COLOMBIA, PAÍS DONDE LA EDUCACIÓN ES UN NEGOCIO

Colombia, el país donde la educación es negocio

No tiene en cuenta las facultades de las personas y busca uniformar pensamientos para seguir órdenes de empresarios de los grupos económicos de tradición

JUAN FELIPE GOMEZ OLAYA 

Foto: 123RF

Floreciendo de los estratos menos favorecidos es cuando los colombianos realmente podemos comprender respecto de la difícil situación del país. Mientras muchos jóvenes permanecen sumergidos en el diario aparentar en sus redes sociales, muchos otros maduramos soñando bajo la prédica incesante de nuestros padres por “que la educación es el único camino para salir adelante”.

Nací de una generación en donde un padre con un trabajo estable podía costear la educación, alimentación y vivienda de toda su familia, sin que ello implicara renunciar a viajar (disfrutando de su prima navideña) o complacerse de un paseo familiar cada domingo. Las empresas mantenían, para aquella época, beneficios de salud, educación y salario, por encima de los estándares que la ley permitía. Acceder a terreno para edificar vivienda e incluso para plantear la posibilidad de tener una “finquita” era una realidad tangible debido a la, relativamente, poca injerencia del gobierno en las políticas públicas de la nación, en cuanto a la movilidad social de sus habitantes.

Sin embargo, los colombianos hemos vivido tan golpeados por el tormento del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y el terrorismo que no nos alcanzamos a percatar de todo aquello que nos estaban arrebatando personajes políticos de la calaña de Samper, Pastrana, Uribe e incluso el famoso Nobel de Paz. Sin refutar y confundidos en un mar de cómoda ignorancia permitimos que poco a poco deterioraran los salarios, deterioraran la calidad de la salud, deterioraran la calidad y el acceso a la vivienda y deterioraran las relaciones laborales con el único ánimo de enriquecer a los empresarios que pagaban sus campañas políticas.

Gracias a dichas prácticas el gobierno de derecha intentó exterminar a la clase media de manera sistemática y es por esa razón que nos encontramos frente a circunstancias en donde los hijos de la nación, de 18 a 35 años, no logran independizarse de las casas de familia o simplemente se resignan a sueldos miserables que los condenan a vivir en apartamentos, en arriendo, de 45 metros cuadrados (en el mejor de los casos). Las jóvenes familias que logran la tranquilidad financiera (diferente al éxito financiero) son algunas que lograron escalonar su posición social en las Universidades más exclusivas y, por lo tanto, más costosas y con mayor empleabilidad de Colombia o en su defecto aquellas que tienen algún vínculo político en el sector público.

Todo lo anterior lo hemos permitido porque vivimos en un sistema educativo estandarizado, excluyente y poco innovador que rezaga a su pueblo a programas insignia como el adefesio de Ser pilo paga que lo único que logra es reforzar la brecha de desigualdad entre la educación pública y la privada. La educación en Colombia es un negocio que no tiene en cuenta las facultades de las personas y que busca uniformar pensamientos para seguir órdenes de empresarios de los grupos económicos de tradición.

En Colombia nos metieron el gol del cuento de hadas de que “la educación es la única forma para salir adelante”. Millones de colombianos nos quedamos esperando para que se cumpliera la visión que tenían nuestros padres y nos enfrentamos a una cruda realidad en donde el sistema nos dice: no va a pasar.

Como bien lo ha planteado Yokoi Kenyi, couch de liderazgo reconocido en Colombia, “nuestros jóvenes son importantes ahora” y no hay que seguir esperando para tomar la determinación de abrazar la pasión de lo que somos. Nuestros jóvenes son capaces de producir y construir material valioso en el mundo contemporáneo desde ahora. Por lo tanto, es el modelo educativo colmado de segregación lo que no permite la potencialización de los recursos de cada persona en su formación.

Colombia saldrá de la pobreza el día en el que exista, no solamente, educación pública de calidad, sino que se implemente un sistema educativo diseñado para las personas y no, lo que sucede hoy en día, personas diseñadas para responder exámenes estandarizados y salir a la vida laboral a untar al mundo de prepotencia y vanidad.

Finlandia ha dado un claro ejemplo, y como el país mejor educado del mundo nos ha regalado una fórmula en donde los jóvenes desarrollan sus virtudes desde la primera instancia en la que asisten a la escuela, por el tiempo que quieren, dotados de plena autonomía y libertad de expresión. El resultado es claro, encuentran menos artistas frustrados, menos deportistas frustrados, menos políticos corruptos, y en general, menos profesionales incompetentes. La brecha de la desigualdad no puede romperse en un territorio en donde el sistema educativo está al servicio del dinero y la opinión editorial, el arte, la investigación científica y el deporte resultan elementos dentro del monopolio de pocas instituciones.

Fuente: https://www.las2orillas.co/colombia-el-pais-donde-la-educacion-es-negocio/

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LAS REDES SOCIALES, MEDIO Y TECNOLOGÍA QUE NO TIENEN NADA DE NEUTRAL

¿Son neutrales las redes sociales?

Jorge Majfud

En una conferencia dada en 1981, Ayn Rand, la autora de cabecera del actual presidente de la cámara de representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, y de los conservadores cristianos, leyó: “Ningún poder externo puede destruir al capitalismo y sus empresarios. Solo un poder interno: la moral. Más concretamente, el poder de una idea depravada, aceptada como principio moral: el altruismo. Esa teoría moral según la cual un hombre debe sacrificarse por otros. El altruismo es una teoría de profundo odio, contra el hombre, contra el éxito. El altruismo es enemigo del capitalismo”.

La idea del egoísmo como el motor de los negocios es razonable, pero no es, como la ideología capitalista quiso establecerlo, necesariamente el motor del bienestar de las sociedades. Los mismos economistas capitalistas han estudiado desde hace décadas los efectos de las “externalidades” por el cual un excelente negocio puede ser realizado no solo en detrimento del resto sino de los mismos beneficiados a largo plazo.

Para bien y para mal, el beneficio propio sigue siendo el corazón ideológico y práctico de los dueños de mega compañías como Google, Facebook, etc. Con una diferencia: ya no se trata de mentir para vender Coca Cola o McDonald’s sino de formas más extendidas y profundas de pensar y de sentir.

Las tecnologías digitales, que pueden servir para democratizar la información (Wikipedia es un ejemplo), para denunciar injusticias o hacerle la tarea difícil a un dictador al viejo estilo del siglo XX, también sirven para lo contrario: para manipular, todo debajo del manto de la pretendida neutralidad tecnológica.

El caso de las redes sociales es uno de esos ejemplos, probablemente el más significativo. No basta con demostrar que el gobierno ruso manipuló la opinión de los votantes estadounidenses valiéndose de estos instrumentos. Es necesario preguntarse, además, ¿cuál es la razón existencial de los dueños y administradores de esas mega sociedades en cuyas redes vive, literalmente, la mitad de la población mundial?

Es uno, básicamente: las ganancias. Es un negocio y funciona como tal.

Pero ¿no son los negocios una actividad pragmática, sin ideología? Tal vez los negocios sí, pero no los mega negocios.

Cuando uno habla con individuos que formaron parte de grandes compañías trasnacionales y conoce sus familias, no queda otra posibilidad que reconocer que son buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, donantes regulares para causas nobles. Los individuos suelen ser muy buenos, pero cuando son gerentes de poderosas compañías de sodas, de tabaco, o de fast foods, cumplen una función, y su primer objetivo es que dicha compañía no quiebre. Es más: el objetivo es que el volumen de ganancias crezca sin parar, más allá de si el tabaco, el azúcar y las grasas recicladas matan a cientos de miles de personas por año. La moral individual casi no importa; los individuos no explican la realidad. Es el sistema para el cual trabajan.

Lo mismo compañías como Facebook, Twitter o Instagram. Zuckerberg es un buen muchacho, realiza donaciones millonarias (que en muchos casos es como si un obrero donase diez dólares a los afectados por un huracán). No obstante, su equipo de ingenieros y psicólogos trabaja día y noche para maximizar las ganancias maximizando el número de los nuevos clientes sin importar que para ello deban desarrollar estrategias de dependencia psicológica, sin importar que varios estudios insistan que Facebook produce depresión, sin importar que varias investigaciones hayan mostrado el carácter adictivo de esta actividad. Como la nicotina o el azúcar, las que fueron camufladas por las tabacaleras y todavía lo son por las gaseosas carbonatadas. Como el alcohol, el consumidor compulsivo satisface una necesidad creada mientras niega el problema y presume de su libertad.

Como en la economía actual, la clave del éxito de las megaempresas no radica, como se repite hasta el hastío, en satisfacer una demanda existente sino en crearla, ya que las demandas suelen no existir antes del producto.

Miles de millones de usuarios de las redes sociales han sido atrapados por unos muchachos de California, también por otra razón. Desde vendedores de lapiceras hasta actrices y vendedores de libros casi nadie puede prescindir de ellas porque es allí a donde se han mudado los consumidores. Un diario que no tenga una página en FB o en Twitter para distribuir sus noticias y artículos prácticamente no existe o existe a medias. Es decir, para los amantes de las redes y para quienes las detestan, son imprescindibles. Incluso para hacer conocer un artículo crítico de ellas mismas, como lo puede ser este. Por no entrar a hablar de las infraestructuras, como los cableados internacionales, que dependen cada vez más de estas paraestatales.

Las redes sociales son un medio y una tecnología que no tienen nada de neutral. Poseen su propia lógica, sus propios valores y su propia ideología.

