Los ministros de Hacienda, Minas y la directora del Anla, trabajan para reglamentar una técnica tan eficaz como devastadora para la naturaleza
Por: Juan José Jaramillo
Sin disimular su poder entraron por la puerta del Club El Nogal en Bogotá los 400 directivos e inversionistas que pesan en el sector petrolero en Colombia. Asistían al tercer encuentro gremial de la Asociación Colombiana de Petróleo
que celebran todos los años.
El tema casi que resultaba obvio: el futuro del petróleo en Colombia.
El foro tuvo la presencia de invitados especiales como el expresidente de México, Felipe Calderón, empresarios norteamericanos y canadienses y los precandidatos Iván Duque y Juan Carlos Pinzón, la expectativa estaba centrada en las discusiones de los actores involucrados. En la mañana del primer día participó Kenyon Waver, representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos junto a Gary Guidry, gerente de la canadiense Gran Tierra Energy. Su presencia tenia un significado particular: el interés de la empresa en tramitar permisos para la extracción con el método del fracking.
En el mismo panel estuvo Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH – la autoridad, encargada de la subasta de los bloques. Sector público y sector privado trabajan como una sola fuerza en este sector; ahora con un propósito común: la regulación del fracking en Colombia. Cuentan con un aliado clave: nada menos que el Ministro de minas, Germán Arce.
Pero quizás el mayor defensor de esta práctica es Francisco Lloreda, quien salió del gobierno como Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana para asumir la presidencia de la Asociación Colombiana de Petroleo -ACP-, el poderoso gremio que agrupa a las petroleras que aportan el 10% del PIB anual del país. El actual ministro de hacienda Mauricio Cárdenas cuando se desempeñaba en la cartera de minas, apoyado por Juan Gabriel Uribe en el ministerio del medio ambiente, le abrieron la puerta a este polémico método de
explotación en el que además están interesadas cinco grandes multinacionales: Ecopetrol, ConocoPhillips, Exxon, Drummond, Parex Resources
Exxon Mobile lidera la avanzada
El cuerpo diplomático de ese país hace escuchar su voz por los rincones de los ministerios de Minas y Ambiente, así como en la ANH. En el 2013 el gobierno de Estados Unidos invitó a funcionarios del Ministerio de Minas del ANLA para mostrarles exitosos ejemplos de fracking..
La ANLA depende del Ministerio de ambiente, pero actua como a su aire más cerca del ministerio de minas, de manera que el gran sacrificado y cuya voz poco cuenta es el ministro de ambiente. Importa tan poco esta cartera en el gobierno Santos que han pasado por la cartera XXX funcionarios, ninguno con experiencia en el sector.
Las cinco grandes empresas con títulos para explotar con fracking solo esperan la reglamentación final por parte del Ministerio de Ambiente.
¿En que están los cinco gigantes que presionan este método que su eficacia va de la mano de la destrucción del medio ambiente?
Ecopetrol de Colombia
Su anterior Presidente Juan Carlos Echeverry, era un verdadero fan y dio la cara públicamente en su defensa. Su argumento: la urgencia en mejorar las reservas petroleras del pais que según sus cálculos no alcanzan para más de cinco años, mientras que con fracking lograríamos ser autosuficientes durante veinte años. El ojo lo tenía puesto en el Magdalena Medio, donde Ecopetrol estima que podría llegar a los 1.000 millones de barriles.
Llegó incluso a presionar diciendo que “Si no nos dejan pronto acá, nos vamos para Brasil o Venezuela o para donde nos dejen.”. Tiene ya cuatro proyecto listos: VMM 16 en Anapoima, CAT 3VMM5, VMM 29 y Cor 62 estas dos en asocio con Exxon Mobile.
Drummond del Canadá
Es la empresa que más ha adelantado tiene el proceso, pues ha conseguido permisos para “buscar gas metano dentro de rocas”, aunque en la práctica se traduce en fracking. En Chiriguaná y La Jagua, ambos en Cesar, tramitaron permisos ambientales que fueron concedidos por el ANLA en para sacar
gas de entre las rocas.
