Quién es quién en el lucrativo negocio a costa del pueblo palestino
Un nuevo informe presentado ante Naciones Unidas detalla cómo las grandes empresas financian y obtienen beneficios del genocidio en Palestina.
“Si el genocidio no ha terminado, es porque es un negocio muy lucrativo”, asegura la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados de Palestina, Francesca Albanese.
Manifestantes con un cartel que dice "Barclays para de financiar los crímenes de Israel contra Palestina" en el centro de Londres el 7 de mayo de 2025.HENRY NICHOLLS / AFP
Néstor Prieto Amador
05/07/2025 20:25
“Si Palestina fuese una escena del crimen, tendría las huellas dactilares de todos nosotros”, así de contundente se ha mostrado la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados de Palestina, Francesca Albanese, tras presentar su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio. Un exhaustivo estudio que señala cómo las grandes empresas financian y obtienen beneficios del genocidio contra el pueblo palestino.
Dónde hacemos la compra, en qué gasolinera repostamos, el banco dónde depositamos nuestros ahorros y otras tantas decisiones cotidianas que, sin que seamos conscientes, financian indirectamente el apartheid israelí. “Si el genocidio no ha terminado, es porque es un negocio muy lucrativo”, asegura Albanese, que apela a los “ciudadanos corrientes” a practicar el “boicot” contra este fenómeno.
Su informe, presentado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, interpela directamente a los Estados, a los que llama a imponer sanciones y cortar todas las relaciones comerciales y financiares con Israel. Exigiendo además que las empresas que se están enriqueciendo de la masacre del pueblo palestino “rindan cuentas” ante la justicia.
Las grandes empresas, responsables del genocidio
Según el informe de la relatora, las grandes empresas no solo obtienen beneficio del genocidio, sino que lo han hecho posible. La economía no es un mero beneficiario colateral de esta violencia, sino que es el sistema circulatorio que hace que la violencia continúe.
Fabricantes de armas que abastecen al Ejército israelí, empresas de maquinaria pesada usada para destruir los barrios en Cisjordania, los grupos agrícolas que comercializan productos de asentamientos ilegales o los bancos que financian la ofensiva contra Gaza: todos desempeñan un papel clave en el engranaje de la limpieza étnica.
"Estas empresas han seguido suministrando al mercado israelí a pesar de las abundantes pruebas del uso criminal de esta maquinaria por parte de Israel y los repetidos llamamientos de los grupos de derechos humanos para cortar los lazos", dice Albanese en el informe. "Los proveedores pasivos se convierten en contribuyentes deliberados de un sistema de desplazamiento".
El informe define al complejo militar‑industrial como la “columna vertebral económica” de Israel. Gracias a él, el Ejército dispone sin interrupción de munición, drones y otros equipos usados en Gaza y Cisjordania. Sirviendo de campo de pruebas para la industria armamentística: los fabricantes presumen de que sus productos están “tested in combat” (probados en combate), un reclamo que incrementa su valor comercial.
Para Albanese, “las compañías que proporcionan armamento y apoyo técnico han reforzado la capacidad israelí para perpetuar el apartheid”. Empresas como la estadounidense Lockheed Martin, que agrupa a 1.600 fabricantes de todo el mundo, han suministrado de forma constante al Ejército israelí cazas F-35, vitales para el bombardeo de Gaza y ataques como el producido contra Irán el pasado mes de junio.
En mayo de este año, Lockheed Martin alcanzó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa español para proporcionar a la industria de defensa nacional “una mayor capacidad de ingeniería y producción”. Se estima que en los últimos años Defensa ha suscrito más de 40 acuerdos con la compañía por un valor superior a los 2.000 millones de dólares.
En el mismo campo, la tecnológica estadounidense Palantir aparece en el texto de la relatora especial por haber provisto al ejército israelí de un software que permite la toma de decisiones automatizada en “situaciones de guerra”.
La compañía cuenta con una filial en España, Palantir Technologies Spain SL, y ha sido beneficiaria en octubre de 2023 de un contrato con el Ministerio de Defensa español, por valor de 16,5 millones de euros, para desarrollar sistemas de análisis y fusión de datos con tecnologías basadas en Inteligencia Artificial.
Otras grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet y Amazon proveen a Israel de servicios de almacenamiento de datos y de inteligencia artificial, “mejorando el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis”.
