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lunes, 11 de diciembre de 2017

COLEGIOS E INSTITUCIONES DEBEN VELAR POR NEUTRALIDAD RELIGIOSA, COLOMBIA RAJADA EN SEPARACIÓN ESTADO-IGLESIA

Colombia rajada en separación Estado-iglesia
  
Los colegios públicos no deben organizar misas católicas o cultos evangélicos. Deben velar por la neutralidad

Colombia es un Estado laico desde la Constitución de 1991, tal hecho ha sido ratificado en varias ocasiones por la Corte Constitucional...No obstante, estos fallos siguen siendo abiertamente ignorados o contrariados

“La laicidad protege a todos los ciudadanos de cualquier acto discriminatorio en virtud a su creencia o no creencia”

Por: Ferney Yesyd Rodríguez Vargas

Foto: La Guajira Hoy

Una alcaldesa cristiana que entrega las llaves de su municipio a Jesucristo, autos de la Policía Nacional participando de las procesiones de la Virgen del Carmen, dineros públicos para pagar a un chamán para que no llueva, más de 20 millones de pesos del erario gastados en un día en Pueblo Nuevo (César) para promocionar la lectura de la Biblia, y decenas de casos más hacen parte del primer informe titulado Estado de la laicidad en Colombia (2010-2017).

Según el informe realizado por la Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo y por la Asociación de Ateos de Bogotá, la laicidad, o dicho de otra manera, la separación entre Estado e Iglesias, es muy débil en Colombia, alcanzando 28 puntos sobre 50 en el índice de laicidad. En el 2010, cuando era procurador Alejandro Ordóñez, el valor era de 18 puntos.

Colombia es un Estado laico desde la Constitución de 1991, tal hecho ha sido ratificado en varias ocasiones por la Corte Constitucional, que ha manifestado que las acciones del Estado no deben tener sentido u orientación religiosa. También ha declarado que los dineros públicos no pueden destinarse para promocionar o favorecer a culto alguno, por más mayoritario que este sea. No obstante, estos fallos siguen siendo abiertamente ignorados o contrariados.

Hay sectores que niegan que Colombia sea un Estado laico. Dentro de este grupo puede incluirse al precandidato presidencial y destituido exprocurador Alejandro Ordóñez, y varios políticos evangélicos o pentecostales que creen, erróneamente, que laicidad es lo mismo que ateísmo de Estado.

En un Estado laico, el Estado y sus instituciones no entran a favorecer o desfavorecer a un credo religioso. Se deben mantener neutrales frente a toda creencia. Los recursos públicos no deberían invertirse en días de la Biblia, conciertos góspel, contratar chamanes, traer al papa, o cosas similares. Tales eventos los pueden realizar las iglesias libremente con sus dineros, sin que el Estado entre a identificarse o favorecer el proselitismo de una determinada religión.

Justo esto último fue lo que la Corte Constitucional le pidió a la Policía Nacional en el 2016, cuando obligó a uno de sus patrulleros, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a realizar una oración por la Iglesia Católica en el púlpito de un templo católico en el marco de la Semana Santa en Villavicencio. Como el patrullero se negó, obtuvo una anotación negativa en su hoja de vida, este tuteló y en primera instancia perdió. La Corte Constitucional al revisar la tutela le pidió a la Policía no solo retirar la amonestación negativa a su patrullero, sino evitar realizar actos religiosos en los que se identificara con un credo, recordándole que Colombia es un Estado laico.

Algo similar ocurrió en el colegio público Carlos Lozano y Lozano de Fusagasugá, donde una docente de la Iglesia Ministerial era obligada a estar en misas católicas y hasta se le pidió tener que hacer un rezo “desde su creencia”. La solicitud de exoneración de la maestra no fue atendida por el coordinador, lo que la llevó a tutelar. En la revisión de la tutela, que también se perdió en primera instancia, la Corte Constitucional pidió la suspensión de la obligatoriedad de asistir a misas o cualquier acto religioso tanto para docentes como estudiantes, y recordó, nuevamente que Colombia es un Estado laico. Los colegios públicos no deben organizar misas católicas o cultos evangélicos. Deben velar por la neutralidad que debe caracterizar a las instituciones de un país laico.

En el informe presentado se muestra como en muchas instituciones educativas públicas no solo se hicieron actos religiosos obligatorios sino que se presentaron logros tales como “Reconoce a Jesús como su salvador personal” y similares. También menciona un concurso de altares a la virgen en un colegio público en Cúcuta, donde todos los estudiantes, fueran católicos, ateos, testigos de Jehová o evangélicos, debieron aportar para estos.

La laicidad protege a todos los ciudadanos de cualquier acto discriminatorio en virtud a su creencia o no creencia. En los casos en los que políticos o funcionarios fundamentalistas han buscado imponer sus convicciones en la esfera estatal, son las minorías religiosas, las minorías sexuales, ateos y agnósticos, los que se han visto afectados en sus derechos fundamentales, como lo muestran los casos anteriormente señalados.

Algunos clericalistas (los que desean ver en la ley sus prohibiciones religiosas y favorecer a su credo) mencionan como argumento la invocación de Dios en el Preámbulo de la Constitución. A esto hay que señalar que, por una parte, se trata de una invocación y no de una declaración de que la legislación colombiana proviene de un determinado Dios o religión, y segundo, que el Dios del Preámbulo puede ser cualquiera que los ciudadanos consideren, ya que no hay una religión oficial en Colombia. Puede tratarse de Jesús, Jehová, Krishna, la Pachamama, o una fuerza impersonal. Nada implica que sea el Dios de Alejandro Ordóñez o el de los talibanes los que dicten las normas civiles en Colombia.

El informe presentado este año ha revelado que en los colegios públicos y las fuerzas militares y de policía son los espacios en donde más se viola la separación entre Estado e iglesias.

Para llegar a calificar la situación de la laicidad en Colombia en la categoría de “deficitaria” se analizaron los aspectos del estatus legal (en el que salió bien librada), la participación política de las iglesias, la presencia de símbolos religiosos en entidades públicas, la realización de actos religiosos en entidades públicas, la educación, salud, libertad de expresión, los derechos de las mujeres y sector poblacional LGBTI, así como la exigencia de las autoridades al cumplimiento de normas ambientales y urbanísticas a las iglesias.

Las organizaciones que generaron este informe concluyen que Colombia tiene un marco normativo sólido para la laicidad, fortalecido en gran parte por la jurisprudencia de la Corte Constitucional; sin embargo, el Estado Laico aún está en proceso de consolidarse.

Para pensadores como el filósofo Fernando Savater: “El laicismo no es una opción institucional entre otras; es tan inseparable de la democracia como el sufragio universal”.

Fuente: https://www.las2orillas.co/colombia-rajada-en-separacion-estado-iglesia/

sábado, 9 de diciembre de 2017

ANTE NUEVO INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO SANTOS CITAN A MINGA NACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Ginny Alba detalló que cerca del "95 % de los acuerdos firmados han sido incumplidos por parte del gobierno".

Reproducción del afiche utilizado para convocar a una Minga indígena colombiana, por la defensa de los derechos humanos. / Cortesía Ernesto Ché Mercado

Indígenas colombianos: La práctica del gobierno de Santos es incumplir los acuerdos

Del 10 al 12 de diciembre se reunirá nuevamente la Minga Nacional de los pueblos originarios, para reclamar el fin de los asesinatos de líderes indígenas.

Niños indígenas cruzan un puente en Buenos Aires, una comunidad militarizada en el Departamento de Vaupés, 28 de octubre de 2017. Cortesía Ernesto Ché Mercado

Los pueblos indígenas colombianos han convocado para el 10 de diciembre a la realización de una Minga o encuentro nacional, en defensa de sus derechos humanos.

La consigna del evento revela el carácter de su reclamo: "En tiempos de paz, nos siguen matando".

Se trata de un segundo intento de visibilizar las demandas que llevaron a los pueblos indígenas del sur de Colombia a cortar importes carreteras, de varios departamentos de ese país, para reclamar al gobierno de Juan Manuel Santos el incumplimiento de acuerdos firmados por ambas partes.

El escenario sigue sin modificarse. Y aunque se levantaron las protestas tras la firma de nuevos acuerdos, la exigencia es la misma: que se cumplan.

"Los acuerdos con el gobierno cumplen las expectativas de los pueblos indígenas porque se fundamentan en nuestras demandas históricas. Lo que no llena las expectativas es el nivel de incumplimiento y las estrategias que emplea el gobierno colombiano para dilatar u obviar sus responsabilidades", indicó a RT Ginny Katherine Alba, secretaria técnica de la comisión de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Ese incumplimiento gubernamental, opina la activista indígena, originó "los escenarios de movilización y protestas en todo el territorio nacional".

