Los connacionales que se encuentran en El Salvador han sido expuestos a una situación que bien podríamos considerar un limbo jurídico
Persecución sin límite: venezolanos en riesgo, Foto: Alma Plus Tv
Por Ana Cristina Bracho
almaplus.tv, 26 Marzo
Con frecuencia, puede leerse que una de las experiencias más traumáticas que puede un humano experimentar es la privación de libertad. En ella, todo aquello que nos es natural se corta. Somos privados de la posibilidad de decidir las cosas mas cotidianas, obligados a obedecer y a menudo objeto de reprimendas. Según se ha documentado, tan solo la restricción del aire y del sol son capaces de generar un daño profundo. Los criminólogos resumen esto señalando que esta es una situación antinatura.
Si esto es así incluso cuando una persona ha cometido un hecho atroz que ha sido comprobado por todos los medios que dispone el derecho y acompañado de especialistas, es absolutamente inimaginable la dimensión del daño que puede causar estar sometidos a una situación que ni siquiera tiene un término propio para ser descrita como es aquella que viven de doscientos treinta y ocho venezolanos dentro de un centro de reclusión en El Salvador, a donde llegaron producto de su expulsión de Estados Unidos.
Una medida contra todos en el cuerpo de algunos
Antes que un juez pueda hacer cualquier consideración, tiene que considerar que hay algunas reglas importantes en el derecho penal que deben considerarse previamente. La primera es la presunción de inocencia y la protección de la dignidad que actúan como un freno de cualquier castigo cruel o ilimitado, obligando al Estado a demostrar porqué toma una decisión y limitando los medios de los que puede servirse para castigar.
Seguidamente y como consecuencia de esto, la naturaleza de la responsabilidad penal es individual -nunca colectiva- y debe derivar de un acto, no pudiendo atribuirse a una persona por su apariencia ni ninguna otra consideración subjetiva. Finalmente, hace ya varios siglos que se determinó que la responsabilidad penal es territorial, somos potencialmente responsable de los delitos que cometemos en un determinado país y sólo se extiende de manera excepcional si el delito tiene efecto en otro territorio o contra sus nacionales. Sólo han abierto el compás en estos temas categorías como la jurisdicción universal que, en este caso, claramente no aplica ni nadie ha invocado.
Los venezolanos que se encuentran en El Salvador han sido expuestos a una situación que bien podríamos considerar un limbo jurídico. Llegan, cuando la condición que detentaban era la de migrantes -regulares o irregulares no se ha determinado en cada caso- y sobre la aplicación de una Ley que se resucita con una decisión ejecutiva y con la opinión contraria de un tribunal, por un proceso en apariencia colectivo.
Al respecto, es importante tomar en cuenta que la consecuencia que en el Derecho Internacional se le da a una situación migratoria que no cumple los extremos nacionales para regularizarse es la deportación o la expulsión, un procedimiento que ha de hacerse respetando los derechos humanos y el procedimiento interno.
Al tiempo que proceder esta manera rompe el principio de individualidad de la responsabilidad penal, consagrado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; viola la protección contra la discriminación, en tanto estigmatiza y discrimina de manera sistémica; y nos pone en evidencia la arbitrariedad judicial y la ambigüedad de la ley, que tienen como consecuencia un debilitamiento institucional.
Acciones como estas han sido objeto de estudios que han concluido inefablemente en su condena, ya hablemos el Holocausto, del Apartheid en Sudáfrica o varias acciones en el marco de guerra contra las drogas que se han emprendido en distintos países.
Desde que esta situación se hizo pública, Venezuela ha tomado distintas vías en la defensa de sus nacionales que, ha denunciado se encuentran secuestrados en el Salvador, discutiendo la medida por la vía diplomática, incoando acciones judiciales en dicho país, así como solicitando que la Organización de las Naciones Unidas intervenga. De igual manera, ha calificado esta acción como un atentado contra la venezolanidad, propiciando acciones nacionales en su defensa.
