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TAMBIÉN HAY QUE RESISTIR LA ARREMETIDA MEDIÁTICA DE LOS MEDIOS OLIGÁRQUICOS

Frente a la arremetida mediática resistir, persistir y re-existir


Jorge Mario Vera Rodríguez[1]

Desde las primeras horas del lunes 10 de mayo se ha desatado a través de los medios de comunicación masiva una agresiva campaña para implantar una matriz de opinión que hace énfasis en los efectos que los bloqueos y manifestaciones tienen en el desabastecimiento de combustibles, comida y medicamentos en las principales ciudades del país, así como las dificultades para movilizarse por estas y en gran parte del territorio nacional.

En este sentido las grandes cadenas radiales se unieron para exigir el fin de los bloqueos, sólo la periodista Yolanda Ruiz de RCN radio se manifestó crítica frente a esta consigna señalando que esta demanda pasaba por alto la necesidad de que el gobierno también diera gestos de buena voluntad, ordenando el cese de la represión y así permitir la desescalada del conflicto que ha cobrado más de cuarenta víctimas mortales y más de cuatro mil civiles afectados entre heridos, detenidos, desaparecidos y ultrajados sexualmente.

Por su parte en los noticieros de Caracol y RCN se dedicaron durante gran parte de las emisiones a hacer un llamado desde diversas voces para que en Cali y Buenaventura regresaran a la normalidad, resaltando su pujanza, papel en la economía, la alegría de su gente, la tradición de paz y tranquilidad que han caracterizado a estas ciudades e invitar para que se levanten los bloqueos, no hayan más protestas y que los indígenas regresen al Cauca, para que todo vuelva a ser como antes.

Todos estos intentos de manipulación de la opinión pública buscan restarle legitimidad a la histórica movilización de gran parte del pueblo colombiano que completa dos semanas y a la que cada vez se suman más sectores. Estas campañas de propaganda piden el retorno a un pasado idealizado, a una prosperidad que sólo beneficia a unas élites privilegiadas, en tanto las amplias mayorías deben sobrevivir en medio del hambre, la pobreza, el desempleo, la discriminación, la violencia y el abandono estatal.

En contraste con esta visión idealizada de esa normalidad a la que se pretende retornar, los indicadores nacionales muestran una tasa de desempleo de 15.5% en tanto que el 48.1% se encuentra en condiciones de informalidad laboral (subempleo); casi 43 de cada 100 colombianos se encuentran en condiciones de pobreza monetaria y 15 de cada 100 en pobreza monetaria extrema, además de un coeficiente de Gini de 0.544 que ubica a Colombia como el país más desigual de Latinoamérica.

Este panorama evidencia que mientras los medios de comunicación propiedad de los grupos económicos Gilinski, Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y Ardila Lule, los más poderosos del país, llaman al retorno a la “tranquilidad”, la población se moviliza con valentía en defensa de sus derechos y en contra de esa normalidad que los condena a la privación de condiciones de vida digna, cuando no a la exclusión o la marginalidad.

Todo cambio implica alteraciones del orden preexistente y la oposición de las élites y sus agentes quienes se niegan a ceder sus privilegios; por ello no es extraño la coincidencia entre la clase política tradicional, terratenientes, grupos económicos y los nuevos narco-ricos quienes de diferentes maneras tratan de frenar la protesta social, empleando mecanismos estatales y paraestatales.

Contrario a la reacción des-institucionalizadora del régimen basada en una respuesta violenta, estigmatizadora, conspiranóica y negacionista, se requiere la inmediata desmilitarización de las ciudades y respuestas desde la institucionalidad que a partir de escenarios de participación identifique y asuma las medidas de inmediato, corto, mediano y largo plazo en los campos económico, social, político y ambiental que permitan dar cabida a las demandas de los actores sociales movilizados.

Frente a las retóricas que infantilizan el movimiento, mostrando a quienes protestan como faltos de criterio, manipulados por las guerrillas y agentes del castrochavismo, desde el movimiento social ya hay una amplia gama de propuestas respaldadas por capacidad de convocatoria y movilización.

Evidencia de ello son las propuestas generadas a partir de Asambleas Populares, el Pronunciamiento del ambientalismo[2], el Pliego de los Jóvenes de Puerto Resistencia en Cali[3] y el Pliego Nacional del Comité Nacional de Paro[4], por nombrar solo algunos; estos incluyen propuestas para atender la emergencia social tales como renta básica de un salario mínimo por un año para los más pobres[5], subsidio a las nóminas de las micro y medianas empresas (responsables de la generación del 82% del empleo en Colombia), gratuidad de la educación superior pública como política estatal y no por un solo semestre, entre otras.

El costo de estas medidas se estima de entre 73 y 83 billones de pesos y para su financiación se proponen medidas como eliminar exenciones tributarias al gran capital, aumento de impuestos al sector financiero, venta de parte de las reservas internacionales del país, crédito del Banco de la República, entre otras medidas, dentro de las que se descarta de tajo las privatizaciones y el aumento de impuestos a los más pobres y las clases medias.

La superación de la crisis pasa por la transformación profunda del orden existente lo cual implica no solo resistir los coletazos de quienes se aferran violentamente al control del Estado y sus privilegio, sino la búsqueda creativa de alternativas para refundar la política en Colombia, la cual debe liberarse de la instrumentalización mezquina en función de intereses de unas pequeñas minorías, para convertirse en el arte de construir un proyecto común, en ello radica la vocación pacífica del movimiento social, en la demanda de condiciones para un nuevo pacto social incluyente, justo y sustentable.
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[1] Director Observatorio Conflictos Ambientales y Crisis Climática – Corporación Sentipensar




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