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lunes, 27 de marzo de 2017

LA MARCHA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN CONVOCADA POR LOS MÁS CORRUPTOS DE LA HISTORIA RECIENTE DE COLOMBIA

DOSSIER:
1. La marcha del cinismo
2. Con rabo de paja
3. Aquí no pasa nada

1. La marcha del cinismo


Daniel Felipe Alonso


Una vez firmados los acuerdos de La Habana, el Centro Democrático y muchos de sus amigos se quedaron sin el jefe de campaña ideal: uno que no cobra y que es capaz de organizar a la sociedad en torno a una causa de manera muy efectiva. Hoy, con mucho cinismo y aprovechando la coyuntura, buscan abanderar la lucha contra la corrupción, creyéndonos tontos y haciéndonos pensar, que quienes fueron parte del problema, hoy tienen conmovido el corazón.

La corrupción no es un tema de hoy, ni exclusivo del Gobierno de Juan Manuel Santos, al que por supuesto no busco defender. Este es un problema de siempre que estuvo opacado por la guerra y por unos señores que robaban con armas, ponían bombas, amarraban personas como animales en la selva y mataban sin misericordia a muchos de los colombianos más pobres.

El foco siempre estuvo puesto sobre guerrillas y paramilitares, mientras muchos de los que hoy abanderan la marcha del cinismo del primero de abril se robaban el país a manos llenas en alianza con congresistas, políticos en las regiones y contratistas que financian sus campañas.

Acordemonos que durante el Gobierno de Uribe estallaron escándalos como el de la parapolítica que dejó sin muchos socios a Uribe en el Congreso; Agro Ingreso Seguro en el que se robaron la plata de los campesinos; el desfalco de la DIAN; se empezó REFICAR del que hoy sabemos más; se negociaba con Marcelo Odebrecht en la Casa de Nariño, e incluso, se mataba gente y se hacían pasar por delincuentes.

Imagen de: YouTube

Qué decir del otro promotor de la “cruzada anticorrupción”, nuestro ex procurador Alejandro Ordóñez, hoy destituido por reelegirse comprando con cargos y prebendas funcionarios públicos de otras ramas. O que tal Fernando Londoño, hoy director del Centro Democrático, quien fue sancionado por la procuraduría por mentiroso y señalado por ECOPETROL de adueñarse de unas acciones de Invercolsa sin tener derecho a hacerlo.

La lista es interminable, y podría escribir muchos más casos y de muchas más honorables personas que hoy están indignadas con la corrupción en Colombia. Es una lista enorme de gente con prontuario que hoy solamente busca adueñarse de una causa solamente en el discurso y para castigar al Presidente, porque siempre que han tenido la posibilidad de gobernar han hecho lo mismo.

Es maravilloso que el Centro Democrático haya decidido empezar a encontrar unas causas más justas que la guerra a costa de los más pobres como bandera electoral. Sin embargo, no tiene presentación que sean ellos, corresponsables de este mar de corrupción, los que hoy pretendan liderar un marcha en rechazo a este flagelo. Si de verdad quieren ayudar, que empiecen a contar cómo muchos de sus socios se robaron este país.

http://conlaorejaroja.com/la-marcha-del-cinismo/


2. Con rabo de paja

...una marcha en contra de la corrupción convocada por el jefe del gobierno más corrupto de la historia reciente de Colombia y de un ex jefe del ministerio público destituido por comprar su reelección


Mauricio Pérez Moreno

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra oxímoron se refiere a la presencia de dos ideas que se oponen entre sí en una misma frase o cita. Cuando pensamos en ejemplos que sustenten esta idea podríamos pensar en frases tales como ‘sol de medianoche’ o ‘el ensordecedor ruido del silencio’. Pero existe entre todos los ejemplos imaginables uno que lo tenemos tan cerca, que estamos dentro de él sin darnos cuenta: Colombia.

Colombia es el más claro ejemplo palpable de oxímoron que podamos tener a la mano sin acudir a mayores desgastes dialécticos. País de luces y sombras, de cumbres y abismos profundos, de soles y lunas, de risas y lágrimas, de ruidos y silencios. País de niños muertos de hambre y ricos en la lista Forbes. País de deportistas millonarios y de atletas de miseria y hambre. País de soles radiantes y de ríos desbordados por el implacable invierno. País de parias que se apropian del erario y a su vez de indiferentes ciudadanos incautos que regalan su voto. Siempre cabrán las ideas más disímiles y contrastantes en este país de todos y de nadie.

Precisamente, por estos días es noticia en Colombia el más inverosímil de todos los oxímoros que podamos imaginar: una marcha en contra de la corrupción convocada por el jefe del gobierno más corrupto de la historia reciente de Colombia y de un ex jefe del ministerio público destituido por comprar su reelección. La autoridad moral de estos dos oscuros personajes no es precisamente la mejor prenda de garantía de éxito de esta convocatoria.

Pero tal vez lo preocupante no debería ser la convocatoria en sí misma ni quienes la convocan. El verdadero ingrediente que debería inquietarnos, y que es la razón de estas líneas, es la cantidad de personas que el próximo primero de abril estén dispuestas a salir a las calles a ejercer su sagrado y constitucional derecho a la protesta.

Porque eso es lo que es: un derecho que nos da la carta constitucional como herramienta de control ciudadano ante quienes ejercen el poder. Lo realmente preocupante son las motivaciones, o mejor, las emociones bajo las cuales acudirán los marchantes. El hecho de tratarse de una marcha en contra de la corrupción, que en últimas demostró ser el más grande flagelo que nos golpea sin pudor, es en sí mismo un hecho notable frente al cual todos, sin excepción, deberíamos acudir a las calles a pronunciarnos con frontal vehemencia. La corrupción se nos muestra desde tiempos lejanos como un cáncer terminal que nuestra miopía nos impidió ver, por estar obnubilados ante el problema – gravísimo por demás- de las guerrillas y el orden público.

Campantes y orondos se paseaban en camionetas y en yates los funcionarios y contratistas del estado con dineros de los contribuyentes, mientras ciudades enteras adolecen de la prestación de servicios básicos como el agua y puestos de salud dignos. Podríamos dar como ejemplo el caso de Yopal, que no tiene acueducto pero es una de las ciudades con mayores ingresos por concepto de regalías.

Las páginas se nos harían cortas para poder citar los cientos de ejemplos de igual índole, pero por temas de espacio no podríamos reproducir. Odebrecht, Reficar, los desayunos escolares para niños de escasos recursos y la hambruna en La Guajira, son algunos de los casos que nos obligan a decir que Si a un movimiento ciudadano en contra de la corrupción. Pero el caso de la marcha del primero de abril tiene un tufillo más político que social, tratándose de quienes la promueven.

Al igual que el plebiscito del dos de octubre, en el que los simpatizantes del No salieron a las urnas “emberracados”, dando la victoria a un amañado grupito de intransigentes amigos del cruel negocio de la guerra, la marcha del primero de abril será una muestra más de esa influencia marcada y dañina que estos personajes ejercen sobre parte de la sociedad. ¿Cuántas personas acudirán a la convocatoria? Aún no lo sabemos. Pero de darse un número significativo de ‘indignados’, estaremos enfrentando el mismo problema del día del plebiscito: el desconocimiento y desinterés de esos sectores de la sociedad por hallar el verdadero fondo de la problemática en contra de la cual se pronuncian.