Las demandas

Ginny Alba detalló que cerca del "95 % de los acuerdos firmados han sido incumplidos por parte del gobierno".

A grandes rasgos, las principales demandas de los pueblos originarios de Colombia se concentran en temas como:
  1. Protección a personas, pueblos y comunidades indígenas.
  2. Prevención y generación de garantías para salvaguardar a los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado.
  3. Consolidación de una política estructural de derechos humanos.
  4. Tareas de desminado humanitario en territorios indígenas (eliminación de minas anti persona).
  5. Atención especial a los casos de desplazamientos forzados y confinamientos.
  6. Garantías integrales a los territorios de los pueblos indígenas.
La secretaria de la comisión de derechos humanos habló sobre los asesinatos de líderes indígenas y defensores de derechos humanos, y precisó que al menos "98 % de los casos denunciados se encuentran en estado de impunidad".

Militarización

La presencia de tropas del ejército en territorios indígenas de Colombia es una capítulo aparte en las disputas con el actual gobierno. 

Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.Constitución de la República de Colombia

El gobierno de Santos ha reiterado que la presencia de la fuerza pública garantiza los derechos de las personas. No obstante, Ginny Alba considera que "la fuerza pública representa uno de los actores que vulneran los derechos de los pueblos indígenas de forma sistemática".

Por otra parte, identifica "una relación directa" entre la presencia militar y la entrada de "mega proyectos de exploración y explotación de yacimientos minerales en nuestros territorios". Además denunció el reagrupamiento de los grupos paramilitares, "a pesar de la presencia militar".

La minga y los medios


Al finalizar la minga indígena de noviembre pasado, el periodista Paco Gómez Nadal cuestionó, por medio de un artículo, la poca cobertura que la prensa colombiana e internacional ofreció a la movilización de más de 100.000 indígenas.

Lo describió como "ese vasto terreno de la invisibilidad" que únicamente es superado "cuando retienen a agentes de la policía o del Ejército. Entonces, los 'indígenas' vuelven a ser los 'bárbaros' que están en contra de una 'civilización'".

Ernesto Mercado Jones es un periodista con más de cinco años de trabajo en Colombia. En su opinión, la gran prensa de ese país suramericano no ofreció cobertura a la minga "porque el gobierno se negó a atender a los indígenas".

Sólo los enfrentamientos en los que hubo heridos o detenidos "consiguieron primeras planas o titulares de televisión", aseguró Mercado.

Consultado por RT, dijo que luego de varios días de cortes de ruta, el presidente Santos "envío unos delegados y mas tarde acudieron algunos ministros. En líneas generales, los medios de comunicación más importantes, en algunos momentos, protegen al gobierno hasta que ya no lo pueden hacer más. A eso se le llama silenciar".

Ernesto J. Navarro

Fuentehttps://actualidad.rt.com/actualidad/257114-indigenas-colombianos-practica-gobierno-santos

lunes, 4 de diciembre de 2017

LA NEFASTA Y VELADA POLÍTICA DE DISCIPLINAR LA INVESTIGACIÓN

No se puede disciplinar la investigación

Carlos Eduardo Maldonado


Están pretendiendo controlar el pensamiento mismo de los investigadores. Ya no solamente el de los educadores y profesores. Con ello, de consuno, se trata de controlar a posibles futuros lectores, a los estudiantes y a una parte de la sociedad. Una empresa de control total.

Una tendencia peligrosa tiende a hacer carrera en muchas universidades hoy en día, con paso cada vez más apretado y voz cada vez más elevada. Se trata de los intentos por disciplinar la investigación. Esto es, que los economistas deben publicar en revistas de economía, los administradores en revistas de administración, los politólogos en revistas de su disciplina y los médicos, por ejemplo, en las revistas de su área.

Se les quieren cortar las alas a los investigadores para que publiquen en revistas diferentes a su propia disciplina, y es creciente la tendencia a que, por ejemplo, para efectos de reconocimiento por producción intelectual, se valore poco y nada publicar artículos de alta calidad en revistas de otras áreas, incluso aunque esas revistas puedan ser 1A.

Esta es una tendencia evidente en Colombia y en otros países. Por tanto, cabe pensar que se trata de una estrategia velada que sólo se podría ver como anomalías locales. Falso.

Se trata, manifiestamente, de un esfuerzo cuyas finalidades son evidentes: adoctrinar a los investigadores y ejercer un control teórico —ideológico, digamos—, sobre su producción y su pensamiento. Y claro, de pasada, cerrarle las puertas a enfoques cruzados, a aproximaciones transversales, en fin, a la interdisciplinariedad.

Esta es una política a todas luces hipócrita: en efecto, mientras que de un lado cada vez más los gestores del conocimiento hablan de la importancia de la interdisciplinariedad, de otra parte se cierran; de un lado, en los programas de enseñanza y de otra parte, en los procesos mismos de investigación; libertades básicas que corresponden a lo mejor del avance del conocimiento en nuestros días.
Ciertamente que el conocimiento en general puede tener un avance al interior de cada disciplina. Pero ese progreso es limitado, técnico y minimalista. Dicho con palabras grandes: ese avance beneficia a la disciplina, pero deja intacto el mundo. No cambia para nada la realidad, ni la de la naturaleza ni la de la sociedad.

En realidad, disciplinar la investigación corresponde a la emergencia y consolidación del capitalismo académico. Bien vale la pena volver a leer, incluso entre líneas, el libro fundamental de Slaughter, S., and Rhoades, G., (2009). Academic Capitalism and the New Economy. Johns Hopkins University Press. Un texto invaluable sobre el cual los gestores del conocimiento en países como Colombia han arrojado un manto de silencio. Mientras que en los contextos académicos y de investigación de algunos países desarrollados sí es un motivo de reflexión y crítica.

Están pretendiendo controlar el pensamiento mismo de los investigadores. Ya no solamente el de los educadores y profesores. Con ello, de consuno, se trata de controlar a posibles futuros lectores, a los estudiantes y a una parte de la sociedad. Una empresa de control total.

En muchos colegios, los mecanismos de control ya están establecidos, notablemente a partir de las fuentes que trabajan; los libros, por ejemplo, muchos de ellos, concentrados en dos o tres fondos editoriales. El control ya viene desde las editoriales elegidas por numerosos colegios para la formación del pensamiento de los niños.

En las universidades se ha establecido ya la elaboración de los syllabus y de los programas. La libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, como se decía, quiere ser más cercenada y manipulada. Incluso hay numerosos lugares donde se discuten colectivamente los programas, todo con la finalidad de ajustarlos finalmente a los syllabus.

Y a nivel de la investigación, el más reciente, el control ha venido a introducirse justamente con el llamado a la publicación de artículos en revistas de la disciplina. La libertad de pensamiento (= investigación) queda así limitada, si no eliminada.

En un evento internacional hace poco conocí a un profesor que había estudiado un pregrado determinado, había hecho su doctorado en otra área en un país europeo, y como resultado investiga en otros temas diferentes; pero, como pude comprobarlo, en investigación de punta (spearhead science). Pues bien, este profesor anda por medio país, y ahora por medio continente, buscando trabajo, pues las convocatorias en muchas ocasiones exigen disciplinariedad. Así, por ejemplo, haber estudiado economía y tener un doctorado en economía. De manera “generosa” (ironía), se escribe con frecuencia: “o en áreas afines”. Economía es aquí tan sólo un ejemplo.

El subdesarrollo —eso ha quedado en claro hace ya tiempo— no es un asunto de ingresos, dinero o crecimiento económico. Es ante todo una estructura mental. Pues bien, con fenómenos como los que estamos señalando, las universidades están reproduciendo las condiciones del atraso, la violencia, el subdesarrollo y la inequidad. Por más edificios que compren o reestructuren, por más aparatos y dispositivos que introduzcan en las clases y en los campus.

Como se aprecia, parece haber toda una estrategia política. Y sí, la política se ha convertido en un asunto de control y manipulación, no de libertad y emancipación.

Disciplinar la investigación es, en muchas ocasiones, un asunto de improvisación, en otras, una cuestión de mala fe (en el sentido Sartreano de la palabra), y en muchas ocasiones también un asunto de ignorancia.
Muchos profesores, simplemente por cuestiones básicas de supervivencia, terminan ajustándose a elaborar programas en concordancia con los syllabus, y a investigar y publicar en acuerdo con las nuevas tendencias y políticas. Por miedo, por pasividad. Pero siempre hay otros que conservan su sentido de independencia y autonomía.

