CONQUISTAS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

Estefanía Ciro*

Jornad.com.mx/05 de octubre de 2026

Una pareja de misioneros estadunidenses sentados mira a la cámara, rodeados de niños y niñas indígenas peruanas. Entre ellos está su hijo de siete años, y en las piernas de su madre, su bebé de siete meses. Ambos sonríen en la fotografía. De ellos se sabe que se trasladan en un pequeño avión en Perú piloteado por otro estadunidense sobre la selva amazónica cuando una aeronave de la Fuerza Aérea peruana les disparó, asesinando a la madre y la bebé, y dejando seriamente heridos a los otros tripulantes. En 1997 un reporte de la CIA anunció que su programa de interceptación aérea contra el narcotráfico llamado Air Bridge Denial Program (ABDP) era el máximo éxito en la lucha contra las drogas y que se reflejaba en el declive de los cultivos de coca en Perú y de la exportación de cocaína. En abril de 2001, pocos días después del ataque a la familia misionera, el programa fue cancelado abruptamente.

Para finales de los años 80 y principios de los 90, se hablaba de un “puente aéreo” entre Perú y Colombia que movilizaba pasta base de cocaína entre ambos países, y que en 1994, según datos de Estados Unidos, alcanzaron más de 428 vuelos en aviones civiles. Este tránsito se convirtió en el primer objetivo de la Guerra contra las Drogas durante la presidencia de George H.W. Bush (1989-1993) en la región, y en Perú se expresó en cuatro pilares de siempre: interdicción, erradicación, desarrollo alternativo y disminución de la demanda. Todo esto en medio de la guerra contrainsurgente contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y de la llegada al poder de Alberto Fujimori con sus 126 decretos de choque, acompañado de Vladimiro Montesinos, el zar de inteligencia del Perú, reclutado por la CIA en los años 70, a quien se le pagaba un millón de dólares anuales durante los 90 y con quien se articuló el programa Airbridge Denial. La doctrina Fujimori declaró estado de emergencia en los territorios con presencia de coca, como el Huallaga, y un plan de destrucción de aeropuertos y pistas en la región.

Desde el fin de la guerra fría, la actitud de la guerra contra las drogas por parte de la CIA cambió; lo que antes fue considerado como una guerra perdida, se convirtió en una línea con financiación, agentes y redes que creó al Centro de Crímenes y Narcóticos de la CIA, y con esto aparecieron nuevas misiones. Entre 1994 y 2001, la CIA en Lima tumbó 15 avionetas, aunque otros informes afirman que fueron 35. Según la agencia, se defendió este programa en Estados Unidos como un programa altamente clasificado y con procedimientos estrictos para evitar violación de derechos humanos, pero la realidad es que buscaban protección bajo las leyes estadunidenses. No con-taban que la división de América Latina de la agencia sobresalía por saltarse todas las reglas éticas y jurídicas y estaba dirigida por José Rodríguez y un grupo de agentes que habían sido entrenados participando en el escándalo de los Irán-Contras. Se replicó en la experiencia del Perú el mismo lema: la misión estaba por encima de los medios, aun si era necesario romper todas las reglas.

Supuestamente, los procedimientos de capturas de aeronaves tenían unos pasos estrictos. Los paramilitares y contratistas de la CIA acompañarían la operación con un avión Citation, mientras la Fuerza Aérea iría con un Cessna 37. Los aviones tendrían una cámara de grabación y tendrían como procedimiento identificar la avioneta y contactar su piloto, usar señas internacionales de contacto visual, lanzar disparos de fuego de anuncio de peligro y si no se disuadía con esto, se procedía a destruir la aeronave. Según los abogados del gobierno estadunidense, se protegía legalmente a los funcionarios gringos de violaciones por fuera de su país.

El crimen de los misioneros destapó que la división de la CIA en América Latina hacía lo que quería. Diez de quince tiroteos mostraron que entre el primer contacto de la avioneta hasta su derribamiento apenas duraba dos minutos y, en particular, la grabación del asesinato de la familia misionera estadunidense mostró que no identificaron el número de la aeronave ni hicieron inteligencia, no hicieron ningún tipo de contacto, y tampoco dispararon tiros de advertencia, no tuvieron autorización de matar. Solamente dispararon. Tras el reporte, la cinta desapareció.

Uno de los informes sólo recopiló, sin contrastar, los relatos de los funcionarios involucrados. El vicepresidente Cheney exigió otra rendición de cuentas que demostró que el programa no proporcionó información completa ni precisa, aunque lo terminaron escondiendo hasta 2010 y nunca se juzgó a nadie. Bajo este manto de impunidad, en 2003 se firmó un acuerdo entre el gobierno colombiano y Estados Unidos para replicar la estrategia que sigue hasta el presente, reemplazaron a la CIA e involucraron al Departamento de Estado (INL), el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Con la firma de este acuerdo en Colombia se creó y consolidó la infraestructura de radares más potente de la región y que en los más recientes años se extendió a la frontera con Ecuador y en la triple frontera amazónica, en el Amazonas. Tres décadas después, los resultados son claros: la producción de cocaína y su tráfico ha alcanzado niveles históricos y lograron la instauración de una retaguardia militar estratégica de Estados Unidos en América Latina conquistando los cielos, regulando el mercado.

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*Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva