Las masivas protestas en Madrid del movimiento por la vivienda traen recuerdos de la revuelta contra la austeridad iniciada en 2011
Sin embargo, mientras los Indignados utilizaron un lenguaje populista genérico, este nuevo movimiento ostenta un más claro perfil de izquierda y un lenguaje
centrado en la clase
Paolo Gerbaudo
Jacobinlat.com/07/10/2026
Quince años no bastan para conformar una generación, pero parecen ser el tiempo justo para un «ciclo político». En España, tanto activistas como académicos progresistas han hablado con frecuencia en los últimos años del agotamiento del ciclo iniciado con las protestas de los Indignados —conocidas como el 15-M por la fecha de su primera movilización, el 15 de mayo de 2011— y que continuó con la fundación de Podemos y su acelerado crecimiento, hasta la formación del primer gobierno de coalición de izquierda amplia en 2019.
Este ciclo dio muchos frutos y condujo a un autodenominado «gobierno progresista» que presidió un período de crecimiento económico constante. Sin embargo, varios problemas quedaron sin resolver y surgieron nuevas tensiones en la sociedad española que alimentaron el descontento hacia la izquierda institucional y expusieron los límites de la política gubernamental. La vivienda es el tema que ilustra esto con mayor claridad.
Hoy asistimos, tal vez, al comienzo de un nuevo ciclo político: uno que, para parafrasear a Karl Marx, viste los ropajes del ciclo anterior pero porta, en realidad, un contenido más radical. Curiosamente, el punto de partida de las protestas del 26-S (por el 26 de septiembre, primer día de ocupación de la plaza tras las multitudinarias marchas convocadas por el Sindicato de Inquilinas) comparte el mismo lugar de convocatoria simbólico que el 15-M: la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid.
Pero aunque esté repleta de guiños a aquel acontecimiento histórico, la movilización desencadenada por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, a manos de un fondo de inversión, se distancia notablemente de su antecesora. Ofrece una síntesis perfecta de cuánto trayecto se ha recorrido desde 2011 y cuánto queda aún por andar. Más importante aún, da cuenta de qué tipo de camino se abre para los movimientos populares durante y después de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.
Mismo escenario, distinta historia
Para los veteranos del 15-M que visitan la nueva acampada en la Puerta del Sol, la sensación oscila entre un déjà vu absoluto y algo profundamente novedoso.
Las carpas improvisadas bajo la icónica torre del reloj evocan la movilización desatada por la crisis financiera de 2008 y los recortes subsiguientes. En aquel entonces, la indignación derivó en una enorme ola de protestas inspirada en la Primavera Árabe, con campamentos contra la austeridad y por la democracia en Grecia, España, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países. Hoy reaparecen las mismas lonas de plástico azul en un montaje similarmente caótico. Y sin embargo, muchos otros elementos —desde los mensajes en los carteles y pancartas hasta los cantos y las intervenciones en las asambleas— lucen radicalmente distintos a los de 2011.
Esta distancia refleja hasta qué punto la España actual difiere de aquella que salía de la crisis financiera. Lo sintetizan con claridad las intervenciones improvisadas a los costados de la plaza ante una multitud compacta. Un organizador del Sindicato de Inquilinas de un barrio popular madrileño relata la encarnizada pelea contra los desahucios en medio de una ola de gentrificación provocada por la llegada de profesionales jóvenes que huyen, a su vez, de los altísimos precios del centro de Madrid. Cuenta cómo hace poco se logró frenar uno de esos desahucios gracias a la contundente movilización de los vecinos.
Lo que se necesita, añade, haciendo un balance provisorio de esas experiencias, es «organización de la clase trabajadora». Al fondo, una enorme pancarta sentencia que la única respuesta a la especulación es la «okupación» (con la «k» distintiva del movimiento okupa). El discurso se entrelaza con las consignas que corea la multitud: «¡Viva la lucha de la clase obrera!», «Qué vergüenza ser policía» y «Aquí están los antifascistas». Por todo el campamento se ven banderas de organizaciones de la izquierda militante como la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la «A» circulada del anarquismo, la Coordinadora Juvenil Socialista, banderas de Palestina y de la República Española, así como pasillos entre las carpas rebautizados con los nombres de Mijaíl Bakunin o Rosa Luxemburgo. Esta articulación explícita con la izquierda tradicional configura un paisaje político y simbólico muy distinto al que se veía aquí hace quince años.
