En Colombia, 3,2 millones de personas no tienen acceso al servicio de agua potable, pese a la riqueza hídrica del país. Sin embargo este es solo uno de los desafíos que enfrentan los ríos en el territorio nacional.
Miguel Martínez*
20 de diciembre de 2024
El 25 % de los cultivos del planeta sobreviven por el agua de los ríos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Hablar del acceso al agua como derecho es hablar de los ríos. Según WWF, ONG internacional autoridad en conservación y medio ambiente, dos billones de personas dependen de los ríos para tener acceso a agua dulce. Los ríos proveen el 17 % de la energía generada a nivel mundial. Además, 190 millones de hectáreas de producción agrícola dependen de estos cuerpos de agua. Es decir, el 25 % de los cultivos del planeta sobreviven por el agua de los ríos, según la misma ONG.
A pesar de su importancia, muchas comunidades aún enfrentan múltiples problemáticas para acceder al agua dulce y cuestionan la falta de lineamientos sobre quién puede disponer de los ríos y cómo. Además del acceso, los ríos en Colombia enfrentan desafíos como el extractivismo, la contaminación por minería y la construcción de represas. Pesquisa Javeriana habló con varios expertos para conocer las dolencias que más aquejan a los ríos.
El acceso
Colombia cuenta con una capacidad hídrica mayor a la de muchos países y, según el Ministerio de Ambiente, el agua es de dominio público y se prioriza para el consumo humano sobre otras actividades. Sin embargo, para Jorge Escobar, profesor del departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, la discusión no solo debería ser sobre la cantidad de agua disponible, sino sobre la calidad. “Si el agua verdaderamente fuera priorizada para el consumo humano, habría instrumentos que aseguren la calidad de agua para las personas”, afirmó.
Escobar explicó que hay contextos con fuertes conflictos ambientales por el agua, como María La Baja (Bolívar), en donde los cultivos de palma, y en general la producción agrícola, “capturan la mayor cantidad de agua, dejando al consumo humano como un uso secundario”. Ahora bien, aclaró que es responsabilidad de las comunidades dar una adecuada gestión local al agua de los ríos. “Si las personas de la parte alta de la montaña dejan la llave del agua abierta todo el día, o la usan sin control en animales, o cultivos, eso afecta directamente a las personas que viven más abajo”, agregó.
El Estado colombiano lo sabe. En marzo de 2023, la entonces ministra de Vivienda, Catalina Velasco, aseguró en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que, en Colombia, 3,2 millones de personas no tienen acceso al servicio de agua potable, mientras que 12 millones no cuentan con un servicio adecuado.
Es el caso investigado por Valentina Fonseca, ecóloga y máster en Conservación y Uso de la Biodiversidad de la Universidad Javeriana. Fonseca analizó el acceso al agua del río Aracataca, en Magdalena. Ese rincón de Colombia que inspiró a Gabriel García Márquez para narrar la fundación de Macondo en Cien Años de Soledad.
“José Arcadio Buendía […] había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podría llegarse al río y abastecerse de agua con y igual esfuerzo, y […] ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor”, Cien años de Soledad. Gabriel García Márquez.
En la parte más alta de la cuenca del río, en la Sierra Nevada de Santa Marta, están asentadas comunidades indígenas, principalmente del pueblo arhuaco. A medida que se avanza en la cuenca del río montaña abajo, hay cultivos cafeteros, frutales de mango y banano, grandes y pequeños productores de palma de aceite, y pescadores. Todos ellos se abastecen del río para sus necesidades básicas. Sin embargo, la investigación demostró que el abastecimiento de agua no funciona como lo planeó el primero de los Buendía.
Fonseca encontró que, mientras más arriba en la cuenca se esté, se tiene acceso a más agua y de mejor calidad. “Especialmente, en las zonas de producción palmera hay una disminución considerable del caudal porque están usando mucha más agua de la que necesitan”, dice la investigación.
Esta situación es particularmente delicada, porque en el corregimiento de Bocas de Aracataca, donde desemboca el río, habitan comunidades cuyo transporte, alimentación y subsistencia depende del agua. Es el área de la Ciénaga Grande de Santa Marta, un complejo de humedales que albergan pueblos palafitos, donde las casas se construyen sobre el cuerpo hídrico y los habitantes van de un lado a otro en balsa.
El escaso caudal que llega a este punto trae más sedimentos que agua, lo que impide la oxigenación del humedal y de los manglares. Además, el líquido llega contaminado por residuos químicos de la actividad agropecuaria que son transportados por el río. La mala calidad del recurso impide la pesca o el cultivo, por lo que, según Fonseca, estas comunidades están siendo desplazadas por falta de agua.
