DEFENSA LEGÍTIMA O AGRESIÓN HÍBRIDA. UNA LECTURA MORAL

Lic. Alejandro Marcó del Pont

eltabanoeconomista.worpress.com/09/09/2026

El canciller Merz es el ministro en ejercicio más impopular desde que comenzaron las encuestas en 1998 (CES – Intelligence)

En septiembre de 2022, tres de los cuatro tramos de los gasoductos Nord Stream 1 quedaron destruidos por explosiones submarinas en el mar Báltico. Casi cuatro años después, en julio de 2026, la fiscalía federal alemana imputó a un exoficial del ejército ucraniano de haber coordinado un comando que usó el yate Andromeda para colocar los explosivos – en el lugar más vigilado de Europa – actuando “por orden de autoridades estatales en Ucrania”.

El hecho es claro, infraestructura energética crítica para Europa (el gasoducto abastece Alemania, pero en 1224 kilómetros atraviesa, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suecia) fue volada en una operación encubierta que, según la acusación, tuvo respaldo estatal ucraniano. Sin embargo, en gran parte de los medios occidentales ese episodio no se convirtió en el eje de un relato sobre “sabotaje ucraniano contra Europa”, sino en un capítulo secundario de la guerra, tratado con cautela judicial, como si no fuera un casus belli, al menos para Alemania y sin el mismo peso moral que se les asigna a los sabotajes rusos en territorio europeo.

Al mismo tiempo, desde 2025–2026 se multiplica en Alemania, Polonia, Italia, Estonia y Eslovaquia una oleada de incendios y explosiones en fábricas de defensa, centros logísticos y plantas de drones. Gobiernos y medios occidentales describen estos incidentes como parte de una “campaña de sabotaje rusa” destinada a desestabilizar Europa. La pregunta incómoda es ¿por qué operaciones estructuralmente similares —sabotajes, ataques a infraestructura crítica, operaciones encubiertas— son nombradas y enmarcadas de manera radicalmente distinta según quién las ejecute?

Andrei P. Tsygankov, en un artículo publicado en Global Studies Quarterly (Oxford, julio 2026), propone un marco que ayuda a salir del relato simplista de “agresor vs. víctima”. Define la guerra híbrida entre Rusia y Occidente no como un episodio aislado, sino como un conflicto estructural donde ambos lados utilizan un repertorio similar. Apoyo a oposiciones internas, sanciones económicas, operaciones de información, ciberataques, sabotajes físicos y operaciones encubiertas, todo con el fin de minar la estabilidad política del adversario. Desde esta perspectiva, Nord Stream no es un “accidente” ni un hecho aislado, es un acto de guerra híbrida dentro de una lucha por el orden mundial y la identidad política de cada bloque. Lo mismo puede decirse de los sabotajes rusos en fábricas de defensa europeas, son parte de una estrategia para elevar el coste político y económico del apoyo a Ucrania y enviar señales coercitivas sin cruzar el umbral de guerra abierta, por debajo del umbral que activaría el Artículo 5 de la OTAN.

El problema es que el relato mediático dominante en Occidente tiende a ocultar esta bidireccionalidad. Un estudio publicado en PMC (junio 2026), que analiza 22,2 millones de titulares de 14.622 medios entre 2013 y 2024, encuentra patrones recurrentes. Rusia es encuadrada sistemáticamente como agresor, Ucrania como víctima legítima, incluso cuando realiza operaciones ofensivas en territorio ruso o contra infraestructura crítica. Las sanciones, la expansión de la OTAN y los eventos previos a 2022 aparecen como contexto secundario, no como causas estructurales del conflicto. Este patrón no es neutro: genera un marco moral donde casi todo lo que hace Rusia es ilegítimo y casi todo lo que hace Ucrania (y, por extensión, la OTAN) es justificado.

Un análisis lingüístico publicado en RULB (abril 2026) examina cómo medios como The New York Times y L’Express construyen el relato de la guerra mediante encuadres, nominación y metáforas que refuerzan una lectura maniquea. El resultado es un relato donde las operaciones encubiertas y sabotajes ucranianos/occidentales (Nord Stream, ataques a refinerías rusas, operaciones especiales en territorio enemigo) son presentados como “golpes a la capacidad de guerra rusa” o “defensa legítima”, mientras que los sabotajes rusos en Europa son enmarcados como “prueba de una amenaza híbrida existencial” para la seguridad europea.

Según la fiscalía alemana, el comando ucraniano que voló Nord Stream actuó “por orden de autoridades estatales en Ucrania”, con el objetivo de cortar permanentemente las exportaciones de gas ruso a Europa y privar a Moscú de ingresos para financiar la guerra. Las implicancias son graves: Europa pierde infraestructura energética propia, aumenta su dependencia de GNL mayormente estadounidense y eleva costos energéticos. Si un comando ruso hubiera volado un gasoducto ruso-noruego o ruso-alemán en aguas europeas, es difícil imaginar que los medios occidentales no lo hubieran convertido en prueba de una “campaña de sabotaje rusa contra Europa”. En cambio, Nord Stream quedó como un episodio secundario, sin reconfigurar el relato dominante.