De ser así, bien podríamos plantear unas nuevas inquietudes: ¿Por qué razón estos personajes de dudosa índole pueden llegar a ejercer tal influencia en la sociedad, generando un movimiento de masas, a pesar de las evidencias que los condenan? ¿De dónde proviene la capacidad de convencimiento de un personaje como el señor Uribe, siendo él mismo el articulador de todos los desmanes que se cometieron desde ‘la Casa de Nari’ durante sus ocho años de mandato?

Caricatura de Matador para El Tiempo

La respuesta puede ser tan compleja como desoladora. Somos una sociedad que por décadas ha estado y seguirá estando enceguecida por nuestra propia ignorancia. Creemos con cierta facilidad todas las deformaciones de la información que hoy eufemísticamente se conoce como la posverdad. Nuestro carácter crítico y nuestra capacidad de controvertir las ideas que llegan a nuestros sentidos, se ve seriamente limitada –paradójicamente- por la nada despreciable influencia de las redes sociales, las cuales han servido de excelente caldo de cultivo para manipular y manosear sin rubor sectores enteros de la sociedad, que sin resistencia alguna, acogen casi cualquier información que llegue a sus manos. Nuestra capacidad de debate se ha visto seriamente lacerada por cuenta de quienes, a cualquier precio, quieren hacerse al poder para beneficio en primera persona.

Ese ha sido el capital político del hoy senador Uribe y de todos quienes hoy enarbolan las banderas de repudio en contra de la corrupción, pero que ciertamente tienen rabo de paja. Es precisamente la obediencia de sus votantes la que lo llevó al poder presidencial en dos ocasiones y ahora lo tiene en el Congreso de la República.

El senador Uribe sin sus votantes no sería nadie. De no ser por sus más de ocho millones de votantes incondicionales y manipulados, jamás habría llegado a la presidencia. Justamente por eso es que debe alimentarse de eventos y coyunturas como la marcha del primero de abril, para afianzar su poder sobre las masas y reafirmar su vigencia en el ideario colectivo de sus seguidores.

Así las cosas, la invitación sería: Salga y marche si así lo desea. Pronúnciese con vehemencia en contra de las mafias que desangran el país. Hágalo con la mayor firmeza posible, no solo el primero de abril sino todo el año. Pero ojo: ¡Hágalo bien! Hágalo sin seguirle el juego a las mafias que quieren seguirnos dominando a su antojo. Hágalo con la plena convicción de que la protesta solo va a beneficiar al país y no a esas camarillas de delincuentes de cuello blanco y cuna de oro. No lo haga porque se lo indiquen figuras oscuras y sin autoridad moral como los doctores Uribe y Ordóñez. Ni siquiera lo haga por usted. Hágalo por Colombia. Porque asistir a una marcha anticorrupción convocada por Uribe y Ordóñez es lo mismo que emprender una cruzada en contra de la pornografía al lado de Esperanza Gómez.

http://conlaorejaroja.com/con-rabo-de-paja/

3. Aquí no pasa nada

Mauricio Ceballos


Hace ya casi 20 años el periodista Mauricio Vargas Linares escribió un libro que en realidad era una profunda investigación sobre un presidente que “se iba a caer”, por el escándalo de la penetración de dineros ilícitos en su campaña presidencial. El hecho no pasó de ser un gran ruido mediático y aunque hoy todo el país recuerda el número del expediente en el que se radicó la investigación, el trabajo periodístico de don Mauricio en este momento, solo alimenta las principales bibliotecas del país; y de ahí no pasa.

Porque ni siquiera políticamente ha pasado mucho con algunos de los personajes tristemente célebres en aquel hecho. Pero es que nunca ha pasado nada con nada; recordemos que esta semana se cumplieron 27 años del asesinato de Bernardo Jaramillo, perteneciente a la Unión Patriótica y los medios se acordaron de que en este como en muchos casos, no pasa nada.

Alguna vez escuché decir que en nuestro país pasaban muchas cosas y que nadie tenía tiempo para digerir todo. Yo no creo en esa explicación. Pienso que en verdad vivimos del escándalo y del juicio sumario de los radio noticieros quienes casi siempre están mejor informados que la Fiscalía y en una o dos mañanas abren instrucción, presentan pruebas y juzgan para ver si la Justicia se decide a actuar. Lo cierto es que nada pasa porque todo nos distrae. La civilización del espectáculo de la que habla Vargas Llosa se ve retratada en nuestro país al hacer el ejercicio de solo entretenernos y no pensar. Porque así funciona y así es mejor. Y si acaso algunos se indignan, no pasa de ser un tsunami en las redes sociales, como el virus del momento, un ingrediente más del entretenimiento.

¿Ejemplos? Abundan. El más significativo podría ser el del expresidente y hoy senador, al que se le ha abierto más de doscientas investigaciones y ¡oh sorpresa! ninguna ha prosperado. Y es que ese es el mal del sistema, que todo en nuestro país está contaminado de corrupción, y entonces las investigaciones no se abren o si se abren no avanzan, o si avanzan los abogados expertos las hacen precluir, o si acaso terminan caen solo los alfiles, aquellos personajes casi siempre brillantes que o estaban mal relacionados o en el lugar equivocado, o simplemente no les guardaron la espalda y sus jefes se olvidaron de ellos.

débiles resultados que se le muestra a la opinión pública como grandes logros sin atacar nunca el problema principal. Y la solución, la mayoría de las veces es irse del país, para que los medios se olviden de tal o cual personaje; o, si es que no se van, se refugian en el sector privado mientras pasa la marea. Ya quisieran los felinos ser tan ágiles para saltar de cargo en cargo como ciertos personajes de la vida pública que sin ninguna vergüenza, hacen como si fuesen hombres y mujeres intachables pasando de un lado a otro sin reservas morales.

Y hoy, como si fuese una noticia de ficción, aquel presidente que casi se cae, se resguarda en la otra orilla y con cinismo habla de transparencia y lucha contra la corrupción. Da risa ver como aquí el refrán del rabo de paja no se cumple sencillamente porque a nadie le importa. Aquí nadie se quema por más de que se arrime a la candela. Por ello, los cínicos organizan marchas para protestar por las mismas conductas que propiciaron. También así, se siguen eligiendo los mismos por los mismos, porque a la gran mayoría de Colombianos “no les gusta la política”. Pr esto, no va a pasar nada con los cuestionamientos que a diario se les hacen a los personajes públicos. Y así, todo se queda en exhaustivas investigaciones que no conducen a nada.

Como nación, somos ciegos y sordos. No nos damos cuenta de las mentiras del populismo y como amateurs en el ajedrez, no comprendemos la estrategia de nuestros políticos.

Caricatura de Átomo

Somos incapaces de leer entre líneas y solo caemos en cuenta cuando el mal está hecho. Pero volvamos a la marcha organizada por los cínicos para el primero de abril. Es increíble que la gente salga a marchar con ellos sin leer lo que hay detrás que no es más que un cálculo electoral, una revisión del inventario político para el 2018, adobado con mentiras o verdades alternativas que alimentan la polarización. No puede ser posible que el colombiano promedio salga a marchar sin sonrojarse por seguirle el juego a unos cuantos.

