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¿DE LA 'PAZ TOTAL' A LA 'GUERRA TOTAL'? LA VIOLENCIA QUE DESMORONA EL PLAN DE PETRO

Tras el colapso de los diálogos, el Gobierno colombiano anunció que combatirá militarmente a distintos grupos armados.

Zhandra Flores
31 ene 2025 21:25 GMT

El presidente colombiano, Gustavo Petro.Sebastian Barros / NurPhoto / Gettyimages.ru

En agosto de 2022, cuando asumió su mandato, el presidente colombiano, Gustavo Petro, prometió emplearse a fondo para poner fin al conflicto armado que desde hace más de seis décadas asola a la nación suramericana mediante una política denominada 'paz total'.

La iniciativa contempla, entre otros asuntos, el establecimiento de mesas de conversaciones de paz con los distintos grupos armados que hacen vida en el país, la dejación paulatina de las armas por parte de los combatientes, la reparación de las víctimas, la sustitución de cultivos ilícitos, la transformación de los territorios y la integración de los excombatientes a la vida civil.

Sin embargo, pese a las amplias garantías ofrecidas por el Ejecutivo y unos avances nada desdeñables en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la promesa de instalación de mesas con el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia (SM), dos de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las últimas semanas el formato ha dado muestras de agotamiento y su futuro es incierto.

En particular, la crisis humanitaria que desataron los combates en la región del Catatumbo entre el ELN y el Frente 33, otra disidencia de las FARC, constituyó un punto de inflexión para el Gobierno de Petro, que optó por suspender toda negociación con el ELN tras acusarlos de perpetrar "crímenes de guerra" y anunció que combatirá militarmente a esas insurgencias, un escenario que evoca los tiempos de la 'guerra total' del Estado colombiano contra las guerrillas.

Soldados militares desplegados en el Catatumbo colombiano.Fernando Vergara / AP

De acuerdo con el recuento oficial, al menos 52 personas han sido asesinadas en el contexto de los enfrentamientos, seis de ellas firmantes de los Acuerdos de Paz de 2016; 12 permanecen desaparecidas y más de 52.000 se han visto forzadas a abandonar sus hogares, de las cuales un número no precisado ha recalado en la vecina Venezuela.

Las idas y vueltas de los diálogos

El tránsito de la 'paz total' a un eventual escenario de 'guerra total' no se produjo de un momento para otro y está íntimamente relacionado con el devenir de la mesa de negociaciones con el ELN, donde indubitablemente se registraron los mayores avances.

Instalados en Caracas a finales de 2022 con la garantía de Venezuela, Noruega y Cuba, así como con el acompañamiento de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, los diálogos produjeron algunos frutos prometedores, entre los que se cuentan un acuerdo de cese al fuego bilateral y algunas liberaciones de retenidos por el ELN. Posteriormente, se unieron como garantes Brasil, México y Chile, y como acompañantes, Alemania, España, Suecia y Suiza.

Sin embargo, las tensiones y acusaciones cruzadas de incumplimiento sobre lo pactado nunca estuvieron ausentes y alcanzaron una nueva cota cuando el Estado exigió que cesaran las retenciones con fines económicos. El secuestro de Luis 'Mané' Díaz, entrenador de fútbol y padre del jugador colombiano Luis Díaz, devino en enormes fricciones y puso en jaque el proceso.

El escándalo del secuestro de una figura pública, así como las declaraciones de líderes del ELN, en las que condicionaron el fin de las retenciones económicas al financiamiento de sus actividades con fondos públicos, fueron rápidamente instrumentalizados por la oposición, que incluso propuso la celebración de un plebiscito para determinar la continuidad de la política de 'paz total', que tiene el estatus de ley.

Producto de las presiones y críticas de sus adversarios políticos, el Gobierno se vio forzado a reemplazar a Danilo Rueda como jefe del Alto Comisionado para la Paz con Otty Patiño, excombatiente del M-19 –guerrilla a la que perteneció Petro– y cabeza de la delegación gubernamental en las conversaciones con el ELN. Fue sustituido en esta última posición por Vera Grabe.

Diálogos de paz entre el ELN y el Estado colombiano.Marco Ugarte / AP

Tras el incidente, se celebró el quinto ciclo del diálogo en México y en esa oportunidad, la insurgencia se comprometió a poner fin a "las retenciones con fines económicos", mientras que las partes acordaron crear las condiciones necesarias para prorrogar el cese al fuego, el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MVV) y "medidas frente al accionar que hoy tienen en los territorios las fuerzas paramilitares y de los diferentes grupos armados ilegales", a lo que se sumaron acuerdos humanitarios.