De ciudadanía sin líderes a clase organizada
Mientras que las protestas del 15-M eran instintivamente «populistas» —o mejor dicho, «ciudadanistas»—, con la expectativa de abarcar a la ciudadanía en su totalidad sin distinción de extracción de clase ni de filiación política, esta nueva ola hace una referencia explícita a la clase trabajadora, articulada a partir de la sensación de que le han robado el futuro, sobre todo en un mercado inmobiliario rapaz. No se trata de un movimiento por la democracia y contra la austeridad como lo fue el 15-M, sino de un movimiento centrado en la vivienda: un problema candente en las grandes ciudades, repletas de hordas de turistas y plataformas de alquiler temporal, y una síntesis de todo lo que sigue funcionando mal tras ocho años de gobierno de centroizquierda.
Allí donde el 15-M era célebre por su estructura anárquica —al rechazar liderazgos y formas institucionales en favor de una democracia asamblearia con infinidad de comisiones y grupos de trabajo abocados a las tareas más diversas—, el 26-S está estructurado en torno a un sindicato de inquilinas e inquilinos, con vocerías, dirigentes y una estrategia notablemente coordinada. Si las protestas del 15-M se preocupaban por mantener una fachada de respetabilidad, evitando mostrarse demasiado radicales o combativas y eludiendo en lo posible cualquier confrontación física o verbal, las protestas por la vivienda están animadas por un marcado antagonismo, expresado en un desafío abierto a las fuerzas de seguridad fruto del profundo enconamiento que provocan las condiciones de vida actuales.
Quizá la diferencia más evidente sea que este movimiento no oculta su adscripción a la izquierda: exhibe con orgullo su historia y sus símbolos, a diferencia del 15-M, que evitaba cuidadosamente la simbología política tradicional por considerarla demasiado identitaria y excluyente para las mayorías no politizadas.
Pero también existen, desde luego, elementos de continuidad entre las protestas del 15-M y las actuales. Para empezar, no estallaron bajo un gobierno de derecha sino bajo un gobierno socialista, y se alimentan del desencanto ante las limitaciones de la izquierda en el poder. Además, abrevan en la larga tradición de los movimientos populares españoles, los recuerdos de la Segunda República de los años treinta y la conocida sociabilidad festiva del país. Pero en muchos otros aspectos, la ruptura con el espíritu de inclusión radical y no confrontativo del 15-M parece total.
Esto responde a condiciones materiales profundamente distintas de las de 2008. El problema ya no es la austeridad ni el desempleo masivo (España atraviesa una fase de expansión económica y registra récords de empleo). El problema reside en que, pese a algunas políticas progresistas del gobierno, las condiciones de vida y el acceso a la vivienda no han hecho más que empeorar, en parte debido al propio boom económico, con alquileres y precios de compra disparados fuera de toda medida. Hoy la población inquilina se ve obligada a destinar hasta un 70% de sus ingresos al pago de la renta o a abandonar los barrios donde creció para ceder lugar a turistas, inmigrantes de lujo y nómadas digitales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bien puede celebrar el desempeño macroeconómico de su gestión al frente de la economía de mayor crecimiento en Europa. Sin embargo, gran parte de la sociedad siente una profunda decepción hacia este tipo de izquierda. De ahí el tono del movimiento: una combinación de antagonismo firme y una estrategia de presión implacable sobre la clase política.
Con un espíritu más radical y menos idealista que el de sus predecesores, estas protestas ya no giran en torno a la democracia abstracta, sino en torno al poder y a la convicción de que nada cambiará sin una organización sólida. Y si esto incomoda a otros sectores de la sociedad, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Esperanzas y desencantos
«¿Dónde está el gobierno progresista?», proclamaba otro de los cantos, utilizando con ironía el término con el que a Sánchez le gusta definir a su coalición. Las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre bien podrían sellar el final de su mandato. Esta nueva ola de protestas está impulsada, en gran medida, por el descontento con lo alcanzado en el ciclo anterior a través de la vía electoral, por la acumulación de problemas irresueltos y por la eclosión de nuevos conflictos sociales.
