Bogotá y el modelo de ciudad
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desdeabajo
Edición:192. Sección:Editorial
Una coyuntura de trascendental significación se abre para Bogotá, y por su impacto y transcendencia, para todo el país. La misma ya está en marcha pero desprenderá todos sus matices y efectos en las semanas y meses por venir.
La coyuntura es política y social, pero tiene raíces en economía, gobierno, poder y la misma cultura dominante. Su nombre es revocatoria, y su objetivo es Gustavo Petro, y por extensión el conjunto de la izquierda.
Liderada desde un sector del poder tradicional que se ha beneficiado por décadas del modelo de ciudad imperante en la capital del país, la pretensión de revocatoria también reúne poderes emergentes, unos y otros golpeados por la gestión del entonces senador Petro, y ahora afectados por el proyecto que trata de poner en marcha en Bogotá.
La coyuntura, como tal, es política, pero por su impacto, coloca en el centro del debate local y nacional el tema del poder, su composición, la posibilidad real de un cambio estructural en ciudades específicas y en el conjunto social colombiano, así como los medios de comunicación y su compromiso con la veracidad, la justicia y su aporte a la consolidación de un profundo tejido social que haga de la democracia algo que vaya mucho más allá del rito electoral.
Ladridos
El descontento de sectores ricos de la ciudad con el proyecto de gobierno presentado por Gustavo Petro el primero de enero de 2012 fue inocultable desde un primer momento. No hay día que los grandes medios de comunicación no aticen sobre la gestión en marcha, sin ahorrar calificativos para ello, el de improvisador es el más constante, pero también son permanentes otros como desastre, malo, y otras alusiones a la gestión en marcha como desordenada, por lo cual se preguntan una y otra vez, ¿cuándo será que se acaba?, propiciando con unas y otras expresiones un ambiente de descontento generalizado entre la población con la gestión en marcha.
Un momento de tono mayor en estas manipulaciones se presentó a propósito de la reversión de una parte del sistema de aseo de la ciudad. Sorprendente el nivel de comentarios y direccionamiento de la opinión pública, pues si bien se notaba improvisación en el proceso puesto en marcha, no se analizaba por parte de los creadores de opinión si la misma tenía sentido ambiental, económico, social y político. Simplemente la decisión de crear una empresa pública de aseo era mala pues "el Estado es corrupto e ineficiente" y tal tipo de servicios debe recaer en manos de agentes privados.
Sin duda, una manipulación de la opinión pública, y una tergiversación de la historia y de la realidad. Los hechos son tozudos: en diversidad de países el Estado es el responsable de decenas de servicios, cumpliendo con eficiencia y eficacia con los mismos, logrando por ese conducto niveles de justicia social, de redistribución de las rentas que recauda a través de impuestos y de la misma producción de riqueza vía diversidad de empresas, ¿por qué entre nosotros no puede ser así? Pero, además, en diversidad de países no pocos empresarios han sido investigados y condenados por corrupción, apropiadores de las rentas públicas, conllevando con sus acciones graves consecuencias sobre las mayorías sociales. La reciente quiebra de bancos en Estados Unidos y Europa es, por no ir más atrás, la más notoria de estas prácticas. Pero, además, las privatizaciones exigidas para la implementación del modelo neoliberal fue el más evidente robo de los ahorros colectivos por parte de agentes privados. Entre nosotros no cabrían en este escrito los nombres de quienes desde lo privado se han beneficiado de lo público, robando y perjudicando a las mayorías, y sin embargo no pocos creadores de opinión se atreven a poner en marcha campañas para criminalizar lo público y ensalzar lo privado.
Otras medidas del actual Alcalde han sido menos criticadas, como su proyecto de prevención del consumo de drogas, la reducción en ciertos horarios de la tarifa de transporte masivo, la implementación del mínimo vital, pero una y otras aún no han sido comprendidas en su inmenso significado. Por ejemplo, se tienen estudios que indican que la aplicación del mínimo vital –vía reducción del consumo– le ha significado a la Empresa de Acueducto dejar de recaudar más de 27 mil millones de pesos, ante lo cual algunos funcionarios de alto rango se atreven a proponer la reversión de este mínimo sin comprender que el ahorro que están haciendo los hogares en el consumo de agua es de inmenso beneficio colectivo pues redunda en un mejor estado de las cuencas y microcuencas y, por lo tanto, en menores inversiones de la misma Empresa de Acueducto para continuar trayendo más agua para quienes aquí habitan. Pero lo que se debe hacer es todo lo contrario: ampliar el mínimo a nuevos grupos sociales, radicalizar la medida por su demostrado beneficio ambiental para la ciudad y la subregión que integra.
