DOSSIER:
Marcha multitudinaria en Sao Paulo. Foto Afp
Brasilia. Cientos de miles de personas volvieron ayer a las calles de Brasil para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, quien será investigado por el Supremo Tribunal Federal, a petición de la Procuraduría General de la República, por supuestamente no denunciar una tentativa de corrupción en la negociación para la compra de Covaxin, vacuna india contra el Covid-19.
Los manifestantes se reunieron en más de 100 ciudades del país, como Río de Janeiro, Brasilia, Belém, Recife y Porto Alegre, para además exigir un juicio político en contra del mandatario por su manejo de la pandemia y un mayor acceso a las vacunas contra el virus.
“Bolsonaro genocida”, “No era negacionismo, era corrupción” y “Sí a las vacunas”, fueron las consignas inscritas en pancartas de los manifestantes que bloquearon varias cuadras de la avenida Paulista, en el centro de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil.
Junto a las camisetas y banderas rojas de sindicatos y movimientos sociales, algunas de ellas pidiendo el regreso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muchos manifestantes de izquierda lucieron la bandera brasileña, en un intento de reapropiarse del símbolo nacional normalmente utilizado por los simpatizantes del mandatario ultraderechista.
Según los organizadores, las manifestaciones convocaron a casi 800 mil personas, reportó el diario Folha de Sao Paulo, y se extendieron a 35 puntos extranjeros, principalmente de Europa.
Es la tercera jornada de protestas en menos de un mes contra el gobierno –las otras, celebradas el 2 de mayo y 19 de junio–, que enfrenta una presión creciente por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre presuntas omisiones en la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500 mil muertos en Brasil, según datos oficiales.
La jornada estaba programada originalmente para el día 24, pero se adelantó después de que se presentaron esta semana pruebas de irregularidades relacionadas con el acuerdo para la compra de la vacuna Covaxin ante el comité del Senado.
“Si guardamos un minuto de silencio por cada muerto por Covid, estaríamos callados hasta junio de 2022”, se leía en la pancarta que sostenía un hombre en Belém, capital del estado de Pará.
En los dos primeros meses de audiencias, la CPI –instalada por el Senado– se centró sobre todo en la demora del gobierno para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra el virus –como la hidroxicloroquina– y Bolsonaro criticaba las medidas de distanciamiento social.
Pero desde la semana pasada el testimonio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una “presión atípica” para concretar una compra de 20 millones de dosis de Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
El funcionario afirmó haber trasladado personalmente las sospechas al presidente, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo. Esto motivó la apertura el viernes de una investigación de la Procuraduría General de la República, autorizada por la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, que averiguará si Bolsonaro cometió el delito de “prevaricación”, al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.
Otras alegaciones que investiga la CPI y que causaron revuelo esta semana partieron de un empresario que afirmó haber recibido un pedido de soborno de un director del Ministerio de Salud cuando supuestamente negociaba la venta de vacunas con el gobierno, algo que el funcionario niega tras ser destituido.
2. Ira en Brasil por corrupción de Bolsonaro
Decenas de miles marcharon ayer en más de 100 ciudades de Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro, quien será investigado por el Supremo Tribunal Federal por no denunciar una tentativa de corrupción en la compra de la vacuna india Covaxin contra el Covid. La imagen, en Sao Paulo. Foto
Brasilia. Cientos de miles de personas volvieron ayer a las calles de Brasil para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, quien será investigado por el Supremo Tribunal Federal, a petición de la Procuraduría General de la República, por supuestamente no denunciar una tentativa de corrupción en la negociación para la compra de Covaxin, vacuna india contra el Covid-19.
Los manifestantes se reunieron en más de 100 ciudades del país, como Río de Janeiro, Brasilia, Belém, Recife y Porto Alegre, para además exigir un juicio político en contra del mandatario por su manejo de la pandemia y un mayor acceso a las vacunas contra el virus.
“Bolsonaro genocida”, “No era negacionismo, era corrupción” y “Sí a las vacunas”, fueron las consignas inscritas en pancartas de los manifestantes que bloquearon varias cuadras de la avenida Paulista, en el centro de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil.