Como tal, la canadiense Drummond tiene cuatro proyectos para hacer fracking, y solo está esperando la luz verde del Ministerio de Ambiente: CR2, CR3 y CR4, así como La Loma. Los tres primeros están ubicados en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la exploración la hicieron junto a la brasilera OGX que hoy está quebrada. Estos proyectos tienen un conflicto especial: hay una superposición con los terrenos de los indígenas wiwa, wayuú y yupka.
ConocoPhillips de Estados Unidos
Ya tiene adjudicadas 33,714 hectáreas en San Martín y Aguachica, Cesar, y Río Negro Santander para hacer fracking. . El primer proyecto se llama VMM-2 y tiene varios pozos, pero uno de ellos es en el que han ido trabajando: PicoPlata1 en San Martín, que ha tenido que parar sus trabajos porque integrantes de Cortadec – Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – con su protesta han logrado frenar el proceso.
Fernando Ávila es el Director Legal de ConocoPhillips para Latinoamérica, los ha enfrentado duramente. La ventaja con que cuenta esta petrolera es que el contrato es una adición a una contrato de explotación ordinaria que ya tenían perfeccionado, con lo cual han conseguido que el pozo PicoPlata se considere como proyecto piloto del fracking en Colombia.
Además de esta ventaja legal cuenta con otra circunstancia favorable. Uno de sus contratistas es Héctor García, esposo de la directora del ANLA, Clara Victoria González, y según la organización Alianza Colombia Libre de Fracking, esta es la razón por la cual el ANLA no ha suspendido un proyecto que no tiene los permisos necesarios.
Hector García, esposo de la directora de la Anla, Clara Victoria González, es contratista de Conoco Phillips lo cual explicaría el comportamiento complaciente frente a esta petrolera
La Contraloría encontró incidentes de negligencia por parte del ANLA en noviembre del 2016, y remitió sus conclusiones a la Procuraduría, que no ha fallado al respecto.
Parex Resources del Canadá
Esta empresa canadiense tiene sede en Calgary, Alberta´, pero en realidad está constituida en Barbados. El presidente de la sucursal colombiana es Lee Di Estefano. Es una empresa muy joven, que nació de las
cenizas de la argentina Petro Andina.
En el 2015 Ecopetrol anunció que firmaba una alianza con esta empresa, en la que la colombiana participaba con el 40 por ciento y la canadiense tenía el 60% restante. En junio de 2016 los trabajadores de Parex llegaron a Simacota, Santander, y advirtieron que las perforaciones estarían listas en agosto de ese año. El proyecto es conocido como el campo VMM 9.
Para poder agilizar los trabajos Parex aprovechó la alianza con Ecopetrol para operar bajo la Resolución 1200 de la ANLA, con lo cual logró permisos para realizar las exploraciones en Santander. Tuvieron como antecedente, el tratamiento ventajoso que recibió la Oxy con el campo La Cira, en Barrancabermeja por su alianza previa con Ecopetrol.
Parex tiene pozos convencionales en otros lugares, el más conocido es Capachos, en Tame, Arauca, que se reactivó en el 2016.
Exxon Mobile de Estados Unidos
Esta es la empresa petrolera más grande del mundo. Al año factura más dinero que países como Irlanda o Puerto Rico, y en Colombia está asociada con Ecopetrol en la exploración de los pozos Cor 62 en el Huila y VMM 37, en el Magdalena Medio. Para este proyecto ya presentaron un plan de manejo ambiental, pero no les han autorizado pues todavía la explotación sigue sin tener delimitado el camino.
Andrés Acosta es el presidente en Colombia, y antes era el Vicepresidente Comercial de Gas, uno de los puestos más importantes de la compañía. Vivía en Doha, y desembarcó en febrero del 2016 en Colombia. La empresa en Colombia está dentro de las 10 más grandes: factura más de $6 billones al año, tiene 700 estaciones de servicio, 12 plantas de combustibles y hasta una planta de lubriantes en Cartagena.
