El pronunciamiento lo hizo el Defensor del Pueblo en el Tolima, Santiago Ramírez.

"Este ha sido un año complejo, con muchas situaciones en particular como la del desplazamiento forzado de campesinos que llegan a Ibagué", señala. Agrega que la población desplazada sigue encontrando dificultades en materia de atención humanitaria.

En cuanto al reclutamiento forzado de menores, la Defensoría señala que el flagelo se sigue presentando y que se ha convertido en una macabra herramienta para ejercer control, no sólo sobre la población, sino también sobre el territorio tolimense.

Denunció que este año se presentó un reclutamiento masivo de menores de edad en Rioblanco. "Esta práctica es lacerante para las familias de esos menores, las pone en una encrucijada tremenda, eso convierte a las zonas afectadas en escenarios muy críticos en materia de Derechos Humanos y del DIH", señala el funcionario.

Ramírez también manifestó que la población campesina, especialmente la del Sur del departamento, pone una alta cuota de sacrificio en el conflicto armado.

Operaciones militares

"Llevamos ya casi dos años con operaciones militares muy intensas en el Cañón de las Hermosas, en la parte alta de Rioblanco y en Planadas, en esas regiones las confrontaciones armadas han sido fuertes y casi siempre la población civil aporta una cuota muy alta de sangre", asegura.

La preocupación más reciente que expresa la Defensoría tiene que ver con las razones de la muerte de 16 líderes comunales en el sur del Tolima. A esto se suma el asesinato del presidente del Concejo en el municipio de Prado.

Otra de las mayores preocupaciones de la Defensoría es el alto número de minas antipersonas sembradas en el Sur y Oriente del departamento.

"Este flagelo está causando mucho daño a la población civil y en los soldados del Ejército nacional. La Gobernación viene adelantando, junto a la Fuerza Pública, un proceso de desminado en el Cañón de las Hermosas, el problema está en que el costo humano y económico es muy alto para todos", dice Ramírez.

Uno de los grandes temas que enfrenta la Defensoría en coordinación con la OEA, Acnur y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, es el proceso de reparación a las víctimas del paramilitarismo. Dice que el camino para la reparación a las víctimas es un escenario difícil de transitar.

"En ese sentido aún nos falta mucho por hacer y ver, hemos logrado ofrecerle algunas garantías a los familiares de las víctimas para que denuncien los hechos, pese a que aún existe mucho miedo", dijo Ramírez.

Pese a todo, reconoce que existen logros en el cumplimiento a normas del DIH.

La gente sin agua potable ni salud

El Defensor del Pueblo también denunció que el suministro de agua potable es un derecho y un deber que no se cumple.

"En el Tolima tenemos escenarios que nos preocupan mucho como el del agua potable; casi todo nuestro departamento accede a agua no apta para consumo humano, hemos detectado que son muchas las inversiones para potabilizar el líquido, pero parece que esos dineros se enredan en el camino", denunció el Defensor.

En el tema de salud señala múltiples problemas en el acceso de la población a los servicios médicos.

"Todo el tiempo los prestadores del servicio de salud buscan evadir su obligación, de ahí que la gente tenga que acudir a herramientas como la Tutela y a entidades del Ministerio Público para poder recibir el servicio", aseguró Santiago Ramírez.

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