CAPITALISMO IMPERIALISTA ACELERA DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONÍA

El capitalismo imperialista en cuerpo de seis consorcios precipitan la invasión genocida sobre las comunidades nativas de la región Amazónica, promueven el saqueo con la utilización de la violencia contra los pueblos indígenas, quebrantan leyes, ignoran convenios, promueven el genocidio, fomentan la corrupción en altos funcionarios estatales, y las clases dominantes de la región se los permite; con estas acciones buscan despejar el camino para el propósito rapaz de sus “negocios”, pero eso sí, con el costo más alto para la humanidad por la destrucción de la región selvática más grande del planeta y reconocida como el pulmón del mundo.

Los monopolios colonizadores tomaron tres sectores: agroindustria, minería y sector eléctrico. Tres renglones económicos estratégicos que les permite consolidar su posición en el mundo, dado que se corresponden el uno con el otro en una amplísima relación, además les facilita controlar los mercados a escala mundial, incluso utilizar la alimentación como arma estratégica en caso de una guerra por ser una necesidad prioritaria.

Los consorcios BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase, Vanguard, Bank of América y Dimensional Fund Advisors, han invertido más de 18.000 millones de dólares entre los años 2017 al 2020 en empresas mineras, agroindustriales y energéticas, según lo informa la organización ambiental Amazon Watch y la Asociación Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Las firmas estadounidenses invirtieron en nueve empresas brasileñas y multinacionales responsables de estos abusos; entre ellas, la minera Vale y Anglo American, Cargill y JBS, y la energética Electro Norte.

La empresa brasilera JBS es la mayor productora de carne en el mundo, conocida por la producción de ganado mediante la toma o en acuerdo con haciendas invasoras de las reservas indígenas Uru – Eu- Wau y Kayabi en la Amazonía Brasileña. Es la segunda mayor productora de alimentos del planeta con 230.000 trabajadores en 15 países, a la par funciona con varias industrias relacionadas con su cadena de producción como el cuero, biodiesel, embalajes y transporte, las mercancías las distribuye en 190 países, el ingreso del año pasado fue de US$ 1.090 millones.

JBS se ubica en el centro de una larga cadena de abusos sociales, ambientales y violaciones de derechos humanos en el Amazonas en los últimos años, demostrando no ser incapaz, pero especialmente no querer ejercer control adecuado en su cadena de suministros. La Agencia Pública de Brasil reveló recientemente que un ganadero de Mato Grosso ha acumulado más de US $3,56 millones en multas por infracciones ambientales desde el año 2000 por deforestación en la Amazonía, cría de ganado ilegalmente en la tierra indígena Kayabi, para luego venderlo a JBS. El verdadero origen de miles de cabezas de ganado ha sido ocultado por este ranchero en un proceso conocido como «lavado de ganado», que se utiliza para ocultar deforestación, infracciones cometidas en las tierras indígenas y otros actos ilegales asociados con prácticas ganaderas, bajo el argumento de que los animales procedían de un rancho supuestamente cumplidor de la ley, para luego ser vendido a JBS.

Situaciones como esta continúan ocurriendo hace más de una década, JBS se comprometió a eliminar las granjas culpables de deforestación ilegal de toda su cadena de suministro y firmó el «TAC de carne» (un Acuerdo de enjuiciamiento diferido) con el Ministerio Público Federal brasileño. Este convenio prohíbe a la empresa sacrificar ganado criado en tierras indígenas, reservas ambientales y ranchos que iniciaron operaciones sin las debidas licencias operativas ambientales o que hayan sido descubiertas utilizando mano de obra esclava.

En julio de 2020, Amnistía Internacional reveló que la producción ilegal de ganado en las áreas protegidas de la zona amazónica del Brasil entró a la cadena de suministro de JBS incluido el ganado de ranchos que invaden la tierra indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Por otro lado, la presión ejercida sobre JBS ha aumentado, obligando incluso a grandes capitalistas financieros a pronunciarse; por ejemplo, analistas del banco británico HSBC, afirmaron que JBS “no tiene visión, plan de acción, cronograma, tecnología o solución” para monitorear su cadena de suministro, para detectar ganado proveniente de ranchos involucrados en la destrucción del Amazonas.

En septiembre de 2020, JBS hizo un anuncio comprometiéndose a monitorear toda su oferta de cadena, incluidos los proveedores indirectos, para 2025; en respuesta a las presiones, exigiendo a JBS velar por la conservación de los bosques y evitar la complicidad de la empresa en la deforestación ilegal y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en la región. Sin embargo, también en 2011 JBS prometió monitorear a sus proveedores indirectos y claramente no cumplió con ese compromiso.