Ojalá que tanto intelectual de Twitter, saliera a votar el día de las elecciones, pues éste, es el único camino; la vía más expedita para que el ciudadano haga que las cosas pasen. Ojalá que haya un verdadero castigo político, para que luego el judicial pueda avanzar. Ojalá, no nos sigamos quedando en el día a día de las noticias y pensando que la solución está en otros. Ojalá que por fin algún día los Colombianos dejemos de ser menores de edad y podamos pensar como adultos que se sienten responsables de su futuro y se apropian de él, informándonos y decidiendo.
Ojalá que como en aquel pueblo de la ficción de García Márquez, lo que comenzó como una idea, se materialice simplemente por la voluntad de querer que algo suceda.

http://conlaorejaroja.com/aqui-no-pasa-nada/

domingo, 26 de marzo de 2017

DERROTA APLASTANTE CONTRA ANGLO GOLD ASHANTI Y LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN CAJAMARCA

Aplastante derrota para AngloGold Ashanti en el Tolima. ¡Cajamarca dijo NO a la mina!






elcronista.co

Pese a la adversidad y la cantidad de dinero que se movió para torcer conciencias y el voto libre, el pueblo decidido de Cajamarca propinó la más dura estocada que haya recibido la multinacional del oro AngloGold Ashanti y la administración municipal a su servicio. Los cajamarcunos abrumadoramente dijeron SI a la vida No a la mina.

Los resultados de la consulta popular realizada este domingo 26 de marzo, fueron contundentes: 6.165 votos por el NO, 76 votos por el SI, 41 votos no marcados y 14 votos nulos. Estos guarismos se logran en medio de una guerra sucia de mentiras y calificativos de terroristas contra quienes se oponen a la contaminación de las aguas, el cambio de vocación agrícola de Cajamarca por minera y la transformación del paisaje natural de bosques y páramos de esta bella región por gigantescos cráteres y destrucción del ecosistema. (Vea: El NO se perfila como ganador en la Consulta Popular de Cajamarca, tras superado el umbral)

Los defensores de esta política de arrasar con los nacimientos de agua y los ríos Cuello y Bermellón, más la contaminación de gran parte de afluentes del centro del Tolima como Ibagué, Espinal, Coello, Flandes, incluso el Guamo, esgrimieron falsos argumentos de una minería legal y beneficiosa para el desarrollo. Los grandes derrotados: AngloGold Ashansti y la administración municipal. (Ver: Con kits escolares, AngloGold pretende convencer a cajamarcunos que la minería es buena)

La consulta popular es vinculante


La consulta popular es uno de los siete mecanismos de participación popular previstos por la Carta Política, la cual señala que “no podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado, ni tampoco la convocatoria a una asamblea constituyente, salvo cuando se vaya a reformar la Constitución”.

Sobre el particular la Ley 134 de 1994, la cual reglamentó los mecanismos de participación popular, indica que “la decisión tomada por el pueblo en la consulta será obligatoria”. Sin embargo para que los efectos de la consulta se hagan efectivos es necesario, en el caso de un municipio, que el concejo adopte la medida por medio de un acuerdo, tal como sucedió en Cajamarca, donde aprobó esta convocatoria.

Esto significa que la consulta tiene fuerza constitucional, según los entendidos y que la decisión del pueblo es soberana y se debe cumplir.

Resultados finales:


https://elcronista.co/actualidad/aplastante-derrota-para-anglogold-ashati-en-el-tolima-cajamarca-dijo-no-a-la-mina


David venció a Goliat: Cajamarca dijo NO a la megaminería

Los habitantes del municipio de Cajamarca decidieron este domingo que no quieren proyectos mineros en su territorio. Ganó el no con un 97% de aprobación

Por: Fredy Gutiérrez


Los habitantes del municipio de Cajamarca decidieron este domingo que no quieren proyectos mineros en su territorio. Los resultados de la consulta popular minera realizada en esta población del occidente del Tolima deja en apuros al Gobierno Nacional y a la multinacional AngloGold Ashanti, que pretende extraer más de 26 millones de onzas de oro de la mina La Colosa.

A las 4:45 de la tarde, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó el boletín número ocho en el se habían contabilizado 5.633 votos, superando claramente el umbral (5.438 votos) para que la consulta fuera válida.


Pasaron solo unos minutos para conocerse el resultado definitivo. Escrutadas las 18 mesas instaladas, votaron por el NO 6.165 cajamarcunos (97,92 %) mientras que por el SÍ lo hicieron 76 personas (1,21 %). Según las estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, votó el 38,6 % del potencial electoral.


Esta consulta popular enfrentó decenas de obstáculos administrativos, políticos y jurídicos. Por ejemplo, la Alcaldía Municipal, perteneciente al partido de La U, más exactamente la vertiente del representante Carlos Edward Osorio, intentó todas las estrategias posibles para sabotearla. Este grupo político simpatiza con el proyecto que adelanta la multinacional sudafricana.

Al mismo tempo, algunas organizaciones locales, aparentemente auspiciadas por Anglogold Ashanti, promovieron acciones de tutela en contra de este mecanismo democrático, pero sin éxito.

Reacciones 
Carlos Hernando Enciso, gerente de asuntos corporativos de AngloGold Ashanti en el Tolima, le dijo a Noticias Caracol que los resultados de la consulta minera de este domingo no tiene ningún efecto negativo para La Colosa por cuanto “los efectos son a futuro, y no tiene retroactividad”. Además, que el Estado tendría que respetar los derechos adquiridos por esa multinacional.

Sobre este planeamiento, la reconocida ONG Dejusticia explicó que la sentencia de segunda instancia sobre la consulta de Cajamarca, que le correspondió a la sección Quinta del Consejo de Estado, no hizo mención alguna al tema del alcance de la consulta ni sobre su impacto sobre los proyecto en curso.

Y agregó: “Finalmente, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido de forma clara que ni los contratos de concesión minera ni las licencias ambientales constituyen derechos adquiridos. El contrato de concesión o la licencia ambiental, son situaciones jurídicas que emanan del derecho público, y se ha entendido que estas situaciones “son susceptibles de modificaciones en el futuro y aun de ser extinguidas por obra de la voluntad legislativa en aras del interés supremo de la colectividad y de sus necesidades inmanentes de progreso y equilibrio social” . En esa medida, en esos casos especiales, la noción de derecho adquirido se diluye”.

*Publicado originalmente en El Olfato

https://www.las2orillas.co/david-vencio-goliat-cajamarca-dijo-no-la-megamineria/

Habitantes de Cajamarca votan NO a la minería en el municipio

La Registraduría ya reconoció 6.165 votos en contra, es decir el 97,92%.

En total se instalaron 18 mesas de votación y dos de ellas estaban en el corregimiento Anaime y la vereda Cajón. Foto: Fabio Arenas / EL TIEMPO

Por: 
ELTIEMPO.COM y FABIO ARENAS 

Según el décimo boletín de la Registraduría de la Nación, los ciudadanos de Cajamarca votaron No a la ejecución de proyectos mineros en el municipio. 

De 6.296 votos que se contaron hasta las 4:53 pm, el 97,92 por ciento, es decir 6.165 personas, votaron No en la consulta popular; mientras que 76 le dieron el Sí. También se registraron 41 tarjetones no marcados y 14 nulos. 