Por otra parte, gigantes automovilísticos como Hyundai (Corea del Sur) y Volvo (Suecia) también aparecen señalados por la presunta venta de maquinaria pesada a Israel. Vehículos clave en las demoliciones masivas de Gaza y Cisjordania. Desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024, Israel construyó 57 nuevas colonias “con empresas israelíes e internacionales que suministraban maquinaria, materias primas y apoyo logístico” asegura el informe.
En cualquier caso, la relatora advierte que lo que expone “no es una lista, es un sistema”. Y como tal, requiere de una respuesta estructural por parte de Estados y organizaciones internacionales.
La banca sostiene la economía del genocidio
Casi dos años después del inicio del genocidio en Gaza, Israel es capaz de sostener su economía gracias a la emisión masiva de bonos del tesoro, que dan liquidez directa al Gobierno israelí para cubrir el déficit generado por la compra masiva de armamento.
“Algunos de los bancos más grandes del mundo, incluidos BNP Paribas y Barclays, intervinieron para aumentar la confianza del mercado suscribiendo estos bonos del Tesoro internacionales y nacionales, lo que permite a Israel contener la prima de la tasa de interés, a pesar de una rebaja de crédito”, señala el texto.
Desde el 7 de octubre, la Bolsa de Valores de Tel Aviv habría crecido al menos un 200% en menos de dos años, más de 220 mil millones de dólares en beneficios bursátiles. "Un pueblo enriquecido, otro borrado", sintetizaba la relatora en la posterior comparecencia de prensa.
La española CAF señalada
En el informe aparece señalada la empresa vasca CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) como parte del consorcio empresarial encargado de mantener y ampliar la Línea Roja del Metro Ligero de Jerusalén, así como de construir una nueva Línea Verde. Una obra que contempla la construcción de 28 nuevos kilómetros de vías que conectan Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Este, anexionados ilegalmente por Israel en 1980 y sin reconocimiento de Naciones Unidas.
La concesión de este contrato se formalizó en 2019 a través de un consorcio entre CAF y la constructora israelí Shapir. El proyecto tiene un coste total que ronda los 1.800 millones de euros.
De esa cifra, más de 500 millones irían a parar a CAF por las tareas de obra civil, montaje de vías y suministro de material rodante. A esa parte fija se suman los ingresos correspondientes a su participación al 50% en la sociedad conjunta responsable de la explotación y el mantenimiento de ambas líneas durante un período de entre 15 y 25 años, actividad que por sí sola podría generar cerca de 1.000 millones adicionales.
Esta obra consolida el plan colonial israelí al conectar sus asentamientos ilegales. Garantizando el tráfico de mercancías y personas para los colonos y fragmentando físicamente el territorio palestino.
Las empresas deben ser juzgadas
Para Albanese, la responsabilidad del genocidio palestino va más allá de Israel. Según la relatora, el marco jurídico internacional ofrece ya una base sólida para establecer la responsabilidad penal y civil de las corporaciones que facilitan crímenes de lesa humanidad. En su opinión, lo que ocurre en Palestina “es una línea roja” para el sector privado.
El informe de Albanese advierte de que ya existen precedentes históricos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Núremberg sentó un hito jurídico al enjuiciar a los directivos de IG Farben —la colosal química alemana— por haber suministrado gas Zyklon B y otros productos esenciales al aparato de exterminio nazi.
Algo similar ocurrió en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, donde se señaló la responsabilidad corporativa de varias empresas en la violación de Derechos Humanos de la población negra.
“La complicidad expuesta por el informe es sólo la punta del iceberg; no se podrá acabar con ella sin exigir responsabilidades al sector privado, incluidos sus ejecutivos” señala. “Un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema mundial que lo ha permitido”.
Estados y ciudadanos deben actuar
La relatora especial termina su informe emitiendo varias recomendaciones a los Estados para “acabar con la impunidad” y “frenar el genocidio”. Entre las medidas sugeridas destaca un “embargo total” a la compra y venta de armamento y la imposición de “sanciones”.
Del mismo modo, pide la suspensión de todos los acuerdos comerciales con Israel. Actuando también contra las respectivas empresas nacionales que estén financiando o lucrándose con el genocidio.
“En este momento existencial para el pueblo palestino; sindicatos, abogados, organizaciones de la sociedad civil y la propia ciudadanía deben fomentar un cambio de actitud por parte de las empresas y los gobiernos”, asegura Albanese. Quien pide que la presión se traduzca en “boicots, desinversiones, sanciones y rendición de cuentas”. “No es una cuestión de si hacerlo o no, es una cuestión de cuándo”, sentencia.
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