2009: De escándalo en escándalo

El año arrancó mal: con coletazos del escándalo de las 'pirámides'. Grabaciones publicadas por CAMBIO revelaron que directivos de DMG, que en 2008 dejaron en la ruina a miles de colombianos, habían hecho aportes a las campañas políticas del Gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, a la que habría dado 1.000 millones de pesos, y a la del alcalde de Bogotá Samuel Moreno.

Según una de las grabaciones, DMG le entregó 200 millones de pesos al actual personero de Bogotá Francisco Rojas Birry para la campaña de Moreno, que al parecer Rojas no entregó. También terminaron enredados senadores como Samuel Arrieta, entonces presidente de Convergencia Ciudadana; el alcalde de Santa Marta Juan Pablo Diazgranados, y el alto consejero presidencial para las Regiones Félix Alfázar González, quien salió del cargo.

La Fiscalía y la Procuraduría investigan a varios de estos funcionarios, mientras que David Murcia y su socio William Suárez están ad portas de ser extraditados a los Estados Unidos.

Las 'chuzadas'

El país no se reponía del escándalo DMG, cuando Semana denunció interceptaciones ilegales hechas por el DAS a miembros de la oposición, magistrados, periodistas y varias ONG. Tras comprobar las denuncias, el entonces fiscal general Mario Iguarán expresó su indignación y dijo que el asunto expelía muy mal olor.

El escándalo se sumaba a otros anteriores, el más grave de los cuales había llevado en 2008 al Presidente a retirar del servicio a varios oficiales de Inteligencia de la Policía.

Quedaba en evidencia que no se trataba de casos aislados, sino de una operación sistemática de seguimientos de organismos del Estado, sin autorización judicial, a personas no afectas al Gobierno. Una forma sutil de control policivo, un extravío grave de los organismos de seguridad, pues los seguimientos eran a representantes de lo público que no estaban vinculados a delito penal alguno.

La Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigación a la cúpula del DAS, entonces en cabeza de María del Pilar Hurtado, que renunció al cargo. Al mismo tiempo fueron capturados el ex jefe de Contrainteligencia capitán Jorge Lagos; el ex director de Inteligencia Fernando Tavares; el ex asesor Miguel Narváez, y otros siete funcionarios. La magnitud del escándalo llevó al presidente Uribe a anunciar un revolcón en el organismo, y el Congreso está a punto de aprobar una ley que lo hace posible.

'Yidispolítica' II

A mediados del año, resurgió la 'Yidispolítica', que en su segundo capítulo tuvo de protagonista al ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, quien declaró ante la Corte Suprema que durante su administración había entregado por lo menos 30 notarías a congresistas, como pago por el voto a favor de la reelección presidencial en 2005.

En este nuevo episodio terminaron comprometidos e investigados por la Corte Suprema los congresistas Mario Uribe, Eduardo Enríquez Maya, Alirio Villamizar, Nancy Patricia Gutiérrez, Alonso Acosta, Milton Rodríguez y el hoy embajador en Brasil, Tony Jozame.

Agro Ingreso Seguro

El escándalo que más mella hizo en el Gobierno fue el de los subsidios de Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura, que CAMBIO destapó en septiembre. El Gobierno adjudicó millonarios recursos no reembolsables a poderosas familias de Magdalena, principalmente, algunas de las cuales aportaron a la campaña de la reelección y al referendo.

El escándalo dejó al descubierto parcelación de tierras para concentrar más recursos, y que muchos proyectos beneficiados fueron inicialmente declarados inviables. El escándalo propició un debate en el Congreso por el sesgo pro ricos del programa en detrimento de los campesinos medios y pobres, y el Partido Liberal promovió una moción de censura contra el ministro Andrés Fernández, que no prosperó porque las mayorías uribistas lo impidieron. Sin embargo, tanto el Ministro como el ex ministro Andrés Felipe Arias están vinculados a investigaciones penales y disciplinarias, lo mismo que otros 45 funcionarios y ex funcionarios del Ministerio. El escándalo le costó a Uribe en imagen: cayó seis puntos, la cifra más alta desde 2002.

El Runt

Cierra el año en materia de escándalos el del Runt. Un informe de la Contraloría General encontró 27 irregularidades, como inconsistencias en el contrato de fiducia que recauda y administra el 9 por ciento de los recursos que corresponden a la Nación por los cobros del Runt; la compra de 230 impresoras para expedir pases que resultaron obsoletas, y fallas de interventoría. El informe también señala que las firmas concesionarias iniciaron operaciones sin adoptar una plataforma informática que permitiera el adecuado funcionamiento del sistema, razón por la cual este colapsó.

El escándalo fue tan grande que incluso el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego llegó a reconocer que podría costarle la cabeza. Pero, como era de esperarse, no sucedió.

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al coordinador del Runt Jorge Enrique Vera y al director técnico de la Dirección de Transporte del Ministerio Jorge Enrique Pedraza, lo mismo que a Promesa Sociedad Futura, encargada del Runt, que vendió el 49,9 por ciento de las acciones de la concesión a un grupo que perdió la licitación -Taborda Vélez & Cía., Intelred, Quipux S.A. y Juan David Ángel-, y a María Elvira Pérez, representantes de la sociedad Runt S.A. La Contraloría también abrió investigación por este episodio.

Sin duda, el año deja un balance en rojo en la lucha contra la corrupción. Pese a ser una de las banderas del presidente Álvaro Uribe, el Gobierno parece haberla arriado y así lo refleja la encuesta Invamer-Gallup: el 61 por ciento de los colombianos considera que la corrupción está empeorando.