China es actualmente el principal destino de exportaciones de JBS, que representan el 33,4% del negocio total al segundo trimestre de 2020. No obstante, subsidiarias como JBS USA Beef, JBS USA Pork y Pilgrim’s Pride, que gestionan las operaciones de la empresa en América del Norte, Europa y Australia, tienen una presencia significativa en los mercados de estos países. Un informe publicado por Greenpeace International el año pasado, reveló que a pesar del hecho de que solo una pequeña parte de la carne importada por el Reino Unido proviene del Amazonas, las principales cadenas de supermercados y de comida rápida en el país, como Tesco, Sainsbury’s, Burger King, McDonald’s y KFC, continúan la comercialización con proveedores vinculados a JBS, a la deforestación de la Amazonía e implicados en violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Entre 2017 y julio de 2020, JBS Global recibió más de US $ 5 mil millones en préstamos y suscripción de 103 instituciones como el banco británico Barclays, el Royal Bank of Canadá y BMO Financial Group, también de Canadá. Además, los financieros estadounidenses como Fidelity Investments, BlackRock, JPMorgan Chase, Waddel & Reed Financial y Vanguard Hold adquirieron 1.6 mil millones de dólares en acciones y bonos de JBS.

Esta empresa brasileña tiene muchos conflictos acumulados con los pueblos indígenas, ha contaminado fuentes primarias de agua, ríos, afectando poblaciones enteras. VALE es una gigante minera, segunda mayor productora de hierro mineral y níquel en el planeta; también extrae manganeso, bauxita, cobalto, oro, plata, aluminio, cobre, carbón entre otros minerales; tiene presencia en 30 países en cinco continentes, cuenta con más de 71 mil trabajadores, 247 accionistas, siendo una de las empresas más destacadas en la bolsa de Nueva York, su ingreso operativo neto fue de US $37.5 mil millones en 2019.

Una subsidiaria de Vale Biopalma, que procesa aceite de palma, utiliza cantidades masivas de plaguicidas en sus plantaciones y en consecuencia afectan directamente la salud del pueblo Tembe además de contaminar arroyos y ríos locales. Esta contaminación que fue comprobada recientemente según los análisis técnicos, causa su progresión en las invasiones que se han incrementado en 135%, a la vez dirigentes destacados han sido asesinados y otros tantos defensores de derechos humanos han sido perseguidos.

La cadena de distribución global de VALE incluye a gigantes como la siderúrgica de la india Arcelor Mittal, las empresas Surcoreanas Yunday y POSCO, la empresa Estadounidense Nucor Stell y la empresa Alemana ThessenKrupp. Principales inversores institucionales de la empresa incluyen Black Rock, Capital Research Global Inversores, y Vanguard, todos con sede en EE.UU. que en conjunto poseen acciones por valor de 11 mil millones de dólares en Vale. Citibank actúa como depositario de Vale cepo. Grandes instituciones financieras como Morgan Stanley, Santander, JPMorgan Chase y UBS son también accionistas de Vale. Entre los principales financistas de la empresa desde 2017 a mayo de 2020 son Citigroup (EE. UU.), SMBC Group (Japón) y Crédit Agricole (Francia), que han contribuido con 624 millones de dólares cada uno, China Nuevo Banco de Desarrollo ha invertido 300 millones de dólares en Vale. Otros financieros durante este período incluyen Barclays, Bank of America, Scotiabank, Standard Chartered, HSBC y JPMorgan Chase, con contribuciones de 87 millones de dólares cada una.

Una de las empresas mineras más grandes del mundo, la Anglo American, con sede en Inglaterra y Sudáfrica posee minas de diamantes, cobre, platino, hierro mineral, carbón y níquel, en Australia, África, América Latina, América del Norte y Europa. El resultado operativo de la empresa minera fue de 10 mil millones de dólares en 2019, y pagó más de 1.400 millones de dólares a sus accionistas en los pasados dos años. La empresa cuenta con 4 mil empleados en Brasil, cuenta con un proyecto a desarrollar en el país (Brasil) en sus Minas – Operación Rio que tiene la capacidad para procesar hasta 26.5 millones de toneladas de mineral de hierro por año e incluye la tubería de lodos más grande del mundo que se extiende más de 500 kilómetros entre los Estados de Minas Gerais y Rio de Janeiro.

