Contradicciones entre Seguridad Democrática y Derecho Internacional
Publicado por Jorge Amado Palacio
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La violación al Principio de Distinción: contradicciones entre seguridad democrática y derecho internacional
Uno de los principios fundamentales del derecho internacional, particualrmente del DI humanitario es el de distinción entre quienes participan directa o activamente en las hostilidades y quienes en ellas no tienen esa participación. Aplicar tal principio resulta necesario para determinar las obligaciones y los derechos que corresponden a unos y a otros.
La aplicación del principio de distinción obliga, entre otras cosas, a:
1ª Garantizar a la población civil y a las personas civiles el trato humano y la protección general que les otorgan los instrumentos de derecho humanitario.
2ª Asegurar a quienes se han rendido y a quienes han quedado fuera de combate el trato humano para ellos previsto por el derecho internacional humanitario.
3ª Hacer efectivas las garantías previstas por el derecho humanitario para las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto (por ejemplo, darles un trato humano que incluya proporcionarles condiciones dignas de detención y no exponerlas a los peligros de la guerra).
4ª Evitar ataques contra bienes que no son objetivos militares.
5ª Facilitar las actividades emprendidas por las organizaciones humanitarias para atendera las víctimas del conflicto.
Bajo la administración de Alvaro Uribe Vélez, ha sido reiterado el desconocimiento de las "recomendaciones" de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bien a través de la adopción de medidas de carácter legal o desatendiendo los llamados y compromisos adquiridos con la comunidad internacional. La evaluación hecha por diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales y de paz, concluye que de las 44 recomendaciones hechas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), desde 2002 hasta 2009, el Estado y en particular el Gobierno únicamente cumplen de manera parcial 7 de ellas e incumplen la mayoría ... Aun más grave, en 10 de ellas se están tomando medidas abiertamente en contra de las mismas (incluyendo el otorgamiento de funciones judiciales a las fuerzas militares, el espionaje sin orden judicial, el desconocimiento público del principio de distinción por parte del Presidente de la República y las declaraciones del Presidente estigmatizando y poniendo en peligro la labor de opositores del gobierno, sindicalistas, periodistas, estudiantes, ONG, junto con la negación de una debida rectificación)".
Pese a que el gobierno colombiano, se comprometió en el mes de julio de 2003, en el Acuerdo de Londres, a dar cumplimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas, su desconocimiento ha sido abierto. Inclusive, frente a los llamados del Comisario de la Unión Europea para las relaciones exteriores Christopher Patten, , por el tiempo en que se revelaron los asesinatos denominados cinicamente por la prensa local como Falsos Positivos, para que se de cumplimiento a las recomendaciones, la respuesta del Vicepresidente Francisco Santos fue: "Me parece que hay un concepto neocolonial de lo que es la justicia en Colombia, de lo que es esta democracia (...) Lo que me preocupa es que en Europa se mire a Colombia como una república bananera, y creo que el señor Patten lo plantea de esa manera"
( El Espectador Noviembre 2008).
La política de seguridad democrática ha contribuido de manera importante a la profundización de la ya grave crisis de derechos humanos en Colombia, consolidando un régimen autoritario, por medio de sus diversas estrategias:
• Ruptura del principio de distinción, entre población civil y combatientes;
• Insercion de civiles en medio del conflicto armado (soldados campesinos, soldados por un día, redes de informantes, proyecto de ley autorizando a civiles para portar armas de guerra);
• Sometimiento de las autoridades civiles al poder militar (Ministerio Público y Fiscales de apoyo o al servicio de la fuerza pública);
• Impunidad, connivencia y favorecimiento de los grupos paramilitares (expedición del decreto 128 de 2003, proyecto de alternatividad penal, ascensos y condecoraciones a personal de la Fuerza Publica, señalado de tener vínculos orgánicos con los grupos paramilitares);
• Ruptura de la autonomía e independencia del poder judicial y el debilitamiento de la misma a través de proyecto de reforma a la justicia;
• Suspensión permanente de los derechos a la libertad, intimidad, libertad de comunicaciones y locomoción (reforma constitucional antiterrorista);
De este modo, se fomenta el totalitarismo en la sociedad: las comunidades o integrantes de las mismas se hacen sujetos activos y directos de la seguridad. La implementación de la Política de Seguridad Democrática se ha basado en el desconocimiento del principio de distinción, mecanismo que permite la protección de la población civil en el conflicto interno colombiano, obligando a las partes combatientes a respetarla. La Comisión le recomendó al Estado que garantizara que la población civil no estaba siendo aún más empujada al conflicto. Pero el primero en desconocer este principio ha sido el propio Uribe quien se ha negado a reconocer el carácter de combatientes a los miembros de los grupos armados ilegales en Colombia. Inspirado en otros ejemplos de la región, en sus opiniones públicas y en un discurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente dijo que él no los reconocía como combatientes sino como terroristas. Al no reconocer el carácter de combatientes el gobierno elimina también el principio de distinción pues elimina uno de los referentes de ese principio. En la misma lógica, el establecimiento de las redes de informantes civiles (que según el gobierno supera 1.700.000 personas), los soldados campesinos, las redes de cooperantes y familias guardabosques, son programas que involucran aún más a la población civil en la guerra, ante la carencia de una politica social .(desempleo, hambre y miseria, problemas de mas de 100 años)
La denegación de la condición de conflicto armado interno tiene importantes consecuencias. Una de ellas es que puede rechazarse toda distinción entre combatientes y no combatientes. La población civil queda reducida a la condición de rehén entre las diversas fuerzas beligerantes. Una política de seguridad no puede expresarse en disposiciones o prácticas mediante las cuales se den o impongan a los miembros de la población civil funciones o tareas que, al hacerlos participar de modo directo y activo en las hostilidades, los priven de la protección a ellos conferida por la normativa internacional humanitaria. Con la política de Seguridad Democrática del gobierno actual ocurre justamente lo contrario. El Estado debe siempre respetar el principio humanitario de distinción.
En ningún caso, la cooperación de los ciudadanos con las autoridades encargadas de la defensa nacional, de la protección del orden público, o de la administración de justicia debe asumir formas de acción que involucren a los civiles en el conflicto armado. En otras palabras, lo que se busca demostrar es que la política de seguridad democrática, ejemplo de las medidas actuales del modelo de Estado contra el “terrorismo” en el mundo, se desvían completamente de de los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho penal.
De tal forma, aquellas medidas a través de las cuales los Estados y la democracia internacional pretenden crear condiciones de seguridad para la mayoría de la población, devienen en violaciones de los derechos humanos.
El papel de la comunidad internacional, compuesto por Estados, Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones regionales y hasta globales, han tenido mucho que ver en el desenvolvimiento de la PSD, al punto que han logrado modificar, en lo fundamental, varios de sus elementos centrales. El proyecto belicista norteamericano ha tratado de equilibrarse mediante la presión de las organizaciones sociales de derechos humanos y los organismos multilaterales.
Etiquetas: democratica, derechos, humanos, seguridad, uribe
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