Para que la consulta fuera válida se necesitaban 5.438 votos y la jornada alcanzó un total de 6.296

De acuerdo con César Bocanegra, delegado del Registrador Nacional en Tolima, el No fue mayoritario. "El No obtuvo el 97, 92 por ciento de la votación frente al Sí que logró el 1,21 por ciento", afirmó. 

Según el Registrador, "para que la consulta fuera válida se necesitaban 5.438 votos y la jornada alcanzó un total de 6.296".

Foto: Fabio Arenas / EL TIEMPO

Con un potencial electoral de 16.312 aptos para sufragar, la participación ciudadana fue del 38 por ciento y la abstención llegó al 61 por ciento.

"Fue una jornada tranquila y sin inconvenientes ya que los ciudadanos pudieron participar democráticamente", dijo el Registrador.

En total se instalaron 18 mesas de votación y dos de ellas estaban en el corregimiento Anaime y la vereda Cajón.

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/gana-el-no-en-votaciones-en-cajamarca-sobre-mineria-71618

BANQUEROS SE BENEFICIAN DE SUBSIDIOS A POBLACIÓN MÁS EMPOBRECIDA

Bancos se benefician de subsidios para la población más empobrecida


John Martínez

Banqueros colombianos reciben miles de millones de pesos al año por comisiones en transacciones de subsidios para los sectores más empobrecidos. Así puede concluirse a partir del informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), publicado a principios de marzo sin causar revuelo en el país. Dicho informe afirma que los gobiernos pagan altas comisiones a los bancos por administrar el dinero destinado a los subsidios para población empobrecida y que en el caso de «Perú y Colombia (se) reportan las más altas entre los países que tienen PTMC, ya que ascienden a 2.32 y 2.20 dólares (respectivamente) por transacción» (1). Unos 6.400 pesos colombianos.

Para el 2015 el Estado colombiano destinó 71,2 billones (2) de pesos para este tipo de subsidios, los cuales fueron repartidos en 62 programas (3) que benefician a millones de connacionales, sin embargo, el número de transacciones bancarias que implica la entrega de estos dineros, y con las cuales se determinaría una cifra exacta de lo cobrado por los bancos es incierto.

Aun así, la noticia causa indignación por la naturaleza de los subsidios, los cuales «tienen un doble objetivo. En primer lugar, pretenden reducir la pobreza actual por medio del pago de subsidios en efectivo. En segundo lugar, se centran en el desarrollo del capital humano de los niños pobres mediante pagos condicionados al cumplimiento de una serie de corresponsabilidades vinculadas con la salud y la educación»(4). Estos subsidios se entregan a través de transferencias bancarias a los ahora conocidos como personas de la tercera edad, así como a las madres bajo el supuesto de que ellas son quienes se encargan de las finanzas del hogar, según explica el BID. Es decir, son a las familias a quienes directamente afecta las altas comisiones de los bancos.

Así, este comportamiento es otro elemento para verificar el impacto de la financiarización en que entró desde hace décadas el Sistema Mundo Capitalista y sirve, además, para entender cómo el bancario es el sector dominante de la economía, así como revela la fiebre de riqueza de los banqueros, quienes hacen hasta de estos programas otro rubro para ensanchar sus abultadas arcas.
Sin embargo, mientras estas noticias pasan desapercibidas las que sí se difunden son aquellas que resaltan el supuesto espíritu filantrópico de banqueros que “donan” a sectores empobrecidos parte del dinero que ya les han quitado de antemano, no sin antes registrarlo en sus declaraciones de renta para así rebajar sus impuestos. Al fin y al cabo, la filantropía también es negocio.
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https://www.desdeabajo.info/colombia/31109-bancos-se-benefician-de-subsidios-para-la-poblacion-mas-empobrecida.html

viernes, 24 de marzo de 2017

COLOMBIA, UNA HISTORIA DE TIERRAS SIN RESOLVER

La reforma agraria y el problema de las tierras sin resolver en Colombia


Históricamente el problema de la tenencia y control de la tierra ha carecido de soluciones efectivas que garanticen la sostenibilidad del campo colombiano

El despojo a manos de los paramilitares y las grandes multinacionales – aliadas en muchos casos con los primeros – que se dedicaron a expandir sus unidades bélicas y productivas

Las voluntades políticas giran en torno a los intereses de grandes multinacionales que mediante mecanismos legales amañados buscan apoderarse de grandes porciones de tierra fértil

Los conflictos territoriales son un asunto histórico de difícil resolución, para hacernos a una idea del problema es necesario recordar la época en que se originaron las disputas por el control y la tenencia de la tierra

Por: Edwin Gutiérrez Barrero

En agosto de 2015 el DANE dio a conocer los resultados del tercer censo nacional agropecuario después de 45 años del último informe realizado en 1970. El estudio revela – entre otros aspectos – el uso del suelo, las características de las unidades productivas, los factores productivos y una caracterización general de los productores agropecuarios y la población rural dispersa del país. Sin duda alguna constituye una herramienta de alto valor para la toma de decisiones tendientes a implementar una reforma agraria eficiente y eficaz ya que hablar de reforma agraria en tiempos de posconflicto es obligatorio como quiera que la propiedad de la tierra ha sido y es un factor determinante del conflicto armado Colombiano. Implica devolverse a momentos históricos que explican el origen, los propósitos que perseguía y el porqué de los fracasos en cada intento de implementación de esta política.

Los conflictos territoriales son un asunto histórico de difícil resolución, para hacernos a una idea del problema es necesario recordar la época en que se originaron las disputas por el control y la tenencia de la tierra.

Durante la conquista española, en el año 1499, se adelantaron una serie de expediciones que pretendían explorar nuevos territorios. 26 años después se fundó Santa Marta, la primera ciudad Colombiana, construida sobre una bahía que facilitaba el arribo de galeones de la Corona que luego zarpaban repletos de riquezas que extraían del territorio perteneciente al pueblo Tayrona considerada la comunidad más avanzada de América durante la época prehispánica pues sus principios y creencias hicieron que desarrollaran técnicas agrícolas y urbanísticas en perfecto equilibrio con el planeta.

El choque cultural que produjo el encuentro entre los conquistadores europeos y esta comunidad inicialmente dio para establecer algunas relaciones cordiales que luego se convirtieron en batallas por el control territorial frente a las tropas de despojadores comandadas por personajes a los cuales se les rinde homenajes durante la conmemoración de la fundación de algunas ciudades en la actualidad.

Los españoles querían aprovechar los recursos disponibles para alcanzar sus propósitos expansionistas y para lograrlo se valieron de las “Capitulaciones de Santa Fe” que consistían en un pacto entre Cristóbal Colon y la realeza cuyo objetivo era apropiarse de las tierras descubiertas para fundar allí poblaciones.

Este modelo puede catalogarse como la primera reforma agraria que existió y transformo una estructura tradicional de propiedad indígena basada en la subsistencia de los pueblos a través de la agricultura en un sistema caracterizado por la presencia de relaciones de poder entre patrones europeos y peones nativos de los territorios descubiertos.

