DOSSIER
La brutalidad policial es procedimiento. Catorce ciudadanos muertos en manos de la policía se suman a los cientos que caen en todo el territorio nacional
Nada de esto es nuevo. Ya los fabricantes de discursos oficiales habían lanzado los “homicidios colectivos” para evitar la realidad de que se deben investigar las masacres.
En lo que va del año murieron 230 personas en 56 masacres en todo el país
El cuento de que los buenos son más no convence.
***********
1. Recrudece la protesta contra la violencia policial en Colombia
Son ya siete días continuos de protestas no solo en las plazas y avenidas, sino también en la virtualidad, donde crece el llamado a la renuncia del Ministro de Defensa de Iván Duque, Carlos Holmes, y a la reforma estructural al cuerpo policial.
Katalina Vásquez Guzmán
Protesta contra la brutalidad policial en las calles de Medellín. Imagen: AFP
Desde Medellín.Cuando bajaba de un bus, en medio de las fuertes protestas que desató el asesinato de Javier Ordóñez a manos de policías en Bogotá, Jennifer recibió un disparó. Murió. Gabriel, Julián y en total 13 personas también. El dolor y la rabia son incontenibles: la masacre número 56 del año en Colombia indignó aún más a los jóvenes y ciudadanos que exigen al Estado protección a sus vidas en vez de ser acribillados mientras reclaman sus derechos. En medio del confinamiento, el pueblo colombiano venía condenando virtualmente el asesinato de 230 personasen lo que va del año, según Indepaz. La indignación por el homicidio de Ordóñez que quedó registrado en video mientras suplicaba “por favor” llevó la gente a las calles. El doloroso 2020 ha incluido, además del horrible record del regreso de las masacres, el desplazamiento forzado masivo de comunidades rurales, la amenaza constante por parte de paramilitares, y el creciente asesinato de líderes sociales y defensores humanos, y de los ex guerrilleros de Farc.
Además, las organizaciones campesinas, indígenas y afros han vivido el exterminio con más fuerza durante la cuarentena, y el hostigamiento no solo de grupos al margen de la ley que se disputan sus territorios tras la salida de la ex guerrilla y del Estado mismo de l zona ha venido en aumento. Los operativos armados por la erradicación de la coca se llevan por delante a quienes se empeñan a defender el programa de sustitución voluntaria acordado en La Habana, que les llevó a erradicar las matas, pero no al pago prometido por parte de gobierno. Varios campesinos han sido asesinados en diversos puntos recónditos de la geografía colombiana. Al cierre de esta edición, la Organización Zonal Indígena del Putumayo dio a conocer que en medio de confrontaciones entre Policía y campesinos que se oponen a la erradicación un indígena menor de edad fue herido con un arma de fuego.
Para Jose Quiroga, activista de Medellín conocido como Aquinoticias, “hay un malestar general en la sociedad colombiana que viene creciendo y que se ha manifestado en los últimos diez años con movilizaciones en los sectores indígenas y campesinos. En el sector urbano, los últimos tres años se ha tenido una fuerte movilización; luego vino el Paro Nacional del año pasado que se vio interrumpido por la pandemia; y ahora la gente volvió a las calles tras el asesinato de Ordónez”.
Para Jose, quien también es abogado e influencer, lo que se expresa hoy en las calles de Colombia es la respuesta a la exclusión social y política, el malestar que tiene el pueblo por las pruebas de la relación entre el narcotráfico y el equipo del actual gobierno de Iván Duque y, en los últimos días y marchas consecutivas, el dolor por la violencia policial que le arrebata la vida a los más jóvenes y el rechazo generlizado al abuso de la Fuerza Pública que, el año pasado, terminó con la vida de Dylan Cruz alcanzado por armas de la policía en la capital, y que está levantando todo tipo de denuncias: abuso sexual, obstrucción a la labor informativa, detenciones irreguales, y hasta detenciones en centros clandestinos como se evidenció en videos donde, además, se prueba cómo los agentes de policía se intercambian armas con hombres de civil, disparan en equipo, y además apuntan directamente al cuerpo de los manifestantes y los golpean en estado de indefensión.
