Los dos años de gobierno de los talibanes en Afganistán nos han enseñado que las iniciativas al uso en materia de defensa de los derechos humanos son insuficientes para combatir el apartheid de género. Hace falta una enérgica acción colectiva internacional.
VRINDA NARAIN
Se acerca el segundo aniversario de la toma del poder por los talibanes en Afganistán. Desde entonces, las mujeres afganas han visto denegados los derechos humanos más básicos en lo que no puede calificarse más que de apartheid de género. Solo si se califica así y se deja claro que la situación en Afganistán es un crimen contra la humanidad podrá la comunidad internacional combatir legalmente la discriminación sistemática de las mujeres y niñas del país.
La eliminación de las mujeres de la esfera pública es un elemento central de la ideología talibán. Las instituciones que velaban por los derechos de las mujeres en Afganistán, en particular el Ministerio de Asuntos de la Mujer, han sido desmanteladas, mientras que se ha resucitado el temible Ministerio de Propagación de la Virtud y del Prevención del Vicio. La Comisión independiente de derechos humanos ha sido disuelta y se ha derogado la constitución de 2004, al tiempo que se ha abolido la legislación que garantizaba la igualdad de género.
Hoy, las mujeres afganas no pueden acceder a la educación postsecundaria, ni salir de casa sin un varón acompañante, no pueden trabajar excepto en la sanidad y en algunas empresas privadas ni acudir a parques, gimnasios y salones de belleza.
Las mujeres en el punto de mira
De los aproximadamente 80 edictos emitidos por los talibanes, 54 apuntan específicamente contra las mujeres, restringiendo gravemente sus derechos e incumpliendo las obligaciones internacionales de Afganistán y sus leyes nacionales anteriores, incluida la constitución. Nada parece disuadirles y se dedican a retomar el hilo allí donde lo dejaron hace 20 años, cuando accedieron por primera vez al poder. Es resultado de sus ambiciones es casi apocalíptico.
Afganistán está abocado a una de las peores crisis humanitarias del planeta. Unos 19 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda, mientras que más del 90 % de la población afgana experimenta alguna forma de inseguridad alimentaria, especialmente los hogares encabezados por mujeres con hijos. La violencia machista ha aumentado exponencialmente con la correspondiente impunidad de los perpetradores y la falta de apoyo a las víctimas, al tiempo que las minorías étnicas, religiosas y sexuales son objeto de una intensa persecución. Esta cruel realidad subraya la urgente necesidad de plantear cómo los males civiles, políticos, socioeconómicos y de género están interconectados.
Crimen internacional
Karima Bennoune, profesora de derecho internacional argelino-estadounidense, ha defendido que se reconozca el apartheid de género como un crimen con arreglo al derecho internacional. Este reconocimiento se basaría en los compromisos jurídicos internacionales de los Estados con la igualdad de género y en el Objetivo n.º 5 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que contempla la consecución de la igualdad de género para 2030.
La criminalización del apartheid de género otorgaría a la comunidad internacional un potente marco legal para responder efectivamente a los abusos de los talibanes. Mientras que Naciones Unidas ya ha calificado la situación en Afganistán de apartheid de género, actualmente este término no está reconocido como uno de los peores crímenes internacionales en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Con motivo de la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Richard Bennett ‒Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán‒ declaró:
La discriminación grave, sistemática e institucionalizada con las mujeres y niñas es consustancial a la ideología y la forma de gobernar de los talibanes, que también hace sospechar que estos pueden ser responsables de un apartheid de género.
La criminalización del apartheid de género en todo el mundo permitiría a la comunidad internacional cumplir su obligación de responder efectivamente y tratar de erradicarlo de modo permanente. Proporcionaría los instrumentos legales necesarios para asegurar el mantenimiento de los compromisos internacionales con los derechos de las mujeres en todos los aspectos de la vida. Shaharzad Akbar, dirigente del grupo Rawadari de derechos humanos y expresidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, ha urgido al Consejo de Derechos Humanos a reconocer la situación afgana como apartheid de género. Ha señalado que “los talibanes han convertido a Afganistán a una fosa común de las ambiciones, los sueños y el potencial de las mujeres y las niñas afganas”.
Apoyo de Sudáfrica
Una serie de defensoras afganas de los derechos de las mujeres también han reclamado la inclusión del apartheid de género en el proyecto de Convención de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad. Conviene destacar que Bronwen Levy, la representante sudafricana en el Consejo de Seguridad, ha urgido a la comunidad internacional a “actuar contra lo que el informe (de Bennett) califica de apartheid de género, de modo similar a lo que hizo en apoyo a la lucha de Sudáfrica contra el apartheid racial”.
Asimismo, la presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo sobre Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, así como la jefa de su delegación para las relaciones con Afganistán, han tachado de “inaceptable” la situación imperante en este país y la han calificado de apartheid de género. Cada vez que aparece un sistema de segregación como es el apartheid, representa un fracaso de la comunidad internacional. La situación en Afganistán exige que la comunidad internacional responda a la persecución de las mujeres.
El reconocimiento del régimen talibán como apartheid de género no solo es crucial para las mujeres afganas, sino también para la credibilidad del conjunto del sistema ONU. Como dijo la activista afgana de derechos humanos Zubaida Akbar ante el Consejo de Seguridad: “Si no defienden los derechos de las mujeres aquí, no tendrán credibilidad en ninguna otra parte".
Los dos años brutales de gobierno de los talibanes en Afganistán nos han enseñado que las iniciativas al uso en materia de defensa de los derechos humanos, aunque importantes, son insuficientes para combatir el apartheid de género. Hace falta una enérgica acción colectiva internacional para poner fin a la guerra contra las mujeres. No dentro de dos meses. No dentro de dos años. Ahora mismo.
08/08/2023
Traducción: viento sur
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Vrinda Narain es profesora adjunta de la Facultad de Derecho, Centro de Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico, Universidad McGill.
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