Burkina Faso de Traoré marca el tono de una nueva política africana
El acto de Ibrahim Traoré deja su huella en la escena internacional y reafirma una vez más que África es y debe ser plenamente africana
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Lorenzo María Pacini
strategic-culture.su/13 de febrero de 2026
Cada uno con su estilo
Cuando el capitán Ibrahim Traoré llegó al poder en septiembre de 2022 tras derrocar a la junta corrupta y prooccidental tras una crisis de inseguridad e inestabilidad, estaba claro que el nuevo rumbo traería muchas sorpresas.
Con su gobierno, Traoré inició una serie de cambios radicales en las instituciones estatales, posponiendo inevitablemente las elecciones para reconstruir el estado y combatir las insurgencias yihadistas que azotaban parte del territorio nacional, así como para emancipar al país de la órbita colonial aún presente. Este intento tuvo éxito y produjo resultados excepcionales.
El 29 de enero de 2026, la junta emitió un decreto formal disolviendo todas las formaciones políticas registradas en el PASE, incluidas aquellas que habían sido suspendidas pero que aún operaban internamente. Con esta decisión, Burkina Faso eliminó por completo el marco legal que regulaba los partidos, su financiación, el estatus de la oposición y la actividad política pluralista.
Esta es una medida que, a ojos del moralismo occidental, siempre víctima de sí mismo y de la doble moral, parece absurda, pero en realidad no lo es. Asistimos a una serie de cambios repentinos en el mundo que deberían hacernos comprender que la antigua forma de entender la política y lo que está bien o mal ha llegado a su fin.
Tomemos un ejemplo del pasado y tratemos de actualizarlo para comprender el significado político del acto de Traoré para su pueblo y su país.
En la antigua Roma, existía la institución del dictador, concebida no como una forma ordinaria de gobierno, sino como un recurso excepcional para afrontar situaciones de grave peligro. Comprender su funcionamiento nos ayuda a comprender una característica central del pensamiento político antiguo: la idea de que, en tiempos de crisis extrema, la supervivencia de la comunidad puede requerir una concentración temporal del poder.
En la República romana, el poder ordinario se distribuía entre magistrados anuales y colegiados, en particular los dos cónsules, controlados por el Senado y la asamblea popular. Sin embargo, en caso de emergencias militares, revueltas internas o parálisis institucional, el Senado podía recomendar el nombramiento de un político fuerte, el dictador, designado formalmente por uno de los cónsules. Este recibía el imperium maius, es decir, autoridad superior a la de los demás magistrados, y gobernaba con amplios poderes, sin estar sujeto al veto de los tribunos de la plebe.
Sin embargo, su mandato era limitado, generalmente de seis meses, o en todo caso hasta que se resolviera la crisis. Nicolás Maquiavelo se explayó extensamente sobre la trascendencia política de la dictadura romana. En sus Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, escribe: «Las dictaduras fueron muy útiles para la República romana y nunca fueron la causa de su ruina».
Maquiavelo observa que la institución, precisamente por estar regulada y limitada, permitía afrontar emergencias sin destruir el orden constitucional. En su opinión, el verdadero peligro no es el poder extraordinario en sí mismo, sino su transformación en poder permanente. Por ello, distingue entre una dictadura «ordenada por la ley» y una toma arbitraria del poder: la primera fortalece al Estado, la segunda lo subvierte.
Jean-Jacques Rousseau, en El Contrato Social (Libro IV), también reconoce la necesidad de poderes extraordinarios en circunstancias excepcionales. Escribe: «Hay casos en que la salvación del país exige que se suspenda la autoridad de las leyes». Sin embargo, especifica que dicha suspensión debe ser temporal y tener como objetivo restablecer el orden jurídico. Rousseau se inspira precisamente en el ejemplo romano para argumentar que una república puede prever mecanismos de emergencia sin renunciar a sus principios, siempre que el propósito sea claro: salvar a la comunidad política.
También podemos citar a Carl Schmitt, el famoso jurista y politólogo del siglo XX, quien en su texto «Teología Política» afirma: «El soberano es quien decide sobre el estado de excepción». Schmitt distingue entre una dictadura comisarial —similar a la romana, cuyo objetivo es defender el orden constitucional existente— y una dictadura soberana, cuyo objetivo es crear uno nuevo. En el modelo romano, el dictador era un comisario: actuaba para restaurar el orden republicano, no para establecer uno diferente. Su legitimidad derivaba precisamente de ser un instrumento de preservación del orden, no de transformación arbitraria.