Como sea, en el futuro inmediato, parece que el problema no se resolverá a corto plazo. Debemos poder elevar alertas tempranas contra la disciplinarización de la investigación. Y hacer de eso un asunto de discusión, estudio y cuestionamiento. Son numerosos los amigos y colegas que conozco que enfrentan este marasmo.

Diciembre 3 de 2017

Fuente: https://www.desdeabajo.info/ciencia-y-tecnologia/33031-no-se-puede-disciplinar-la-investigacion.html

domingo, 3 de diciembre de 2017

EL VERDADERO NOMBRE DE LA PAZ


El verdadero nombre de la paz 

Por: William Ospina

Los estudiosos de la historia de Colombia habrán advertido repetidas veces que los procesos de paz que diseña la dirigencia colombiana nunca traen la paz al país.

A veces logran un alivio momentáneo de las tensiones sociales, como en la amnistía a los guerrilleros liberales de los años 50, que fueron después traicionados; a veces crean la ilusión de un gran cambio histórico, que los meses se van encargando de atenuar, como en la reinserción del M-19; a veces desencadenan nuevas violencias, como los diálogos con las Farc en tiempos de Belisario Betancur, que produjeron el holocausto de la Unión Patriótica, o como los diálogos del Caguán, que intensificaron la violencia paramilitar.

Ello debería enseñarnos, no que la paz no es posible, sino que es compleja, y que requiere enfrentar en su profundidad las causas de la violencia y empeñarse en corregirlas. Mientras los esfuerzos sean parciales, es un error llamarlos la Paz, porque se generan unas expectativas que la realidad no tarda en disipar.

Hasta ahora la característica común de esos procesos es que siempre procuran señalar la responsabilidad de uno de los bandos: guerrilleros liberales, M-19, Farc, paramilitares, pero la dirigencia nacional siempre se absuelve a sí misma. Es más, siendo grandemente responsable de las condiciones que producen la violencia y que la prolongan, la dirigencia que formatea esos procesos siempre es la que juzga y la que perdona, o la que acusa y prohíbe el perdón.

Más que otras veces, ahora se ha llamado pomposamente paz al proceso de desarme y desmovilización de las Farc, aunque nadie ignora que es largo el camino que va de La Habana a una paz verdadera. Por varias razones: una, porque el conflicto con las Farc, siendo tan largo y tan costoso en vidas y en recursos, es apenas uno de los muchos conflictos que vive Colombia. Existen otras guerrillas, existe la violencia del narcotráfico, existen las bandas criminales, el nombre que ahora reciben los paramilitares al servicio del narcotráfico aliados con la delincuencia común, existen muchas formas activas del crimen organizado, múltiples formas de economía ilegal, algunas altamente depredadoras de la naturaleza, y un creciente fenómeno de corrupción que agrava el sentimiento de desamparo de las comunidades y su desencanto ante la política.

Como la naturaleza, la violencia colombiana le tiene horror al vacío, y en su caldo de cultivo no se puede hacer desaparecer a un actor violento sin que venga otro a reemplazarlo enseguida, a veces con mayor ferocidad. Las Farc, por ejemplo, eran crueles e implacables en su lógica de secuestros y asaltos, pero como necesitaban de los campesinos tenían que obrar como un escudo de protección para los pequeños cultivadores desamparados por el Estado, de modo que su desaparición, en el contexto de un Estado que tiene dificultades para reemplazarlos en sus funciones e incluso para garantizar su segura desmovilización, podría dejar a los cultivadores en manos de la violencia sin freno de las mafias.

Es el caso en que males más incontrolables reemplazan a los males conocidos: un proceso de paz tendría no solo que prever estas cosas sino que estar en capacidad de resolverlas, si no quiere obrar como el aprendiz de brujo que libera una fuerza y después no sabe cómo contenerla. Además, de algún modo habría que aprovechar esas fuerzas antes ilegales, que pueden volverse aliadas del Estado, para que contribuyan al avance de una mínima institucionalidad que le sirva a la gente sin violencia y con beneficios reales.

El diálogo reciente careció de un proyecto de juventudes en un país donde los jóvenes son la guerra. La prueba de que este es un conflicto parcial es que el diálogo se centró en asuntos agrarios siendo Colombia un país donde el 80 por ciento de la población está en las ciudades. Miles y miles de jóvenes sin oportunidades, sin educación, sin un horizonte de vida que les ofrezca dignidad y seguridad, tienen que venderse a la violencia porque sólo la violencia les brinda algún ingreso.

Quien esté interesado en la paz de Colombia tiene que considerar una estrategia de ingreso social que les brinde a los jóvenes la posibilidad de sobrevivir y capacitarse, cumpliendo tareas que fortalezcan su sentimiento de pertenencia a la sociedad y su compromiso con ella. En un momento de la historia en que el mundo entero requiere planes de reforestación, protección de la naturaleza, cambio de paradigmas en el modo de vivir y de consumir, recuperación de valores esenciales, solidaridad, acompañamiento de sectores vulnerables, liderazgo cultural y reinvención de los modelos de emulación social, es prioritario brindar a los jóvenes la oportunidad de protagonizar los cambios civilizados, para lograr incluso algo asombroso pero harto posible: que la proverbial abnegación de los jóvenes les permita ser ejemplares para una sociedad que nunca supo ser ejemplar con ellos.

La dirigencia le ha fallado tanto al país que cierto rechazo popular a los acuerdos se debe a la creencia de que les van a dar a los reinsertados oportunidades que el resto de la sociedad no ha tenido.

Lo alarmante del plebiscito de octubre de 2016 no es que el No haya ganado con el 20 % de los votos, y ni siquiera que el Sí apenas haya obtenido menos del 20 %, sino que el 80 por ciento de la población le haya dado la espalda a un proceso que era una gran oportunidad para el país. Porque una indiferencia del 60 % y un rechazo del 20 % prometen poco en términos de aclimatación social de una paz que no puede llegar si la ciudadanía no se la apropia, una paz que en realidad ni siquiera hay que hacer con la ciudadanía sino en la ciudadanía. La paz tienen que ser los ciudadanos: sólo ellos pueden ser la convivencia y la reconciliación, sólo ellos pueden ser el perdón y la memoria, la solidaridad y la construcción de otra dinámica de la vida en comunidad.

El crecimiento actual de los cultivos ilícitos nos debe recordar que la hoja de coca es uno de los únicos productos de la pequeña agricultura colombiana que tienen demanda y consumo en el mercado mundial. Bien sabían los funcionarios de Naciones Unidas que formularon el malogrado proyecto de diálogo del Caguán que no sería posible un proceso de paz sin una suerte de Plan Marshall para la reconstrucción del campo colombiano, que no fue arruinado sólo por la guerra sino por una política de desmonte de la agricultura, un cierre de oportunidades para los pequeños productores y un retroceso de la economía al extractivismo del siglo XVI.

Diseñar la economía pensando sólo en vender las riquezas naturales, explotando el suelo desnudo, despojó de estímulos a la producción, vulneró la ética del trabajo, estimuló el culto a la riqueza sin esfuerzo y fortaleció la corrupción, porque las sociedades vigilan y defienden sobre todo lo que es fruto de su labor, la economía que brinda subsistencia pero también sentido de pertenencia y dignidad. Si el mundo quiere la paz de Colombia no puede seguir consumiendo sólo su petróleo, su carbón y su cocaína, tiene que contribuir a la reconstrucción de la economía real, que podría ser una floreciente alianza de la productividad con el conocimiento, en uno de los países más biodiversos del mundo.

Ya la economía cafetera, que le permitió al país vivir modestamente pero con dignidad durante cien años, ha demostrado que hay formas posibles muy refinadas de participación de una sociedad campesina en el mercado mundial. La producción cafetera, democrática, sofisticada y ejemplar, tendría que ser un modelo, aunque estoy lejos de pensar que en nuestra época podamos vivir sólo de la pequeña producción campesina.

Pero también hay una combinación alarmante en Colombia: una clase terrateniente que es dueña de la mitad de la tierra productiva, pero que no tiene ninguna vocación empresarial. A nadie le importaría de quién es la tierra si produjera lo que puede y tributara lo que debe, pero esos millones de hectáreas a la vez confiscadas e improductivas, la cósmica ineptitud de un modelo de propiedad que sólo adora el alambre de púas, están en la base de muchos de nuestros males.