Se destaca este caso por los riesgos de las actividades de esta empresa que pueda generar a los territorios y a las formas de vida de los pueblos indígenas del Amazonas. Junto con las subsidiarias brasileñas, Mineracao, Itamaraca, Tanagra, Anglo American ha registrado casi 300 solicitudes de autorización para realizar encuestas con la Agencia Nacional de Mineracao (Agencia Nacional de Minería) para áreas que incluyen territorios indígenas amazónicos, algunos de los cuales son habitados por pueblos con aislamiento voluntario. El objetivo más reciente de Anglo American es la territorialidad reclamada por el pueblo Munduruku, cuyo proceso de titulación oficial es dilatado en manos del gobierno federal. La empresa minera presentó cinco solicitudes entre 2017 y 2019 demostrando su esfuerzo por operar en este territorio a sabiendas de la prohibición contra la minería en tierras indígenas.

Pareciera que la empresa cuenta con los cambios legislativos propuestos por el régimen del Bolsonaro para permitir la minería sobre territorios indígenas para validar sus permisos de exploración. La asociación indígena Pariri representa al pueblo Munduruku del Tapajos Medio y se opuso a la minería en tierras indígenas declarando: “Vamos a salir a protestar contra la autorización de minería en tierra indígena. No aceptaremos más destrucción. Nuestros ríos están contaminados con mercurio y nuestros peces están muriendo. Vamos a recuperar el control de nuestro territorio. Tenemos nuestro propio gobierno y todos tienen que respetarlo. No vamos a dejar de luchar hasta que hayamos resuelto nuestros problemas”.

Otras minas de la Anglo American ya están en operación para suministrar níquel a algunos de los mayores productores de acero del mundo, como North American, Stainless EE.UU, Glen Core Suiza, Outokumpu Finlandia y POSCO Corea del Sur. De enero de 2017 a Mayo de 2020 Anglo American recibió no menos de 14.500 millones de dólares de 25 instituciones financieras de todo el mundo basadas en países como Estados Unidos, China, Japón, Australia, Suiza, Canadá, Francia, Alemania y Holanda. Entre estos financieros se encuentran: Citigroup, JPMorgan Chase, BNP Paribas, Mizuho Financial, Standard Chartered, Royal Bank of Canadá, Barcalys, Commezbank, HSBC, Credit Agricole, Morgan Stanley, ANZ y Goldma Sachs.

Tanto las empresas inversoras como las productoras niegan los hechos. Estos seis consorcios se hacen participes directos de la destrucción de una parte importante de la naturaleza en el mundo y de promover toda clase abusos contra los pueblos indígenas de la Amazonía al invertir miles de millones de dólares en compañías cuestionadas, según el informe de Amazon Watch.

Una subsidiaria de la Estatal Electrobras, la más grande eléctrica en Brasil, Eletronorte apunta a instalar líneas de transmisión que se extenderían entre estados de Roraima y Amazonas y pasar directamente a través de las tierras de los indígenas Pueblo Waimiri-Atroari perseguido por la ex dictadura militar de Brasil y reducido a 350 personas tras la muerte de 2500 durante las últimas décadas, los Waimiri- Atroari exigen la consulta y consentimiento previo garantizado por la Constitución brasileña y Convenio 169 de la OIT.

En 2018, la Fiscalía Federal presentó una acción civil de interés público exigiendo al gobierno brasileño pagar reparaciones por el crimen del genocidio contra los Waimiri-Atroari durante la construcción de la BR-174, una carretera brasileña, que tuvo lugar entre 1974 y 1983, durante la dictadura militar. Según los informes de los supervivientes, personal militar roció veneno y dejó caer explosivos en la región desde helicópteros, y tropas terrestres dispararon y decapitaron a cientos de indígenas.

Una propuesta de ley complementaria, PLP 275 / 2019,137 actualmente pendiente en el Senado, ha aumentado las preocupaciones del pueblo Waimiri-Atroari, si esta ley se aprueba, declararía el paso de líneas de transmisión de energía eléctrica a través de territorios indígenas un asunto de interés público para el país, avanzando proyectos actualmente en evaluación o fases de concesión de licencias. Si bien requiere que los indígenas y las comunidades sean consultados garantizando a los afectados reciban una compensación económica, la legislación propuesta no les proporciona el poder de vetar esos proyectos, que en la práctica disminuyen toda capacidad para controlar sus propias tierras.