El funcionamiento real de la dictadura romana confirma este enfoque teórico. El dictador nombraba a un Magister Equitum como su adjunto, concentraba el mando militar en sus propias manos y podía tomar decisiones rápidas sin los pasos deliberativos habituales. Los demás magistrados permanecían formalmente en el cargo, pero estaban subordinados a su autoridad. Sin embargo, la costumbre republicana y el límite temporal actuaron como un freno estructural. La dictadura fue, por lo tanto, un interludio institucional previsto por la constitución no escrita de Roma. Lo importante fue que no se convirtiera en una tiranía, es decir, en un gobierno despótico y centralizado sujeto a la voluntad del tirano, que traspasaba los límites permitidos por la ley. La dictadura romana no nació como una negación de la libertad republicana, sino como un medio para defenderla en tiempos excepcionales.
El problema colonial y las soluciones africanas
La decisión de disolver los antiguos partidos y sindicatos en Burkina Faso ha suscitado la curiosa indignación de algunos moralistas, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, en realidad, puede considerarse una medida prudente destinada a «africanizar» la política. Estas formaciones, no solo en Burkina Faso, nunca han aportado beneficios concretos ni han logrado resolver las dificultades del país. Al contrario, a menudo han contribuido a agravar los problemas que prometían abordar. Por esta razón, la dirección tomada por Burkina Faso se considera legítima, y ni siquiera es la primera nación africana en adoptar un enfoque similar.
Si el principio de que «los problemas africanos requieren soluciones africanas» es válido, entonces los partidos y sindicatos inspirados en los sistemas políticos europeos —percibidos como legados del pasado colonial e instrumentos de su continuidad neocolonial— deberían desaparecer. No solo serían ineficaces, sino incluso perjudiciales para el país que dicen gobernar. Según esta perspectiva, no estarían trabajando en beneficio de la población local, sino en el de las antiguas potencias coloniales y las nuevas influencias externas, convirtiéndose así en presencias extranjeras e indeseables.
La política multipartidista también se describe como problemática en varios contextos africanos, ya que supuestamente fomenta las divisiones entre clanes y tribus. Lo mismo podría aplicarse a otros países que adoptan modelos políticos e institucionales importados que son incompatibles con su propia historia y cultura. Cabe preguntarse qué sentido tienen los sistemas políticos y los lenguajes de estilo occidental en realidades que no son ni cultural ni políticamente occidentales. Las divisiones partidarias, tras etiquetas ideológicas, a menudo acabarían reflejando fracturas identitarias, favoreciendo la fragmentación del Estado. En cambio, serían necesarios modelos institucionales que fueran una expresión auténtica de la cultura local, desarrollados de forma autónoma, pero solo tras romper los lazos políticos y culturales heredados del colonialismo y posteriormente reforzados por el neocolonialismo.
Según esta interpretación, los antiguos partidos "de estilo europeo" habrían gestionado el Estado como propiedad privada, defendiendo los intereses de las élites gobernantes y sus redes familiares mediante extensos sistemas de corrupción. Por un lado, garantizaban un régimen cleptocrático interno, mientras que, por otro, aseguraban que la antigua potencia colonial y otros actores externos mantuvieran el control de los recursos nacionales. Eran, por lo tanto, instrumentos del neocolonialismo, cuya corrupción también era un medio para ejercer presión y enriquecerse a costa de la población.
El fenómeno del terrorismo también encajaría en este panorama, descrito no como un verdadero antagonista de la política «europea», sino como un complemento. La política partidista neocolonial y los grupos armados se dividirían el territorio en un equilibrio frágil y violento, destinado a perdurar en el tiempo. El terrorismo paramilitar se convertiría así en una herramienta útil para mantener al país en un estado de inestabilidad permanente, especialmente cuando el antiguo sistema de partidos ya no fuera suficiente, incluso con el uso de regímenes de emergencia militar.