Después de las “capitulaciones de Santa Fe”, aparecieron otra serie de mecanismos para legitimar la propiedad: las “cedulas Reales del Pardo”, “las leyes de Indias” y su libro IV que se ocupaba entre otros asuntos del reparto de tierras, las “cedulas de San Lorenzo e Ildefonso y por último, en 1821, la aparición de los títulos de propiedad y del concepto “baldios” como se le denominaba a aquellos terrenos que carecían de dicho documento que acreditara la propiedad.

100 años después, hacia la década de 1920, muchos campesinos decidieron irse a las ciudades en búsqueda de oportunidades distintas a las que ofrecían los terratenientes o grandes hacendados para suplir la demanda de mano de obra del desarrollo capitalista propiciado por los excedentes del café y la creciente inversión pública.

Dicho fenómeno migratorio traería consigo consecuencias más graves que los mismos problemas de carencia de fuerza de trabajo pues el campo paulatinamente se fue quedando solo; los procesos de tenencia y concentración de la tierra fueron modificados dando pasó a otros fenómenos como el de la colonización de territorios desolados, ocasionados por varias circunstancias de orden social y político, entre los más importantes se destaca que los campesinos que trabajaban en las grandes haciendas de los latifundistas o los que tenían pequeñas parcelas en arrendamiento no participaron de los beneficios que trajo consigo el desarrollo y la modernización capitalista pues no poseían tierras, y por tanto no podían establecer monocultivos como el café que aseguraban los mayores ingresos.

Con el comienzo de la violencia partidista en 1948 también empezó a generarse el desplazamiento de las comunidades rurales hacia las zonas urbanas, dicho fenómeno obligo al gobierno de turno a implementar una ley que reactivara la economía que se había visto afectada por el surgimiento del conflicto armado y de paso detuviera la ola de invasiones a propiedades privadas.

La ley de reforma social agraria pretendía dotar de tierras a los campesinos despojados o sin títulos de propiedad, incluirlos dentro del aparato productivo nacional y proveerlos de servicios sociales para garantizar su permanencia en el campo.

Fue en el año de 1961 que Carlos Lleras Restrepo sanciono la ley 135 de reforma agraria con un enfoque reformista que buscaba darle fin a la violencia de los años 50 y dar paso al desarrollo rural. Para dar viabilidad a la ley, fue creado el INCORA y el IDEMA, dos institutos de carácter público que tenían como misión implementar y ejecutar la reforma agraria.

Entre sus funciones estaban la compra y titulación de predios a campesinos despojados o sin propiedad y la creación de factores propicios para el buen uso y aprovechamiento de la tierra, también la regulación de mercados y fijación de precios, la creación de grandes cadenas productivas y comerciales para el mercadeo de los productos agropecuarios, la importación de faltantes de producción y en general todas aquellas condiciones que garantizaran la sostenibilidad y productividad de las explotaciones campesinas conocidas como unidades agrícolas familiares.

Como era de esperarse, los intentos por consolidar la reforma fracasaron, problemas tan graves como la corrupción y la desidia administrativa volvieron ineficientes los organismos recién creados. El INCORA, por ejemplo, era un organismo con excesiva carga burocrática producto del clientelismo político, la corrupción era un fenómeno demasiado común por aquella época (en la actualidad aún más) y la ineficiencia de este “elefante” gubernamental terminó por enterrar una reforma que nunca alcanzo los objetivos trazados a causa de múltiples factores, entre los más graves, los que acabo de citar y el interés de los grandes terratenientes en que no se restituyera ni se otorgara tierra a pequeños productores que llevaban muchos años trabajando el campo.

Históricamente el problema de la tenencia y control de la tierra ha carecido de soluciones efectivas que garanticen la sostenibilidad del campo colombiano, las voluntades políticas giran en torno a los intereses de grandes multinacionales que mediante mecanismos legales amañados buscan apoderarse de grandes porciones de tierra fértil para establecer allí monocultivos o extraer minerales, una modalidad agrícola y extractiva lesiva y peligrosa para la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades tanto rurales como urbanas.

Esto sin mencionar que en Colombia se ha venido dando algo a lo que los teóricos llaman reconfiguración cooptada del estado que se da cuando grupos al margen de la ley y demás actores violentos inciden en la política local de poblaciones en todo el territorio nacional para poner los aparatos gubernamentales al servicio de intereses oscuros, entre estos el despojo de tierras y por ende el desplazamiento forzado.

En este caso es necesario mencionar el despojo a manos de los paramilitares y las grandes multinacionales – aliadas en muchos casos con los primeros – que se dedicaron a expandir sus unidades bélicas y productivas en muchos territorios y corredores estratégicos despojando de sus propiedades a campesinos y colonos asentados durante muchos años allí.

Casos como el de multinacionales petroleras, mineras y agroindustriales al igual que de grupos paramilitares aún se repiten en nuestro país, basta con dar una mirada a varias zonas en las que se desarrollan monocultivos de caña de azúcar y alcohol carburante, palma de aceite, banano, café, etc. Y a grandes yacimientos de petróleo o minas de diversos minerales, entre estos el oro, este último reviste gran importancia al momento de explicar muchos conflictos dentro de las regiones pues su extracción se lleva a cabo de manera artesanal, legal, ilegal y a gran escala lo que origina diversos fenómenos sociales que trae implícitos la minería al momento de llegar a las comunidades a desarrollar sus actividades.

http://www.las2orillas.co/la-reforma-agraria-problema-las-tierras-sin-resolver-colombia/

miércoles, 22 de marzo de 2017

MÁS DE 10.000 NIÑOS SIN CLASES EN LA GUAJIRA POR POLITIQUERÍA Y CLIENTELISMO

MÁS DE 10.000 NIÑOS SIN CLASES
El enredo de los maestros en La Guajira

Educación
PABLO CORREA

El anuncio del Ministerio de Educación de contratar directamente a cerca de mil profesores desató un tráfico de influencias y presiones para que se nombre a personas que apenas tienen bachillerato.


Más de 10.000 niños en La Guajira siguen postergando el inicio de un nuevo año escolar mientras en el resto de Colombia los alumnos ya se acercan al final del primer trimestre de clases. Un tremendo lío en la contratación de profesores asignados a escuelas dentro de la jurisdicción de comunidades indígenas es la causa del retraso.

La ministra de Educación, Yaneth Giha, visitó el departamento la semana pasada. Vestida con una manta wayuu, hizo un recorrido por algunos centros educativos y durante esa jornada anunció que de los 15.000 niños que estaban por fuera del sistema escolar lograron que 4.555 regresaran a las aulas de clase, gracias a los acuerdos con distintas instituciones. El resto, prometió, lo haría a más tardar antes de terminar marzo. “Podemos trabajar en equipo, con todos aquellos que puedan sumar al proceso para sacar adelante la intervención a La Guajira”, manifestó Giha.

Pero el afán por salir del inconveniente podría terminar en un problema mayor, según varios líderes de la región consultados por El Espectador. En los últimos años, la mayoría de maestros que trabajaban en colegios dentro de la jurisdicción de pueblos indígenas eran contratados a través de empresas que concursaban por la administración de esas plazas. Así como ocurrió con la prestación de servicios de alimentación y de transporte, la corrupción política del departamento terminó afectando a los maestros y en la desviación de grandes sumas de dinero.