La ecóloga Fonseca y el profesor Escobar coinciden en que una solución para este tipo de situación pasa por establecer un sistema de gobernanza. Es decir, por definir cómo se distribuye un uso equitativo del agua.
El extractivismo
En los últimos años ha venido creciendo el debate sobre las formas de producir energías en el planeta. “Desde hace décadas venimos reflexionando sobre los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) y los múltiples retos que enfrentamos a futuro en esta materia”, afirma María Alejandra Quintero, investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali.
Los combustibles fósiles, por un lado, no son renovables y en algún momento van a agotarse. Por otro lado, diversos estudios responsabilizan a estas fuentes de energía de causar efectos negativos al contaminar tierras, cuerpos de agua y aire, lo que contribuye al cambio climático.
Durante décadas, gobiernos de todo el mundo le han apostado a la minería, la explotación petrolera y los grandes proyectos energéticos como una fuente de ingresos. En el caso colombiano, la explotación minera y la producción de combustibles aportan el 4,6 % del producto interno bruto.
Los ingresos parecieran quedarse cortos cuando se analizan los impactos en los ecosistemas en que se desarrollan este tipo de proyectos. Jenny Ortiz, investigadora del Centro de Investigación y Educación Cinep/Programa Por la Paz ha acompañado por años a comunidades indígenas y afro de La Guajira que denuncian haber sido afectadas por más de 40 años a causa de la extracción de carbón, y otros minerales en el departamento.
“La actividad minera ha desviado cerca de 17 arroyos o afluentes del Río Ranchería, el más importante de La Guajira. También hemos registrado que más de 50 Jagüeyes, o pozos artificiales de agua fueron secados desde que inició la extracción de carbón. Esto ha reducido en un 42,5 % la oferta hídrica de las comunidades, según investigaciones de varias organizaciones”, puntualiza Ortiz.
El pueblo wayuú ha alertado desde hace años sobre la importancia del Arroyo Bruno, que nace en la Serranía del Perijá, y recorre los municipios de Maicao y Albania. En 2017 este afluente fue desviado unos 700 metros al norte, a lo largo de 3.6 kilómetros, por una de las empresas mineras que funcionan en la región.
“Hoy las aguas en La Guajira corren como ruedas sueltas porque la capa tectónica ha sido fracturada por todas las explosiones que han hecho para sacar el carbón”, le dijo Samuel Arregocés (Q.E.P.D) representante legal del Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco (La Guajira) a Pesquisa Javeriana. “Desde que llegó el extractivismo hemos perdido 17 ríos que se han secado. Se dice que el Estado compensa algunos daños, pero en nuestro caso, que somos comunidades ancestrales, tenemos una conexión especial con el territorio. Para nosotros son lugares sagrados, lugares de pagamento. No se trata solo del agua, que también es fundamental, sino de nuestra cultura, de nuestras tradiciones”, añadió Arregocés en una entrevista en julio de 2024.
Fue tal la situación, que a finales de 2017 la Corte Constitucional emitió la sentencia SU698/17 en la que ordenó amparar los derechos fundamentales de las comunidades negras e indígenas afectadas con la desviación del Arroyo Bruno. Entre los derechos vulnerados estaba el de acceso al agua.
Contaminación con metales pesados
Según la Organización Internacional del Trabajo, en Colombia hay más de 200.000 personas dedicadas a la minería. Lo preocupante es que menos del 20 % de las unidades mineras posee legalidad plena, de acuerdo con la Contraloría General, ya sea porque las minas están en lugares prohibidos para esta operación, o porque no cuentan con licencias.
En Antioquia (47 %), Bolívar (30 %) y Chocó (19 %) se concentran la mayor parte de los mineros del país. De las 41 zonas hidrográficas del país, en más del 60 % hay presencia de explotación ilícita de minerales como coltán, oro, carbón y esmeraldas, según el Ministerio de Ambiente.
La preocupación ha venido creciendo, pues se ha demostrado que este tipo de actividades no solo causan impactos de deforestación, pérdida de biodiversidad y destrucción del hábitat. Además, contaminan aire, suelos y aguas por el uso de sustancias químicas tóxicas sin los controles necesarios.
Tal vez el más problemático y conocido es el mercurio. Este elemento que se usa principalmente en la extracción de oro tiene una particularidad, y es que es el único metal que a temperatura ambiente mantiene su estado líquido. “En su estado natural, no representa mayor problema. Sin embargo, en contacto con el agua, los microorganismos lo pueden convertir en metilmercurio, su forma orgánica que es altamente tóxica”, sostuvo Dalia Barragán, bióloga marina e investigadora posdoctoral en el Instituto Javeriano del Agua.