Mientras la ciudadanía europea asume costos fiscales y riesgos de seguridad, la industria de defensa vive un momento histórico. Las ventas globales de armas alcanzaron niveles récord en 2025 (US$ 679 mil millones), con un aumento del 13% en Europa y un 36% en Alemania. Rheinmetall reportó un aumento de sus ventas del 39% y ganancias del 74% en la primera mitad de 2026. BAE Systems, Leonardo y Thales tienen pedidos en máximos históricos. El mensaje implícito es claro: la guerra y el rearme son muy rentables para la industria de defensa, pero los beneficios no se traducen automáticamente en bienestar para la población.

Un informe del New York Times (septiembre de 2026), basado en auditorías secretas ucranianas, revela que Ucrania perdió US$ 1.200 millones en 2024 por fraude, desperdicio y mala gestión en compras de armas. Contratos adjudicados a empresas con investigaciones abiertas por corrupción, CEOs arrestados pero que siguen recibiendo nuevos contratos, sobreprecios sistemáticos. Esto alimenta narrativas de que la ayuda a Ucrania es un “negociado” donde ganan contratistas y élites, no la seguridad europea ni ucraniana.

Las encuestas más recientes (2026) muestran un panorama matizado: 76% ve a Rusia como amenaza a la UE, 76% apoya continuar ayudando a Ucrania hasta una “paz justa”, entre 65–74% aprueba mantener o aumentar el gasto en defensa. Pero un 40% se opone a financiar compra de armas para Ucrania, solo el 41% estaría dispuesto a luchar personalmente si su país es atacado, y la mayoría se opone a recortes en gasto social para financiar defensa. En Alemania, 68% de votantes de AfD apoyan más gasto en defensa, pero el partido capitaliza el malestar por la percepción de que la guerra la pagan las clases populares mientras las élites y las fábricas de armas se benefician.

En septiembre de 2026, la AfD logró una victoria contundente en una elección regional alemana, aumentando la presión sobre el canciller Friedrich Merz. El partido combina una narrativa de “paz negociada ya” con Rusia, crítica al gasto en defensa que compite con lo social, y denuncia de la doble vara mediática y la subordinación de Alemania a intereses ajenos, a contramano de todas las encuestas. El ataque al aeropuerto de Leipzig y la línea dura del gobierno Merz hacia Rusia han polarizado el debate, con la AfD acusando al gobierno de usar el sabotaje “según conveniencia política”. Un análisis de riesgo geopolítico (CES Intelligence, agosto de 2026) advierte que el auge de la AfD y la insostenibilidad fiscal del presupuesto generan incertidumbre regulatoria en defensa e infraestructura.

Para sectores críticos, el sabotaje a los gasoductos es prueba de que la política exterior alemana/europea está subordinada a intereses ajenos: pérdida de soberanía energética, dependencia de GNL estadounidense, costos más altos. La ciudadanía percibe que los costos los pagan ellos (impuestos, inflación, riesgo de sabotaje), mientras las élites políticas y la industria de defensa se benefician. En este contexto, la “iniciativa de la OTAN” —apoyo militar a Ucrania, rearme europeo, línea dura con Rusia— se vuelve políticamente tóxica si no hay victorias claras en Ucrania o si el sabotaje ruso causa víctimas en territorio europeo.

El modelo económico alemán —gas ruso barato, industria manufacturera orientada a la exportación, ortodoxia fiscal— murió por etapas. La ruptura con Rusia en 2022 eliminó el puente energético. El cierre del estrecho de Ormuz y la guerra con Irán elevaron los precios del petróleo justo cuando los márgenes industriales eran más ajustados. Lo que queda es un problema sistémico.

La combinación de doble vara narrativa, boom armamentístico y estancamiento económico tiene consecuencias concretas: fatiga de guerra, fractura política, riesgo de giro estratégico. La ciudadanía europea empieza a cuestionar si el apoyo a Ucrania vale el costo, especialmente si percibe corrupción, desperdicio y beneficios concentrados en la industria de defensa. Fuerzas como la AfD capitalizan el malestar, combinando crítica a la OTAN, defensa de lo social y narrativa de “paz negociada”. Esto puede llevar a gobiernos más inestables y políticas exteriores más volátiles. Si la percepción de doble vara se generaliza, puede haber un giro hacia políticas más aislacionistas o prorrusas en algunos países, debilitando la cohesión de la OTAN y la UE.

La pregunta incómoda no es si Rusia es un agresor (lo es, en términos de derecho internacional). La pregunta es ¿hasta qué punto Occidente está dispuesto a reconocer que también libra una guerra híbrida, con operaciones encubiertas, sabotajes y una narrativa que justifica casi todo lo propio y condena casi todo lo ajeno? Si la respuesta es “no”, entonces el terreno está abonado para que fuerzas como la AfD capitalicen esa contradicción y redefinan la política exterior alemana y europea. Nord Stream, los sabotajes en fábricas de defensa y el boom armamentístico no son episodios aislados: son piezas de un mismo tablero donde se juega la legitimidad de la “iniciativa de la OTAN” y el futuro del orden liberal en Europa.

Reconocer la bidireccionalidad de la guerra híbrida no implica equiparar moralmente a Rusia y Occidente. Implica, sí, admitir que la narrativa dominante oculta costos reales, beneficios concentrados y operaciones encubiertas propias, y que esa ocultación tiene un precio político que ya se está pagando en las urnas alemanas y en la fatiga de guerra europea.