Cuando el Gobierno Nacional decidió intervenir al departamento, el Ministerio de Educación anunció, como una de las salidas para la inestabilidad en la que vivían los maestros, que comenzaría a contratarlos directamente. La noticia corrió como el viento por los municipios y también entre las autoridades indígenas que, por ley, tienen derecho a dar un aval a quien quiera enseñar en sus territorios.

“Ahora están contratando bachilleres”, dice una líder de la región. “Las autoridades tradicionales imponen a sus hijos y sobrinos. Ni siquiera importa si son buenos bachilleres o normalistas. ¿Esta gente, una vez se posesione, quién los va a sacar, quien les va a revocar esos nombramientos?”.

La tentación de ser contratado directamente por el Ministerio de Educación es grande. Sobre todo en un departamento donde los políticos suelen traficar con los contratos, cobrar coimas o intercambiar favores por votos. Los maestros contratados a través de empresas intermediarias muchas veces recibían menos de los 10 salarios al año garantizados por la norma. Quienes logren ser contratados por el Ministerio no sólo garantizarán una larga estabilidad laboral sino que su salario inicial será mayor. También saben que el pago suele ser puntual. De ahí el apetito que ha despertado la nueva oportunidad.

No es un problema menor que los maestros con licenciatura y experiencia terminen desplazados por bachilleres sin las debidas credenciales académicas. En Riohacha hay 17 centros educativos a la espera de que se resuelvan las negociaciones, y allí se contratarían unos 560 docentes directamente. En Maicao, 16 centros educativos están afectados y unos 520 maestros serían reclutados por el Ministerio de Educación. En Uribia son 16 centros educativos, más otros 18 dispersos en el resto del departamento.

“Hemos conocido casos de maestros a los que las autoridades indígenas les dicen que los avalan tan sólo por dos años mientras se gradúan sus hijos como bachilleres”, relata otra líder de La Guajira que prefiere mantener su nombre oculto para evitar problemas. A otros les están pidiendo un porcentaje del sueldo a cambio del aval.

Es un panorama difícil. El Ministerio de Educación, que desde la intervención del Gobierno en La Guajira asumió la responsabilidad del sector, tiene el tiempo jugando en su contra. Cada día que tarda en tomar una decisión es un día menos de clases para los niños. Para las autoridades tradicionales, mantener el poder de decidir la etnoeducación en sus comunidades es un asunto no negociable. Lograr establecer unos criterios mínimos de elegibilidad y que el aval de las autoridades indígenas se dé sólo a aquellos que los cumplan es parte de la solución.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Educación y a las autoridades tradicionales de diferentes comunidades para que lleguen a una concertación sana y sabia para hacer efectivo el derecho a la educación de los niños”, dicen los representantes de Fecode.

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-enredo-de-los-maestros-en-la-guajira-articulo-685644

martes, 21 de marzo de 2017

2017, OTRO AÑO DE CLIMATOLOGÍA EXTREMA, ADVIERTE OMM

2017 será también un año de climatología extrema, advierte la OMM
2016 ha batido todos los récords climáticos y este año continúa la tendencia

Este año abundarán los fenómenos atmosféricos extremos en todo el mundo debido al cambio climático, advierte la OMM. 2016 ha sido el más cálido jamás registrado: la elevación de la temperatura, en relación con la que había en la era industrial, alcanzó 1,1ºC, lo que supone un 0,06ºC más que el récord anterior establecido en 2015. Nuevos estudios señalan que el calentamiento de los océanos podría ser muy superior a lo que se cree en la actualidad.
Foto: Kimono

Los fenómenos meteorológicos extremos continúan en 2017, después de un año 2016 en el que la temperatura media del planeta alcanzó un nuevo récord, se redujo considerablemente el hielo polar, continuó aumentando el nivel del mar y los océanos siguieron calentándose. 

Lo señala la Organización Meteorológica Mundial en su declaración anual sobre el estado del clima mundial, coincidiendo con el Día Meteorológico Mundial, que se celebra el 23 de marzo. 

Este informe confirma que el año 2016 ha sido el más cálido jamás registrado: la elevación de la temperatura, en relación con la que había en la era industrial, alcanzó 1,1ºC, lo que supone un 0,06ºC más que el récord anterior establecido en 2015, señala el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, en un comunicado. 

Cada uno de los 16 años desde 2001 ha sido por lo menos 0,4 ° C por encima del promedio a largo plazo para el período base 1961-1990, utilizado por la OMM como referencia para el seguimiento del cambio climático. Las temperaturas mundiales siguen siendo consistentes con una tendencia de calentamiento de 0,1 ° C a 0,2 ° C por década, según el informe de la OMM. 

En 2016, las temperaturas de la superficie del mar han sido las más altas jamás obtenidas, al mismo tiempo que la elevación del nivel del mar se ha acentuado y que la superficie de la banquisa polar ha sido muy inferior a la normal la mayor parte del año.

Fenómenos extremos 

La OMM advierte asimismo que los fenómenos extremos siguen de actualidad en 2017 y que los estudios más recientes señalan que el calentamiento de los océanos podría ser muy superior a lo que se cree en la actualidad. 

Entre los fenómenos extremos que se observaron en 2016 se incluyeron sequías severas que llevaron a la inseguridad alimentaria a millones en el África meridional y oriental y en Centroamérica. El huracán Matthew causó sufrimiento generalizado en Haití como la primera tormenta de categoría 4 en llegar a tierra desde 1963, e infligió significativas pérdidas económicas en los Estados Unidos de América, mientras que las fuertes lluvias e inundaciones afectaron el este y el sur de Asia. 

La OMM advierte que las concentraciones de CO2 no dejan de batir nuevos récords, lo que atestigua cada vez más claramente la influencia de las actividades humanas en el sistema climático, advierte Taalas. 

El aumento del poder de las herramientas informáticas y la disponibilidad de datos climáticos a largo plazo han hecho posible hoy, a través de estudios de atribución, demostrar claramente la existencia de vínculos entre el cambio climático causado por el hombre y muchos casos de eventos extremos de alto impacto en ondas de calor particulares, añadió. 

Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron el índice de referencia simbólico de 400 partes por millón en 2015 - último dato disponible- y no caerán por debajo de ese nivel en muchas generaciones por la naturaleza duradera del CO2.

Fuente: OMM

El Ártico, cerca del deshielo 

El fenómeno El Niño, que se produce cada 4 o 5 años con una intensidad variable, provoca una elevación de la temperatura en el océano Pacífico, lo que a su vez desencadena sequías y precipitaciones superiores a lo normal. Este fenómeno climático alcanza su máxima intensidad hacia el final de cada año. 

Al menos tres veces durante este invierno, el Ártico ha conocido el equivalente polar de una ola de calor durante la cual ha habido días en que ha estado cerca del deshielo. 

La OMM señala que estos cambios observados en el Ártico y la pérdida del hielo marino o banquisa implican, a una escala mayor, una modificación de la circulación oceánica y atmosférica, lo que repercute sobre las condiciones meteorológicas en otras regiones del mundo. 

Por ejemplo, señala el informe, regiones canadienses y de una gran parte de Estados Unidos han disfrutado de una meteorología tranquila, mientras que otras regiones, por ejemplo en la península arábiga y norte de África, han registrado a comienzos de 2017 temperaturas anómalamente bajas. 