Deberíamos preguntarnos, cómo y cuáles son los posibles efectos de estas súper concentradas redes y negocios en la realidad social y psicológica. Aparte de la adicción y las depresiones individuales, podemos sospechar efectos sociales. Cuando en los 90s veíamos a Internet como el principal instrumento para una Democracia directa en algún futuro por venir, no previmos los efectos negativos. ¿Son la creación de burbujas sociales uno de esos efectos? Los usuarios (¿individuos?) suelen eliminar con un solo click un “amigo” molesto. Esto, que parce muchas veces lo mejor, tiene un efecto acumulativo: hace que los individuos se rodeen de gente que piensa como ellos. Así se crean sectas, burbujas, mientras el individuo se vuelve intolerante ante la discrepancia o la opinión ajena. El producto, el nuevo pseudo-individuo, no sabe debatir. El insulto y el odio afloran a la velocidad de la luz. Así, las redes se convierten en fábricas de odio y de seudo amistades. La probabilidad de que viejos amigos terminen por insultarse por meras cuestiones de opinión es muy alta a medida que progresa cualquier conversación y degenera en discusión. El diálogo, antes probable cuando se estaba cara a cara con un café mediante, desaparece y aflora el amor propio, el Ego herido por cualquier punto y coma de más.

Claro que el odio y el egoísmo es tan antiguo como andar a pie, pero es probable que esté potenciado hoy con las redes antisociales. A partir de estas coordenadas mentales, quizás podríamos comprender mejor la ola fascista en los países donde surgieron y predominan estas redes y no reducirlo todo a una reacción contra la antigua inmigración. Tal vez no es casualidad que el surgimiento del nazismo en la Alemania de los ‘30 coincida con la explosión de la radio y la propaganda en los cines.

Las actuales redes antisociales, instrumentos democráticos (de solidaridad y altruismo) son hoy los transmisores favoritos del odio. Que estén gobernadas por mega sectas multibillonarias, cuyo objetivo central son las ganancias económicas, no debe ser casualidad.

Hay que tomarse en serio la confesión de Ayn Rand.

- Jorge Majfud es escritor uruguayo estadounidense, autor de Crisis y otras novelas.​

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/188715

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UNIVERSIDAD PÚBLICA EXIGE PRESUPUESTO SUFICIENTE Y RECHAZO AL RECORTE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

¿Por qué se moviliza la universidad pública?

“Las peticiones de la comunidad universitaria ante la crisis van encaminadas en el corto plazo a que el gobierno deje de desviar recursos públicos a la educación privada”

Sergio David Euse Herrera

Aunque en recientes semanas los medios de comunicación han mediatizado la movilización de las universidades públicas del país, solo han mostrado una cara de las marchas y consignas del estudiantado sobre la actual problemática que golpea a las instituciones de educación superior pública-IES. De esta manera, el ciudadano de a pie no ha podido entender la virtud de las luchas estudiantiles en defensa de las universidades de carácter estatal. Hoy, la asfixia presupuestal de las IES han llevado a una movilización masiva por parte de las comunidades educativas para exigir presupuesto para la educación y rechazando el recorte drástico presupuestal a ciencia y tecnología.

Para muchos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional es claro que la institución es fiel reflejo de la crisis que lleva a agonizar en infraestructura, cobertura y calidad la educación superior. Los costos crecientes en la matrícula, los servicios académicos como el restaurante y certificados son un ejemplo de la necesidad imperante del autofinanciamiento de las IES ante el abandono estatal financiero al que son sometidas. Eso, sin mencionar las reformas internas a las que se ven obligadas para recibir las migas presupuestales del estado.

Las peticiones de la comunidad universitaria ante la crisis van encaminadas en el corto plazo a que el gobierno deje de desviar recursos públicos a la educación privada por medio de programas como Ser Pilo Paga (SPP) y los créditos educativos ofrecidos por el ICETEX. Programas que terminan por endeudar a las familias humildes de la sociedad colombiana vendiéndoles la idea de un crédito-beca cuando las principales dificultades de la educación en Colombia son lograr ingresar al sistema educativo y más importante aún, lograr culminar los procesos formativos. Es decir, sean estudiantes de universidad privada o pública, los jóvenes de las esferas sociales bajas no tienen garantías para terminar la universidad. Ahí, SPP cumple a cabalidad su objetivo, hacer lucro con las ilusiones de los jóvenes colombianos. En esta primera petición, los estudiantes exigen que los 900 mil millones que serán inyectados al ICETEX para el próximo año vayan a la IES públicas para reducir la deuda histórica del estado con la educación.

En segundo lugar, que los recursos a la educación superior concedidos por la ley 1819 de 2016 (última reforma tributaria) en los artículos 102, 142 y 186 a través del medio punto del IVA social, recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios antes CREE (0,6 puntos de 9) y el Tributo de Renta de las Cooperativas vayan directamente a las IES y no a SPP ni al ICETEX, puesto que la ley contempla inyección presupuestal para seguir subsidiando la demanda educativa y precarizar así las condiciones de la universidad pública hasta llevarla a la privatización.

En tercer lugar, rechazar contundentemente la iniciativa del estado para convertir Ser Pilo Paga como política de estado puesto que al largo plazo seguirá fortaleciendo el crecimiento de las universidades privadas y enriqueciendo a los dueños de las mismas con dinero de todos los colombianos. La política de estado debe ir encaminada hacia el saneamiento de la universidad pública y financiarla totalmente ya que con lo que estudian casi cuarenta mil estudiantes en universidades privadas, las públicas educaría a quinientos mil jóvenes.

La cuarta petición tiene que ver con exigirle al gobierno nacional que para 2018 se asigne mayor inversión a ciencia y tecnología, educación, cultura y deporte oponiéndose al recorte presupuestal al sector de ciencia y tecnología. Un recorte de 158 mil millones para el próximo año. Esto condena al país a seguir en el subdesarrollo social, tecnológico y nos condena a ser una sociedad que aplica conocimientos desactualizados y descontextualizados de nuestra realidad.

Finalmente, decirle al gobierno que tiene la responsabilidad de sostener totalmente la universidad pública en el largo plazo y que es necesario que inyecte presupuesto a la IES públicas para la formalización laboral de docentes y trabajadores, para la ampliación del cuerpo docente de planta en aras de acabar con la tercerización laboral en las universidades y darle garantías a los maestros. También, para realizar mejoras en la infraestructura con la reparación y construcción de mejores edificios y campus, la actualización de los recursos bibliográficos, laboratorios y aulas especializadas, para financiar la investigación científica, el arte y ampliar la cobertura educativa.

De tal manera, es necesario convencer a los padres de familia, trabajadores, estudiantes y maestros que la defensa de la educación pública es una responsabilidad de los colombianos y que la movilización masiva es el camino hacia la reivindicación de las luchas sociales para la construcción de un país al alcance de nuestros sueños, donde los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a la educación, donde haya acceso al trabajo bien remunerado y sobre todo, donde haya ciudades y municipios fortalecidos y desarrollados. La educación es el eje fundamental del desarrollo humano, la defensa de la misma nos convoca a soñar.

Fuente: https://www.las2orillas.co/por-que-se-moviliza-la-universidad-publica/

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CONTROVERSIA SOBRE LA EQUÍVOCA CONSIDERACIÓN COYUNTURAL DE LOS SEÑORES DE LA GUERRA

¿Fueron las auc una simple “alianza coyuntural de señores de la guerra y narcotraficantes”? 

reflexiones acerca de una sentencia de la sala de justicia y paz de Bogotá

Régis Bar

Lejos de ser una alianza inestable de grupos criminales diversos, las AUC representaron un proyecto global coherente, beneficiado de todo tipo de complicidades, con una dimensión política innegable y un accionar similar en todo el territorio nacional. Las AUC se expandieron por todo el país y acumularon un poder descomunal, a tal punto que se puede decir que su triunfo representó, en cierta medida, la toma de posesión paramilitar de Colombia. Es decir la victoria de una “cultura paramilitar” que impregnó todas las esferas de la sociedad colombiana y que condujo a la llegada a la presidencia de la República de un personaje como Álvaro Uribe, arquetipo de esa cultura.

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com

El pasado 23 de mayo de 2017 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió una sentencia contra el exjefe paramilitar del Bloque Tolima, Indalecio José Sánchez Jaramillo. Esta sentencia, contra un paramilitar poco conocido, hubiera pasado desapercibida si no fuera por la tesis que contiene sobre la naturaleza de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una tesis, defendida por el magistrado Eduardo Castellanos, que va voluntariamente en contravía de la mayor parte de las conclusiones elaboradas por sus colegas de Justicia y Paz, así como de la mayoría de las investigaciones académicas acerca del fenómeno paramilitar.

En esta sentencia, el magistrado afirma que las AUC fueron “una alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes, que convergieron a inicios del siglo XXI, para aprovechar las oportunidades que se abrieron con un proceso de paz que, en principio, les ofreció un marco jurídico flexible para la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil”1. Así mismo, manifiesta que “cada comandante en su zona, hizo lo que quiso hacer con absoluta autonomía, y declaró guerras de manera unilateral cuando quería expandirse territorialmente, a pesar de los intentos (fallidos) de confederación por parte de la ‘casa Castaño ’”.

La tesis de Castellanos apunta entonces a cuestionar la concepción de las AUC en tanto que “organización paramilitar jerárquica, con un mando nacional unificado y responsable”. Pero este cuestionamiento de la dimensión organizacional de las AUC también le sirve para controvertir su carácter “político”, sus relaciones con el Estado y la homogeneidad de su accionar. En otros términos, al polemizar sobre la naturaleza de las AUC, la sentencia de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá tiende a minimizar lo que representó esta organización y, sobre todo, la dimensión y el significado que llegó a tener el paramilitarismo en Colombia2. Por lo tanto, es necesario analizar y contestar los argumentos del magistrado Castellanos, así como intentar demostrar en qué medida las AUC encarnaron la culminación de un proyecto nacional contrainsurgente.

