GANÓ COLOMBIA

Por Katalina Vásquez Guzmán

. Imagen: EFE

Desde Medellín

Después de mil líderes sociales y casi cuatrocientos ex combatientes asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz, el pueblo llega al poder en Colombia en medio de una profunda crisis humanitaria y ausencia de garantías para la vida de los más vulnerables. La situación seguridad y desigualdad se agravó en la pandemia y provocó una enorme movilización social que expresó su descontento, de acuerdo al triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, en las urnas llevando a la presidencia la opción que propuso un cambio por la vida. El nuevo gobierno de Colombia, por primera vez a la cabeza de un exguerrillero y una mujer afro, víctima y defensora de Derechos Humanos y el medio ambiente, recibe un país convulsionado a causa del hambre, el desempleo y la confrontación armada.

Por eso uno de los principales retos del próximo presidente y su equipo de gobierno será tomar medidas para frenar el desangre que no sólo afecta a los defensores y defensoras de derechos humanos más visibles, o los firmantes del Acuerdo, sino también a su familiares, a las mujeres y las juventudes rurales y urbanas. En los últimos cuatro años, con el gobierno de derecha de Iván Duque que llegó a Casa de Nariño con la promesa de hacer trizas el acuerdo de paz, Colombia retrocedió en materia humanitaria y en general en garantía de derechos sociales y económicos para su pueblo.

Petro y Márquez reciben pues una Colombia con más desempleo, más desplazamiento forzado, más niños y niñas reclutados por grupos armados, mayores índices de hambre y necesidades básicas insatisfechas, más pueblos confinados a razón de la disputa armada en la ruralidad, aumento de combates entre ilegales y operativos de Fuerza Pública en las zonas apartadas del país, menos acceso al empleo en las urbes, más hambre y, en respuesta a ello, mayor indignación entre los colombianos del campo y la ciudad que exigen garantía de derechos y no solo privilegios para la clase dirigente y los privilegiados.

El Paro Nacional en el que principalmente jóvenes se movilizaron como nunca antes en la historia de Colombia, y con especial protagonismo de ciudades empobrecidas con población afro y popular como Cali, exigió la implementación del Acuerdo de Paz como hoja de ruta para superar el desangre entre ex combatientes, líderes sociales y campesinos, y como garantía de seguridad a la oposición y la movilización social que fue fuertemente reprimida y, según la Misión SOS Colombia, recibió un tratamiento militar de parte de la Fuerza Pública con graves abusos como asesinato, detenciones ilegales, desaparición forzada, mutilación de ojos, abusos sexuales, entre otros que llevaron a la indignación generalizada.

El Partido Comunes que reúne a los firmantes del Acuerdo y ex guerrilleros de las FARC, manifestaron ante el triunfo de Petro que “es el momento del gran pacto nacional”, y que están seguros que con Petro y Francia será posible la implementación integral del acuerdo de Paz, una paz completa para Colombia. “Y para ello cuentan con toda nuestra disposición, con nuestra bancada para tramitar las reformas necesarias (...) Es el triunfo de todo el pueblo colombiano”. Además invitaron a un gran Pacto Nacional y no un pacto de élites, “un pacto para construir un país donde quepamos todos”.

Los firmantes agrupados en Comunes y en otras formas asociativas que se distanciaron del partido oficial han manifestado su preocupación recurrente por la falta de garantías para la vida y la reincorporación, pues si bien existen más de mil firmantes escoltas y cientos de esquemas de seguridad para ellos y ellas, esto no ha sido suficiente para detener su eliminación que, con 367 reincorporados asesinados, evidencia una asesinato sistemático. Ante esta realidad, la Corte Constitucional declaró a principio de año el llamado estado de cosas inconstitucional por considerar que los firmantes no tienen garantías a la vida, la reincorporación política y en general a la seguridad, tras los homicidios y desapariciones forzadas que viven, y también por los desplazamientos masivos que viven en los Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR) y Nuevas áreas de reincorporación (NAR) donde adelantan su regreso a la vida civil y sus proyectos productivos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) de Comunes cinco ETCR y NAR han sido desmantelados por la fuerza de la violencia en Antioquia, Meta, Cauca y Córdoba.