El Niño impulsó el calentamiento en 2016, además del cambio climático a largo plazo causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Las temperaturas en los años fuertes de El Niño, como 1973, 1983 y 1998, son típicamente de 0,1°C a 0,2°C más calientes que los niveles de fondo, y las temperaturas de 2016 son consistentes con ese patrón. 

Los niveles mundiales de mar subieron muy fuertemente durante el evento El Niño, con los valores de principios de 2016 alcanzando nuevos máximos históricos. La extensión global del hielo marino cayó más de 4 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio en noviembre, una anomalía sin precedentes para ese mes. 

Las temperaturas muy cálidas de los océanos contribuyeron a un importante blanqueamiento de los corales y provocó la mortalidad en muchas aguas tropicales, con importantes impactos en las cadenas alimentarias marinas, los ecosistemas y las pesquerías. 

http://www.tendencias21.net/2017-sera-tambien-un-ano-de-climatologia-extrema-advierte-la-OMM_a43816.html

viernes, 17 de marzo de 2017

DESPUÉS DE TRECE AÑOS DE OCURRIDOS LOS HECHOS FISCALIA PIDE INVESTIGAR A GENERAL POR FALSOS POSITIVOS

Fiscalía pide a la Corte Suprema investigar a general del Ejército por falsos positivos

Por José Marulanda

Trece años después, la Fiscalía General de la Nación apenas compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al hoy brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci por su participación en la ejecución extrajudicial del líder campesino del Putumayo Silvio Hernán Argotty y de un ciudadano ecuatoriano aún sin identificar, conocido sólo como Amilkar. La denuncia la hizo el abogado defensor de derechos humanos Alexander Montaña, quien representa a la familia de una de las víctimas.

El caso ocurrió en el año 2004 en el Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, cuando integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia le entregaron al Ejército, según este abogado, a los dos hombres que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Debido a la impunidad que ha reinado en este caso, la defensa de las víctimas tomó la decisión de llevarlo a instancias internacionales.

Se espera que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia acepte el caso y se disponga a investigarlo y precise la responsabilidad del alto mando militar en esta ejecución extrajudicial.


http://www.pazificonoticias.com/fiscalia-pide-a-la-corte-suprema-investigar-a-general-del-ejercito-por-falsos-positivos/

jueves, 16 de marzo de 2017

POR PRESIÓN MILITAR SE MANIPULÓ ACUERDO DE LA HABANA EN EL CONGRESO

¿Se manipuló el acuerdo de La Habana en el Congreso?
   
"...sólo los soldados -como actores materiales de delitos- serán juzgados y sancionados, “mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes


Las víctimas de crímenes de estado denuncian la modificación unilateral del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y advierten de que puede derivar en una declaración de inconstitucionalidad.


¿Cuánto ha cambiado la Jurisdicción Especial de Paz desde La Habana?, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Se ha excedido el Gobierno en sus atribuciones? Este lunes, tras cuatro debates y sesiones maratonianas, quedaba refrendado en el Senado la ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr). Pero el texto final no es el mismo que salió del acuerdo de paz de La Habana firmado entre el Gobierno y las FARC. Incluye unos cambios sustanciales sobre los que advierten el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Más allá del contenido, se trata de modificaciones unilaterales que, a su juicio, “exceden” las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso para la implementación de los acuerdos y por ello podrían incurrir en una declaración de inconstitucionalidad como ya ocurrió con el decreto ley 2204 de 2016 sobre la Agencia de Renovación del Territorio Sentencia (C-160 de 2017).

Por ello este miércoles han emitido un comunicado en el que exigen al Gobierno y al Congreso de la República que la implementación del Acuerdo Final “respete lo pactado entre las partes y lo ya previamente refrendado por el propio Congreso”.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación da cobijo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Tras el debate del lunes, el Movice critica que las proposiciones realizadas, y aprobadas, por miembros los de la bancada de la Unidad Nacional y avaladas por el Gobierno no solo modifican “sustancialmente” elementos del Acuerdo Final, sino que “afectarán de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado”. En este sentido resaltan especialmente que se restringe la posibilidad de investigar y sancionar la financiación de los grupos paramilitares, se limita la participación de las víctimas en la Sala de Reconocimiento de la Verdad y se debilita la responsabilidad de la cadena de mando en los crímenes de Estado. El Movice destaca que los partidos que promovieron estas proposiciones “son quienes más se han visto implicados en las investigaciones por parapolítica y han tenido que ver cómo varios de sus miembros han sido condenados, destituidos o procesados por la Justicia por sus nexos con grupos paramilitares”.

Financiación paramilitar

Las asociaciones rechazan que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares. En este sentido recuerda que esta situación es aún más censurable cuando el Acuerdo Final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad.

La modificación introducida en el acto legislativo sobre esta cuestión fue presentada por el senador Germán Varón Cotrino. Ahora solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. La JEP ahora sólo podrá sancionar a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiación y la comisión de un crimen concreto.

“Esto olvida que la financiación del paramilitarismo en su conjunto garantiza el funcionamiento sostenido de grupos que se dedican sistemáticamente a la comisión de crímenes de carácter internacional y de graves violaciones a los derechos humanos”, lamenta el Movice quien insiste en que “sin desmonte del paramilitarismo no habrá paz estable y duradera”.

Las víctimas y el Tribunal para la Paz

Los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos como insumos para que el Tribunal para la Paz citara a presuntos responsables ya no serán suficientes. El Senador Roosvelt Rodríguez –ponente del Acto Legislativo- presentó y consiguió el apoyo para una modificación que dice querer prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos. El Movice lamenta que esta proposición “equipara un trabajo serio y riguroso de documentación realizado durante décadas por las organizaciones y víctimas, con este tipo de prácticas criminales”.

La presión militar y la cadena de mando

Para el Movice, en el acuerdo final sobre la JEP ha quedado en evidencia, una vez más, “la presión del estamento militar sobre el poder civil”. Las Fuerzas Militares han logrado debilitar la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Con el texto aprobado, el Estado modifica principios del Derecho Internacional (Artículo 28 del Estatuto de Roma) que tendrá como consecuencia que sólo los soldados -como actores materiales de delitos- sean juzgados y sancionados, “mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes”.

Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes en toda la discusión, dentro y fuera del Congreso, para exigir que no se dilatara más la implementación y se aprobara el Sivjrnr, como instrumento “fundamental” para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

En ese sentido, saludan la incorporación de las proposiciones que incluyen el enfoque territorial y de género, la participación de las víctimas en todas las etapas del Sistema Integral, la eliminación de la figura de la sostenibilidad fiscal como requisito para la reparación de las víctimas y la garantía de que esta sea una reparación integral y no sólo pecuniaria. “Seguiremos trabajando incansablemente por una paz que nos reconozca y dignifique”, concluye el comunicado.

Equipo Colombia Plural
Fotos: Arianna Giménez

https://colombiaplural.com/se-manipulo-acuerdo-la-habana-congreso/


La ONU critica con dureza el blindaje de los militares en la JEP

El informe 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia advierte sobre las restricciones, vacíos y ambigüedades de la ley de Amnistías o de la JEP en cuanto a los funcionarios públicos. Exige el reconocimiento de los crímenes de Estado.