Además de los riesgos que estos proyectos suponen para tierras indígenas, los Waimiri-Atroari temen que el proyecto también causará nuevos problemas debido a la incapacidad del Estado para mitigar y prevenir los graves problemas que toda infraestructura importante suele traer a la Amazonía: inmigración incontrolada, propagación de enfermedades, aumento de violencia, conflictos e invasiones por la tierra. “Estábamos todos preocupados. Todos nos preguntamos: «¿Es todo lo que sucedió en la década de 1970 que vuelva a suceder?’”, dice Marcelo EuepiAtroari. Añade que su pueblo sólo exige la compensación adecuada que les corresponde por los impactos de la instalación de las líneas de transmisión y que se respete su derecho al consentimiento previo.

Entre los inversores más destacados del Grupo Eletrobras son Santander, que prestó 1,6 mil millones de dólares entre 2017 y 2020, Goldman Sachs 417 millones de dólares, Bank of America 210 millones de dólares y Citigroup 90 millones de dólares. Entre los del grupo los mayores accionistas son el Bank of New York Mellon, BlackRock, Vanguard y Miles Capital.

Parte del Grupo Energiza, la quinta mayor distribuidora de energía en Brasil, Energisa Mato Grosso, fue imputado en 2019 por la Fiscalía Federal para proporcionar infraestructura eléctrica rural a ocupantes ilegales que han estado llevando a cabo invasiones de territorio indígena Urubu Branco desde 1998. Según una acción civil pública interpuesta por la Fiscalía Federal, la empresa denegó el acceso a los datos personales de los invasores, mientras negaba la electricidad a los pueblos indígenas en la zona, alegando que su territorio estaba en disputa. FUNAI y el gobierno federal también han sido acusados en el mismo caso por un retraso de 16 años en asegurar la posesión legítima de su territorio al pueblo Tapirapé. BlackRock, JPMorgan Chase, Vanguard y Bank of New York Mellon se encuentran entre los principales accionistas del Grupo Energisa. Entre los principales acreedores entre 2017 y 2020 incluyen Citigroup, que aportó 131 millones de dólares y Bank of America que aportó 79 millones de dólares. Además, Citigroup ha proporcionado un préstamo directo de 30 millones de dólares para Energisa Mato Grosso.

Esta empresa forma parte del GRUPO Bom Futuro que pertenece a la familia del primer ministro de agricultura, senador y gobernador de Mato Grosso, Blairo Maggi. Los indígenas de Xavante se oponen a Bom Futuro por la violación al derecho del consentimiento previo con respecto a la construcción de tres centrales hidroeléctricas instaladas en los ríos Mortes y Combuco que entran a afectar los territorios indígenas en Mato Grosso. El estudio de los componentes dice que solo una determinada área será afectada. Sin embargo, estos empresarios se extienden mucho más allá de la delimitación legalizada por lo que afecta a más pueblos; los pueblos se levantaron en protestas porque los negocios de los políticos y representantes de los agricultores en la región interfieren en los debates a las exigencias de cumplimiento y consentimientos firmados entre la empresa y los pueblos indígenas sobre el proyecto.

“El rio Das Mortes pasa por estas tierras y es fundamental para la continuación de nuestra vida y cultura. Entendemos que la participación de estas comunidades es fundamental para el consentimiento de ser legítimo” dice el pueblo Xavante en una moción presentada el 20 de marzo de 2020.

La presencia de China se puede identificar por la cantidad de dinero que ha inyectado en la región en los últimos diez años, 71 mil millones de dólares ha gastado China para asegurar la adquisición de empresas en América Latina. Más de la cuarta parte de todas las exportaciones de productos básicos de la región van a ese país; el valor actual de inversiones Chinas en la región asciende a 207.000 millones de dólares principalmente en las formas de infraestructura, energía, minería, combustibles fósiles, agroindustria y tecnología.

Las transacciones con América Latina ya superan los 200.000 millones de dólares, China también otorgó 141.000 millones de dólares en crédito durante la última década a países de la región superando el proporcionado por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Banco Mundial, gran parte de ese dinero se ha destinado a Brasil. Por ejemplo, una inversión estatal China controla la empresa LP Sementes (Biotecnología Brasil LMTDA), empresa que surgió de la compra AgroSciences Sementes de Biotecnología de Brasil poseedora del 20 por ciento de la semilla del maíz en el mercado doméstico. Agricultura de pastos de Hunan Dakang es el propietario mayoritario de la empresa comercial Brasileña y procesadora de granos Fiagril Ltd que procesa maíz en Mato Grosso. Alrededor del 60 por ciento de las importaciones totales de soja de China provienen de Brasil, y China es el mayor importador de este producto en el mundo. La empresa china COFCO es el tercer exportador de soja más grande de Brasil, detrás de Bunge y Cargill. Además de la soja, China también importa más del 60 por ciento del mineral de hierro de Brasil, especialmente de Vale, el culpable más prominente de violaciones de los derechos indígenas y ambientales.