La corrupción de hoy, la danza de los millones en la contratación pública, que ha corrompido la ley y la justicia, reposa sobre una corrupción anterior: la privatización de los mecanismos electorales, la construcción de un Estado de privilegios que se reelige manteniendo a la ciudadanía en la ignorancia y en la indiferencia. Esa es la otra violencia, que está en la raíz de todo, y que hace que cada diez años haya que hacer una reinserción de guerreros pero que nunca se haga el urgente proceso de paz entre el Estado y la sociedad, entre la vida y la política.

Sólo una cosa podemos esperar hoy: que la expectativa que ha despertado en un sector consciente de la sociedad el proceso de diálogo y la desmovilización de las Farc, unido al tremendo desprestigio de la dirigencia colombiana, a la que le interesa mucho desarmar a los insurgentes pero no abrirle horizontes de participación y de iniciativa a la comunidad, despierte en sectores cada vez más amplios la necesidad de un nuevo proyecto de país y el afán de hacer realidad unas reformas económicas y sociales que han sido aplazadas por muchas décadas, y la condena histórica a una dirigencia que persiste en su mezquindad y en contagiar su discordia. No sólo los mercaderes que envilecen la política, sino los grandes poderes económicos que se lucran de la miseria, de la depredación de la naturaleza y de la entrega del país al pillaje legal e ilegal.

El verdadero nombre de la paz en Colombia es democracia: el fin de las maquinarias y el diseño de una economía que beneficie por fin a la gente, y sincronizar la agenda nacional con la urgente agenda del mundo: energías limpias, protección de la naturaleza, detener y revertir el cambio climático, poner a la comunidad en el primer lugar de las prioridades, y convertir la cultura en el dinamizador de una sociedad de creación.

(Leído el 28 de noviembre en el Coloquio Salida de la Violencia, Construcción de la Paz y Memoria Histórica, en la Casa de América Latina en París).

 https://www.elespectador.com/opinion/el-verdadero-nombre-de-la-paz-i-columna-726331

sábado, 2 de diciembre de 2017

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN EMANCIPADORA

Los derechos no se negocian
En defensa de la educación (nuestra)


Fernando Buen Abad Domínguez

Incluso la burguesía, que alguna vez tuvo cierta sensatez endógena en su etapa revolucionaria, entendió la importancia Histórica y Cultural de consolidar estructuras coherentes para la de formación de los cuadros y las instituciones que irían a dar consistencia teórica y continuidad super-estructural al capitalismo. Incluso, ellos entendieron que los patrimonios históricos debían ser preservados y, aunque los interpretaron a su antojo y conveniencia, aceptaban un cierto carácter de inviolabilidad y conservación necesarios para orientar la formación intelectual de las clases sociales. Incluso a sabiendas de sus luchas irreconciliables. Así fuese en condiciones de desigualdad y exclusión sistémicas.

Pero algo les pasó. Una mutación “genética”, en las entrañas mismas de las luchas inter-burguesas, produjo su monstruo neoliberal que, muy velozmente, les ha carcomido lo que de más valioso tuvo la burguesía en campo de la Cultura y la intelectualidad, para reducirlo todo a un modo salvaje del comercio donde sólo importa endiosar mediocres y mediocridades para engordar cuentas bancarias. Los más ignorantes de las corporaciones se aliaron para devaluar y desacralizar incluso los “valores” más queridos por las burguesías -más diversas- incluso aquellas que no cursaron el antecedente histórico de las aristocracias. Gestaron el neoliberalismo como forma de la bestialidad y la barbarie capaz de sobrevivir desinteresado de la Historia, de los patrimonios y de los baluartes que representan, incluso para la clase dominante, adueñarse de la memoria cultural de los pueblos. Quedó todo reducido al amor por la usura desaforada.

Por eso avanzan como hordas taradas de avaricia, contra la educación que la propia clase dominante forjó con sus fundamentos ideológicos y sus paradigmas civilizatorios de clase. Avanzan y destruyen el suelo educativo que heredaron mientras escupen para arriba su saliva de ignorantes funcionales a las lujurias privatizadoras. Son incapaces de pensar su estupidez y para disfrazarla contratan intelectuales serviles para que les decoren la estulticia con sus ontologías del ego mercantil. Están destruyendo lo que su propia clase produjo y todo lo que pudo haber surgido en las refriegas históricas hacia la descolonización del conocimiento. Están destruyendo las bases y los cimientos. Se vende todo. Demuelen bibliografías y bibliotecas, aulas y paraninfos, éticas y estéticas. Se vende todo y nada importa. Se vende lo tangible y lo intangible, se vende la instrucción y se vende la educación. ¿Quién da más?

En ese mercadeo demoledor de la Educación se tiene, a cambio, la nada misma. Lo que llegan a proponer algunos atrevidos es el engendro parvulario de sus inteligencias minúsculas preñadas con el “estiércol del diablo” para inundar con saliva de miserables la vacuidad de sus argumentos, la miseria de sus “ideas” y crimen de lesa humanidad implícito en atacar con toda impudicia e impunidad el derecho fundamental de los pueblos a la Educación, pública, gratuita y libre, actualizada, dinámica y transformadora. Educación secuestrada por intereses de mercado, por parásitos de la ignorancia y por burócratas de las cuentas bancarias. El neoliberalismo es una debacle destructora que incuba aguantaderos de mercachifles, unas veces camuflados como “funcionarios públicos”, otras veces como “empresarios” que se adueñaron del poder para cumplir su epopeya nihilista ante sus espejos de nada. Con trajes de “marca” y risas falsas. Eso sí.

Hasta hoy, ninguno de los argumentos esgrimidos por las jaurías neoliberales que atacan el Derecho a la Educación, tiene sustento, prueba, ni lógica social alguna. Se trata de esperpentos inconsultos sacados de un manual de necedades donde reina por su estupidez la peregrina idea de que hay que convertir a la educación en un negocio done se rinda culto al productivismo burgués y el servilismo de esclavos. Sueñan con entrenar a los pueblos para que sean sumisos y eficientes desmemoriados que entienden el éxito profesional como resultado de odiar a sus iguales. Quieren siervos dispuestos a competir como fieras pero con modales de burócratas para consolidar una cultura universal de la hipocresía en el que sólo vale el dinero que se invierta en los bancos, en las casa, en los coches y en los trajes. Supremasismo de gerentes.

Y nos vienen con sus flatulencias intelectuales a imponer “evaluaciones”, auditorias, exámenes… diseñados por la mano de los amos que sólo ven en la Educación una forma de extorsión rentable para sacrificar la inteligencia de los pueblos, sacrificando su derecho educarse y su derecho a empoderarse socialmente con el saber que la humanidad acumuló y que es de propiedad colectiva. Así nos fue en Chile, en Perú, en Colombia por ejemplo.

Entendida como fuerza emancipadora la Educación está aún en pañales. Eso no quiere decir que no tenga orientadores conceptuales clave que se han constituido en base fundamental para consolidar una dirección revolucionaria en materia de Educación. Lo que no hemos consolidado es la fuerza social organizada capaz de hacer carne los idearios disponibles hasta ahora, para hacer de la Educación una praxis cotidiana de la descolonizarnos teórica y metodológica. Tenemos inoculados todos los manuales inventados por la ideología de la clase dominante para convencernos del conocimiento es relativo, incompleto o imposible. Que la razón prima sobre la realidad. Que el individuo es más que el grupo y que el producto es mejor que el proceso. Positivismos, conductismos, estructuralismos, posmodernismos y, además, todo tipo de misticismos. Ha sido una historia extenuante que ahora remata con neoliberalismo.

No hemos visto lo mejor de una Educación emancipadora y revolucionaria garante de la libre maduración de la ciencia y garante, así, de una sociedad libre. Tal como Martí lo quería “ser culto para ser libre”. No hemos visto la unidad de todas las fuerzas sociales coordinada para defender una Educación liberada de toda amenaza de mercachifles y no hemos visto el libre desarrollo de la investigación científica capaz de proveernos la epistemología emancipadora necesaria en la praxis de la inteligencia sin límites de clase. Tenemos muchos logros, muchas bases y muchas experiencias extraordinarias pero las tenemos como archipiélago inconexo. Falta la unidad de todas esas partes hacia un todo dinámico que sea capaz de frenar con su movilización, la ofensiva neoliberal contra la Educación y sea capaz, sobre todo, de crear para esa Educación una situación revolucionaria inédita. Hemos de poder.

Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión/Instituto de Cultura y Comunicación UNLa

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/189577

viernes, 1 de diciembre de 2017

¿ES POSIBLE OTRA REALIDAD POLÍTICA EN EL TOLIMA?




Inútil es creer que en un país centralista, los partidos políticos tradicionales y centralistas crearán progreso regional. Desde el albor frentenacionalista, los partidos transmutaron en baronías electorales socialmente insensibles, ideológicamente insolventes y éticamente gelatinosas y por ende no fiables. Esta seria razón suficiente para creer que el Tolima debe idear y edificar otra realidad política que haga posible su progreso y, de paso, conjurar ese absurdo hechizo que lleva a personas decentes y capaces a creerse buenos políticos solo porque son duchos en artimañas electorales y no expertos en construcción de desarrollo.

Así muchos sufran de ese hechizo, que podría ser pasajero, la región cuenta con actores potenciales del desarrollo, especialmente gente joven, que renovada en cordura, decoro y mentalidad, puede cambiar la historia del Tolima y de ahí que es sensato y aconsejable no caer en maniqueísmos y si revivir la fe en que las personas cambien para que todo cambie, o lo mismo: “si a uno le gustan las mariposas no puede andar por ahí pisando las orugas”. 

Pensar que el país debe reconstruirse desde las regiones es aceptar tácitamente la teoría que señala que ello solo es posible si nos negamos a orbitar sobre caudillismos heredables apiñados concupiscentemente en agencias electorales sin doctrinas, principios e ideología y por ende sin proyecto político. Se colegirá entonces que construir la “región Pijao” exige forjar cultura de desarrollo, sentido histórico y otra realidad política, cosa viable si muchos de “los tres millones de tolimenses” optamos por crear un partido político regional.

De ser oída y acometida, la propuesta rompería la inercia histórica del Tolima porque las ideas regionalistas y un colectivo realmente democrático, causarían hechos nuevos como: afirmar la nacionalidad desde la región y no desde el centro; crear empoderamiento local y regional como virtud para lograr peso político especifico nacional; inducir el concepto de región autonómica; hacer lecturas tolimensistas desde la complejidad y diversidad de los municipios; animar enfoques estratégicos en cada subdivisión geopolítica regional; honrar el bien común; imprimir ética al ejercicio político; instar a la cohesión, la coherencia y los acuerdos desde una visión compartida de futuro; orientar y determinar el rol político de líderes y militantes; erradicar los primitivos personalismos y grupismos.

Un colectivo político tolimensista moderno, dinámico y legitimado por el elevado sentido histórico de su misión política y su visión estratégica, avivará la identidad y la unidad social para encarar el futuro; enaltecerá la democracia política al basarla en ideas de democracia económica afirmadas en el hecho de que siendo cierto que el desarrollo supone negocios, igual es cierto que los negocios no siempre suponen desarrollo; probará que los planes de desarrollo hoy son un orfeón sofístico y pragmático que no permea la voluntad de quienes deben encarar la hegemónica e inequitativa economía de mercado y restaurar el capital social y solidario; ratificará, refutando ficciones que impone el gran poder, que entre más regionalistas seamos más universales seremos. En nuevo escrito ampliaré la propuesta.

Astutos si son quienes detentan el centralismo económico y político. Como el sagaz ladrón que grita… ¡cojan al ladrón!, ellos ahora embolatan el clamor de la Colombia olvidada con iniciativas riesgosas para sus verdaderos propósitos. Enfoque territorial, descentralización y reforma política son neo promesas de los que jamás se harán el harakiri con reformas de tal alcance, pero que sí alucinan a quien rehúsa admitir que las grandes reformas nacen de la lucha colectiva de sociedades conscientes, unidas y decididas a lograr sus sueños y no de pueblos donde está arraigado el espíritu gregario y la resistencia al cambio.

Todo cambiará si los tolimenses, con un renovado enfoque sistémico de nuestro propio territorio, logramos peso político específico frente al país para que así la descentralización sea conquista y no falsa promesa centralista y este histórico hecho de empoderamiento solo surgirá de un partido regional cuyo sesudo y veraz proyecto político sea el progreso del Tolima. La dura experiencia ya tendría que habernos enseñado que el solo fin electoral de un partido político actual o alianzas y coaliciones, así sea de buena intención (?), lejos está de tener margen de maniobra alguno para cambiar nuestra endémica realidad.

Negar la idea de que el desarrollo y la universalidad se construyen desde dentro y no por dádiva ajena es ahijar la ruina política del Tolima. Explico esta aserción con uno de tantos casos sabidos: la Comunidad Autónoma Vasca o País Vasco, en sus 7234 Km2 (30.7% del Tolima) ha logrado un nivel de desarrollo muy superior a la media de las 17 autonomías Españolas y por sí misma (algo innegable) es región tan universal como lo es España y, en gran medida, estos logros se deben a 4 o 5 partidos políticos raizales, el más histórico el PNV (Partido Nacionalista Vasco) fundado en 1895 y que hoy gobierna esta comunidad y no tanto al PP ni al PSOE, partidos nacionales y tradicionales. El tema daría para largo.

Desde este enfoque de lo político-regional parafraseo un viejo refrán y digo que es mejor ser cabeza de guatín que antediluviana cola de dinosaurio y de este modo argüir que, visto cualitativamente, es más grande un partido regional autentico que un anacrónico partido nacional y asimismo argüir que desde lo regional seremos actores de la política grande, en tanto que en el centralismo partidista, solo víctimas o súbditos del politiqueo menudo. Se colegirá entonces que todo es cuestión de girar 180º “la tuerquita paradigmática”

En la tertulia casual suele oírse que el Tolima es liberal, conservador o renovador, según el contertulio. Tan respetable juicio no significa que un buen “gen político” deba estar atado a la antigualla política, pues es realmente posible que a un partido regionalista y pluralista converjan “genes” tradicionalistas, aperturistas y alternativos para cambiar la historia del Tolima y de paso forzar a partidos y actores políticos nacionales a compartir una dialéctica sensata sobre el desarrollo socioeconómico tolimense. Finalmente señalo que así algunos adalides del cambio rotulen esta idea con un pálido “no se puede”, al menos queda como constancia de que más que a la protesta, nos conviene ejercer el derecho a la propuesta.

 ALBERTO BEJARANO ÁVILA
Ibagué, Colombia

LA VERDADERA GUERRA EN COLOMBIA NO HA TERMINADO, LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO...

FOTO COLPRENSA. 

“La verdadera guerra colombiana no ha terminado. Tumaco es prueba de ello” 

 “La verdadera guerra colombiana” que despoja y asesina a quienes habitan los territorios apetecidos por el capital...NO HA TERMINADO

Nuestro sistema educativo es el más bajo en el país, ¿así, cómo un pueblo se puede desarrollar? Es imposible. En eso casi no se piensa. El sistema de salud ni se ...

 Daniel Vargas


 La realidad que padece el Pacífico colombiano, en particular el municipio de Tumaco, es retomada de manera pormenorizada por la edición Nº55 de la revista "Noche y niebla". La evidencia de que la guerra prosigue en el territorio, resalta una vez más.
 
“Lamento tener que darles una mala noticia: la verdadera guerra colombiana no ha terminado, Tumaco es una de las múltiples pruebas de ello”. Con estas palabras inició su intervención el padre Alejandro Angulo en la rueda de prensa citada el pasado jueves 9 de noviembre en el Cinep para presentar la más reciente edición (Nº 55) de la revista Noche y Niebla*, correspondiente al primer semestre de 2017. Y unos segundos después enfatizó, refiriéndose a “la verdadera guerra colombiana” que despoja y asesina a quienes habitan los territorios apetecidos por el capital: es una guerra que “[...] ha añadido, ahora, su fase jurídica en la cual las armas se combinan con la injusticia institucionalizada en la restitución de las tierras robadas”.

Además del sacerdote Angulo, coordinador del Banco de datos del Cinep. a la presentación asistieron los presbiteros Arnulfo Mina Garcés –Vicario general de la Diócesis de Tumaco–, Javier Giraldo Moreno, y el director del Centro de Investigaciones, Luis Guillermo Guerrero.

En su exposición, quien con sus palabras abrió la rueda de prensa, también se refirió a las declaraciones del presidente Santos del pasado 3 de noviembre, cuando afirmó que la Fiscalía tiene información sobre el 50 por ciento de los casos de la masacre del pasado 5 de octubre en Tumaco –todavía impunes– e indicó que este año han sido ultimados 47 dirigentes comunales y que, según la Fiscalía, “no hay un patrón que se haya encontrado en esos asesinatos, la mayor razón que explica cada caso es por razones personales”.