Por su parte, instituciones que hacen seguimiento al Acuerdo de Paz como el Instituto Kroc, el Cerac, el Cinep y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político, coinciden en señalar en sus informes el retraso en la formalización de la tierra -punto uno del Acuerdo de paz que diseña una sofisticada reforma rural integral-, y la casi nula implementación de los enfoques de género y étnico. Lo que más preocupa incluyendo a la comunidad internacional es la matanza de firmantes y líderes que defienden el Acuerdo, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la tierra, y el medio ambiente. El Cinep, por su parte, ha expresado que el gobierno actual realizó una implementación selectiva del Acuerdo; la política de paz con legalidad del gobierno Duque se enfocó en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en que se llevaron millonarias inversiones a los territorios más afectados por el conflicto, en medio del descontento de las comunidades campesinas, indígenas y afros organizadas, quienes no consiguieron la participación que exigía el Acuerdo mismo.

Por otro lado, el Sistema INtegral de Paz que incluye a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) y la Comisión de la Verdad presentó destacados avances. Será menester del nuevo gobierno continuarlos y fortalecerlos como mecanismos de justicia y reparación para las víctimas, pues el saliente gobierno Duque-Uribe les restó presupuesto y atacó de forma permanente su legitimidad desconociendo incluso sus solicitudes de medidas para proteger a las comunidades de ex combatientes y líderes y lideresas sociales que pusieron una trágica cuota de sangre, junto a los jóvenes movilizados, en un sangriento cuatrienio que terminará en agosto próximo.

La paz y la vida esperan pues un oxígeno de la mano de Francia Márquez y Gustavo Petro, quienes recibieron el respaldo de todo el movimiento social, sindicalista, estudiantil y defensores de Derechos Humanos en Colombia, así como de quienes dejaron atrás el fusil y le cumplen a la paz, pese a los incumplimientos del Estado.

El líder del izquierdista Pacto Histórico alcanzó el 50,44 % de los votos, según el 100 % del preconteo de votos hecho por la Registraduría Nacional.

El candidato Gustavo Petro obtuvo la victoria en las elecciones de este domingo y será el próximo presidente de Colombia, luego de imponerse en la segunda vuelta sobre su contendiente Rodolfo Hernández.

El líder del izquierdista Pacto Histórico alcanzó el 50,44 % de los votos, según el 100 % de las mesas informadas, mientras que Hernández, acumuló el 47,32 % de los votos según el preconteo de la Registraduría Nacional que tiene carácter informativo.

Para estas elecciones se habilitaron 103.364 mesas de votación y sufragaron más de 22 millones de colombianos, lo que implica una participación del 58,09 %, la cifra más alta del siglo XXI.

Con este resultado preliminar, la abogada y líder ambientalista Francia Márquez, de 40 años, compañera de fórmula del candidato izquierdista, es la primera mujer afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia cuya promesa es la construcción de "una Colombia antirracista, antipatriarcal, anticlasista, capaz de cuidar su casa, el territorio".

Para la segunda vuelta presidencial estaban habilitados para votar 39.002.239 colombianos. En un ambiente de suma polarización política, este domingo se realizó el balotaje donde se enfrentaron Petro y Hernández, luego de que ambos obtuvieran los mayores porcentajes en la primera vuelta del pasado 29 de mayo.

El triunfo de Petro ha sido catalogado como un viraje histórico a la izquierda en un país con profunda desigualdad social, tradicionalmente gobernado por las élites y sectores de la derecha. Además, significa un golpe para el uribismo, que se ha mantenido el poder político de Colombia en las últimas dos décadas.

Tras conocerse los resultados del preconteo, tanto el actual mandatario como los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela felicitaron a Petro y manifestaron su disposición de trabajar en una agenda común. Asimismo, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó su voluntad de mantener la estrecha relación que ha tenido Bogotá y Washington.

Petro también recibió comentarios de apoyo de varios líderes izquierdistas de América Latina como Evo Morales, Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa.

Un día "indudablemente histórico"

Petro alcanza la presidencia luego de dos intentos fallidos. El economista de 62 años, exalcalde de Bogotá, exmiembro de la Cámara de Representantes y exguerrillero del M-19, en 2018 se postuló al cargo cuando Iván Duque resultó ganador. De igual manera, quedó en cuarto lugar en las elecciones presidenciales de 2010, en las que Juan Manuel Santos obtuvo la victoria.

En su primer discurso una vez conocidos los resultados parciales, el progresista calificó la jornada como un día "indudablemente histórico" para su país, para la región y para el resto del mundo.

"Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real, en el que comprometemos la existencia, la vida misma", expresó.

Durante su intervención prometió no "traicionar" al electorado que, en su opinión, "lo que le ha gritado al país, a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra".

El líder del Pacto Histórico, coalición de partidos y movimientos progresistas y de izquierda, resultó ganador, junto a su compañera de fórmula, en Bogotá y 16 de los 32 departamentos colombianos, donde sus simpatizantes salieron a las calles a celebrar el triunfo.

Entre las principales propuestas para el período 2022-2026 está un "nuevo contrato social" y un cambio del modelo económico, que incluye una reforma tributaria y agrícola, esta última se considera una deuda histórica en Colombia.

Del mismo modo, plantea prohibir el 'fracking' —una cuestionada técnica para la extracción de hidrocarburos—, promovida sin éxito por sus antecesores, y realizar transformaciones en la matriz energética. Del mismo modo, busca impulsar los derechos de las mujeres, hacer reformas en las Fuerzas de Seguridad, cumplir con el Acuerdo de Paz alcanzado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y reestablecer las relaciones con Venezuela, rotas desde 2019 por Caracas como reacción al apoyo de Duque al exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" .

Petro recibe a un país signado por la violencia, con 39,3 % de la población en la pobreza, un récord de producción de cocaína y el reclamo del cumplimiento del Acuerdo de Paz en medio de altos índices de homicidios de líderes sociales y exguerrilleros en las zonas rurales del país donde operan distintos grupos armados.

En cuanto a la posibilidad de maniobrabilidad política, aunque el Pacto Histórico se posicionó en el Congreso como la segunda fuerza más votada en los pasados comicios de marzo, después del tradicional Partido Liberal, no cuenta con la mayoría, por lo que, se estima, que tendría que buscar pactar con otros grupos y organizaciones.

Cecilia González

La vicepresidenta electa, Francia Márquez, fue un factor clave para la victoria.

"Esto es por nuestras abuelas y abuelos, las mujeres, los jóvenes, las personas LGTBIQ+, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las víctimas, mi pueblo negro, los que resistieron y los que ya no están... Por toda Colombia. ¡Hoy empezamos a escribir una nueva historia!", escribió Francia Márquez un rato después de que se confirmara el triunfo del Pacto Histórico que convertirá a Gustavo Petro en presidente y a ella, en vicepresidenta.

El mensaje resumió a los sectores de la población ignorados, vilipendiados durante décadas por una clase política colombiana que se regodeó en la corrupción y en el fortalecimiento de élites y que jamás solucionó los problemas reales, cotidianos de la ciudadanía. Los "nadie" de los que tanto hablaron Petro y Márquez durante la campaña.

Fueron ellos los que salieron a votar en masa, algunos en mulas, algunos en canoas, con la esperanza de que esta victoria marque el inicio del proceso de justicia social que sigue pendiente en toda América Latina.

Por eso las lágrimas, las sonrisas, los abrazos, los bailes colectivos a ritmo de cumbia, los fuegos artificiales, las guitarreadas, los desfiles de taxistas y motoqueros que la noche del domingo poblaron todas las ciudades de Colombia. En las calles, en los barrios, celebraban los resultados de un proceso que, más allá de lo que logre (o no) la gestión de Petro, ya es trascendental porque modifica por completo el mapa de la política del país sudamericano.

Parecía que la derecha gobernaría para siempre Colombia, el máximo aliado de EE.UU. en la región. El país que tuvo la guerra interna más larga del Continente. En donde la violencia persiste más allá de los acuerdos de paz con la guerrilla, con récord de líderes sociales asesinados, con el narcotráfico consolidado desde hace décadas como el negocio multimillonario e ilegal que ha permeado todas las capas de la sociedad.

Pero el poderío de "la casta" gobernante, como la bautizó Petro, comenzó a resquebrajarse en 2019, durante un primer estallido social que se registró a la par del que ocurría en Chile y que demostraba que el hartazgo social estaba llegando al límite. Las manifestaciones contra el presidente Iván Duque en particular, y contra el neoliberalismo en general, se repitieron en 2021. Nunca antes la movilización popular en Colombia había mostrado convocatorias tan masivas.