Sobre las nociones de “confederación” y de “mando nacional unificado”

El magistrado Castellanos hace énfasis en casos de disputas violentas entre comandantes, en episodios de rebeldía frente a Carlos Castaño, y en la fragmentación de las negociaciones durante el proceso Justicia y Paz para negar la dimensión jerárquica y la existencia de un mando nacional unificado y responsable dentro de las AUC. Para él, esta organización era más una alianza precaria de ejércitos privados que una confederación de grupos paramilitares.

Es correcto afirmar que las AUC nunca fueron un grupo armado con una organización rígida y con una estructura estrictamente piramidal, como puede serlo un ejército regular o incluso una guerrilla como las FARC-EP. De igual manera, no tenían un centralismo absoluto con respecto a la toma de decisiones y mucho menos en cuanto al tema de los recursos económicos. Sin embargo, sí tenían una verdadera estructura y una coherencia suficiente para expandirse y actuar según directrices elaboradas por la cúpula central. Contrariamente a lo dicho por Castellanos, la organización correspondía precisamente a la idea de confederación, es decir, la unión de grupos paramilitares que, aunque conservan un cierto nivel de autonomía en sus territorios, le responden a un organismo central encargado de coordinar una política colectiva con el fin de lograr un objetivo común.

La conformación de las AUC correspondió al deseo de combatir la “subversión” en todo el territorio nacional y de difundir el “ideario político” paramilitar en toda la sociedad colombiana. Lograron expandirse por casi todo el país (a veces a través de operaciones conjuntas, como en el caso de la masacre de Mapiripán) y ejercer territorialmente un modelo parecido de control militar, social y económico. Es cierto que hubo luchas internas, peleas entre jefes y cuestionamientos del mando de Castaño, pero esto no niega el hecho de que todos pertenecían a un mismo proyecto. Además, es necesario relativizar estos hechos con respecto a la evolución de la organización en el tiempo.

Las AUC no aparecieron como núcleo original del paramilitarismo en Colombia, sino que nacieron precisamente para unir los grupos ya existentes, tanto los “históricos” (como por ejemplo las Autodefensas del Magdalena Medio) como los grupos que nacieron bajo la sombra de las Convivir, y extenderse a todo el territorio nacional. Es en este proceso de extensión y de fortalecimiento de la organización que tuvo lugar el sometimiento de algunos jefes antiguos (como Hernán Giraldo, en el Magdalena) y la guerra declarada a algunos grupos “independientes” (como los “Buitragueños” en Casanare, que, contrariamente a lo que deja entender la sentencia, nunca hicieron parte de las AUC).

En la mayor parte de la existencia de las AUC, es decir, durante su expansión y consolidación, se puede afirmar que la organización sí contaba con un mando claro o, más bien, con un líder evidente en la persona de Carlos Castaño, un hombre absolutamente clave en el destino de la guerra en Colombia. Castaño fue quien diseñó, en gran parte, las AUC y le dio el impulso y la organización necesarios para su “éxito”. Pero, sobre todo, era la persona que tenía todos los contactos claves y de alto nivel dentro de las Fuerzas Armadas, de las instituciones del Estado, de la política, del mundo empresarial, etc. En el apogeo del poder de las AUC, Castaño recibía diariamente las visitas de notables que llegaban en helicóptero hasta su finca para poder discutir con él.

Esto indica que, a pesar de la ausencia de una jerarquía muy estricta dentro de las AUC y de que los diferentes Bloques actuaban en parte según los intereses de sus propios jefes, sí había una orientación general y unas directrices impulsadas desde arriba por Carlos Castaño. Las peleas internas más fuertes, en las cuales hace tanto énfasis Castellanos, tuvieron lugar en la última etapa de la organización, es decir, una vez que los Bloques de las AUC habían terminado de consolidar su poder, que Carlos Castaño se había apartado de la comandancia y que empezaron las negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe.

Sobre la presencia de narcotraficantes

En su sentencia, el magistrado Castellanos hace referencia a la presencia importante de narcotraficantes dentro de las AUC e, incluso, a la venta de Bloques (“franquicias”) a capos por parte de la “Casa Castaño”, para así poner en duda el carácter político de la organización y presentarla más bien como una alianza de grandes criminales. Pero la realidad es mucho más compleja. Primero que todo, es necesario recordar que las relaciones del paramilitarismo con el narcotráfico existieron desde sus inicios, es decir, desde los años ochenta. Se puede mencionar, por ejemplo, la conformación del grupo MAS (Muerte A Secuestradores) por parte de numerosos capos de la droga, la manera como el Cartel de Medellín financiaba las Autodefensas del Magdalena Medio a cambio de protección de sus propiedades y sus laboratorios, o el papel clave del capo Gonzalo Rodríguez Gacha en el genocidio contra la UP. De hecho, los propios hermanos Castaño hicieron parte del Cartel de Medellín.

Fue justamente cuando se armó un grupo de antiguos socios de Pablo Escobar con el fin de acorralarlo, los famosos “Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), que se selló la alianza entre Carlos Castaño y Don Berna, clave en la historia de las AUC. Aunque la presencia de narcotraficantes pudo generar molestias en algunos jefes paramilitares, en realidad nunca fue realmente cuestionada dentro de las AUC y hubo capos del narcotráfico dirigiendo Bloques casi desde un principio (como el mismo Don Berna, Macaco o Cuco Vanoy). Pero el punto fundamental es que los Bloques al mando de narcotraficantes participaban de igual manera en la lucha contrainsurgente, incluso las ya mencionadas “franquicias” (como puede ilustrarlo, por ejemplo, el accionar del Bloque Vencedores de Arauca). Es claro que el narcotráfico, como también el interés por otras actividades económicas, sirve para desmontar la idea de un supuesto paramilitarismo “puro” (tal vez el único jefe paramilitar “pura sangre” fue Rodrigo Doble Cero, al mando del Bloque Metro), sin embargo, de ninguna manera puede servir de argumento para cuestionar el carácter contrainsurgente de las AUC.

Sobre el proceso Justicia y Paz

El magistrado Castellanos hace énfasis en los pormenores del proceso Justicia y Paz para sacar conclusiones sobre la desorganización dentro de las AUC y su falta de homogeneidad. Al hacerlo, comete un grave error de interpretación pues se enfoca en la última fase, muy particular, de la existencia de las AUC, y demuestra su incapacidad de analizar esta organización en función de su evolución, y menos de ubicarla en el tiempo largo del conflicto armado. Su análisis se basa principalmente en el momento en que se puede considerar que el proyecto de las AUC se agota, no porque haya sido debilitado sino, por el contrario, porque ya “triunfó” y al haber logrado la “victoria” pierde, de alguna manera y al mismo tiempo, su razón de ser. Es por eso que un análisis riguroso de la naturaleza de las AUC debe preocuparse por compararlas con el panorama del paramilitarismo antes, e incluso después, de su existencia, así como por estudiar la manera en la que esta organización llevó a cabo una verdadera estrategia exitosa de expansión y consolidación.

Se puede decir incluso que el magistrado tiene una profunda confusión cuando afirma que los grupos que conformaron las AUC “convergieron a inicios del siglo XXI, para aprovechar las oportunidades que se abrieron con un proceso de paz”. En efecto, es un total contrasentido decir que la razón de ser de las AUC fue el proceso Justicia y Paz, que empezó más de cinco años después de su nacimiento, puesto que es, por el contrario, por la fuerza y el “éxito” que alcanzaron las AUC, así como por su “proximidad” con el gobierno de Uribe, que se dieron estas negociaciones. Por otro lado, la falta de unidad que hubo durante este proceso también corresponde al progresivo aislamiento de Carlos Castaño y su posterior asesinato, a un reajuste de intereses entre Bloques, a la creencia de que cada comandante podía sacar provecho al negociar por su lado, pero también a la falta de seriedad por parte del gobierno y al papel muy poco claro del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

El carácter político de las AUC y sus vínculos con el Estado y la sociedad

La tesis del magistrado Castellanos emitida en la sentencia contra un exjefe del Bloque Tolima no se limita a una mera discusión sobre la dimensión organizativa de un grupo armado ilegal, sino que tiene implicaciones sobre la comprensión del fenómeno paramilitar en su conjunto e incluso sobre la significación de la guerra misma. No se puede alegar el hecho de que las AUC no hayan tenido únicamente preocupaciones contrainsurgentes para afirmar que se trataba simplemente de una alianza oportunista y bastante incoherente de distintos grupos criminales. Porque al hacerlo, no se pueden entender las conexiones de esta organización con el Estado y con ciertas élites del país. Si el análisis se limita a tratar cada Bloque por separado, se renuncia a tener una visión “macro” y a buscar patrones comunes, que es justamente lo que hace el magistrado y se pierde de vista el objetivo común de la organización global así como sus complicidades con el más alto nivel de la sociedad.

