Santos y Zuluaga ¿más bien votar en blanco?
José Fernando Ocampo T.
La campaña electoral de 2014 en su segunda vuelta se ha tornado virulenta y de resultados impredecibles. El presidente Santos en campaña reeleccionista ha llegado a un grado inusitado de desespero. Sufrió una derrota en la primera vuelta por dos vías, la de su contendor uribista que lo superó por quinientos mil votos y la de tres candidatos por fuera del gobierno—Clara, Martha Lucía y Peñalosa—que lo sobrepasaron por casi dos millones de votos. Perdió por lado y lado. Para la segunda vuelta el electorado quedó entre la derecha uribista, la derecha santista y un rechazo a los dos con un voto en blanco o la abstención. La campaña de Santos, entonces, se centra en las negociaciones de La Habana con las FARC y la campaña de Zuluaga en la lista de los fracasos del cuatrenio santista. Pero resulta imposible encontrar una posición sobre problemas candentes del país como los Tratados de Libre Comercio, la tragedia de la agricultura o la crisis industrial.
El apoyo político principal de Santos proviene de un Partido Liberal que trata de recuperarse de una decadencia de casi veinticinco años. Su historia del último siglo resulta por decir lo menos, escandalosa, a pesar de los esfuerzos sobrehumanos de sus dirigentes por ocultarla o maquillarla. Sin mencionar sus prohombres y sus presidentes de la primera mitad del siglo XX que no defendieron a Panamá, que se la vendieron a Estados Unidos por veinticinco millones de dólares, que firmaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos en 1935, que en esa forma amenazaron con ruina la incipiente industria nacional, que les regalaron el petróleo a las multinacionales en las décadas del treinta y cuarenta. Es que el Frente Nacional—1957-1991—comenzó con la alianza del fascista Laureano Gómez y el agente de Estados Unidos, el liberal Alberto Lleras Camargo. Se empezaban a zanjar las profundas diferencias de los partidos tradicionales que traían del siglo XIX y que habían perdido vigencia. Fueron los gobernantes liberales de la primera mitad del siglo XX—Olaya, López y Santos—quienes adecuaron la modernización económica del país a las necesidades de Estados Unidos para abrirle campo a su inversión industrial y a su capital financiero. Los gobiernos conservadores—Ospina Pérez y Gómez—que les siguieron, no hicieron más que continuar y profundizar la tarea de los liberales.
En 1989 Estados Unidos le impuso a América Latina el famoso Consenso de Washington con el argumento de superar la grave crisis económica por la que había atravesado desde 1980. Así se constituyó la imposición al continente de la economía neoliberal en toda su profundidad. Ningún país latinoamericano se salvó de sus diez tristemente famosas fórmulas económicas. Desde entonces los organismos internacionales condicionan sus créditos a la imposición y mantenimiento de la fórmula neoliberal del Consenso. En Colombia estas condiciones fueron acogidas por el ministro de Hacienda, César Gaviria, hoy jefe de la campaña de Santos, en el gobierno de Virgilio Barco—1986-1990—, condición impuesta a los créditos internacionales por la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Carla Hill, en su visita al país. En seguida la política neoliberal del gobierno de Gaviria se denominó apertura económica y se constituyó en la base fundamental de la Constitución del 91 en materia económica. Es decir, la política neoliberal del Consenso de Washington fue introducida en Colombia por dos gobiernos liberales, el de Barco y el de Gaviria, y consagrada como norma constitucional del país. Desde entonces, las bases de la política económica colombiana se mantienen inmutables.
Ni la derecha conservadora ni la derecha liberal se diferencian o se distinguen en materia de estrategia económica. Por eso, los dos gobiernos de Uribe y el gobierno de Santos han coincidido a fondo en su política económica neoliberal. Ambos la han profundizado y han llevado la agricultura y la industria a la crisis que actualmente afrontan. Ambos han ido imponiendo una transformación económica impuesta por los tratados de libre comercio con medio mundo. De ahí el gran deterioro de la producción agrícola, el hundimiento progresivo de la producción industrial, el predominio acelerado de una minería transnacional cada vez más agresiva. El Consenso de Washington se cumple lenta pero inexorablemente, casi sin dolor, pero con consecuencias desastrosas para la economía y para la población. Resulta necesario añadir que la economía nacional ha dependido y sigue dependiendo del endeudamiento externo, cada vez más agresivo. Esta campaña electoral llega a su final con una deuda externa de 95 mil millones de dólares, o sea, 190 billones de pesos, lo cual representa el 90% del presupuesto nacional para 2014 y entre 20 y 25 por ciento del PIB. Una deuda más que menos impagable.
Santos y Zuluaga pueden estar enfrentados sobre las negociaciones de La Habana o sobre la interpretación de los gobiernos de Uribe, o sobre la utilización de la “mermelada”, pero silencian su profunda coincidencia sobre el rumbo de la economía nacional, sobre sus estrategias de conducción de la política nacional, sobre sus profundos vínculos con el imperialismo norteamericano. No hay a quién escoger, no hay por quién votar. Tantas veces en este país un llamado “mal menor” se ha convertido en poco tiempo en un “mal mayor”.
José Fernando Ocampo T., Bogotá, junio de 2014
