275 personas estuvieron en lista de 'chuzados' del DAS en 2004-2005
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Hace un año sucedió algo inédito: el búnker del DAS fue allanado por el CTI de la Fiscalía tras el escándalo de las 'chuzadas' y seguimientos ilegales a magistrados y periodistas.
Activistas de Derechos Humanos, al menos tres gobernadores en ejercicio y media docena de congresistas y concejales, así como periodistas colombianos y extranjeros fueron interceptados.
Dos objetivos --"Defender la Democracia y la Nación" y "Crear conciencia sobre las consecuencias de un sistema comunista"-- aparecen en documentos claves del DAS como justificación para uno de los episodios más oscuros en la historia de ese organismo de seguridad: las 'chuzadas' y seguimientos ilegales a activistas de derechos humanos, magistrados, periodistas y políticos considerados como opositores al Gobierno.
Este martes, la Fiscalía llamó a juicio a siete mandos de Inteligencia del DAS, incluido el ex subdirector José Miguel Narváez, por el capítulo de las 'chuzadas' correspondiente a los años 2004 y 2005.
Los detalles del voluminoso expediente no dejan de sorprender a las autoridades. Lo que allí se revela es que mientras los 'paras' lograban infiltrarse en las más altas instancias del DAS --este lunes empezará el juicio en la Corte Suprema contra el ex director Jorge Noguera por nexos con 'Jorge 40' y varios de sus asesinatos--, la Inteligencia estaba enfocada en la 'Guerra Política': seguir y anticiparse a los movimientos de ONG, políticos y periodistas de izquierda que supuestamente ponían en riesgo políticas .
En esa estrategia, según los hallazgos de la Fiscalía, se contemplaron incluso amenazas, atentados con explosivos de bajo poder, robos y hasta difusión de chismes a través de la Internet.
También, dejar pistas que salpicaran a otras instituciones: la
instrucción en una llamada de amenaza a una periodista fue usar un teléfono cercano a la Dirección de Inteligencia de la Policía.
En el expediente hay una lista de 275 personas que fueron tratadas como 'blancos de inteligencia', entre las que están activistas de Derechos Humanos, al menos tres gobernadores en ejercicio y media docena de congresistas y concejales, así como periodistas colombianos y extranjeros sobre los que no existía una orden judicial.
Como ocurrió con los magistrados de la Corte Suprema en el 2008, los seguimientos incluyeron reportes de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) y de entidades bancarias que, se supone, debían estar cobijados por la reserva y que no fueron obtenidos con orden judicial. Ese contacto, en el 2005, se estableció con un funcionario de la Uiaf identificado como Javier Villa, a quien requirieron por los movimientos de divisas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El DAS contactó a los oficiales de seguridad de al menos cinco entidades bancarias buscando acceso a documentos e información financiera de personas y ONG. Ellos podrían ser vinculados a la investigación. Una de las víctimas de esas prácticas fue el padre Gabriel Izquierdo, director del Cinep y el recientemente fallecido Eduardo Umaña Luna, quien para la época contaba 85 años.
Entre los 'blancos' de inteligencia del DAS en esa época estuvieron prácticamente todas las ONG de Derechos Humanos y los sindicatos. Para ello, se trazaron estrategias como infiltrar agentes entres los celadores de los conjuntos residenciales y edificios donde estaban ubicados los objetivos, difusión de encuestas falsas; distribución de panfletos y hasta amenazas y chantajes.
El reporte de actividades de ese grupo, conocido como el G-3 y coordinado por Fernando Ovalle, quien murió esta semana de cáncer sin ampliar su declaración ante la Fiscalía, es escalofriante.
Hay capítulos ya conocidos, como los seguimientos a cinco magistrados de la Corte Constitucional que en el 2005 participaron en el estudio del proyecto que revivió la reelección en Colombia y sobre los que la estrategia sugerida fue "desprestigio, presión y sabotaje".
También hay una lista de políticos de izquierda a los que se les debían "generar vínculos" con la guerrilla, los 'paras' o el narcotráfico, según el caso, o incluso montar escándalos de "infidelidad sentimental".