Las AUC tenían un componente contrainsurgente absolutamente indiscutible, que se manifestaba claramente con la colaboración constante de las Fuerzas Armadas, tanto por omisión como por cooperación activa, incluso mediante operaciones conjuntas contra las guerrillas, y gracias a las comunicaciones directas con altos mandos militares. De hecho, es importante resaltar que el significativo debilitamiento de las guerrillas que tuvo lugar a principios de los años dos mil no fue sólo la consecuencia de los efectos del Plan Colombia sino también el fruto de la arremetida de las AUC. Igualmente, tenían acceso a toda la información estratégica de inteligencia del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), a través de contactos directos con los más altos funcionarios de la institución, que incluso suministraban nombres de personas como blancos militares, como por ejemplo el subdirector José Miguel Narváez (que llegó a ser considerado como uno de los “ideólogos” de las AUC) o el director, nombrado por Uribe, Jorge Noguera.

Fue durante el “reino” de las AUC que se hicieron pactos explícitos con políticos con el fin de “refundar la patria”, a tal punto que los “parapolíticos” alcanzaron a representar el tercio del Congreso, según las palabras del propio Salvatore Mancuso. De la misma manera, se hicieron convenios con empresas para prestar seguridad y reprimir o asesinar sindicalistas y líderes sociales, a cambio de financiación para la organización, como lo demuestra perfectamente el caso del sector bananero en Urabá. Las complicidades con las AUC se dieron en los estratos más altos del país, como lo evidencia el caso del famoso, y a la vez enigmático, “Grupo de los Seis”, que designa un puñado de notables que aconsejaba a Carlos Castaño y, por lo tanto, influenciaba de manera clave las orientaciones de las AUC.

Lejos de ser una alianza inestable de grupos criminales diversos, las AUC representaron un proyecto global coherente, beneficiado de todo tipo de complicidades, con una dimensión política innegable y un accionar similar en todo el territorio nacional. Este último puede resumirse así: operaciones militares contrainsurgentes, “guerra sucia” antisubversiva, apropiación de las tierras e implementación de rentas económicas, alianzas con poderes políticos y empresariales lugareños, y cooptación de las instituciones locales. Las AUC se expandieron por todo el país y acumularon un poder descomunal, a tal punto que se puede decir que su triunfo representó, en cierta medida, la toma de posesión paramilitar de Colombia. Es decir la victoria de una “cultura paramilitar” que impregnó todas las esferas de la sociedad colombiana y que condujo a la llegada a la presidencia de la República de un personaje como Álvaro Uribe, arquetipo de esa cultura y cuya candidatura fue totalmente respaldada, dos veces, por las AUC, como lo han señalado diversos jefes paramilitares en repetidas ocasiones.

Si bien el fenómeno paramilitar ya ha sido analizado ampliamente, y desde diversos ángulos, su complejidad, su importancia y sus huellas obligan a continuar en un trabajo de reflexión, en aras de poder ampliar la indispensable memoria histórica del conflicto armado colombiano. Por las mismas razones, es imprescindible que todo lo relacionado con el paramilitarismo tenga un lugar preponderante dentro de los trabajos de la futura Comisión de la Verdad.

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http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/611-bloque-tolima/6667-las-auc-fueron-una-alianza-criminal-de-ejercitos-privados 

sta sentencia dio lugar a una respuesta conjunta y crítica de organizaciones sociales, académicos e investigadores: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2017/06/PRONUNCIAMIENTO-ANTE-LA-SENTENCIA-DEL-MAGISTRADO-DE-JUSTICIA-Y-PAZ-EDUARDO-CASTELLANOS-ROSO-DEL-23-DE-MAYO-DE-2017-1.pdf 

Fuente: http://palabrasalmargen.com/uncategorized/fueron-las-auc-una-simple-alianza-coyuntural-de-senores-de-la-guerra-y-narcotraficantes-reflexiones-acerca-de-una-sentencia-de-la-sala-de-justicia-y-paz-de-bogota/

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EL ASBESTO SIGUE MATANDO A LOS COLOMBIANOS

El asbesto sigue enfermando a los colombianos

El Congreso empieza a estudiar una ley para prohibir el uso de este material en el país, que en los últimos cinco años ha dejado más de 1.500 muertos

SALLY PALOMINO

Esta semana, Greenpeace se instaló a las afueras del Congreso para pedir que Colombia sea un país libre de asbesto. CAMILO ROZO

En Colombia algunas leyes llevan el nombre de personas. Es una forma de reivindicar sus luchas, aunque el valiente que estuvo detrás pocas veces alcanza a ver que su esfuerzo valió la pena. Esta semana después de siete intentos fallidos, el proyecto de ley Ana Cecilia Niño pasó su primer debate en el Senado. El camino para que sea realidad todavía es largo, pero el país ya habla del asbesto y recuerda la historia de la mujer que mientras luchaba contra un cáncer (mesotelioma pulmonar), batallaba contra la política, que a veces parece poner los intereses económicos sobre el bienestar de los ciudadanos. Según el Ministerio de Salud, en Colombia han muerto en los últimos cinco años al menos 1.500 personas por enfermedades asociadas al uso de ese material de construcción.

A Ana Cecilia le diagnosticaron la enfermedad en 2014. Haber vivido durante 17 años cerca de una fábrica en donde usaban asbesto para hacer tejas le costó la vida. Murió en enero de este año con el deseo incumplido de ver prohibido el uso de esa fibra. Colombia sin asbesto fue el movimiento que lideró junto con su esposo Daniel Pineda, que siguió insistiendo en su lucha a la que se fueron uniendo otras víctimas, organizaciones sociales, el Gobierno y Greenpeace, que puso el tema en las calles y esta semana acompañó a Pineda en la primera victoria contra el asbesto. “La excusa para que el proyecto de ley siempre terminara hundido era que no había evidencia del daño que causaba, pero ahora con el concepto, entre otros, del Instituto Nacional de Cancerología, quedó clara la urgencia de su prohibición”, dice Pineda.

Aunque la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la exposición a amianto, como también se conoce este material, puede causar cáncer de pulmón, laringe, ovario, entre otros males, y más de 50 países han prohibido su uso, Colombia recién decide prestarle atención a las miles de víctimas que reclaman su prohibición. Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace en Colombia, ve con optimismo el paso que por fin da el Congreso y asegura que el tema es cada vez más conocido gracias a que la ciudadanía se ha movilizado. “Ahora más personas saben de esto, la gente está más enterada de sus nocivos efectos. Es un asunto de salud pública. Todos estamos expuestos de alguna forma”, explica Gómez, que recuerda que al menos 100.000 muertes al año se registran en el mundo por culpa de esta fibra.

Una de las empresas cuestionadas ha sido Eternit que, de acuerdo con la investigación liderada por Greenpeace, ha cubierto más de 300 millones de metros cuadrados con sus tejas (para lo que más se usa el material en el país), ha provisto a un millón y medio de viviendas con sus tanques de agua y ha extendido cerca de 40.000 km de tubería de acueducto y alcantarillado. Es un peligro silencioso y mortal para los colombianos”, agrega Gómez. Pero mientras la ley no lo prohíba, las empresas tienen libertad de usarlo, a pesar de los testimonios y de las cifras oficiales de muertos. Con el respaldo de 50.000 firmas de colombianos, el proyecto de ley, impulsado por la senadora Nadia Biel, establece un tiempo de transición de cinco años para que las empresas adapten sus procesos industriales con tecnologías más limpias.

El asbesto es un mineral conocido por su resistencia (permite aislar el calor y el ruido), por barato, por nocivo. Julio César Granada, cirujano de tórax y transplante de pulmón de la Fundación Santa Fe, insiste en que este tema es un asunto de salud pública. “Cada año se calculan 350 nuevos casos de personas con mesotelioma en el sistema de salud, la mortalidad es alta y por lo general las enfermedades se diagnostican cuando han avanzado. Es una fibra casi imperceptible al ojo humano y está disperso en diferentes escenarios, en la cotidianidad”, explica. El riesgo del amianto está en las fibras que desprende al ser manipulado o a medida que se va desgastando.

Los efectos en la salud pueden aparecer hasta 30 años después de la exposición al material. Como le ocurrió a Ana Cecilia Niño, a Joyce López, a Luis Alfonso Mayorca, tres víctimas mortales del asbesto que estos días, cuando el Congreso ha abierto sus puertas para el debate, han vuelto a ser recordados.

Fuente Imagen: http://movimientouca.cl/category/biblioteca/

Fuente: https://elpais.com/internacional/2017/10/12/colombia/1507840804_075832.html

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PETROLERAS ARRODILLAN AL GOBIERNO SANTOS PARA PERMITIR EL FRACKING QUE DEVASTARÀ EL PAÌS

DOSSIER: 

1. Las 5 gigantes petroleras que arrodillaron al gobierno para permitir el fracking

2. EL FRACKING AMENAZA AL PÁRAMO MÁS GRANDE DEL MUNDO

3. Fracking: una apuesta riesgosa para Colombia

4. Los ríos en llamas que traería el fracking a Colombia

1. Las 5 gigantes petroleras que arrodillaron al gobierno para permitir el fracking

Los ministros de Hacienda, Minas y la directora del Anla, trabajan para reglamentar una técnica tan eficaz como devastadora para la naturaleza

Por: Juan José Jaramillo

Sin disimular su poder entraron por la puerta del Club El Nogal en Bogotá los 400 directivos e inversionistas que pesan en el sector petrolero en Colombia. Asistían al tercer encuentro gremial de la Asociación Colombiana de Petróleo que celebran todos los años. 

El tema casi que resultaba obvio: el futuro del petróleo en Colombia.

El foro tuvo la presencia de invitados especiales como el expresidente de México, Felipe Calderón, empresarios norteamericanos y canadienses y los precandidatos Iván Duque y Juan Carlos Pinzón, la expectativa estaba centrada en las discusiones de los actores involucrados. En la mañana del primer día participó Kenyon Waver, representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos junto a Gary Guidry, gerente de la canadiense Gran Tierra Energy. Su presencia tenia un significado particular: el interés de la empresa en tramitar permisos para la extracción con el método del fracking.