Los inversores chinos también están detrás de la línea de transmisión Belo Monte de 2.500 kilómetros en funcionamiento de Pará en Río de Janeiro. Han invertido más de 6 mil millones de dólares en esta expansión de la red eléctrica. Gran parte del dinero chino invertido en Brasil se ha destinado a energía, petróleo y sectores petroquímicos. En lo que respecta a las exportaciones de carne, Brasil aumentó las ventas de proteína animal a China en un 53 por ciento solo en 2019, esta carne proviene de empresas como JBS, Marfrig y Minerva, todas las cuales están vinculadas a importantes pasivos ambientales. Las consecuencias del aumento de la demanda China de productos Brasileños, productos básicos y proyectos se pueden encontrar en todas partes de la Amazonia, en especial la cantidad de violaciones de los derechos sociales y ambientales. Miles de millones de dólares en capital Chino están en dirección al menos a tres grandes ferrocarriles, proyectos que atraviesan el Amazonas y a decenas de puertos sobre el rio Tapajós. El principal objetivo de estas inversiones es mejorar el flujo de soja y mineral de hierro.

Para los colonizadores capitalistas los pueblos indígenas no encajan a sus intereses y por el contrario son tratados como un “estorbo para el desarrollo” y sus tierras son invadidas, saqueadas y destruidas con la complicidad del presidente Jair Bolsonaro y su séquito convertidos en agentes al servicio de los intereses del gran capital nacional y extranjero. El robo de la tierra a los territorios indígenas es el principal impulsor de la deforestación, las Unidades de Conservación Indígena contra la especulación de tierras son atacadas por la deforestación ilegal y los incendios provocados se utilizan para convertir las vastas franjas de bosque primario en cultivos agrícolas en beneficio de un puñado de criminales poderosos; en el 2019 la parte más alta de incendios se localizó en las zonas con la más alta tasa de deforestación. Se hacen a las tierras vírgenes considerándola baldíos, como tierras de nadie, a un costo irrisorio.

El capitalismo solo puede sobrevivir a cuenta de devorar a los hombres y destruir la naturaleza; una verdad denunciada en El Capital de Carlos Marx y que en los últimos años deja su estela de muerte y destrucción en la Amazonía que se expande más allá de Brasil e impacta nueve países. Una situación dramática que exige el rechazo del proletariado y los pueblos del mundo llamados a emprender acciones internacionalistas para impedir los daños irreversibles que se ciernen sobre la Amazonia, frenar la voracidad y el afán de ganancias de los grandes monopolios que amenazan con la desaparición de los pueblos indígenas y el condicionamiento sobre la humanidad en general que el genocida capitalismo imperialista pretende imponer. Rechazo y acciones internacionalistas donde no basta el saber o conocer de la causa del problema sino la participación activa y consciente para transformar de raíz la situación, dándole sepultura al capitalismo imperialista.

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Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada – RAISG, Informes sobre minería ilegal, producción agroindustrial, ganadería, petróleo, violencia, comunidades y pueblos indígenas.

Amazon Watch: BlackRock’s Silence on Forest Destruction; Complicity in Destruction III – How Global Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples’ Rights in the Brazilian Amazon;European Banks Financing Trade of Amazon Oil to the U.S; Complicity in Destruction II: How northern consumers and financiers enable Bolsonaro’s assault on the brazilian Amazon.

Global Forest Watch: Deforestation in Amazonia.

Infoamazonia: Informes y noticias varios.

Amnistía Internacional: Exige al gobierno brasileño que proteja los derechos de los pueblos indígenas y la Amazonía: Brasil: La aceleración de la deforestación de la Amazonía, consecuencia directa de las políticas de Bolsonaro; De selva a granja. Ganado de cría ilegal en la Amazonía brasileña descubierto en la cadena de suministro de JBS; Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo, los pueblos indígenas de América bajo amenaza.

BBC NEWS: Destrucción del Amazonas: las principales amenazas para la mayor selva tropical del mundo en los 9 países que la comparten; Incendios en el Amazonas: quién se beneficia de la explotación económica de la Amazonía brasileña; Crisis en Amazonas

OXFAM: Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina.

Greenpeace: How JBS is still slaughtering the