Mientras algunos de los 'embajadores' de la guerrilla se movían sin mayores problemas en Europa, un funcionario del DAS viajó por varios países de ese continente siguiendo a los miembros de la Comisión Colombiana de Juristas y el Alvear Restrepo. Se trata de Germán Villalba, quien fue desvinculado del DAS por la administración de Felipe Muñoz. La Fiscalía está por definir su vinculación formal al expediente, pues él era el contacto de Ovalle en el exterior y "desarrolló actividades de control" sobre personas seguidas ilegalmente.
Los reportes de inteligencia que pretenden dar justificación a estas actividades, considera la Fiscalía, son por lo menos cuestionables. Así, en la carpeta del abogado Eduardo Carreño Wilches, vicepresidente del Alvear Restrepo, se reporta que "participa en el programa emitido por la Radiodifusora Nacional los martes a las 7 de la mañana, en el cual expone teorías proclives al socialismo y donde se pretende legitimar y generar reclamación de la sociedad frente a temas de derecho a la vivienda, salud, educación, información, entre otros".
A un corresponsal extranjero, señalado de ser simpatizante de la guerrilla, le asignaron una patrulla para seguirlo durante todo el tiempo que estuvo en el país a mediados del 2005. Uno de los informes que tiene la Fiscalía revela que el DAS intentó borrar la memoria de su computador mediante la instalación de un dispositivo magnético y que, para sabotear uno de sus viajes a Costa Rica, se difundió "un correo anónimo advirtiendo de la presencia de un terrorista en el avión, para lo cual se suministró la descripción" del periodista.
No era la única táctica del DAS para frustrar viajes de sus 'blancos'. En el plan para "desestabilizar al Colectivo Alvear Restrepo" se ordenó impedir los desplazamientos de su director, Alirio Uribe, "mediante el hurto de documentos".
El robo, esta vez de libros, fue una de las opciones consideradas para impedir la tercera edición del "Embrujo Autoritario", un libro en el que varias ONG, dice el DAS, "se controvierte irreverentemente las políticas del actual Gobierno".
Para evitar la publicación, el DAS ordenó una "operación neutralizadora de inteligencia" que buscaba "acceder físicamente a los equipos y según la conveniencia sustraer, sabotear o alterar el contenido de la publicación". Otra sugerencia fue identificar los carros de la editorial y considerar "una operación que conduzca a la incautación del material de interés".
La Fiscalía considera que Jorge Noguera estaba al menos enterado de esas prácticas y busca establecer si funcionarios del Gobierno Nacional, como lo dijo el fallecido Ovalle, también tenían conocimiento de los trabajos realizados por el G-3.
Difundieron una falsa alerta sobre terrorista
A un periodista extranjero supuestamente cercano a las Farc le asignaron una patrulla para seguirlo durante todo el tiempo que estuvo en el país a mediados del 2005.
Uno de los informes que tiene la Fiscalía revela que el DAS intentó borrar la memoria de su PC mediante la instalación de un dispositivo magnético y que, para sabotear uno de sus viajes a Costa Rica, se difundió "un correo anónimo advirtiendo de la presencia de un terrorista en el avión, para lo cual se suministró la descripción" del periodista.
No era la única táctica del DAS para frustrar viajes de sus 'blancos'. En el plan para "desestabilizar al Colectivo Alvear Restrepo" se ordenó impedir los desplazamientos de su director, abogado Alirio Uribe, "mediante hurto de documentos".
La estrategia contra esa ONG incluía fomentar peleas internas. Un balance de actividades entregado supuestamente a la Dirección reseña como logro "la inteligencia técnica sobre conmutador y fax" del colectivo de Abogados, que en los archivos secretos del DAS es mencionado como 'Transmilenio'.
'Sustraer, sabotear o alterar la publicación'
El robo, esta vez de libros, fue una de las opciones consideradas para impedir la tercera edición del 'Embrujo Autoritario', un libro en el que, dice el DAS, "se controvierte irreverentemente las políticas del actual Gobierno".
Para evitar la publicación, el DAS ordenó una "operación neutralizadora de inteligencia" que buscaba "acceder físicamente a los equipos y según la conveniencia sustraer, sabotear o alterar el contenido de la publicación". Otra sugerencia fue identificar
los carros de la editorial y considerar "una operación que conduzca a la incautación del material de interés".
La Fiscalía considera que Jorge Noguera estaba al menos enterado de esas prácticas y busca establecer si funcionarios del Gobierno Nacional, como lo dijo el fallecido Ovalle, también tenían conocimiento de los trabajos realizados por el G-3.
REDACCIÓN JUSTICIA