Barragán explicó que hay varias fuentes para que el mercurio llegue a los ríos y mares del mundo. Uno es la sedimentación o actividad volcánica. Sin embargo, la mayor fuente de contaminación es producto de la actividad humana. “Hay una parte de la industria que utiliza el mercurio a temperaturas muy altas. Los residuos se liberan en forma gaseosa a la atmósfera. Luego los vientos los mueven y la lluvia o la nieve, lo trae de nuevo a la tierra. Ha llegado a contaminar lugares que pensaríamos que son prístinos, como la Antártida u hogares de comunidades indígenas que están muy apartadas de los grandes centros industriales”, relata Barragán.
Los vertimientos directos de la minería son aún más nocivos para el ambiente y para las personas que tienen contacto con los ríos o peces contaminados. Además, como los animales no pueden procesar el mercurio, este se va acumulando a lo largo de la cadena trófica. Es decir, si un pez acumula mercurio, este metal puede llegar hasta un organismo humano que lo consuma. Los efectos de la contaminación por mercurio incluyen alteración sensorial, deterioro o pérdida de la vista y oído, debilidad, parálisis permanente e incluso la muerte.
En marzo de 2024 la Procuraduría General emitió una alerta por los altos niveles de contaminación por mercurio registrados en diez departamentos en los que se ha detectado minería ilegal: Antioquia, Chocó, Cauca, Putumayo, Santander, Valle del Cauca, Nariño, Caldas, Amazonas y Guainía. Desde 2023, el uso de este elemento quedó prohibido en todo tipo de minería legal. Sin embargo, en la actualidad, su uso en la minería ilegal sigue desbordando los controles de las autoridades.
Represas
El ser humano ha buscado formas de adaptar la naturaleza a sus necesidades, incluyendo los ríos. Construyendo represas, hidroeléctricas y diques, la ingeniería ha encontrado maneras de modificar los cursos naturales, las cantidades de aguas, los lugares por donde se requiere que estén los ríos y otros cuerpos de agua. Estas innovaciones, apuntaladas en una visión antropocéntrica, han traído muchos beneficios, pero también problemáticas.
Lo primero que hay que anotar es que, generalmente, estas megaobras están ubicadas en puntos estratégicos. Su sola construcción ya plantea unos impactos para los ecosistemas. “Este tipo de obras modifican la cantidad de sedimento que arrastra el río aguas abajo. Eso ya cambia las dinámicas de los seres vivos que aprovechan las aguas y los microambientes que se crean de forma natural por temporadas”, afirmó Carlos Rivera, profesor de Biología de la Universidad Javeriana.
“Una represa impide al río inundarse con el régimen natural. Eso despista a especies de peces que dependen de esos ciclos de inundación, de subida natural para su migración, su reproducción y otras funciones de su vida. Así se afecta la pesca, la diversidad”, agregó el biólogo.
En el caso de los embalses, son muy útiles para que las ciudades mantengan el acceso al agua permanente. Sin embargo, los efectos a nivel ambiental son considerables. Por su profundidad y estructura, con el paso de tiempo empiezan a producir gases de efecto invernadero como el metano.
“Es que el ser humano quiere manejar el agua a su antojo”, afirmó con vehemencia el profesor Jorge Escobar. El docente de ingeniería civil de la Javeriana es crítico de la forma en que se hacen algunas intervenciones a los ríos. “No se trata solo de crear esas estructuras, sino de garantizar que, a futuro, estas tengan un mantenimiento adecuado para que no presenten problemas. Es necesario hacerlas sostenibles en el tiempo”, agregó.
Ambos expertos coinciden en la importancia de planificar y ordenar los territorios basados en los comportamientos naturales de las aguas. “Lo ideal es entender el ciclo del agua en las condiciones actuales y tratar de brindar las posibilidades para que fluya de la mejor manera sin que eso afecte las actividades productivas ya establecidas en la zona”, puntualizó Escobar.
Todas estas investigaciones y hallazgos llevan a buscar mejores formas de relacionarse con los ríos a futuro. Tantos impactos hacen necesario replantearse las formas de vida, las costumbres, las actividades que de una u otra forma están afectando a los ríos, porque al fin de cuentas, el ser humano depende de estos y, por lo tanto, le conviene mantenerlos vivos y saludables.
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*Este artículo fue publicado originalmente en Pesquisa Javeriana de la U. Javeriana.
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