Paco Gómez Nadal
Foto: Nelson Cárdenas
El informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2016 no es complaciente con la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Si bien reconoce la oportunidad y el esfuerzo de las instituciones y de las propias FARC, el representante Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (HCHR, por sus siglas en inglés), Todd Howland, lanza varias señales de alerta referidas a la legislación, a la seguridad en áreas rurales, a las vagas garantías de no repetición y a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Respecto al Acto Legislativo que se aprobó esta semana en el Congreso que pone en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), el HCHR cree que “restringe y distorsiona el marco legal que deben aplicar los magistrados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas militares o de la policía y no cumple con los estándares internacionales sobre responsabilidad del superior y del mando”. De hecho la ONU pide a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, que se pronuncie al respecto para aclarar “las normas aplicables relacionadas con la responsabilidad del superior”.

Tampoco cree la ONU que Ley 1820 sobre amnistías e indultos (Ley de Amnistía) cumpla con el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos: “La ley incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento. También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas”. Tal y como quedó formulada la ley, “puede favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

En general, el informe correspondiente a 2016, plantea muchas dudas sobre cómo serán tratados los funcionarios públicos (militares y civiles) que hayan sido señalados por crímenes en el marco del conflicto armado. “El Alto Comisionado lamenta que, en un estado de derecho, no se haya asignado a una entidad independiente e imparcial, sin ninguna relación con los posibles beneficiarios, la tarea de postular los funcionarios públicos que serán considerados para la libertad condicional. Además, la ley no establece criterios objetivos y basados en derechos para evaluar la elegibilidad. Tampoco establece un sistema efectivo para el seguimiento y control de los miles de posibles beneficiarios, con el fin de evitar la obstrucción de la justicia y la intimidación de las víctimas y los testigos”.

Crímenes de Estado


Para la ONU, los avances en el reconocimiento de los hechos de guerra aún es parcial e insuficiente. En el caso de las FARC, el informe destaca los actos de reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos en los casos de La Chinita, en Apartadó, en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca o en la muerte de un líder afrocolombiano en Nariño, pero estas solicitudes de perdón sólo “cumplirán su objetivo una vez las víctimas las acepten y comiencen a recibir los beneficios de acciones más amplias de reparación”.

También reconoce la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno en el genocidio de la Unión Patriótica, pero, insiste Howland en su informe, “el reconocimiento de las violaciones cometidas por servidores públicos debe tomar en cuenta las dimensiones estatales, políticas, institucionales e individuales, en su totalidad. Amplios sectores oficiales y políticos aún niegan que agentes del Estado hayan perpetrado graves violaciones, incluso en los casos en que el Presidente ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado. Garantizar que el reconocimiento tenga un efecto reparador para las víctimas es uno de los retos políticos, legales y culturales transcendentales del proceso de construcción de paz”.

Esta falta de reconocimiento del papel de los agentes del Estado en la guerra sucia y el exceso de vaguedad de las referencias en el Acuerdo de Paz a las garantías de no repetición se quedan cortos. “La no-repetición implica reformas estructurales institucionales, con la participación de las víctimas y de la sociedad, a fin de garantizar el respecto, la protección y la garantía de los derechos humanos y el goce de una vida digna”.

En general, a la ONU le preocupa que el SIVJRNR pueda naufragar ante “la ambigüedad y la falta de precisión en los nuevos mandatos institucionales y marcos legales, la necesidad de recursos, la superposición de las funciones y el gran número de casos que deben ser procesados”. El esfuerzo de “coherencia y coordinación” que tendrán que hacer las instituciones del Estado es monumental.

La Colombia invisible requiere especial atención


Ese esfuerzo deberá ser más intenso allá donde hay menos presencia del Estado. La HCHR está especialmente preocupada por la seguridad y el futuro en las zonas rurales: “Se requiere urgentemente fortalecer la presencia integral de las autoridades civiles y cumplir plenamente sus responsabilidades de respetar, proteger y garantizar todo el espectro de derechos humanos de la población rural, antes de que se consoliden nuevas formas de control ilegítimo por parte de terceros”. Y es que, además del abandono secular de las zonas rurales, la ONU constata que “los actores vinculados al crimen organizado (incluyendo el transnacional), el crimen local, las disidencias de las FARC-EP, así como los grupos armados organizados del ELN y el Ejército de Liberación Popular (EPL), compiten por el control, la explotación y los réditos de las actividades económicas ilegales. La pobreza, marginalización y falta de oportunidades en estas áreas, en su mayoría rurales, sumada a la débil presencia del Estado y la corrupción, facilitaron el desarrollo de las actividades económicas ilegales. La violencia derivada de estas actividades económicas afecta a las comunidades, sus líderes y a las autoridades locales”, reza el informe.

De hecho, según la ONU, de los 59 líderes y lideresas asesinados en 2016 -aseguran que hay más víctimas mortales pero que no eran líderes-, 43 (el 73%) desarrollaban su labor en zonas rurales. Detecta la Oficina del Alto Comisionado que en 2016 se incrementaron esas agresiones en zonas rurales y, especialmente, en aquellas de las que las FARC comenzó a salir. También alerta sobre la detención de hasta 11 líderes en capturas que se convierten en “detenciones prolongadas antes de que el acusado seas liberado por falta de pruebas”. “Se requiere una revisión de esta situación que involucra a la Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo, así como la forma en que se emplea la inteligencia militar para el impulso de las investigaciones penales”. Y, aunque valoran en el informe el esfuerzo de la Fiscalía en estos casos, reiteran el alto índice de impunidad relacionado con los casos de agresiones y asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos.

En materia de seguridad, la ONU también manifiesta su preocupación sobre la asignación de roles para luchar contra la inseguridad que persiste en le país y “observa con preocupación la intervención de las fuerzas militares en las tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social hasta la lucha contra el crimen organizado”. Y esta realidad es fruto de la confusión de roles y de la herencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, la que pone a las fuerzas militares a luchar contra el enemigo interno. “La Oficina reitera que las fuerzas militares no son responsables de la seguridad ciudadana. Constitucionalmente, tienen la finalidad de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La policía nacional tiene la responsabilidad de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades”. Esta realidad parece especialmente grave cuando esta Oficina constató en 2016, al menos, 11 ejecuciones extrajudiciales perpetradas “por miembros del ejército o de la policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Una de las víctimas era una niña”.

De las ejecuciones extrajudiciales “del pasado” también se preocupa Howland, quien, tras reconocer al Ministerio de Defensa y al Ejército por admitir los hechos, insiste en que, “teniendo en cuenta los patrones en la planificación, comisión y encubrimiento de los ‘falsos positivos’, no se puede limitar la responsabilidad a los autores materiales. Solo uno de los 14 generales del ejército actualmente bajo investigación por estos hechos fue llevado a juicio”.

Por estas irregularidades y para definir el papel de las fuerzas militares en el país, la ONU cree que hay que dar pasos más acelerados ya que “el proceso de reforma militar, civil y policial establecido en la Ley de Inteligencia (2013) no ha avanzado al ritmo necesario para la construcción de paz y de una manera que asegure a la población que no se repetirán las violaciones de derechos humanos del pasado”.

El informe profundiza sobre aspectos como el acceso a la salud o, en general, a los derechos económicos y sociales. Seguiremos analizando sus contenidos.

(Descargar el Informe Derechos Humanos 2016)

https://colombiaplural.com/la-onu-critica-dureza-blindaje-los-militares-la-jep/


 
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