Junto a las camisetas y banderas rojas de sindicatos y movimientos sociales, algunas de ellas pidiendo el regreso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muchos manifestantes de izquierda lucieron la bandera brasileña, en un intento de reapropiarse del símbolo nacional normalmente utilizado por los simpatizantes del mandatario ultraderechista.
Según los organizadores, las manifestaciones convocaron a casi 800 mil personas, reportó el diario Folha de Sao Paulo, y se extendieron a 35 puntos extranjeros, principalmente de Europa.
Es la tercera jornada de protestas en menos de un mes contra el gobierno –las otras, celebradas el 2 de mayo y 19 de junio–, que enfrenta una presión creciente por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre presuntas omisiones en la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500 mil muertos en Brasil, según datos oficiales.
La jornada estaba programada originalmente para el día 24, pero se adelantó después de que se presentaron esta semana pruebas de irregularidades relacionadas con el acuerdo para la compra de la vacuna Covaxin ante el comité del Senado.
“Si guardamos un minuto de silencio por cada muerto por Covid, estaríamos callados hasta junio de 2022”, se leía en la pancarta que sostenía un hombre en Belém, capital del estado de Pará.
En los dos primeros meses de audiencias, la CPI –instalada por el Senado– se centró sobre todo en la demora del gobierno para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra el virus –como la hidroxicloroquina– y Bolsonaro criticaba las medidas de distanciamiento social.
Pero desde la semana pasada el testimonio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una “presión atípica” para concretar una compra de 20 millones de dosis de Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
El funcionario afirmó haber trasladado personalmente las sospechas al presidente, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo. Esto motivó la apertura el viernes de una investigación de la Procuraduría General de la República, autorizada por la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, que averiguará si Bolsonaro cometió el delito de “prevaricación”, al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.
Otras alegaciones que investiga la CPI y que causaron revuelo esta semana partieron de un empresario que afirmó haber recibido un pedido de soborno de un director del Ministerio de Salud cuando supuestamente negociaba la venta de vacunas con el gobierno, algo que el funcionario niega tras ser destituido.
AFP, Ap, Reuters y Sputnik
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Fuentes:
3. Brasil sale de nuevo a la calle contra Bolsonaro tras las acusaciones de sobornos en la compra de vacunas
Multitudinarias manifestaciones por todo el país –la tercera convocatoria en un mes– ponen contra las cuerdas al Ejecutivo. El Tribunal Supremo, tras petición de la Fiscalía General, autoriza la apertura de una investigación contra el presidente.
Protesta en Sao Paulo contra Jair Bolsonaro. — REUTERS/MARIANA GREIFVÍCTOR DAVID LÓPEZ@VICTORDAVLOPEZ
523.699 familias se preguntaban esta semana si sus seres queridos habían muerto en Brasil por un dólar: el valor extra acordado por los altos cargos del ministerio de sanidad en su intento de soborno en la compra de dosis de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19. Caldeadas por los escándalos descubiertos y examinados durante las más recientes sesiones de la comisión parlamentaria de investigación de la pandemia, las concentraciones contra Jair Bolsonaro que este sábado han tenido lugar por todo Brasil han sido más concurridas y alborotadas que las dos anteriores convocatorias –29 de mayo y 19 de junio–.
La comisión de investigación de la pandemia ha ido desgastando la imagen del presidente Bolsonaro a medida que avanzaba la recopilación de pruebas que le situaban como instigador de la tesis de inmunidad de rebaño por contagio, como hombre propaganda de ineficaces tratamientos precoces, y como bloqueador de las medidas de contención promovidas por gobernadores y alcaldes. Los grandes tumultos, entre tanto, se desencadenaron primero cuando vio la luz la turbia y superfacturada negociación de compra de la vacuna Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech, con empresas intermediarias de por medio, con residencia en paraísos fiscales. El caso fue denunciado por el diputado bolsonarista Luis Miranda –hoy exbolsonarista–, que fue alertado por su hermano, funcionario del departamento de importaciones del ministerio de sanidad. Existían unas inusuales presiones por cerrar ese acuerdo –de vacunas más caras que otras en cartera– cuanto antes.