Pero la tapa de las críticas se ha centrado en el tema de la vivienda, y el inocultable malestar de los constructores privados por no poder continuar con la siembra de cemento más allá de los actuales límites de la ciudad, pero al mismo tiempo, por la demanda oficial para que construyan Vivienda de Interés Prioritario y Social.
Las críticas de los gremios, tanto de la Cámara de Comercio como de Camacol son constantes, y en el fondo solamente hay un motivo: la reducción de la ganancia. Eso es todo. La insatisfacción es porque ahora se trata de colocar algún orden y algunas prioridades sociales-colectivas en la ciudad. No se escucha por parte alguna un debate verdadero sobre el propósito y sentido primordial del gobierno o de la gestión pública, cómo hacer para que convivan de manera equitativa millones de personas sobre un mismo territorio, cómo garantizar la preeminencia del interés colectivo y público a la hora de tomar ciertas decisiones de gobierno, y la necesaria regulación del agente privado. Cuando más lo que hace eco es el estribillo de la eficiencia del empresariado, pero sin mediar lo ambiental, sin considerar la ciudad de los próximos 50 años, sin que se valore la brecha cada vez más abierta entre ricos y pobres, etcétera. Pero además, sin tomar en cuenta que la ciudad carga infinidad de problemas estructurales o no, propiciados por la mediocridad de las administraciones que se han encargado de la misma en los últimos 50 años, problemas, es indiscutible, que no atañen a su actual administración, los mismos que no podrá resolver ésta en su totalidad, así se lo proponga.
Y a esta visión sesgada de la realidad, mediada por las ganancias escandalosas de siempre, le hacen eco los grandes medios de comunicación. La escandalosa segregación socio-espacial que se vive en la ciudad, es consentida y defendida por estos mismo medios de comunicación. Y cuando se intentan normas que buscan propiciar el acercamiento de los distintos grupos, la cultura arribista de las élites se torna agresiva, tal y como sucede en las actuales circunstancias, en las que algunos descendientes directos de la plutocracia de siempre encabezan la resistencia a la reducción de las "distancias" entre las clases sociales, negándose a que se ensayen caminos tras el objetivo de romper la reinante discriminación imperante en el ordenamiento territorial capitalino, para dejar a un lado la estructuración simbólica que remarca la separación como criterio central del ejercicio del poder.
Son todos estos cambios necesarios. Como lo son el tomar en consideración el ordenamiento territorial en su conjunto, de manera que problemáticas como el tiempo de desplazamiento a los sitios de trabajo, la accesibilidad a las ofertas de servicios públicos y la posibilidad de obtener ventajas de los efectos de aglomeración, entre en el cálculo de los impulsores de las políticas urbanas. Como se sabe, Bogotá ha crecido a golpe de la especulación inmobiliaria y de los intereses inmediatos de constructores, transportadores y grandes comerciantes, sin que el interés colectivo haya tenido el menor peso. Y cuando, así sea de manera tímida, se proyecta hacia adelante ese interés colectivo, los usufructuarios del poder se quitan la máscara de la tolerancia y esgrimen su visión totalitaria de lo que para ellos es inaceptable.
Es inconcebible. No soportan, tampoco, que en los despachos oficiales se hable un lenguaje distinto al del "pensamiento único" de los tecnócratas neoliberales, y les molesta que se hable de empatía y no de competencia, o de solidaridad y no de ganancia. Que los humedales sean más importantes que el cemento, o las comunidades más que la extracción minera, es algo que cae mal a sus oídos y a sus intereses, por lo que piensan recurrir a cualquier estratagema con tal de reinar a sus anchas, nuevamente, en las arcas y el destino de una ciudad que ha buscado, en los últimos doce años deslindarse de los mismos de siempre.
De esta manera, entre manipulación y creación de un ambiente de destitución del alcalde, llega el referendo, por realizarse en los próximos meses. Como se sabe, la medida es hija de la Constitución del 91, y como tal fue redactada para que su aplicación efectiva sea prácticamente imposible. Dificultad ahondada por una sociedad que nunca se ha movilizado masivamente por el voto. Un posible fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana próximo a conocerse, al fallar sin carácter retroactivo sobre la misma, dificultaría aún más el propósito de los impulsores de la revocatoria, de lo cual se deduce que tendrían que reunir cerca de un millón doscientos mil votos para lograr su propósito, algo prácticamente imposible.
De esta manera, para lograr el objetivo de los revocadores sólo queda la investigación que tiene entre manos el Procurador General contra Gustavo Petro por la creación de la empresa recolectora de basuras, con la cual puede inhabilitarlo. Un riesgo real. Se ahonda, con este escenario, la coyuntura que vivirá Bogotá. El reto es ahora para los movimientos sociales que la habitan: ¿aprovecharán la circunstancia para politizar a sus conciudadanos o perderán esta oportunidad de oro?
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