En el mismo panel estuvo Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH – la autoridad, encargada de la subasta de los bloques. Sector público y sector privado trabajan como una sola fuerza en este sector; ahora con un propósito común: la regulación del fracking en Colombia. Cuentan con un aliado clave: nada menos que el Ministro de minas, Germán Arce.

Pero quizás el mayor defensor de esta práctica es Francisco Lloreda, quien salió del gobierno como Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana para asumir la presidencia de la Asociación Colombiana de Petroleo -ACP-, el poderoso gremio que agrupa a las petroleras que aportan el 10% del PIB anual del país. El actual ministro de hacienda Mauricio Cárdenas cuando se desempeñaba en la cartera de minas, apoyado por Juan Gabriel Uribe en el ministerio del medio ambiente, le abrieron la puerta a este polémico método de explotación en el que además están interesadas cinco grandes multinacionales: Ecopetrol, ConocoPhillips, Exxon, Drummond, Parex Resources

Exxon Mobile lidera la avanzada

El cuerpo diplomático de ese país hace escuchar su voz por los rincones de los ministerios de Minas y Ambiente, así como en la ANH. En el 2013 el gobierno de Estados Unidos invitó a funcionarios del Ministerio de Minas del ANLA para mostrarles exitosos ejemplos de fracking..

La ANLA depende del Ministerio de ambiente, pero actua como a su aire más cerca del ministerio de minas, de manera que el gran sacrificado y cuya voz poco cuenta es el ministro de ambiente. Importa tan poco esta cartera en el gobierno Santos que han pasado por la cartera XXX funcionarios, ninguno con experiencia en el sector.

Las cinco grandes empresas con títulos para explotar con fracking solo esperan la reglamentación final por parte del Ministerio de Ambiente.

¿En que están los cinco gigantes que presionan este método que su eficacia va de la mano de la destrucción del medio ambiente?

Ecopetrol de Colombia

Su anterior Presidente Juan Carlos Echeverry, era un verdadero fan y dio la cara públicamente en su defensa. Su argumento: la urgencia en mejorar las reservas petroleras del pais que según sus cálculos no alcanzan para más de cinco años, mientras que con fracking lograríamos ser autosuficientes durante veinte años. El ojo lo tenía puesto en el Magdalena Medio, donde Ecopetrol estima que podría llegar a los 1.000 millones de barriles.

Llegó incluso a presionar diciendo que “Si no nos dejan pronto acá, nos vamos para Brasil o Venezuela o para donde nos dejen.”. Tiene ya cuatro proyecto listos: VMM 16 en Anapoima, CAT 3VMM5, VMM 29 y Cor 62 estas dos en asocio con Exxon Mobile.

Drummond del Canadá

Es la empresa que más ha adelantado tiene el proceso, pues ha conseguido permisos para “buscar gas metano dentro de rocas”, aunque en la práctica se traduce en fracking. En Chiriguaná y La Jagua, ambos en Cesar, tramitaron permisos ambientales que fueron concedidos por el ANLA en para sacar gas de entre las rocas.

Como tal, la canadiense Drummond tiene cuatro proyectos para hacer fracking, y solo está esperando la luz verde del Ministerio de Ambiente: CR2, CR3 y CR4, así como La Loma. Los tres primeros están ubicados en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la exploración la hicieron junto a la brasilera OGX que hoy está quebrada. Estos proyectos tienen un conflicto especial: hay una superposición con los terrenos de los indígenas wiwa, wayuú y yupka.

ConocoPhillips de Estados Unidos

Ya tiene adjudicadas 33,714 hectáreas en San Martín y Aguachica, Cesar, y Río Negro Santander para hacer fracking. . El primer proyecto se llama VMM-2 y tiene varios pozos, pero uno de ellos es en el que han ido trabajando: PicoPlata1 en San Martín, que ha tenido que parar sus trabajos porque integrantes de Cortadec – Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – con su protesta han logrado frenar el proceso.

Fernando Ávila es el Director Legal de ConocoPhillips para Latinoamérica, los ha enfrentado duramente. La ventaja con que cuenta esta petrolera es que el contrato es una adición a una contrato de explotación ordinaria que ya tenían perfeccionado, con lo cual han conseguido que el pozo PicoPlata se considere como proyecto piloto del fracking en Colombia.

Además de esta ventaja legal cuenta con otra circunstancia favorable. Uno de sus contratistas es Héctor García, esposo de la directora del ANLA, Clara Victoria González, y según la organización Alianza Colombia Libre de Fracking, esta es la razón por la cual el ANLA no ha suspendido un proyecto que no tiene los permisos necesarios.

Hector García, esposo de la directora de la Anla, Clara Victoria González, es contratista de Conoco Phillips lo cual explicaría el comportamiento complaciente frente a esta petrolera

La Contraloría encontró incidentes de negligencia por parte del ANLA en noviembre del 2016, y remitió sus conclusiones a la Procuraduría, que no ha fallado al respecto.

 

http://ccalcp.org/wp-content/uploads/2012/10/TRASLADO-HALLAZGO-PROCURADURIA.pdf

https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/03/COL_Fracking_0217-724×1024.jpg

Parex Resources del Canadá

Esta empresa canadiense tiene sede en Calgary, Alberta´, pero en realidad está constituida en Barbados. El presidente de la sucursal colombiana es Lee Di Estefano. Es una empresa muy joven, que nació de las cenizas de la argentina Petro Andina.

En el 2015 Ecopetrol anunció que firmaba una alianza con esta empresa, en la que la colombiana participaba con el 40 por ciento y la canadiense tenía el 60% restante. En junio de 2016 los trabajadores de Parex llegaron a Simacota, Santander, y advirtieron que las perforaciones estarían listas en agosto de ese año. El proyecto es conocido como el campo VMM 9.

Para poder agilizar los trabajos Parex aprovechó la alianza con Ecopetrol para operar bajo la Resolución 1200 de la ANLA, con lo cual logró permisos para realizar las exploraciones en Santander. Tuvieron como antecedente, el tratamiento ventajoso que recibió la Oxy con el campo La Cira, en Barrancabermeja por su alianza previa con Ecopetrol.

Parex tiene pozos convencionales en otros lugares, el más conocido es Capachos, en Tame, Arauca, que se reactivó en el 2016.

Exxon Mobile de Estados Unidos

Esta es la empresa petrolera más grande del mundo. Al año factura más dinero que países como Irlanda o Puerto Rico, y en Colombia está asociada con Ecopetrol en la exploración de los pozos Cor 62 en el Huila y VMM 37, en el Magdalena Medio. Para este proyecto ya presentaron un plan de manejo ambiental, pero no les han autorizado pues todavía la explotación sigue sin tener delimitado el camino.

Andrés Acosta es el presidente en Colombia, y antes era el Vicepresidente Comercial de Gas, uno de los puestos más importantes de la compañía. Vivía en Doha, y desembarcó en febrero del 2016 en Colombia. La empresa en Colombia está dentro de las 10 más grandes: factura más de $6 billones al año, tiene 700 estaciones de servicio, 12 plantas de combustibles y hasta una planta de lubriantes en Cartagena.

Fuente: https://www.las2orillas.co/las-5-gigantes-petroleras-que-arrodillaron-al-gobierno-para-permitir-el-fracking/

2. EL FRACKING AMENAZA AL PÁRAMO MÁS GRANDE DEL MUNDO

Información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra varios bloques petroleros alrededor del Sumapaz y en el Parque Natural Chingaza, el ecosistema que suple de agua a Bogotá.

A pesar de los enormes riesgos ambientales que conlleva, el fracking parece ser el futuro de la industria petrolera en Colombia. Eso es lo que se desprende de una información conocida este martes, según la cual el gobierno colombiano ya tiene dispuestos 43 bloques para explotar hidrocarburos mediante esta controvertida técnica.

Aunque en el país todavía no se ha sacado el primer barril vía fracking, en lugares como San Martín, en Cesar, y Anapoima, en Cundinamarca, se están haciendo trabajos exploratorios. Y según información del mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en Colombia ya hay otros 41 bloques destinados a esta actividad.

Si bien la mayor cantidad de reservas de yacimientos no convencionales está concentrada en el Magdalena Medio y en los Llanos Orientales (ver mapa), hoy existen varios bloques destinados para fracking en la zona andina central del país. Tal vez la situación más preocupante se vive en los alrededores de Bogotá, concretamente cerca al Parque Natural Chingaza, en donde hay al menos 7 bloques disponibles para fracking (ver mapa).

Asimismo, existe un bloque que se sobrepone a la zona urbana del municipio de Fusagasugá y otro más que se ubica en las jurisdicciones de Chía y Cajicá. También hay algunos alrededor del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, y las comunidades de Guasca, en Cundinamarca, han denunciado la realización de trabajos exploratorios sin los debidos permisos.

Es necesario aclarar que estas áreas son delimitadas unilateralmente por el gobierno, que luego las ofrece a las empresas interesadas en desarrollar esta actividad. Sin embargo, hasta el momento no se han firmado contratos de exploración ni explotación para los bloques mencionados. Aun así, varias organizaciones ambientalistas, aglutinadas en la Alianza Colombia Libre de fracking, prendieron las alarmas ante lo que consideran una amenaza para la sostenibilidad ambiental del país.