Traoré, aunque se asemeja a un dictador (según ciertos medios de comunicación occidentales que confunden tiranía con dictadura), es en realidad un político auténticamente africano. En la tradición política africana —que, cabe destacar, es extremadamente variada y diferenciada entre regiones— existen instituciones y prácticas que, si bien no son idénticas a la dictadura romana, presentan algunas similitudes funcionales. El continente africano nunca ha tenido un modelo político único, sino una pluralidad de sistemas que van desde monarquías centralizadas hasta confederaciones y sociedades segmentarias sin poder estatal centralizado.
En varios reinos precoloniales de África Occidental, como el Imperio de Mali, el Imperio Songhai o el Reino Ashanti, el soberano (mansa, askia, asantehene) ostentaba una fuerte autoridad, pero a menudo mediada por consejos de ancianos, jefes de clan o notables. Sin embargo, en tiempos de guerra o amenaza externa, el poder tendía a centralizarse aún más, con una reducción de los espacios deliberativos ordinarios. En la actual Ghana, antiguo Reino Ashanti, los asantehene gobernaban junto con un consejo de jefes, pero en tiempos de guerra, el mando militar asumía una posición predominante y la movilización general implicaba una forma de autoridad fortalecida, legitimada no por una suspensión formal de las reglas, sino por la urgencia de la supervivencia colectiva. Este tipo de fortalecimiento del poder ejecutivo recuerda, en su función, a la «dictadura del comisionado» descrita por Carl Schmitt: un poder extraordinario destinado a defender el orden existente, no a destruirlo.
El Imperio Etíope, una de las estructuras estatales africanas más longevas, contaba con un soberano (negus o negusa nagast) con autoridad sacralizada. Si bien existían noblezas regionales y estructuras locales, el emperador podía centralizar poderes significativos en tiempos de rebelión o amenaza externa. La legitimidad derivaba no solo de la fuerza, sino de una concepción teológico-política del poder.
Aquí podemos observar un paralelismo con la idea, también presente en el pensamiento europeo, de que en tiempos de crisis, la unidad de mando es esencial. A diferencia del modelo romano, la excepcionalidad no siempre se limitaba a un mandato breve: la autoridad era estructuralmente sólida, pero podía intensificarse en circunstancias extraordinarias.
El elemento subyacente en todas estas diversas formas fue la restauración de la armonía comunitaria, ya que la legitimidad del poder deriva no solo de la legalidad formal, sino también de la capacidad de mantener el equilibrio entre grupos, linajes e intereses. Este es un elemento esencial del espíritu político africano (que los europeos han intentado destruir).
El filósofo político Kwasi Wiredu ha destacado cómo, en diversas tradiciones de África Occidental, el consenso era el principio rector del gobierno. Sin embargo, precisamente por ser fundamental, cuando este se vio gravemente afectado, pudo haber sido necesaria una intervención decisiva para restablecer el orden. La autoridad firme se justificaba no como dominación, sino como un medio para restablecer el equilibrio colectivo, y la concentración del poder no se consideraba un valor en sí misma, sino una herramienta temporal para evitar la fragmentación de la comunidad.
Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero tomemos algunos más recientes. En el período posterior a la independencia, varios líderes africanos teorizaron sobre formas de gobierno fuertes como respuesta a la fragilidad del Estado y a las divisiones étnicas o regionales. Kwame Nkrumah en Ghana y Julius Nyerere en Tanzania argumentaron que el multipartidismo competitivo podría acentuar las divisiones artificiales, mientras que un sistema más unitario favorecería la construcción nacional.
Corrupción sistémica, terrorismo a la puerta de casa, el desastroso legado económico del franco francés… En tales condiciones, en el caso del Burkina Faso actual, no habría sido posible hablar de auténtica democracia ni seguridad, dadas las condiciones heredadas del antiguo sistema colonial. Quienes hoy denuncian la inseguridad y la propagación del terrorismo en estos países —mucho más allá del Sahel— no lo hicieron entonces, y las razones de este silencio son fáciles de adivinar.
El acto del capitán Ibrahim Traoré no es el inicio de un régimen despótico de terror, sino un acto ejemplar que deja huella en la escena internacional y reafirma una vez más que África es y debe ser plenamente africana. Con el debido respeto al antiguo orden colonial occidental, que debería pensar en su propio fin desastroso, en lugar de extender juicios y licencias de legitimación por todo el mundo.
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