Fuente: https://www.las2orillas.co/las-5-gigantes-petroleras-que-arrodillaron-al-gobierno-para-permitir-el-fracking/
2. EL FRACKING AMENAZA AL PÁRAMO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra varios bloques petroleros alrededor del Sumapaz y en el Parque Natural Chingaza, el ecosistema que suple de agua a Bogotá.
A pesar de los enormes riesgos ambientales que conlleva, el
fracking parece ser el futuro de la industria petrolera en Colombia. Eso es lo que se desprende de una información conocida este martes, según la cual el gobierno colombiano ya tiene dispuestos 43 bloques para explotar hidrocarburos mediante esta controvertida técnica.
Aunque en el país todavía no se ha sacado el primer barril vía fracking, en lugares como San Martín, en Cesar, y Anapoima, en Cundinamarca, se están haciendo trabajos exploratorios. Y según información del mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en Colombia ya hay otros 41 bloques destinados a esta actividad.
Si bien la mayor cantidad de reservas de yacimientos no convencionales está concentrada en el Magdalena Medio y en los Llanos Orientales (
ver mapa), hoy existen varios bloques destinados para fracking en la zona andina central del país. Tal vez la situación más preocupante se vive en los alrededores de Bogotá, concretamente cerca al Parque Natural Chingaza, en donde hay al menos 7 bloques disponibles para fracking (
ver mapa).
Asimismo, existe un bloque que se sobrepone a la zona urbana del municipio de Fusagasugá y otro más que se ubica en las jurisdicciones de Chía y Cajicá. También hay algunos alrededor del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, y las comunidades de Guasca, en Cundinamarca, han denunciado la realización de trabajos exploratorios sin los debidos permisos.
Es necesario aclarar que estas áreas son delimitadas unilateralmente por el gobierno, que luego las ofrece a las empresas interesadas en desarrollar esta actividad. Sin embargo, hasta el momento no se han firmado contratos de exploración ni explotación para los bloques mencionados. Aun así, varias organizaciones ambientalistas, aglutinadas en la Alianza Colombia Libre de fracking, prendieron las alarmas ante lo que consideran una amenaza para la sostenibilidad ambiental del país.
En un comunicado de prensa divulgado este martes, afirman que “el fracking podría poner en gravísimo riesgo varios ecosistemas estratégicos
como el Páramo de Sumapaz, despensa agrícola de la capital y reconocido como el más grande del mundo; el Páramo de Chingaza, cuyo sistema abastece alrededor del 80% del agua potable de Bogotá, por no mencionar otros ecosistemas como el complejo de ciénagas y humedales en el sur del Cesar”.
Por esa razón, enviaron una carta al Presidente Santos en la que le solicitan que declare la moratoria al fracturamiento hidráulico y la suspensión de todos los proyectos vigentes en Colombia.
3. Fracking: una apuesta riesgosa para Colombia
Con poca información y menos preparación, el gobierno ya firmó 13 contratos para explotar petróleo con esta controvertida tecnología. Le explicamos por qué el remedio del fracking puede resultar peor que la enfermedad de la escasez petrolera.
El petróleo se está acabando en Colombia. El combustible que mueve la economía y abastece gran parte de las arcas del Estado está en vía de extinción. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas actuales de crudo alcanzarán para cinco años más y, a partir de entonces, el país pasará de ser productor a importador. Ese hecho tiene al gobierno en una búsqueda desesperada por estirar esa cifra, incluso cuando los bajos precios han hecho caer la exploración y la producción.
Este panorama no es nuevo. De hecho, desde hace cuatro años Colombia le abrió la puerta al fracking, una controvertida técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Fracking, en lenguaje petrolero, significa fracturar capas de la tierra mediante agua a presión. Pero aquí la cuestión no es esta tecnología en sí misma, pues ya se ha utilizado en Colombia para mejorar el rendimiento de algunos pozos, sobre todo en los Llanos Orientales.