Semejante desencanto puede resultar extraño para observadores externos o para movimientos de izquierda que no corrieron con la misma suerte que sus pares ibéricos. De hecho, el ciclo político del 15-M fue, en muchos sentidos, el proceso más impresionante y de mayor impacto para las movilizaciones de izquierda en Occidente tras la crisis de 2008: nació en las calles, dio lugar a un nuevo partido de izquierda y desembocó en un gobierno de coalición. Dicho proceso permitió impulsar políticas sociales progresistas, como un aumento significativo del salario mínimo. Sin embargo, la presencia de un gobierno de este signo terminó por evidenciar algo crucial: muchos problemas sociales se han profundizado a tal punto que las reformas moderadas de la tecnocracia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) resultan insuficientes.
La política de vivienda es la prueba más clara de la reticencia del PSOE a romper con los poderes fácticos y ponerse del lado de las mayorías trabajadoras. En un país donde el turismo masivo históricamente caminó de la mano de las burbujas inmobiliarias, el PSOE sigue temiendo enfrentarse a los grandes fondos de inversión y a la propiedad inmobiliaria. Su ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez —una de las figuras más impopulares del gabinete, propietaria de múltiples inmuebles—, cosechó duras críticas en 2024 al sugerir que la solución a la crisis habitacional pasaba por que quienes tienen propiedades bajaran los precios de manera voluntaria. Mientras tanto, las fuerzas de la izquierda, Podemos y Sumar, han volcado su atención a la vivienda —un asunto que golpea de lleno a su base joven y urbana—, aunque en permanente desacuerdo sobre la estrategia y la táctica a seguir.
La respuesta de Sánchez a las movilizaciones fue la promulgación de dos decretos: uno con medidas moderadas y otro más radical. Con el primero, su objetivo era ganarse el apoyo del partido nacionalista de derecha catalán Junts. Con el segundo pretendió ofrecer una recompensa simbólica a la izquierda. Sin embargo, Junts terminó rechazando también el primer decreto, obligando a Sánchez a convocar elecciones anticipadas.
La cita electoral del 29 de noviembre es una apuesta de alto riesgo para Sánchez, cuya fama de político audaz y capaz de resurgir se pondrá a prueba de manera decisiva. Las fuerzas de derecha —el Partido Popular y Vox— superan el 50% de la intención de voto según las encuestas más recientes, mientras que los partidos de la «izquierda alternativa» se encuentran profundamente divididos y poco preparados. Una vez más, intentarán conformar una «lista de coalición» de última hora, esta vez bajo el nombre de Frente Amplio, pero tendrán serias dificultades para entusiasmar al electorado e incluso a su propia militancia.
Sánchez confía en absorber parte del voto de la izquierda. Le costará, sin embargo, explicar por qué en ocho años de gestión sus medidas en materia de vivienda fueron tan tibias. Esto se debe, en gran medida, a que el PSOE representa a sectores propietarios que se han beneficiado del aumento del precio de los inmuebles. Pese a haber adoptado un giro más progresista en los últimos años, el socialismo español está lejos de romper con la fe neoliberal en la santidad de la propiedad privada y la primacía del «libre mercado».
Las próximas elecciones serán un hito decisivo tanto para los movimientos populares como para la izquierda institucional. Cualquiera sea el resultado, hemos presenciado el surgimiento de lo que tiene todo el aspecto de ser un nuevo ciclo político: uno centrado en las demandas materiales y en la desigualdad de clase —empezando por la vivienda— y guiado por la certeza de que la única vía para combatir la injusticia social pasa por la organización, la estrategia y la perseverancia. Una concepción muy distinta a la de los años del 15-M y de Podemos, pero que parece adaptarse mejor a las encrucijadas de nuestro tiempo.Compartir este artículo FacebookTwitter Email
Paolo Gerbaudo
Sociólogo y autor, entre otros, de The Great Recoil (Verso, 2021).
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