En un comunicado de prensa divulgado este martes, afirman que “el fracking podría poner en gravísimo riesgo varios ecosistemas estratégicos 

como el Páramo de Sumapaz, despensa agrícola de la capital y reconocido como el más grande del mundo; el Páramo de Chingaza, cuyo sistema abastece alrededor del 80% del agua potable de Bogotá, por no mencionar otros ecosistemas como el complejo de ciénagas y humedales en el sur del Cesar”.

Por esa razón, enviaron una carta al Presidente Santos en la que le solicitan que declare la moratoria al fracturamiento hidráulico y la suspensión de todos los proyectos vigentes en Colombia.

3. Fracking: una apuesta riesgosa para Colombia 

Con poca información y menos preparación, el gobierno ya firmó 13 contratos para explotar petróleo con esta controvertida tecnología. Le explicamos por qué el remedio del fracking puede resultar peor que la enfermedad de la escasez petrolera.

El petróleo se está acabando en Colombia. El combustible que mueve la economía y abastece gran parte de las arcas del Estado está en vía de extinción. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas actuales de crudo alcanzarán para cinco años más y, a partir de entonces, el país pasará de ser productor a importador. Ese hecho tiene al gobierno en una búsqueda desesperada por estirar esa cifra, incluso cuando los bajos precios han hecho caer la exploración y la producción.

Este panorama no es nuevo. De hecho, desde hace cuatro años Colombia le abrió la puerta al fracking, una controvertida técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Fracking, en lenguaje petrolero, significa fracturar capas de la tierra mediante agua a presión. Pero aquí la cuestión no es esta tecnología en sí misma, pues ya se ha utilizado en Colombia para mejorar el rendimiento de algunos pozos, sobre todo en los Llanos Orientales.

Lo nuevo es sacar petróleo de donde nunca antes se había logrado. A diferencia de los yacimientos convencionales, mucho más sencillos de explotar, con el fracking se trata de romper la roca madre de la tierra, a kilómetros de profundidad. Para lograrlo, las empresas inyectan a gran presión millones de litros de agua mezclada con químicos, para así extraer el petróleo o el gas atrapados en ella.

El fracking es producción de hidrocarburos a otra escala y magnitud. Según el Government Accountability Office (GAO), la oficina estadounidense que provee información científica al Congreso de ese país, la cantidad de agua usada en un pozo varía con la geología del yacimiento, pero en los no convencionales suele estar entre los 19 y los 46 millones de litros por pozo (una piscina olímpica tiene aproximadamente 2,5 millones).

Esta tecnología es objeto de un fuerte debate en todo el mundo, pues a ese uso intensivo de agua se suman el riesgo de contaminar acuíferos superficiales y subterráneos con materiales radioactivos y gas metano y el aumento de la sismicidad en los lugares donde se aplica. El martes 21 de junio, después de cuatro años de discusión, la coalición gobernante de Alemania acordó prohibir el fracking indefinidamente, aunque se permitirán perforaciones de prueba previo permiso de las autoridades locales.

Si el parlamento aprueba la ley, Alemania se sumaría a Francia en la prohibición de esta práctica. Incluso en Estados Unidos, país que logró su soberanía energética gracias al fracking y que ha servido de ejemplo para Colombia en esta materia, estados como Nueva York declararon una moratoria frente al tema y en las regiones que sí lo admiten se están multiplicando las evidencias de sus impactos negativos. 

Un reciente artículo publicado en la revista Science afirma que en Oklahoma, uno de los estados que permite el fracking, los sismos entre 2008 y 2013 han aumentado 40 veces con respecto al periodo 1976-2007. Otro estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Duke, reúne evidencias de contaminación de aguas subterráneas y superficiales por cuenta de fallas en los pozos y de la inadecuada disposición de las aguas residuales del fracking.

A pesar de estos precedentes, en Colombia hoy existen 13 contratos de exploración y producción para hacer fracking en yacimientos no convencionales ubicados en Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De ese total, seis bloques hacen parte de los Proyectos de Interés Estratégico para la Nación (Pines), lo cual quiere decir que están entre las prioridades económicas del Estado. Por eso reciben tratamiento especial para que sus procesos de licenciamiento, consulta previa y compra de predios sean más expeditos.

Según la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no hay solicitudes en curso para exploraciones de fracking. Esto se debe en gran parte a que el proyecto más avanzado, ubicado en San Martín y a cargo de la multinacional Conoco Phillips, lleva varios meses paralizado porque miles de habitantes de ese municipio del Cesar han impedido terminar el proceso de socialización requerido antes de solicitar la licencia ambiental.

Carlos Santiago, líder de la Corporación para la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, que agrupa a los opositores del fracking en San Martín, afirma que “en Cesar hemos sufrido el desabastecimiento de agua y no queremos que la que queda se utilice para el ‘fracking’. Esa tecnología es muy peligrosa porque le echa un montón de químicos al agua y además puede llegar a contaminar las fuentes hídricas subterráneas”.

Sin embargo, el gobierno está empeñado en convencer a los sanmartinenses, y de paso a todo el país, de que en Colombia se pueden aprovechar los beneficios del fracking sin sufrir sus probables consecuencias negativas. Argumenta que los recursos petroleros son necesarios para financiar la inversión social y el posconflicto, mientras que los riesgos se pueden manejar con una reglamentación rigurosa y un control estricto.

Reglamentación sin información

Desde 2012, cuando empezó a entregar en concesión los primeros bloques para fracking en yacimientos no convencionales, el gobierno empezó a construir una normatividad específica para esta actividad. Al efecto la ANH realizó cuatro talleres en los que participaron 24 conferencistas internacionales y 235 funcionarios de entidades nacionales y locales y algunos académicos. Y realizó tres visitas a campos en producción, una en Canadá y otras dos en Estados Unidos.

Así mismo, la ANH contrató al experto estadounidense David Neslin para que proporcionara las bases para la reglamentación técnica, los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental y los requerimientos para los planes de manejo ambiental. Para el gobierno, como resultado de esa estrategia, Colombia cuenta hoy con una regulación soportada en el mejor conocimiento disponible acerca de las mejores prácticas internacionales en lo que a fracking se refiere.

Sin negar la importancia de la experiencia de otros países, varios expertos y hasta la Contraloría General de la República coinciden en que la reglamentación colombiana se desarrolló con base en una precaria información sobre las condiciones geológicas e hidrológicas propias del país.

Por ejemplo, la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas, que contiene los lineamientos técnicos para el fracking, cuenta con expresiones genéricas como “se estima que los yacimientos no convencionales se encuentran entre los 1.500 y los 2.400 metros de profundidad en Colombia, a más de 1.000 metros de donde se encuentran más comúnmente los acuíferos aprovechables para consumo humano”.

El geólogo Julio Fierro explica que a diferencia de Estados Unidos, donde las aguas subterráneas tratables tienen una profundidad máxima de 400 metros, en Colombia municipios como Tenjo se surten de aguas ubicadas a 1.500 metros y en la Orinoquia existen datos de aguas de muy baja salinidad a 2.000. “Aquí no existe un inventario completo de acuíferos, el Ingeominas tiene un Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia pero está a escala 1:500.000 y solo cubre el 30% del territorio nacional”, afirma Fierro.

Algo parecido ocurre con la información sismológica del país, pues la cartografía geológica cubre apenas el 52% del territorio. Esta carencia se torna más delicada si se tiene en cuenta que en Estados Unidos, donde hay información detallada al respecto, no se ha podido establecer el grado de relación entre la inyección de los fluidos del fracking en el subsuelo y la ocurrencia de sismos.

Por esa razón, en 2012, la Contraloría emitió una Función de Advertencia y el año pasado, en un seguimiento a dicha medida, aseguró que la regulación sobre fracking “requiere mayores adelantos en materia de generación y aplicación de conocimiento técnico y ambiental local para evitar efectos negativos sobre los recursos naturales, el agua y la salud pública”.

En enero de 2014, la ANH firmó un convenio con el Servicio Geológico Colombiano para levantar la información de sismicidad y de geología estructural que permita generar el mapa sísmico del Valle Medio del Magdalena (en donde está San Martín). Así mismo, está en negociaciones con Colciencias para conseguir la información hidrogeológica en las regiones donde se encuentran los bloques asignados para fracking.

Mientras terminan esos estudios, la regulación para esta técnica en Colombia establece que las empresas interesadas en explorar yacimientos no convencionales deben proveer las líneas bases de acuíferos y de fallas geológicas en sus bloques. “El grado de desconocimiento es tan alto que primero se debió investigar y después sí hacer la reglamentación. Aquí se alteró el orden de esos factores y las consecuencias podrían ser irreversibles”, advierte Fierro.

¿Quién hace cumplir las normas?

A pesar de estos vacíos en la información, el gobierno afirma que Colombia tiene una de las regulaciones más estrictas del mundo para el fracking. Aun suponiendo que esto fuera cierto, está el interrogante sobre si el Estado es capaz de vigilar su cumplimiento. Y en este aspecto no parece haber razones para el optimismo, ni siquiera entre los que apoyan esta actividad. Según Édgar Aguirre, director de la Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos, “los riesgos del ‘fracking’ se podrían reducir con un estricto seguimiento de las autoridades ambientales, pero desafortunadamente estas no tienen la capacidad de dar esas garantías”.

Para Carlos Vargas, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, “el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de equilibrar la necesidad de acceder a los recursos petroleros mediante el ‘fracking’ con una pertinente gestión ambiental. Pero con sus instituciones desarticuladas y concentrando sus acciones de forma asincrónica en tiempo y espacio, no podrá lograrlo en los tiempos que requiere la Nación”.