No digan más mentiras. El padre Angulo citó el informe de la Defensoría del Pueblo de marzo de este año, en el que “declara de forma inequívoca que el riesgo de la vida para quienes se empeñen en defender la dignidad de las personas o prestar un servicio público honesto y transparente, es un riego bastante alto; Tumaco es una prueba de ello”. Enfatizó, además, que en este municipio hay una agudizada lucha por el control territorial entre varios grupos armados.

Según el mismo informe, al menos 120 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, 33 fueron objeto de atentados y 27 fueron agredidos, en todo el país. Los responsables son los grupos armados resultantes de la desmovilización de las autodefensas, dedicadas a la apropiación y despojo de tierras e impedir futuros procesos de reparación y restitución a las víctimas, por medio de amenazas y persecuciones a líderes sociales y comunitarios, sindicales y víctimas de desplazamiento forzado.

Es relevante la intervención de particulares vinculados con estos grupos, que se oponen a la restitución de tierras y que estigmatizan a los movimientos sociales y políticos que buscan la reparación y restitución a las víctimas, o reformas en materia agraria, como auxiliadores de la guerrilla. “[...] estos crímenes tienen motivos personales, sí; es una persona que le quiere robar la tierra a otra persona y por eso la mata. Pero no tienen razón en decir que no se haya encontrado un patrón en esos asesinatos”.

Por su parte, el padre Arnulfo Mina, Vicario de la Diócesis de Tumaco, agradeció al Cinep “por visibilizar las regiones olvidadas por el Estado colombiano [...] por su compromiso cristiano y por solidarizarse con aquellos quienes no tienen voz [...]”.

“El Gobierno tiene una deuda histórica con toda la región del Pacífico; pueblos totalmente olvidados, sin presencia del Estado contundente –muy a medias–. Ha facilitado, infortunadamente, ese cúmulo de necesidades insatisfechas de nuestras comunidades [...] estamos en boca de todos porque ocupamos el primer puesto –deshonroso– de municipios con mayor cantidad de hectáreas cultivadas con coca (17 mil). Esto es, claro, un polvorín y confluyen todos los problemas”.

Tumaco, ha sido bañado de sangre, y continúa siendo víctima del crecimiento exponencial de la violencia en su territorio. Según el padre Arnulfo, si el Gobierno no toma medidas a favor del pueblo, el derramamiento de sangre será mucho mayor. Una de las causas principales es “el narcotráfico que se ha apoderado de la zona [...] Nosotros habíamos advertido –desde la Diócesis de Tumaco– al Gobierno y a las autoridades competentes que si no copaban al territorio, lo que se nos venía iba a ser muy difícil”.

El sacerdote denunció que en el casco urbano de este municipio hay fronteras invisibles, lo que da cuenta de las disputas que han desbordado las áreas rurales. En ese sentido resulta tiránica la presencia militar en lugar de la inversión social del Estado. “La fuerza pública hace lo que puede, hasta donde puede, pero si no hay inversión social, lo que logra la fuerza pública es muy poco, crea muchos más problemas”.

También habló de otros problemas estructurales. “[...] Nuestro sistema educativo es el más bajo en el país, ¿así, cómo un pueblo se puede desarrollar? Es imposible. En eso casi no se piensa. El sistema de salud ni se diga –si en Bogotá existe el paseo de la muerte ¿qué será en Tumaco, en el casco urbano y, peor, en las veredas y en otros municipios?”.

“[...] El problema del narcotráfico le ha quedado grande al país. Aunque el señor Presidente reciba regaño de su colega de Estados Unidos –que es una responsabilidad compartida, entre otras cosas, no lo van a acabar fácilmente, porque no hay oportunidades. Hoy somos la región donde más coca hay, pero esos recursos de la coca no se quedan allí; los grandes capitales se quedan en las grandes ciudades del país y en el exterior, lo que queda en Tumaco es la mínima parte, apenas para subsistir. Por eso algunos campesinos están allí. Mientras el Gobierno no se comprometa con programas concretos de sustitución de cultivos ilícitos [...] habrán muchos más muertos”.

Es evidente que un 90 por ciento de la población, si no toda, está de acuerdo con la sustitución, pues el flagelo de la guerra y la zozobra por el accionar bélico de las fuerzas militares y de los grupos armados ilegales, no les permite vivir en tranquilidad. El Vicario señaló como acciones indispensables la construcción de vías para el transporte y la creación de mercados estables para la comercialización de los productos agrícolas que se dan en la región. Contrario a esto, habló del Plan Atlas que representa un aumento sustancial de militares y policías “¡¿En dónde queda la inversión social?!”, exclamó.

“Ojalá el Estado nos de alternativas de solución a este problema, o si no –tal vez sea un exabrupto esto que digo aquí– si le quedó grande esto del narcotráfico pues legalice. Se que no suena bien y se que hay muchos condicionamientos internacionales, pero que convoque [...] a los gremios del país, se discuta y se asuma el riesgo. Y ahora sí, desde el tejido social, de la familia que es la célula madre de la sociedad; desde las instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades) emprender ese trabajo de prevención porque [...] Tumaco dentro de unos cinco años, si no hay un plan de prevención y sabiendo que el excedente de la droga que no se exporta se consume en Colombia, tendrá una crisis de salubridad pública alarmante”.

Sumado a esto, es importante resaltar que en Tumaco hay un serio problema con la creación arbitraria de Juntas de acción comunal en territorios de comunidades negras y resguardos indígenas pues hay luchas de poderes y de intereses, y surgen múltiples cuestionamientos sobre el propósito de estas Juntas en estas zonas. A simple vista se prevé roces entre las comunidades ancestrales (afro e indígenas) y los colonos que lleguen a ocupar el territorio.

Con el panorama descrito por los sacerdotes, tiene pleno sentido aquello de que la “verdadera guerra colombiana no ha terminado”.
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* La edición de la histórica revista que por décadas ha efectuado un seguimiento exhaustivo al tema de la violencia política y social en Colombia, registrando de manera pormenorizada el genocidio sufrido por las mayorías de nuestro país, está dedicada en esta ocasión al Pacífico colombiano, en particular al municipio de Tumaco. En sus notas y estadísticas lo abordado por quienes escriben esta nueva edición, logran evidenciar la problemática económica y política que padecen las mayorías que habitan este municipio, con claros signos de sufrir una crisis humanitaria, que puede empeorar.

Fuente: https://www.desdeabajo.info/colombia/33015-la-verdadera-guerra-colombiana-no-ha-terminado-tumaco-es-prueba-de-ello.html

miércoles, 29 de noviembre de 2017

EN COLOMBIA MUEREN 320 PERSONAS AL AÑO POR CÁNCER ASOCIADO AL ASBESTO

Foto: Green Peace


En Colombia, cerca de 320 personas mueren al año de cáncer relacionado con la exposición a las partículas de asbesto según un estudio realizado por la organización internacional Green Peace. El asbesto es un mineral que se utiliza en diferentes sectores industriales, pero principalmente en la construcción. En el Congreso se podría hundir la ley "Ana Cecilia Niño", que busca prohibir este material en el país, si no se aprueba en su último debate.

Gonzalo Strano, vocero de Green Peace en Argentina, explicó que, luego de siete proyectos que se han presentado en el Congreso de la República, sólo el octavo fue aprobado por la Comisión VII del Senado. Ahora, a la ley le hace falta entrar en el último debate para que sea aprobada en su totalidad. (Le puede interesar: "El drama de la salud de las comunidades de la Guajira por la minería en el Cerrejón")

El vocero indicó que existen 6 tipos de asbesto y en el país se utiliza el crisotilo “que tiene ventajas para la industria porque es barato y tiene resistencia al fuego”. Sin embargo, el problema que presenta es que “es sumamente peligroso para la salud” en la medida que es un mineral cancerígeno. Afirma que con solo respirar una fibra de este material “es muy probable que la persona quede expuesta a un cáncer, que se desarrolla en 20 años”.