Lo nuevo es sacar petróleo de donde nunca antes se había logrado. A diferencia de los yacimientos convencionales, mucho más sencillos de explotar, con el fracking se trata de romper la roca madre de la tierra, a kilómetros de profundidad. Para lograrlo, las empresas inyectan a gran presión millones de litros de agua mezclada con químicos, para así extraer el petróleo o el gas atrapados en ella.
El fracking es producción de hidrocarburos a otra escala y magnitud. Según el Government Accountability Office (GAO), la oficina estadounidense que provee información científica al Congreso de ese país, la cantidad de agua usada en un pozo varía con la geología del yacimiento, pero en los no convencionales suele estar entre los 19 y los 46 millones de litros por pozo (una piscina olímpica tiene aproximadamente 2,5 millones).
Esta tecnología es objeto de un fuerte debate en todo el mundo, pues a ese uso intensivo de agua se suman el riesgo de contaminar acuíferos superficiales y subterráneos con materiales radioactivos y gas metano y el aumento de la sismicidad en los lugares donde se aplica. El martes 21 de junio, después de cuatro años de discusión, la coalición gobernante de Alemania acordó prohibir el fracking indefinidamente, aunque se permitirán perforaciones de prueba previo permiso de las autoridades locales.
Si el parlamento aprueba la ley, Alemania se sumaría a Francia en la prohibición de esta práctica. Incluso en Estados Unidos, país que logró su soberanía energética gracias al fracking y que ha servido de ejemplo para Colombia en esta materia, estados como Nueva York declararon una moratoria frente al tema y en las regiones que sí lo admiten se están multiplicando las evidencias de sus impactos negativos.
Un reciente artículo publicado en la revista Science afirma que en Oklahoma, uno de los estados que permite el fracking, los sismos entre 2008 y 2013 han aumentado 40 veces con respecto al periodo 1976-2007. Otro estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Duke, reúne evidencias de contaminación de aguas subterráneas y superficiales por cuenta de fallas en los pozos y de la inadecuada disposición de las aguas residuales del fracking.
A pesar de estos precedentes, en Colombia hoy existen 13 contratos de exploración y producción para hacer fracking en yacimientos no convencionales ubicados en Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De ese total, seis bloques hacen parte de los Proyectos de Interés Estratégico para la Nación (Pines), lo cual quiere decir que están entre las prioridades económicas del Estado. Por eso reciben tratamiento especial para que sus procesos de licenciamiento, consulta previa y compra de predios sean más expeditos.
Según la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no hay solicitudes en curso para exploraciones de fracking. Esto se debe en gran parte a que el proyecto más avanzado, ubicado en San Martín y a cargo de la multinacional Conoco Phillips, lleva varios meses paralizado porque miles de habitantes de ese municipio del Cesar han impedido terminar el proceso de socialización requerido antes de solicitar la licencia ambiental.
Carlos Santiago, líder de la Corporación para la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, que agrupa a los opositores del fracking en San Martín, afirma que “en Cesar hemos sufrido el desabastecimiento de agua y no queremos que la que queda se utilice para el ‘fracking’. Esa tecnología es muy peligrosa porque le echa un montón de químicos al agua y además puede llegar a contaminar las fuentes hídricas subterráneas”.
Sin embargo, el gobierno está empeñado en convencer a los sanmartinenses, y de paso a todo el país, de que en Colombia se pueden aprovechar los beneficios del fracking sin sufrir sus probables consecuencias negativas. Argumenta que los recursos petroleros son necesarios para financiar la inversión social y el posconflicto, mientras que los riesgos se pueden manejar con una reglamentación rigurosa y un control estricto.
Reglamentación sin información
Desde 2012, cuando empezó a entregar en concesión los primeros bloques para fracking en yacimientos no convencionales, el gobierno empezó a construir una normatividad específica para esta actividad. Al efecto la ANH realizó cuatro talleres en los que participaron 24 conferencistas internacionales y 235 funcionarios de entidades nacionales y locales y algunos académicos. Y realizó tres visitas a campos en producción, una en Canadá y otras dos en Estados Unidos.