En la respuesta a un derecho de petición interpuesto por Dejusticia y WWF, el Ministerio de Ambiente afirma que el fortalecimiento institucional de la Anla es una de sus prioridades. Sin embargo, los recientes escándalos que protagonizó la entidad por el otorgamiento de licencias en lugares protegidos, sumado al incomprensible reversazo en el nombramiento de Rodrigo Suárez en la dirección, muestran que Anla todavía está lejos de merecer la confianza de la ciudadanía.

La complicada licencia social

En San Martín, Cesar, miles de habitantes se han manifestado en contra del proyecto de la empresa Conoco para explotar petróleo mediante el fracking.

Algo ha cambiado en la conciencia ambiental de los colombianos. Como nunca antes la sociedad, sobre todo urbana, parece más receptiva ante la importancia de cuidar el medioambiente. Las movilizaciones a través de redes sociales y en las calles de algunas ciudades cuando se conoció la licencia de exploración cerca de Caño Cristales o la intención de explotar oro en el Valle del Cocora muestran que hay una menor disposición a asumir los costos ambientales de un modelo de desarrollo basado en extraer los recursos naturales.

La actual crisis petrolera no se explica solo por la caída de los precios. Al país lo recorre una ola antiextractivista que se expresa en huelgas, paros, demandas, intentos de consultas populares, entre otras manifestaciones públicas. Las comunidades quieren tener mayor capacidad para decidir sobre sus territorios, y sentencias como la emitida por la Corte Constitucional en favor de la autonomía local han potenciado ese deseo.

Un claro ejemplo es San Martín, donde gran parte de la población se ha manifestado contra el fracking mediante el bloqueo de las áreas de trabajo de la compañía Conoco, con lo que se ha retrasado el avance del proyecto de exploración. A pesar de que allí han hecho presencia funcionarios de la ANH y de los Ministerios del Interior y de Ambiente, Carlos Santiago, el líder de los opositores al fracking en San Martín, afirma que está por comenzar un proceso de recolección de firmas para convocar a una consulta popular sobre el tema.

En Puerto Wilches y en Barrancabermeja, dos de los municipios de Santander donde también existen contratos de exploración para fracking, ya se registran las primeras manifestaciones de inquietud. En ambos casos, la incertidumbre frente a una actividad riesgosa se combina con la falta de confianza en las autoridades para manejarla.

Con este panorama queda claro que, por ahora, el camino que trazó el gobierno para expandir las menguantes reservas petroleras del país mediante el fracking está lleno de riesgos y conflictos. Todos los expertos consultados para este artículo coinciden en que incluso si se diera el escenario ideal de que todos los proyectos avanzaran sin inconvenientes y que el precio del petróleo hiciera rentable la explotación, el primer barril de crudo obtenido mediante fracking no saldría sino dentro de cinco años.

Esto significa que la discusión va más allá de la actual coyuntura, pues las determinaciones que se tomen ahora van a tener efectos a largo plazo. Por eso, la decisión de permitir o prohibir el fracking no debería depender de la voluntad de un gobierno, sino de un consenso de país. Nadie puede negar la importancia del petróleo en la vida cotidiana y creer que es posible superar esa dependencia de un momento a otro carece de sentido.

Colombia seguirá necesitando hidrocarburos, pero la pregunta es si el fracking es la mejor manera de conseguirlos. Los comprobados impactos negativos de esta técnica, sumados al poco conocimiento del territorio, la debilidad institucional y una opinión pública desfavorable, no permiten pensar en aplicarla sin causar graves daños ambientales y aumentar los conflictos sociales. Por esas razones, el remedio del fracking puede resultar peor que la enfermedad de la escasez petrolera.

4. Los ríos en llamas que traería el fracking a Colombia

La cuestionada técnica, que es una de las banderas del nuevo ministro de Minas, tiene a varios lugares de Australia convertidos en verdaderas bombas por la contaminación con gas metano.

Las imágenes hablan por sí solas, pequeños cauces de agua, ríos y grifos en los hogares, son algunos de los ejemplos que se ven en un video del parlamentario australiano Jeremy Buckingham en el que se evidencia una de las tantas consecuencias del uso del fracking para la explotación petrolera.

Mientras en Colombia el nuevo ministro de Minas y Energía, German Arce, es un impulsor de esta cuestionada técnica, en Australia, Estados Unidos y varios países de Europa se libra una batalla para frenar una técnica que además de contaminar las fuentes hídricas con gas metano, también las vuelve venenosas como ocurrió en Pennsylvania (Estados Unidos) donde varias poblaciones han ingerido aguas con altos niveles de plomo y otras sustancias cancerígenas.

En el video a continuación los legisladores australianos a bordo de una pequeña balsa comprueban como el río está completamente contaminado al acercar una llama al afluente, el fuego se extendió de tal manera que se extendió por toda la ribera del río. Allí el fracking se realiza a 1 kilómetro de la cuenca Murray-Darling del río Condamine y estos son sus terribles efectos.

Pero mientras esto ocurre en Australia, en Colombia se sigue impulsando una práctica ya prohibida en varios estados de Estados Unidos y Canadá así como en Alemania que no la permite en ningún punto de su geografía. El más reciente proyecto de este tipo se está configurando en San Martín (Cesar) lugar en el que sus pobladores y autoridades locales se oponen al proyecto de la firma ConocoPhillips que podría tener unas consecuencias nefastas para una zona en la que el agua es un privilegio más que un derecho.

Fuentes:

https://www.las2orillas.co/las-5-gigantes-petroleras-que-arrodillaron-al-gobierno-para-permitir-el-fracking/

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fracking-llegaria-al-paramo-de-sumapaz-y-chingaza/37359

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fracking-los-rios-en-llamas-que-traeria-el-fracking-a-colombia/35071

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fracking-una-apuesta-riesgosa-para-colombia/35505

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LA SANGRE COLOMBIANA OFRENDADA PARA APLACAR LA IRA DE ESTADOS UNIDOS

Defensoría del Pueblo afirmó que la Fuerza Pública asesinó a los campesinos en Tumaco

Después de lo ocurrido en Tumaco, Nariño, con los campesinos, entre los que estaban protestando al menos 1500 personas y de esos 300 se dirigieron al lugar en donde se encontraba el ESMAD, en donde inicio el fuego de la Fuerza Pública con gases lacrimógenos para replegarlos, recibiendo como respuesta de parte de los protestantes piedras y palos, varias comisiones del Gobierno llegaron al lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido.

Una de las comisiones que ha llegado a una conclusión teniendo en cuenta los testimonios recogidos en la zona y las pruebas que se tienen, toda vez que dentro de sus funciones está la de proteger los derechos humanos de los ciudadanos colombianos, es la Defensoría del Pueblo, que llegó a Tumaco en cabeza del Vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, y en consecuencia, desplegaron las investigaciones con las que llegaron a la conclusión que anunciamos en el título.

Según la revista Semana, un comunicado de esta entidad afirma lo siguiente:

“Testimonios recogidos en la zona de los hechos, por una comisión humanitaria encabezada por el Vicedefensor del Pueblo, permiten inferir la presunta participación de servidores de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas”…”Testimonios recogidos en la zona de los hechos (…) permiten inferir la presunta participación de servidores de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas. Los campesinos niegan la injerencia de grupos armados ilegales en el ataque y el lanzamiento de armas no convencionales como ‘tatucos’ o ‘cilindros bombas”.

Los que estarían detrás de la masacre serían integrantes de la Policía Antinarcóticos –según bluradio– que hacen presencia en el lugar para custodiar el tema de la erradicación de cultivos ilícitos. Asimismo, la Defensoría comenta que fueron 6 los muertos y 20 los heridos. Además, se estableció que la hipótesis de las bombas y “tatucos”, no había cómo probarla, porque no encontraron evidencia de los efectos que generan estos artefactos.

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Estas serían las primeras conclusiones frente a lo ocurrido, ya que las autoridades han comentado que ellos no tuvieron nada qué ver, mientras le endilgaban la responsabilidad de la masacre a las bandas criminales que operan en este territorio.

Los mismos campesinos han salido a desmentir las versiones del Gobierno, mientras relatan los verdaderos hechos que sucedieron ese día en medio de lágrimas y el dolor que les causa el haber perdido a sus familiares y amigos.

Revista Pasa Calles

http://www.revistapasacalles.com/noticias/defensoria-del-pueblo-afirmo-que-la-fuerza-publica-asesino-a-los-campesinos-en-tumaco

La sangre de Llorente, Tumaco: masacre e infamia

"Sangre colombiana ofrendada para aplacar la ira de Estados Unidos"

José Antonio Gutiérrez D.

Foto: radiomacondo.fm

La masacre que recientemente se ha producido en el corregimiento de Llorente, en Tumaco, en la que ha muerto un número aún indeterminado de campesinos, cifra que no baja de los ocho muertos según los datos que recibimos de personas en el terreno, nuevamente enluta al movimiento popular colombiano. Mientras hacen cuentas alegres en el Hospital Militar de la caída en las bajas del Ejército desde que las FARC-EP dejaron de quemarles tiros, en el campo popular no hay ánimo para hacer esos cálculos [1]. Los campesinos y dirigentes populares asesinados por las balas oficiales y paraoficiales siguen apilándose como si aquí no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido proceso de paz ni nada. Pero la masacre de Tumaco, por su magnitud, es un punto de inflexión. De ahora en adelante, cualquier ilusión en la “voluntad de paz” del gobierno de Santos, o es mala fe o sencillamente es cándida estupidez.