La peligrosidad del asbesto radica en que las pequeñas fibras, cuando son aspiradas, se pegan a los pulmones y se va creando un tumor cancerígeno que genera una enfermedad que se llama abestosis que “es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por esto ha sido prohibido en más de 57 países”.
A LA LEY “ANA CECILIA NIÑO” LE HACE FALTA UN DEBATE EN EL CONGRESO

Ana Cecilia Niño fue una de las víctimas mortales del asbesto y durante su vida, se dedicó a luchar para que el país prohibiera el asbesto. Cuando murió, Daniel Pineda, su esposo, conformó el movimiento "Colombia sin Asbesto" del cual Green Peace es aliado. Allí, han desarrollado diferentes campañas para visibilizar el tema y “se logró presentar por octava vez ante el Congreso de Colombia, un proyecto de ley que prohíba esta sustancia en Colombia”. (Le puede interesar: "Víctimas no estarían recibiendo óptima atención en salud mental: MSF")

Desde Green Peace han destacado el apoyo y la movilización de la ciudadanía en el país para lograr que el proyecto de ley fuera tenido en cuenta y se votara a favor. Ahora, la ciudadanía espera que se establezca la fecha para el debate que le resta a la ley "Ana Cecilia Niño" que busca preservar la vida y la salud de los colombianos.
ETERNIT EXPORTA PRODUCTOS SIN ASBESTO Y EN COLOMBIA LO SIGUE UTILIZANDO

Strano manifestó que la lucha para que las empresas como Eternit dejen de utilizar el asbesto como material para la creación de implementos industriales, ha sido muy difícil en la medida que “es un sector que tiene muchísima fuerza”.

Diversas organizaciones han evidenciado que esta empresa “ya tiene los sustitutos del asbesto y los está utilizando en otros productos que decide exportarlos porque la mayor parte de los países del mundo no permiten el ingreso de productos con asbesto”. Sin embargo, para Colombia, se desarrollan productos con asbesto.

Esta dualidad fue denunciada por Green Peace en donde manifestaron que “no se va a acabar el trabajo de Eternit pero existen sustitutos que son menos perjudiciales y que pueden ser utilizados en la construcción”. Sin embargo, recalcaron que la industria Eternit ha mantenido un silencio absoluto y hacen lobby para presionar a los congresistas para que no se aprueben las leyes.

Finalmente, Strano indicó que en Colombia mueren 320 personas al año por estar expuestas al asbesto y “no son solo trabajadores, mueren vecinos de las fábricas, hijos y familiares de gente que en algún momento trabajó para Eternit, por ejemplo”. Por esto, se ha hecho énfasis en que la abestosis no es una enfermedad laboral, sino que representa un peligro para toda la sociedad.

Fuente: http://www.contagioradio.com/en-colombia-mueren-320-personas-al-ano-de-cancer-asociado-a-la-inhalacion-de-asbesto-articulo-49546/

CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA, OBLIGA AL GOBIERNO SANTOS DECLARAR 585 MIL HECTÁREAS MAS, LIBRES DE MINERÍA EN LA SIERRA NEVADA

Arhuacos y Gobierno llegan a acuerdo sobre minería en la Sierra Nevada

Foto: La Plena – Prensa Alternativa y Popular del Caribe.

Una delegación de los arhuacos y otra del gobierno nacional, llegaron a un principio de acuerdo que declara 585 mil hectáreas adicionales, de la Sierra Nevada de Santa Marta, libres de actividad minera.

Los arhuacos unidos en la Confederación Indígena Tayrona, obligaron al gobierno colombiano a sentarse el pasado fin de semana en Valledupar, alrededor de reclamos concretos de respeto a la Sierra Nevada de Santa Marta, su territorio ancestral, afectado por la minería descontrolada, los desalojos y la presencia criminal del paramilitarismo.

Leonor Zalabata, comisionada de Derechos Humanos de la comunidad arhuaca, presente en el encuentro con los ministros del interior y de minas del gobierno colombiano, calificó el acuerdo logrado como muy importante. Quedó creado un espacio abierto de diálogo permanente entre las partes, al final de las conversaciones.

El ministro de ambiente Luis Guillermo Murillo hizo notar que ya existen en la Sierra Nevada de Santa Marta 40 mil hectáreas protegidas en el Parque Nacional Natural y que con el nuevo espacio libre de minería acordado se logran casi un millón de hectáreas libres de minería.

De manera intensa y ordenada, centenares de arhuacos bajaron de la Sierra hasta Valledupar, capital del Cesar, marcharon por las principales arterias de la ciudad y, acompañados por sus mujeres y niños, llegaron hasta el frente de la alcaldía municipal, donde entregaron denuncias sobre el peligro de desaparición de su comunidad, la contaminación de los ríos y el desconocimiento de la declaratoria de la Corte Constitucional que protege a la Sierra Nevada bajo la figura de Territorio Sagrado.

Al finalizar la reunión entre la comunidad arhuaca y los ministros, la CIT reafirmó la defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta contra la minería y la suspensión de más licencias pedidas al gobierno.

Por Libardo Muñoz
Periodista. Ganador en 1992 y 1994 del premio Distrital de Periodismo de Cartagena de Indias, categoría prensa, por sus reportajes.

Fuente: Agencia prensa rural
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article22408

domingo, 26 de noviembre de 2017

NOSOTROS, LOS TRES MILLONES DE TOLIMENSES, INICIATIVA DE LA “CASA DE LAS COLONIAS”


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PARTE I 


ALBERTO BEJARANO ÁVILA

Todo indica que los mentores de las cíclicas prospecciones de desarrollo del Tolima suelen desdeñar la lectura antropológica, sociológica e histórica de la región. Esta ilógica elusión explica por qué los copiosos bienes públicos siempre satisfacen el interés personal y nunca el bien común, porqué el “efecto” de las estrategias de desarrollo económico es el empleo y no que todo tolimense sea copartícipe de una región de dueños y por qué el demagogo utiliza nuestros anhelos como argumento para urdir impudor, clientelismo y codicia.

En pocas líneas planteo por qué la lectura social no guía la ética, la visión y la estrategia. De tres millones de tolimenses vivos (una cifra cabal atañe a investigadores y académicos) cerca del 50% (campesinos, desplazados, desempleados, indígenas, informales, excluidos) hacen difusa presencia corpórea en el territorio y sólo en época electoral son plenamente visibles, visitables y elogiables. Esto es más que sabido y por ello ahí lo dejo.

El otro 50% de coterráneos vivos, socialmente ignorados y políticamente invisibles, es de los hijos, hermanos, padres y amigos, que se vieron obligados emigrar a otras regiones o países porque la miopía y torpeza de quienes por décadas gestionaron su terruño sólo causaron pobreza e infortunio. “Lo malo no es la fuga de cerebros, lo malo es la fuga de corazones”, reza el axioma oído de un buen amigo y que me es útil para denotar angustias, enterezas y afectos, enormes como montaña, que tecnócratas, teóricos y políticos no ven o esquivan.

De oídas y no como efecto de una ética política que reconozca y honre al tolimense donde él esté, se sabe que todo aquel que sólo tuvo la opción de emigrar, haya “triunfado” o no, sufrió nostalgia, desarraigo, xenofobia y exclusión y, para su fortuna, también conoció qué es convivencia civilizada, solidaridad, modernidad, prosperidad, calidad de vida. Grato es saber que el terruño vibra en el alma del tolimense donde él esté, pero causa grima saber que el Tolima es “autista” frente a las penurias, añoranzas y sueños de aquellos que un día tuvieron que marchar en búsqueda de las oportunidades que su tierra siempre les negó.

Irónico y vergonzoso sería que al investigar sobre calidad de vida de nos, los tres millones de tolimenses, se supiera que hoy vive mejor el tolimense ido que quienes acá moramos y que él entraña mayor potencialidad de saberes y oportunidades y, por ende, que sería un determinante actor virtual del progreso regional. El emigrante, tan tolimense como Usted y como yo, merece atención y respecto y, en muchos casos, nuestra solidaridad.

Para ser socialmente justos, modernos y progresistas, tenemos que construir una cultura humanista e inclusiva que vea al coterráneo en lejanía no como recuerdo pálido, sino como persona con voluntad, compromiso y aptitudes que pueden converger hacia el verdadero desarrollo regional y, por ello, creo que la tarea de cambiar el rumbo al Tolima, así parezca ingenuo y opuesto al pertinaz pragmatismo, exige priorizar el gran reencuentro de los tres millones de coterráneos y así reconocer el valor de las personas como punto de partida.

PARTE I I

El Tolima tiene 47 municipios físicos e Ibagué 46 municipios virtuales. Con esta afirmación inicio la segunda parte del escrito anterior (título ídem) para sumar, de modo propositivo, los “1.5 millones” de tolimenses que habitamos la región a los “1.5 millones” que tuvieron que partir y así totalizar una lectura sociológica tolimensista que los planificadores podrían acoger para idear un firme esbozo estratégico-social que rescate los conceptos de equidad y bienestar social de la vacía retórica electoral que, como “Sherazade” astuta, cada día nos “echa” uno de sus mil y un cuentos para preservar dominios y evadir muertes políticas.