Así mismo, la ANH contrató al experto estadounidense David Neslin para que proporcionara las bases para la reglamentación técnica, los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental y los requerimientos para los planes de manejo ambiental. Para el gobierno, como resultado de esa estrategia, Colombia cuenta hoy con una regulación soportada en el mejor conocimiento disponible acerca de las mejores prácticas internacionales en lo que a fracking se refiere.
Sin negar la importancia de la experiencia de otros países, varios expertos y hasta la Contraloría General de la República coinciden en que la reglamentación colombiana se desarrolló con base en una precaria información sobre las condiciones geológicas e hidrológicas propias del país.
Por ejemplo, la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas, que contiene los lineamientos técnicos para el fracking, cuenta con expresiones genéricas como “se estima que los yacimientos no convencionales se encuentran entre los 1.500 y los 2.400 metros de profundidad en Colombia, a más de 1.000 metros de donde se encuentran más comúnmente los acuíferos aprovechables para consumo humano”.
El geólogo Julio Fierro explica que a diferencia de Estados Unidos, donde las aguas subterráneas tratables tienen una profundidad máxima de 400 metros, en Colombia municipios como Tenjo se surten de aguas ubicadas a 1.500 metros y en la Orinoquia existen datos de aguas de muy baja salinidad a 2.000. “Aquí no existe un inventario completo de acuíferos, el Ingeominas tiene un Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia pero está a escala 1:500.000 y solo cubre el 30% del territorio nacional”, afirma Fierro.
Algo parecido ocurre con la información sismológica del país, pues la cartografía geológica cubre apenas el 52% del territorio. Esta carencia se torna más delicada si se tiene en cuenta que en Estados Unidos, donde hay información detallada al respecto, no se ha podido establecer el grado de relación entre la inyección de los fluidos del fracking en el subsuelo y la ocurrencia de sismos.
Por esa razón, en 2012, la Contraloría emitió una Función de Advertencia y el año pasado, en un seguimiento a dicha medida, aseguró que la regulación sobre fracking “requiere mayores adelantos en materia de generación y aplicación de conocimiento técnico y ambiental local para evitar efectos negativos sobre los recursos naturales, el agua y la salud pública”.
En enero de 2014, la ANH firmó un convenio con el Servicio Geológico Colombiano para levantar la información de sismicidad y de geología estructural que permita generar el mapa sísmico del Valle Medio del Magdalena (en donde está San Martín). Así mismo, está en negociaciones con Colciencias para conseguir la información hidrogeológica en las regiones donde se encuentran los bloques asignados para fracking.
Mientras terminan esos estudios, la regulación para esta técnica en Colombia establece que las empresas interesadas en explorar yacimientos no convencionales deben proveer las líneas bases de acuíferos y de fallas geológicas en sus bloques. “El grado de desconocimiento es tan alto que primero se debió investigar y después sí hacer la reglamentación. Aquí se alteró el orden de esos factores y las consecuencias podrían ser irreversibles”, advierte Fierro.
¿Quién hace cumplir las normas?
A pesar de estos vacíos en la información, el gobierno afirma que Colombia tiene una de las regulaciones más estrictas del mundo para el fracking. Aun suponiendo que esto fuera cierto, está el interrogante sobre si el Estado es capaz de vigilar su cumplimiento. Y en este aspecto no parece haber razones para el optimismo, ni siquiera entre los que apoyan esta actividad. Según Édgar Aguirre, director de la Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos, “los riesgos del ‘fracking’ se podrían reducir con un estricto seguimiento de las autoridades ambientales, pero desafortunadamente estas no tienen la capacidad de dar esas garantías”.