“Fue el Estado”

Los hechos han sido relatados por las organizaciones con presencia en el terreno y que se han elaborado en base a los testimonios de quienes fueron testigos presenciales y sobrevivientes de la masacre del 5 de Octubre: Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), y Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Según el comunicado de la COCCAM:

“El día 29 de Septiembre, las comunidades campesinas asentadas en la Zona de Alto Mira y Frontera, zona rural del Municipio de Tumaco, donde hace presencia la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje ASOMINUMA, denuncian la presencia de aproximadamente 1000 efectivos de la fuerza pública con orden de adelantar labores de erradicación forzada, en la vereda El Tandil.

Ante esta situación la comunidad se moviliza con más de 1000 personas concentradas en la vereda Puerto Rico Mataje a la espera del ingreso de una comisión DDHH, así mismo de evitar la erradicación forzada de los cultivos. [El] 5 de octubre, aproximadamente entre 10:30 y 11:00 am, la comunidad informa que en marco de los cercos humanitarios para evitar la erradicación que ha hecho la población a la policía, esta sin mediar palabra abre fuego de forma indiscriminada contra la población.”

El testimonio de campesinos recogido por la Agencia Prensa Rural es claro: “Fueron ellos [la fuerza pública] los que nos dispararon, porque de frente, fueron ellos los que nos dispararon. (…) La gente se amontonó y llegó ahí, y ellos por ahí como un minuto hicieron un ‘rafagazo’, y ahí quedó el reguero de gente extendida”. Otro testimonio recogidos por ellos refuerza el tratamiento de guerra que está recibiendo la protesta social: “Nosotros íbamos a una mesa de diálogo donde negociáramos los campesinos con ellos, para ver a qué podíamos llegar y estábamos en ésas. Cuando en medio de todos un soldado y un policía de los que estaban ahí armaron la balacera. (…) Sonaban bombas de aturdimiento de todo lo que ellos tienen y artillería pesada” [2]. Dicen los campesinos que los soldados han dicho actuar por orden directa del Ejecutivo. El veredicto es diáfano: La Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército nuevamente se mancha las manos de sangre, manchando también la conciencia del Nobel de la “Paz”, Juan Manuel Santos.

No contentos con herir y asesinar a campesinos inermes, las autoridades han decidido echar sal a las heridas de éstos y burlarse de ellos, inventándose un cuento de que habrían sido atacados por una disidencia de la Columna Daniel Aldana de las FARC-EP [3]. Con esta mentira descarada, con este vil engaño, se corona la infamia. Esto ha sido desmentido por el propio comunicado de FENSUAGRO: “Se realiza un informe por parte de Ejército y policía Nacional, intentando justificar su accionar desmedido y en el cual se expone que el motivo de su agresión obedece a que se habrían presentado el lanzamiento y explosión de 5 cilindros bomba, sin embargo las comunidades manifiestan y clarifican que no se han encontrado evidencias de ningún tipo de artefacto ni rastros de explosión.” Más aún, no ha habido ningún uniformado herido ¿Cómo explicar esto? La mentira no puede ser más burda.

 Violencia sistemática

Acá no hay que llamarse a engaños. Esto no es un hecho aislado. La violencia contra los de abajo estará a la orden del día en el mal llamado “post-conflicto”. Esta será una paz más sangrienta que la Guatemala, que la del Salvador. Aparte de eso, está la militarización del territorio: el ejército ha llegado a las zonas donde antes hacía presencia la insurgencia de las FARC-EP con una actitud revanchista odiosa. Instalan retenes militares, donde se reproducen las mismas humillaciones que los campesinos han conocido por décadas. Ponen restricciones al movimiento terrestre y fluvial de las personas. En las trochas de la Colombia profunda las cosas no son como en la Panamericana: ahí no hay pulgares alzados ni sonrisas pendejas. Allá hay insultos, cara de perro, amenazas. Se pasean como pavos reales con todo su armamento de guerra en pueblos en los cuales antes no se les veía porque les daba miedo asomar la nariz. Ahora sin guerrilla la cosa es diferente.

En un retén militar en Cartagena de Chairá, Caquetá, donde nos revisaron hasta las muelas con un amigo para decirnos que no había autorización para seguir hasta las 6am del día siguiente, obtuvimos una clave para entender lo que está pasando. Cuando él les preguntó, “oiga, ¿no que estamos en proceso de paz? Y ustedes haciendo esto…”, un soldado, que no quiso identificarse y que se tapó con un trapo las insignias del batallón y todo, respondió sencillamente, “claro, por eso es que podemos hacer esto”. Corto, claro y preciso. En Piñuña Blanco, Putumayo también me tocó presenciar tropas armadas hasta los dientes interrumpiendo una reunión comunitaria campesina, diciendo que no se podían celebrar reuniones sin autorización previa de los mandos militares y sin su presencia [4]. Una dictadura militar en todo regla. En estos territorios la gente se queja que bajo las propias narices de estos soldados, se pasean atracadores, paramilitares, y ellos tan frescos, sin hacer nada. Eso sí, para maltratar a los campesinos si son buenos.

Como si esto fuera poco, el paramilitarismo campea por todo el país, asesinando dirigentes populares incluso a un ritmo más acelerado que en época de conflictos. Sus balas también se están cobrando la vida de farianos desmovilizados y, demostrando un ensañamiento diabólico, de sus familiares también. Pero el problema para el gobierno no existe, aunque sabemos que la raíz de este conflicto está en el mismo aparato del Estado: en sus fuerzas represivas, de inteligencia y en la bancada parlamentaria del odio. Eso, sin olvidar a los ganaderos, latifundistas y agroindustriales que han acumulado millones de hectáreas mediante el terror paramilitar, a los que hoy el gobierno recompensa generosamente con las ZIDRES y con la nueva ley de tierras que les facilita la legalización de su acumulación violenta de tierras mediante el galimatías jurídico de los “ocupantes de buena fe” [5].

¡Qué diría RCN si esto estuviera ocurriendo en Venezuela!

Sangre colombiana ofrendada para aplacar la ira de Estados Unidos

Hechos como los de Tumaco son particularmente graves por el número de muertos, pero son escasamente excepcionales: en el marco de las erradicaciones forzadas, se han venido presentando hechos de violencia similares en el Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca, Antioquia, Catatumbo. Recién el 21 de Septiembre corría la sangre en la vereda de Río Negro, Corinto (Cauca), donde fue asesinado el coordinador de la Guardia Campesina de ese municipio, José Alberto Torijano, a manos del Ejército durante acciones contra un supuesto laboratorio que ocasionaron abusos contra las comunidades y la consecuente reacción campesina. En eso murió Torijano [6]. Lo extraño no es lo ocurrido en Tumaco: lo extraño es que no haya más muertos (por ahora). Nos llegan noticias que los militares ya se están posicionando en Argelia, Cauca y que, probablemente, se prepare una arremetida igualmente violenta en contra de ellos, cosa de la que se viene hablando ya hace más de un mes [7]. 

Hay que resaltar que en todos estos casos los campesinos han manifestado su interés de participar en los programas de sustitución voluntaria, y que, de hecho, en muchas regiones ya han comenzado a sustituir voluntariamente. Pero el gobierno no ha cumplido con nada de su parte –un reciente informe sobre la implementación de los acuerdos, revelaba que el Estado ha cumplido con un magro 18% de su parte de los acuerdos [8]. Para los cocaleros no ha habido nada. No hay planes de desarrollo alternativos, no hay concertación con los campesinos, no hay programas viables, no hay ayudas, no hay nada que haya llegado al campesino, aparte de amenazas y de violencia desmesurada. Trump chasquea los dedos, amenaza con descertificar a Colombia, exige más erradicaciones, y Santos le ofrece a su amo, servilmente, sangre colombiana para quedar bien y aplacar su ira. 

Del repudio y las náuseas a la movilización

Hoy no basta la palabra. Se necesitan acciones contundentes, solidaridad, movilización, desobediencia civil. Hoy ha sido Tumaco. Mañana puede ser Argelia. Pasado mañana puede ser cualquiera. Hay que evitar, por todos los medios a nuestro alcance, que se vuelva a materializar una masacre como esta. Porque sin la acción popular este escenario se seguirá reproduciendo, de ese no quepa duda. Al gobierno no le temblará la voz para ordenar derramar más sangre si así lo estiman conveniente. Por eso es necesario que hoy, todos quienes tengamos un poco de sentido moral, nos comprometamos a hacer cuanto podamos para rodear y proteger a las comunidades campesinas vulnerables. Donde quiera que estemos, podemos aportar un grano de arena a esta lucha. Es hora de una fuerte resistencia cívica para expresar al Estado que sus acciones lo condenan a la letrina de la historia, que no nos cruzaremos de brazos ante la violencia oficial, que ya no más. Ya no más.

Notas

[1] https://www.elespectador.com/ noticias/nacional/bajo-el-97- la-cifra-de-soldados-heridos- hospital-militar-articulo- 702742

[2] http://prensarural.org/spip/ spip.php?article22140

[3] https://www.elespectador.com/ noticias/judicial/versiones- encontradas-por-incidente-con- erradicadores-en-zona-rural- de-tumaco-articulo-716661 ; http://www.semana.com/nacion/ articulo/tumaco-investigan- muerte-de-personas-durante- protesta-de-cocaleros/543001

[4] De este hecho ya he escrito anteriormente http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=227860

[5] Sobre este proyecto de ley ver http://www.elespectador.com/ noticias/politica/baldios- para-empresarios-articulo- 714419

[6] https://www.contagioradio.com/ ejercito-habria-asesinado-a- campesino-jose-alberto- torijano-en-corinto-cauca- articulo-46999/ ; www.anarkismo.net/article/ 30519

[7] http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=231090

[8] http://www.rebelion.org/docs/ 232422.pdf

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/188524

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