Una extrapolación empírica (que la academia debería examinar) lleva a concluir que de la población nativa de cada uno de los otros 46 municipios tolimenses, cerca del 35% habita en Ibagué. Esta realidad, difusa para quien sólo ve el orden social con lente electoral, nos permite afirmar que esos 46 municipios tienen raíz virtual en Ibagué, hecho que revelaría palmariamente una singular formación histórica de nuestro hábitat y en consecuencia una potencialidad humana diversa que facilita pensar la cohesión social pluriterritorial como estrategia para reconstruir a Ibagué reconstruyendo social y económicamente al Tolima.

Esta visión de sociedad y contexto territorial facilita sugerir, como reiterada iniciativa, que el Alcalde de Ibagué y el Concejo Municipal, inviten a 46 alcaldes y concejos municipales a instituir en el municipio capital la colonia de cada uno de sus municipios y a crear el “Foro Permanente de Alcaldes y la Asamblea anual de Concejos Municipales”, para que todos los 47 municipios, como realidad sistémica y con sostenidas dinámicas sinérgicas en lo social, económico y ambiental, aseguren total correspondencia de las visiones, las estrategias y los planes de desarrollo de sus municipalidades con el plan de desarrollo departamental. 

Por sus connotaciones históricas no es errado creer que el Panóptico, hoy “papa caliente”, es sitio ideal para fundar la Casa de las Colonias y sus 47 sedes, para levantar allí el padrón de cada colonia, tallar 49 escudos, ondear 49 banderas (sumo la de Colombia y el Tolima), invitar a fiestas vernáculas, llenar auditorios con tópicos vitales de los municipios, realizar convites solidarios, exhibir audiovisuales, presentar obras literarias y muestras culturales y lograr que desde allí empecemos a tejer una nueva región, autónoma y cohesionada.

Esta razonable y esperanzadora idea, tendría que convertirse en proyecto acordado entre el Municipio de Ibagué y la Gobernación del Tolima a efectos de concretarla, socializarla y, digamos que validar su aprobación, en “una minga de colonias municipales”. Por razones obvias a este proyecto debe adicionarse la conversión de los institutos de cultura en entes responsables de reconstruir e irradiar los valores identitarios del Tolima.

Tres millones de tolimenses unidos virtual y físicamente (“Casa de las Colonias”), con una visión común de progreso y una concurrente voluntad sinérgica, sería suceso decisivo para acercar la cultura regional a la modernidad, la globalización y la prosperidad social.


ALBERTO BEJARANO ÁVILA
Ibagué, Colombia

Recibido por Correo
albeja@hotmail.com

viernes, 24 de noviembre de 2017

INDUSTRIA DEL AZÚCAR LLEVA DÉCADAS MANIPULANDO LA CIENCIA PARA ESCONDER EFECTOS PERJUDICIALES A LA SALUD

EFECTOS PERJUDICIALES DEL AZÚCAR
La industria del azúcar lleva décadas manipulando la ciencia
El consumo de azúcar favorecía el crecimiento de tumores y la metástasis


Un análisis de antiguos documentos de la Sugar Research Foundation muestra que detuvieron estudios en los que se relacionaba azúcar y enfermedad cardiovascular

DANIEL MEDIAVILLA

La industria del azúcar ha ocultado durante alrededor de 50 años estudios efectuados con animales que sugerían los efectos negativos que la sacarosa tiene en la salud. MARK R. CRISTINO (EFE) / EPV

Durante la historia de la humanidad, morir de cáncer de pulmón era una verdadera rareza. Sin embargo, el consumo masivo de tabaco, que comenzó a finales del siglo XIX, causó una epidemia mundial. La relación entre el hábito de fumar y el cáncer comenzó a demostrarse en los 40 y a finales de los 50 las pruebas ya eran irrefutables. Sin embargo, en 1960 solo un tercio de los médicos de EE UU creían que el vínculo entre la enfermedad y el tabaquismo era real. A esa confusión de los médicos y la ciudadanía contribuyó también la ciencia. En 1954, Robert Hockett fue contratado por el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco estadounidense para poner en duda la solidez de los estudios sobre el daño de los cigarrillos.

Pese a los esfuerzos de aquella industria, la acumulación de pruebas ha logrado que la conciencia sobre los peligros de fumar sea casi universal y que las campañas hayan reducido significativamente el número de fumadores. Pero el negocio del tabaco no es el único que manipuló la ciencia para proteger sus beneficios. Como el tabaquismo, el consumo desmesurado de azúcar es un hábito enfermizo moderno. Y aunque la conciencia sobre los daños del azúcar es algo mucho más reciente, parece que la propia industria era consciente de ellos desde hace mucho tiempo. De hecho, Hockett, antes de buscar la protección del tabaco a través de la confusión, había hecho lo mismo con el azúcar. Entonces, al no poder negar la relación entre sacarosa y caries, trataba de promover intervenciones de salud pública que redujesen el daño del azúcar en lugar de restringir su consumo.

Compañías como Pepsi dejaron de financiar estudios al observar que podían demostrar el daño de sus productos

Esta semana, un equipo en el que participan Cristin Kearns y Stanton Glantz, investigadores de la Universidad de California en San Francisco conocidos por señalar los tejemanejes del negocio azucarero, ha recuperado antiguos documentos que muestran su forma de trabajar. Según explican en un artículo publicado en la revista PLOS Biology, la Sugar Research Foundation (SRF), conocida ahora como Sugar Association, financió en 1965 una revisión en el New England Journal of Medicine en la que se descartaban indicios que relacionaban el consumo de azúcar, los niveles de grasa en sangre y la enfermedad cardiaca. Esa misma fundación también realizó estudios en animales en 1970 para analizar esos vínculos. Sus resultados encontraron un mayor nivel de colesterol en ratas alimentadas con azúcar frente a otras alimentadas con almidón, una diferencia que atribuían a distintas reacciones de los microbios de su intestino. Cuando la SRF conoció los datos, que apuntaban a una relación entre el consumo de azúcar y la enfermedad cardiaca e incluso un mayor riesgo de cáncer de vejiga, detuvo las investigaciones y nunca publicó sus resultados.

Glantz y sus colegas comentan que este tipo de trabajo propagandístico, dirigido a sembrar dudas sobre cualquier relación entre el consumo de sacarosa y las enfermedades crónicas, continúa hoy. Como ejemplo citan una nota de prensadifundida por la Sugar Association en 2016 como respuesta a un estudiopublicado en la revista Cancer Research. En ella, se ponían en duda los datos obtenidos por un equipo del Centro para el Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas en el que se observó en ratones que el consumo de azúcar favorecía el crecimiento de tumores y la metástasis.

Estrategias vigentes

Las estrategias de la industria azucarera del pasado continúan vigentes. Como cuando Hockett proponía paliar el impacto del consumo del azúcar en la caries sin reducir su consumo, hoy, compañías como Coca-Cola centran el foco en la necesidad de hacer ejercicio para reducir la obesidad dejando a un lado la de reducir el consumo de azúcar.

En una entrevista con El País, Dana Small, una científica de la Universidad de Yale que trabaja para entender la manera en que el entorno moderno, desde la alimentación a la contaminación, favorece la obesidad, comentaba su experiencia colaborando con Pepsi. Pese a que reconoce que los directivos de la compañía tenían buenas intenciones cuando comenzaron a financiar proyectos sobre alimentación y salud, cuenta que todo funcionó bien hasta que tuvieron “resultados que indicaban que sus productos podían estar haciendo daño”. No podían asumir que conocían los peligros de sus productos para la salud, porque esa información se podría utilizar contra ellos en futuras demandas. “Dejaron de financiarme la semana siguiente y a los científicos con los que estaba trabajando, les confiscaron los ordenadores”, relataba.

Glantz considera que la actitud de las asociaciones azucareras “cuestionan los estudios financiados por la industria del azúcar como una fuente fiable de información para la elaboración de políticas públicas”. Small, sin embargo, consideraba que la industria del azúcar y la de la alimentación en general es demasiado grande como para obviarla. En su opinión es necesario buscar formas para proteger este tipo de colaboración de tal manera que ambas partes puedan trabajar de forma honesta “sin tener que preocuparse por secretos comerciales o ser demandada”.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2017/11/22/ciencia/1511374173_530869.html

 
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