Para Carlos Vargas, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, “el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de equilibrar la necesidad de acceder a los recursos petroleros mediante el ‘fracking’ con una pertinente gestión ambiental. Pero con sus instituciones desarticuladas y concentrando sus acciones de forma asincrónica en tiempo y espacio, no podrá lograrlo en los tiempos que requiere la Nación”.
En la respuesta a un derecho de petición interpuesto por Dejusticia y WWF, el Ministerio de Ambiente afirma que el fortalecimiento institucional de la Anla es una de sus prioridades. Sin embargo, los recientes escándalos que protagonizó la entidad por el otorgamiento de licencias en lugares protegidos, sumado al incomprensible reversazo en el nombramiento de Rodrigo Suárez en la dirección, muestran que Anla todavía está lejos de merecer la confianza de la ciudadanía.
La complicada licencia social
En San Martín, Cesar, miles de habitantes se han manifestado en contra del proyecto de la empresa Conoco para explotar petróleo mediante el fracking.
Algo ha cambiado en la conciencia ambiental de los colombianos. Como nunca antes la sociedad, sobre todo urbana, parece más receptiva ante la importancia de cuidar el medioambiente. Las movilizaciones a través de redes sociales y en las calles de algunas ciudades cuando se conoció la licencia de exploración cerca de Caño Cristales o la intención de explotar oro en el Valle del Cocora muestran que hay una menor disposición a asumir los costos ambientales de un modelo de desarrollo basado en extraer los recursos naturales.
La actual crisis petrolera no se explica solo por la caída de los precios. Al país lo recorre una ola antiextractivista que se expresa en huelgas, paros, demandas, intentos de consultas populares, entre otras manifestaciones públicas. Las comunidades quieren tener mayor capacidad para decidir sobre sus territorios, y sentencias como la emitida por la Corte Constitucional en favor de la autonomía local han potenciado ese deseo.
Un claro ejemplo es San Martín, donde gran parte de la población se ha manifestado contra el fracking mediante el bloqueo de las áreas de trabajo de la compañía Conoco, con lo que se ha retrasado el avance del proyecto de exploración. A pesar de que allí han hecho presencia funcionarios de la ANH y de los Ministerios del Interior y de Ambiente, Carlos Santiago, el líder de los opositores al fracking en San Martín, afirma que está por comenzar un proceso de recolección de firmas para convocar a una consulta popular sobre el tema.
En Puerto Wilches y en Barrancabermeja, dos de los municipios de Santander donde también existen contratos de exploración para fracking, ya se registran las primeras manifestaciones de inquietud. En ambos casos, la incertidumbre frente a una actividad riesgosa se combina con la falta de confianza en las autoridades para manejarla.
Con este panorama queda claro que, por ahora, el camino que trazó el gobierno para expandir las menguantes reservas petroleras del país mediante el fracking está lleno de riesgos y conflictos. Todos los expertos consultados para este artículo coinciden en que incluso si se diera el escenario ideal de que todos los proyectos avanzaran sin inconvenientes y que el precio del petróleo hiciera rentable la explotación, el primer barril de crudo obtenido mediante fracking no saldría sino dentro de cinco años.
Esto significa que la discusión va más allá de la actual coyuntura, pues las determinaciones que se tomen ahora van a tener efectos a largo plazo. Por eso, la decisión de permitir o prohibir el fracking no debería depender de la voluntad de un gobierno, sino de un consenso de país. Nadie puede negar la importancia del petróleo en la vida cotidiana y creer que es posible superar esa dependencia de un momento a otro carece de sentido.
Colombia seguirá necesitando hidrocarburos, pero la pregunta es si el fracking es la mejor manera de conseguirlos. Los comprobados impactos negativos de esta técnica, sumados al poco conocimiento del territorio, la debilidad institucional y una opinión pública desfavorable, no permiten pensar en aplicarla sin causar graves daños ambientales y aumentar los conflictos sociales. Por esas razones, el remedio del fracking puede resultar peor que la enfermedad de la escasez petrolera.
lunes, octubre 23, 2017
Guillermo Molina Miranda
