúbicos por segundo con una capacidad de generación de 2.400 megavatios- requirió una inversión de 11,4 billones de pesos.
Eso es competencia de la Fiscalía y son ellos los que están a cargo de ese tema, esperemos que puedan dar pronto una respuesta
El avance en los trabajos de la hidroeléctrica supera el 80 por ciento y estaría lista este año. Foto: Cortesía EPM
Hasta el momento, los trabajos avanzan en un 80,5 por ciento y van acorde al cronograma para que el primero de diciembre comience a operar la primera de las ocho turbinas tipo Francis que componen la central.
Muchos han sido los inconvenientes que habitantes de la zona han tenido con la obra, desde posibles daños ambientales hasta desalojos de los nacidos en este punto, sin embargo, el drama por las personas que buscan a sus seres queridos es una de las mayores preocupaciones de los voceros.
En total, 15 organizaciones agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos se han dado a la tarea de dar voz a estas personas.
"No se está respetando la muerte, hay muchas personas que saben en qué lugar de la zona están enterrados sus seres queridos y no nos están dando la oportunidad de buscarlos. Hemos hablado con las autoridades y no quieren realizar la investigación para ubicarlos ", dice Isabel Zuleta, vocera del movimiento.
Sobre estas denuncias, el grupo EPM manifestó, a través de un comunicado, que “conscientes de las problemáticas de conflicto armado presentes en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango y en absoluto respeto por las labores propias de la Fiscalía General de la Nación, en relación con la búsqueda y la exhumación de restos humanos en condición de no identificación, EPM hizo un llamado en 2013 al ente Investigador para que en el marco de la debida diligencia se diera celeridad a los procesos de investigación, búsqueda y exhumación de restos humanos en la zona en donde se construye la presa y la zona de embalse del proyecto hidroeléctrico Ituango”.
Isabel Zuleta asegura que el proyecto ha tenido 24 modificaciones por no cumplir con los cánones establecidos para la preservación del medio ambiente, por lo que se debe examinar a fondo el desarrollo de esta obra.
La comunidad se siente ignorada en este proceso, por lo que hacen un llamado a las autoridades para velar por sus peticiones.
No obstante, voceros de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), encargada de velar por la conservación del medio ambiente y que ya ha atendido 12 modificaciones en las licencias desde el 2009 por el aprovechamiento de los recursos en este proyecto, señalan que la búsqueda de fosas no es una competencia de ellos.
“Eso es competencia de la Fiscalía -explica el vocero- y son ellos los que están a cargo de ese tema, esperemos que puedan dar pronto una respuesta. La autoridad se encarga de verificar qué impactos generan esas actividades y si requieren unas modificaciones más allá de cualquier otra cosa”.
Por otro lado, la entidad aseguró haber cumplido con el requerimiento de la comunidad sobre una audiencia pública en la que se expusieron algunas dudas sobre la obra.
Desde la Anla señalan que para este ejercicio de impacto ambiental, la empresa tuvo que reunirse con las comunidades, en esas reuniones ellos pueden presentar derechos de petición y todo tipo de herramienta para que su voz sea escuchada.
Sin embargo, Ríos Vivos asegura que ya se interpuso una acción de tutela por el derecho a la participación el 26 de enero en un Juzgado Promiscuo de Santa Fe de Antioquia sin tener aún una respuesta por inconvenientes registrados en una audiencia pública donde, denuncian, no se les permitió hablar.“La entidad cumplió con una audiencia pública pedida por la comunidad y estamos evaluando las 34 ponencias de los voceros”, explicó el vocero de la Anla.
Eduardo ha sido barequero desde que tiene memoria, su oficio lo aprendió de su padre, quien a su vez lo aprendió del suyo. Pese a todas las denuncias y las constantes luchas de Ríos Vivos en materia de preservación del medio ambiente, este hombre de 29 años solo piensa en encontrar a su hermano y poder darle un último adiós.
“La verdad es que nos preocupa el tema de la represa -afirma Eduardo-; cuando empiecen a llenar el valle vamos a perder la oportunidad de encontrarlos. Nosotros hemos hecho de este lugar un campo santo, por eso no estoy de acuerdo con que nos dejen sin la oportunidad de hallar a nuestros seres queridos”.En Ituango, más del 60 por ciento de la población ha sido víctima del conflicto armado. Desde 1986 hasta el 2017 fueron alrededor de 73 masacres las que se registraron en la zona.
Campesinos de la zona piden a las autoridades colaborar con la búsqueda de posibles fosas comunes en la zona antes que sea inundada por la represa de Hidroituango. Foto: Cortesía
Muchas personas fueron asesinadas en el puente de Pescadero. El conflicto afectó a los campesinos de la zona y muchos tuvieron que escapar del lugar. Eduardo regresó en 2004. Tenía aún fresco el recuerdo de la zona donde posiblemente se encontraba el cuerpo de su hermano, pero luego que se diera inicio a las obras, la referencia quedó perdida.
"Muchos se ubicaban por los árboles para encontrar los lugares donde estaban sepultados los cuerpos -cuenta Isabel-; casos como el de Eduardo son muchos, luego de la tala ya no hay cómo buscar las fosas, por eso necesitamos que la Fiscalía se encargue de buscar con los equipos necesarios".
Las 250 familias que hoy se encuentran buscando a sus seres queridos le piden a la Fiscalía que realice una intervención en la zona lo más pronto posible, de lo contrario, el agua inundará de incertidumbre a estas personas.
Hacia el 2013 el proyecto dañó un improvisado cementerio que tenemos cerca de aquí, esa es nuestra única forma de recordar a nuestros seres queridos y eso tampoco lo han respetado
Isabel Zuleta sostiene que lo ofrecido a los campesinos es muy poco para abandonar la tierra que los ha mantenido a flote durante tantos años, además de ser el territorio en que posiblemente se encuentran sepultados sus familiares.
Datos de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) dan cuenta de por lo menos 522 denuncias de personas desaparecidas en este lugar, además de 53 casos de amenazas contra líderes sociales y ambientales.
El Grupo EPM aclaró que para realizar la labor de búsqueda de las fosas, la Fiscalía designó al Fiscal 91 Delegado ante los Jueces Especializados del Grupo de Exhumaciones de la Dirección de la Fiscalía General Especializada en Justicia Transicional, Gustavo Andrés Duque Serna, para que adelantara los procesos referidos.
“A la labor, el Grupo se sumó desde un apoyo humanitario, con trabajo en campo y recolección de información con la comunidad de las zonas de influencia, información que le fue entregada a Fiscalía y con la que se procedió a diferentes prospecciones”, indica el comunicado de EPM.
Por lo pronto, voceros de la Fiscalía señalan que se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para determinar la veracidad de lo que dicen las familias y así poder iniciar con la búsqueda. La investigación avanza, pero para las familias el tiempo es poco hasta junio.
Eduardo continúa con su actividad a orillas del río. Lo hace por su familia, mientras sueña con encontrar los restos de su hermano que la guerra le quitó. Él no pierde la ilusión de una búsqueda que permita hallarlo, de lo contrario, la vida se lo habrá quitado dos veces.
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO
Redactor de EL TIEMPO
Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/hidroituango-inundaria-tierras-con-cuerpos-de-desaparecidos-182934