El 'impasse' del secuestro de 'Mané Díaz' parecía haber quedado en el pasado, pues incluso a inicios de 2024 tuvo lugar una sexta ronda de intercambios en Cuba de la que se desprendió una extensión del cese al fuego bilateral, pero lejos de remitir, durante todo 2024 aumentaron los reportes de paros armados, violaciones al cese al fuego y ya para el 21 de febrero de ese año, el ELN anunciaba el congelamiento de las conversaciones.

En contraste con la alta visibilidad mediática de la que gozaron las conversaciones con el ELN, el Gobierno colombiano optó por mantener un perfil más bajo sobre sus intercambios con otros grupos armados, particularmente con el EMC y la SM, aunque los cruces permanentes y la falta de resultados concretos dan cuenta de que, en el mejor de los casos, los avances han sido magros e insuficientes para mostrar la eficacia de la 'paz total'.

Entre el colapso y la 'guerra total'

Los pobres resultados de la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC justificaron sobradamente que Petro apostara por una estrategia diferente: apuntar hacia las causas que motivaron el surgimiento de los grupos armados, reparar efectivamente a las víctimas y ofrecer garantías creíbles para la desmovilización completa.

Empero, los sucesivos 'impasses' de su administración con el ELN, así como la incapacidad de esa y otras insurgencias de renunciar a la vía armada o a las economías ilícitas, se ha mostrado como un adversario difícil de vencer solo por las vías de que ofrece la política, de las cuales el mandatario es un abierto defensor.

Los ministros de Defensa de Colombia, Iván Velásquez (izq.), y de Venezuela, Vladimir Padrino López (der.).Jeampier Arguinzones / dpa / hierry Monasse / Gettyimages.ru

Así, la situación en el Catatumbo le planteó a Bogotá la disyuntiva de renunciar a las negociaciones –aunque fuera de manera temporal– y optar por despliegues militares a gran escala; estrategia con la que en el pasado no se logró la desaparición de los grupos armados sino su debilitamiento parcial, como sucedió con las FARC, la para entonces guerrilla activa más antigua del continente.

Empero, este enfoque tiene diferencias con la 'guerra total' contra los grupos armados que emprendieron en su día los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022), porque, en primer lugar, no se ha enterrado la posibilidad de retomar las negociaciones de paz.

De otra parte, también conviene distinguir que Petro no se está planteando la utilización de grupos paramilitares para combatir, junto al Ejército regular, a las insurgencias izquierdistas, como sí lo promovieron en su día las administraciones de Pastrana y Uribe.

En su lugar, el dignatario ha apostado por colaborar con Venezuela en el reforzamiento de la extensa frontera común. No es un dato menor, toda vez que esa nación es garante de los distintos procesos de paz que adelanta el Estado colombiano con grupos irregulares armados.

Además, el país bolivariano ha dedicado esfuerzos visibles por desmantelar pistas clandestinas, campamentos ocultos, laboratorios de procesamiento de sustancias ilícitas y otras infraestructuras ligadas a las economías ilícitas de los grupos armados colombianos en áreas remotas del territorio venezolano.

Así, este 31 de enero, Petro y su homólogo Nicolás Maduro anunciaron una operación militar conjunta para "una frontera sin mafias". "Allí vamos con toda la fuerza militar, completa, integral. Ya hemos coordinado con el presidente Gustavo Petro y estamos trabajando una idea de desarrollo binacional, integrado, económico, social, con un carácter profundamente humano", refirió Maduro en un mensaje de voz enviado a través de canal de Telegram.

Según se desprende de lo expresado por el mandatario venezolano, la apuesta no solo consiste en expulsar a los grupos armados y al narcotráfico de la zona, sino que se enfoca en el desarrollo económico y social conjunto de la amplia zona fronteriza que comparten los dos países, de manera tal que luce como una declaración a largo plazo, antes que una actuación contingente.

Aunque es difícil pronosticar si Petro tendrá éxito en este nuevo enfoque de seguridad, que ahora tiene carácter binacional, todo parece indicar que su política de 'paz total' ha sido forzada a cambiar por la vía de los hechos. Así, aún en el escenario más optimista, la realidad ha demostrado que las conversaciones de paz no figuran como la vía exclusiva para poner fin al añejo conflicto armado interno.

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