Acciones contra los venezolanos
Desde su llegada al poder en enero de 2025, la expulsión de los inmigrantes ha sido una de las obsesiones de Donald Trump. Entre ellos, los venezolanos han tenido un lugar importante en tanto el actual presidente se opone a las medidas que había dictado su antecesor y mantiene una retórica que asocia a los venezolanos con una estructura criminal. Entre los actos que de manera especifica ha tomado pueden enumerarse,
-Reducción de la duración del Estatus de Protección Temporal (TPS)
-Encarcelamiento de migrantes venezolanos en la base militar de Guantánamo
- Derogatoria del beneficio migratorio conocido como CHNV (parole)
-Se habla de una futura prohibición de ingreso a Estados Unidos de nacionales provenientes de ciertos países, entre estos Venezuela.
Estas medidas están insertas en un contexto mas general de medidas contra la inmigración que ha incluido decisiones de distinta naturaleza como la declaratoria de emergencia nacional y el despliegue de militares en la frontera sur, la autorización de redadas masivas en escuelas, iglesias y hospitales, la desactivación de la aplicación CBP One para solicitantes de asilo, entre otras.
Una de las justificaciones para emprender acciones especialmente duras contra los venezolanos ha sido invocar su presunta vinculación con una organización criminal, conocida como el “Tren de Aragua”, señalada por Washington de ser “una organización terrorista que invadió Estados Unidos y que es una amenaza para la seguridad pública y nacional” por lo que es posible aplicarles la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y con ella desaplicar el régimen legal en materia migratoria en contra de los venezolanos. Al respecto, Caracas ha denunciado que esta es una banda extinta y los familiares de las personas que han sido señalados como tal han informado que las causas para la determinación de su pertenencia ha sido la nacionalidad y el tener tatuajes en el cuerpo.
El hecho que se use esta legislación, tan antigua y pocas veces invocadas no es un asunto menor. Permite que nos interroguemos si en sí misma es una evolución de la situación de Venezuela pues hemos pasado en su retórica de una “amenaza inusual y extraordinaria” como firmaba otrora Obama a “enemigos” como firma ahora Trump. Siendo que esta es una peligrosa categoría de la guerra.
Un tema importante a este respecto es que tanto la estigmatización como la criminalización colectiva son acciones condenadas desde los derechos humanos, tanto, como es una pieza central la prohibición de la discriminación y un derecho la libre determinación de la personalidad que ha servido como base para considerar posible y legitimo cualquier proceso de modificación corporal al que una persona de acuerdo a su razón se desee someter.
La reacción desde Caracas ha sido invitar a la población migrante venezolana, en especial, la residente en Estados Unidos a optar por el retorno voluntario incluso con auxilio del Estado y condenar las acciones de Washington, a quien exige respeto por los derechos humanos.
Una situación que, tan abiertamente rompe los cimientos de los más comunes de los acuerdos entre las naciones tan sólo puede advertirnos de un momento de crisis profunda en las convicciones comunes que creíamos irreversibles. Prueba para algunos que aquello que pensamos se había consolidado desde la Ilustración está posiblemente experimentado una regresión hasta el absolutismo, o, que, en aquella vieja pelea entre la democracia y el capital, parece haber ganado este round el último, como se observa en estos casos, pero también en otras “curiosidades” del momento, como la poca fuerza del Poder Judicial o el reemplazo de los políticos tradicionales por los amos del mundo tecnofeudal.
Ana Cristina Bracho
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Ana Cristina Bracho, Escritora y columnista venezolana. Abogada egresada de la Universidad del Zulia (2009). Premio Nacional de la Juventud Creadora Aquiles Nazoa (2020) y el Premio Nacional Simón Bolívar en Opinión (2023) por la columna "Mejor ni te cuento", publicada en Épale Ccs. Entre sus libros publicados está 23F: la batalla
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