Bolsonaro pasó a ser tratado como presunto implicado en el momento en el que el diputado Luis Miranda declaró que puso en conocimiento del presidente, en una reunión en su residencia oficial, las irregularidades que le trasmitió su hermano. Eso significó un punto de no retorno. Bolsonaro utilizó días después a su ministro de la secretaría general de la presidencia de la República, Onyx Lorenzoni, para iniciar la batida sobre los hermanos Miranda, tras airear públicamente esta denuncia: "Dios lo está viendo, pero usted no se va a tener que entender solo con Dios" –le amenazó el ministro a Luis Miranda–: "Se las va a tener que ver también con nosotros". El diputado se presentó para testificar en la comisión de investigación del Senado Federal protegido por un chaleco antibalas, por si acaso.
La Fiscalía brasileña pide investigar a Bolsonaro por presunta prevaricación en la compra de vacunas
EFE
De esa denuncia de corrupción surgió, de rebote, la del soborno y extorsión: desde el ministerio de sanidad se había exigido un dólar extra por cada una de las 400 millones de dosis negociadas de la vacuna AstraZeneca, con la empresa estadounidense Davati como intermediaria. Al hacerse pública la trama, igual que en el caso de la vacuna Covaxin, la operación se fue al traste. Bolsonaro, según diversos testimonios, estaba al tanto de todo. El Tribunal Supremo ha autorizado la apertura de una investigación, tras petición de la Fiscalía General, para apurar las responsabilidades del presidente, de momento, en un supuesto caso de prevaricación.
Thank you for watching
A los males de Bolsonaro se suma el llamado superpedido de impeachment presentado esta semana por partidos de izquierda, centro, derecha y organizaciones de la sociedad civil, reuniendo argumentos legales de otros 122 pedidos ya articulados en los últimos meses. El hombre que tiene en su mano dar visto bueno al pedido de juicio político e iniciar el trámite es Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, que alcanzó ese cargo hace cinco meses con apoyo del clan Bolsonaro. Este intento, por lo tanto, tendrá el mismo destino de los 122 intentos anteriores –el olvido–, la mayoría de ellos ignorados por Rodrigo Maia, predecesor de Lira al frente de la Cámara Baja. Esta vez, por lo menos, el movimiento ha sido estratégico y ha originado relaciones transversales pocas veces vistas en el Congreso Nacional, además de haber ayudado a agitar las calles como nunca en los últimos dos años y medio.
Cada vez más división en el 'bolsonarismo'
Lo innegable es que algo se ha roto dentro del bolsonarismo. La bandera anticorrupción fue una de las que más alto se izó durante mucho tiempo, de modo que hoy, ante acusaciones tan punzantes en una época en la cual la ciudadanía ha estado indefensa, la división interna es notoria. Muchos saltan del barco. Otros son abandonados a su suerte cuando ya no se les puede exprimir más. El próximo en esta coyuntura puede ser el general Eduardo Pazuello, tercer exministro de sanidad de Bolsonaro. Pazuello es consciente de que le pueden hacer pagar todos los platos rotos: desde la crisis que asoló Manaus hasta las superfacturaciones y sobornos.
Tarde o temprano el abandonado, incluso, puede llegar a ser el propio Bolsonaro. De los partidos del denominado Centrão –bloque de siglas de centro y centroderecha fundamentales para formar la base de cualquier gobierno en Brasil– se suele decir que te acompañan al precipicio, pero a la hora de la verdad no saltan contigo. Hoy siguen sosteniendo al Ejecutivo a cambio de algún ministerio estratégico para ellos, pero en las últimas semanas el Centrão está empezando a oler que Bolsonaro –su porcentaje de apoyadores continua menguando en las encuestas– no tendrá fuerzas de reeditar el éxito electoral de 2018. El bloque, mayoritario en el Congreso Nacional, vive de estar cerca del poder, acaparando todos los cargos claves que puedan: tres reuniones les son suficientes para dejar caer a Bolsonaro y cerrar otra alianza en la dirección opuesta, con Lula da Silva o con cualquier otra alternativa.
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Fuente:
