Las instituciones públicas y Órganos de Poder, están cooptados por la politiquería, el clientelismo, la corrupción y la impunidad
“hemos guardado un silencio parecido a la estupidez”, frene a la caricatura de democracia a la que fueron sometidas naciones del Tercer Mundo...
Por Marcos Silva Martínez C.
prensabolivariana.org/29/10/2026
La resignación es el vil pretexto de los espíritus cobardes, nos enseñó J. E. Gaitán. Y, E. Galeano, nos notificó que, “hemos guardado un silencio parecido a la estupidez”, frene a la caricatura de democracia a la que fueron sometidas naciones del Tercer Mundo y entre ellas las de Latinoamérica, mediante el régimen colonial y su transición a remedos de democracias, con marcos institucionales y condiciones socioeconómicas y políticas que determinaron el desarrollo nacional de las naciones, embaucadas.
Colombia requiere que sus ciudadanos sean conscientes de semejante realidad. Que sean conscientes de la conciencia social de sumisión e indiferencia política que nos somete a ese tipo de tiranía del poder público.
El caos, institucional, político-económico y social colombiano, es inocultable. Y es imposible revertirlo y superarlo, bajo el marco institucional legal vigente.
El cúmulo de hechos, acontecimientos y decisiones que impiden el desarrollo socioeconómico, técnico, industrial y comercial, son entre otros, consecuencia del desigual y mediocre crecimiento económico nacional.
Las instituciones públicas y Órganos de Poder, están cooptados por la politiquería, el clientelismo, la corrupción y la impunidad. Y bajo esas condiciones, al servicio exclusivo de los intereses de los usufructuarios del poder público, político y de los gremios económicos.
Son hechos que explican, por qué cada gobernante resulta peor que el anterior, en todas las instancias del poder y por qué, ninguna reforma socioeconómica realmente equitativa y progresiva, logra aprobación en el congreso.
Basta observar el diabólico festín de mezquindades, intereses y apetitos, que exhibe en las campañas políticas y los resultados de las mismas y la degradante actitud y posición de los congresistas, representantes de las organizaciones de derecha y de los gremios económicos dominantes, frente a los proyectos de reformas económico-sociales.
Con el agravante previsible, que después de aprobadas en el Congreso, pueden ser demandadas y desaprobadas o condicionadas por la Corte constitucional.
¿Y cómo eligen a los congresistas, magistrados y altos cargos del poder público?
Por votación “popular”, unos por nominación y designación de poder superior, otros, procesos en los que se imponen, intrigas, clientelismo, politiquería, corrupción y conveniencias. Contrario al sano criterio democrático, que debe prevalecer.
El acceso a esas posiciones, debe ser únicamente por méritos académicos, perfiles éticos y morales, conocimientos académicos, capacidad de liderazgo, resultado de análisis de antecedentes y vocación de servicio demostradas.
Entre otros, deberían establecer institucionalmente que, los Magistrados, en todos los niveles del poder judicial, deben ser totalmente ajenos, a las tendencias del poder político de turno y en todos los casos, deben ser seleccionados por concursos de méritos.
Pero ocurre lo contrario. En la burocracia colombiana, el tráfico de influencias se institucionalizó. Esta realidad, entronizó la mediocridad en la burocracia oficial, en general.
Es tendencia acentuada desde el plan de desprestigio y persecución que les declaró a las Altas Cortes el gobierno de Uribe, hoy, máximo beneficiario de la impunidad judicial.
Sin duda son efectos de la penetración de la politiquería, el clientelismo, la inmoralidad, la corrupción y la mediocridad, en el poder. Objetivo del Régimen: apoderarse del poder público, para ponerlo al servicio de sus personales intereses.
Los diabólicos hechos de inmoralidad, irresponsabilidad política y social, corrupción y festín de recursos públicos, en que están incursos funcionarios, exfuncionarios e individuos como el ex -Fiscales, Generales de la nación, magistrados, jueces, contratistas nacionales y extranjeros, militares, ministros, jefes de gobierno, entre otros, tipifican la debacle, el caos y la anarquía institucional, moral, económico y social, cuyos efectos llegan a todos los sectores sociales, pero con mayor dureza a los más pobres e impiden el desarrollo nacional integral de la nación.
Lo que se conoce como clase política, prefiere guardar silencio cómplice calculado, desde el mismo Presidente de la República, a la espera de que los beneficios de la impunidad institucional, protejan, absuelvan y reivindiquen al sindicado.
**La entrega del patrimonio público a particulares, se da a través de ferias de privatizaciones a favor de particulares y de endeudamiento público confiscatorio. De esta manera, la deuda pública externa e interna, la deuda contingente y por vigencias futuras, ya supera con creses el 100% del PIB.
De esa manera la apropiación presupuestal, para responder por el servicio de la deuda pública interna y externa, superó los $150 billones anuales, calculados para el año 2027.
El endeudamiento de los gobiernos es frenético. En el presente, mientras las exportaciones nacionales, caen consecutivamente, cada mes, los gremios económicos, en alianza con la extrema derecha y el diabólico uribismo, se oponen y niegan toda reforma, social- económica, que demanda el desarrollo nacional.
Así responden al clamor de las mayorías nacionales, mientras festina el patrimonio y presupuesto público, sin solucionar nada concretamente.
Las naciones solo tienen una vía para superarse, fiscal, económica, comercial, técnica, científica y socialmente: consiste acabar con la pobreza y esto exige impulsar el conocimiento técnico-industrial y el crecimiento económico-social nacional, para generar empleo.
Los gobiernos hacen oídos sordos a la problemática socioeconómica nacional, por proteger el negocio privado y la acumulación de capital y riqueza, en pocas manos.
¿A qué obedece la oposición de la extrema derecha y gremial, ante las reformas de la salud, salarial pensional, educacional, judicial e institucional?
La educación, la salud, y todo tipo de servicio público, el modelo económico imperante, los convirtió en mercancías, entregadas a las dinámicas del mercado y del poder económico dominante, para que las exploten y aseguren la concentración del capital y la riqueza.
La educación es un negocio al servicio de la especulación económico-social, bajo el espejismo del festín de títulos de posgrado. Resultado: creciente mediocridad y clientelismo.
El conocimiento técnico-científico, debe ser protegido por el poder público y debe ser pertinente con los requerimientos del desarrollo nacional y global.
Son condiciones que demandan planeación racional responsable, en el corto, mediano y largo plazo e inversión, supervisión y control estatal, calidad y pertinencia respecto a objetivos de productividad y competitividad.
El pueblo sometido y segregado, socioeconómica y políticamente, debe reaccionar. Debe liberarse de compromisos politiqueros. Debe dudar de sus dirigentes y exigirles cumplimiento de responsabilidades, con el desarrollo nacional. Debe evitar volver a equivocándose, al elegir a sus gobernantes.
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*Marcos Silva Martínez C. Analista, columnista y consultor político y socioeconómico colombiano. Cuenta con una sólida trayectoria en la evaluación crítica de la realidad nacional e internacional, enfocando su trabajo en el análisis de reformas institucionales, políticas públicas, justicia y la lucha contra la impunidad en Colombia.
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