La respuesta del Gobierno, como suele ocurrir, fue la represión a la protesta social. Las decenas de muertos, heridos y desaparecidos, la violencia étnica-racial, o basada en género y las agresiones a periodistas, fueron la norma. Lo denunciaron informes de organismos nacionales e internacionales. Ni así pudo Duque extinguir las movilizaciones. La resistencia estaba en marcha.

Por eso, por primera vez en la historia el bipartidismo conservadores-liberales quedó desplazado por completo de una contienda electoral que protagonizaron dos nuevas coaliciones: por la izquierda, el Pacto Histórico encabezado por Petro, el perseverante exalcalde de Bogotá que, al igual que el mexicano López Obrador, ganó en su tercera postulación presidencial; y por la derecha, la Liga de Gobernantes Anticorrupción creada por el millonario empresario Adolfo Hernández, por quien nadie apostaba nada cuando se registró como candidato.

El uribismo, la corriente del expresidente Álvaro Uribe que parecía omnipresente en la política colombiana, quedó desdibujado.

Antes del estallido social, también se veía lejana la posibilidad de que la izquierda se abroquelara como nunca antes y ganara la presidencia; que dos mujeres afrocolombianas aparecieran en las boletas como candidatas a la vicepresidencia; que el racismo, los feminismos y las diversidades sexuales fueran temas de campaña en uno de los países más conservadores del Continente.

Y sin embargo, todo ello ocurrió para sorpresa de las élites a las que de nada sirvió volver a utilizar la crisis venezolana para diseminar la campaña del miedo basada en que "Colombia se va a convertir en Venezuela", el latiguillo que ya han explotado sin éxito en elecciones en México, Argentina, Bolivia, Honduras, Perú y Chile.

De nada valió, tampoco, la feroz campaña mediática en contra de Petro y que tuvo una de sus máximas expresiones en la portada de la revista Semana que, en su edición previa a la segunda vuelta, preguntó si había que elegir a "un ingeniero" (Hernández) o a "un exguerrillero" (Petro).

Más del 50 % de la población eligió al segundo.

El próximo 7 de agosto, Petro recibirá la banda presidencial en un momento en que las izquierdas y los progresismos acumulan victorias que han desembocado en procesos disímiles e, incluso, contradictorios.

En México, la popularidad de López Obrador sigue imbatible después de tres años y medio de Gobierno y hasta ahora todo anticipa que su partido volverá a ganar las presidenciales en 2024.

Lo opuesto ocurre en Perú, en donde Pedro Castillo camina por la cornisa desde que asumió la presidencia, hace menos de un año, debido a una combinación entre la constante presión opositora para destituirlo u obligarlo a que renuncie y los constantes escándalos de su gestión.

Más al sur, Gabriel Boric supera en Chile los tres meses de Gobierno en plena recuperación de la acelerada e inédita caída de apoyo que registraban las encuestas, y con miras al plebiscito del 4 de septiembre en el que la ciudadanía votará si aprueba o rechaza una nueva Constitución que es vital para el presidente.

En Bolivia, Luis Arce ya lleva año y medio como presidente sin mayores sobresaltos, luego de que el país recuperara la democracia y se consolidara la fuerza electoral del Movimiento al Socialismo (MAS). En Honduras, Xiomara Castro está por cumplir apenas cinco meses en la presidencia y todavía cuenta con un voto de confianza de gran parte de la población.

Uno de los panoramas más complicados se registra en Argentina, en donde hay una creciente pobreza y crisis económica aderezada por la fuerte pelea y disputa de poder de la coalición peronista que integran el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que alimenta las expectativas de triunfo de la derecha en las elecciones generales del próximo año.

En octubre, a esta camada de jefes de Estado que prometen justicia social, promueven la integración latinoamericana y están en permanente confrontación discursiva con EE.UU. y poderes empresariales y mediáticos, se podría sumar, de nuevo, el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien está inmerso en su sexta campaña presidencial con la esperanza de poner fin al Gobierno de Jair Bolsonaro. Por ahora, encabeza las encuestas pero nada puede darse por seguro hasta que se cuenten los votos.

Bien lo saben Petro y Márquez, a quienes en la recta final de la campaña varios sondeos les vaticinaban derrotas o empates técnicos. Pero ganaron. Anoche, en sus discursos de festejo, la vicepresidenta electa prometió reconciliación sin miedo. "No vamos a traicionar a ese electorado", completó Petro. Es lo que esperan "los nadies" a los que convirtieron en protagonistas del histórico giro político colombiano.