Los hombres y mujeres que perdieron la vida por los disparos indiscriminados de los agentes eran todos jóvenes y algunos, como Jennifer, ni participaban de la protesta. También es este el caso de Angie, que recibió una bala y fue encontrada herida y agonizando por su familia. Por eso y por el exceso de la fuerza que la alcaldesa de la capital, Claudia López, no ha podido detener alegando insubordinación en la Policía, los movimientos estudiantiles, organizaciones y ciudadanos sin filiación alguna están manifestándose a diario. Los videos muestra cómo, además, los policías atacaron casas en barrios periféricos, amenazaban a los vecinos en los balcones, y dispararon contra conjuntos residenciales. Además, atacan a transeúntes desprevenidos y les propinan golpizas. Desde la noche del 9 de septiembre cuando iniciaron las movilizaciones y disturbios, ongs como Temblores y Campaña Defender la LIbertad reportan casi un centenar de heridos. La mayoría son civiles, y un porcentaje mínimo son agentes. En algunos casos, como lo asegura el padre Alejandro Angulo del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, en Colombia las protestas suelen ser infiltradas por agitadores profesionales. En las redes sociales, muchos afirman que quienes destruyen el comercio podrían ser policías o vándalos pagados por policías para generar caos y deslegitimar la protesta. Por su lado, el gobierno y el empresariado acusan a guerrillas urbana de los desórdenes.
Según Angulo, el uso de armas de fuego es inaceptable en las protestas. La fuerza policial se hizo para cuidar. “El poder político y la fuerza deberían ser neutrales, servir a toda la población en vez de estar del lado de los ricos,” señala. El investigador contribuye con el Banco de Datos de DD.HH .y Violencia Política. En su Revista Noche y Niebla ha dado conocer que los mayores violadores de derechos humanos en Colombia en 2019 fueron los paramilitares y la policía. Según el informe del banco ciado en la revista, en 2019 se presentaron 411 hechos de violación a los dd.hh. por parte de policías en todo el país, mientras los de “paras” fueron 461.
Son ya siete días continuos de protestas no solo en las plazas y avenidas, sino también en la virtualidad, donde crece el llamado a la renuncia del Ministro de Defensa de Iván Duque, Carlos Holmes, y a la reforma estructural al cuerpo policial. “La ciudadanía está exigiendo una reestructuración profunda de la Policía. Que pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Que la doctrina cambie, que supere la doctrina del enemigo interno, que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que se judicialice a los policías y políticos responsables,” explica el activista José Quiroga a Página/12. Afirma que es inadmisible que la sociedad se preocupe más por las paredes dañadas que por los cuerpos de sus conciudadanos abatidos por quienes deberían cuidarles. En los puestos de policía que fueron incendiados y dañados durante las protestas, grupos culturales y vecinos instauraron bibliotecas y llevan a cabo veladas musicales donde invitan a educar la rebeldía y cesar la violencia. Todos están de acuerdo en que hoy día en Colombia la Policía no nos cuida. ¡Nos están matando¡ gritan también los muros de las capitales graffiteados en formatos gigantezcos durante el fin de semana pasado.
Fuente:
2. Cuando la masacre llegó a bogotá
Catorce ciudadanos muertos en manos de la policía se suman a los cientos que caen en todo el territorio nacional
Lilia Solano

Ya suman catorce los ciudadanos asesinados por la policía en las protestas del 9 y 10 de septiembre. La mayoría de ellos (doce), jóvenes. Si bien desde que en el marco de la pandemia se ha venido haciendo gala de la recursividad para apelar al neolenguaje y así aminorar el impacto negativo de los procedimientos policiales, es en lo relacionado con la brutalidad de estos días donde el neolenguaje ha acentuado su voz engañosa. La policía no ha asesinado sino que en el curso de procedimientos policiales algunos vándalos han fallecido.
La brutalidad policial es procedimiento. El ciudadano en ejercicio de sus derechos constitucionales es vándalo. El asesinato es fallecimiento. El neolenguaje convierte un atropello criminal en un acto regular de la naturaleza. Una bala, que nunca es perdida, nueve golpes asestados al cráneo de un abogado ya violentamente golpeado por la policía se convierten en medios casi que pulcramente clínicos por los que una vida llega a su fin.
Nada de esto es nuevo. Ya los fabricantes de discursos oficiales habían lanzado los “homicidios colectivos” para evitar la realidad de que se deben investigar las masacres. Mucho antes, las andanzas de familiares directos de los más altos ejecutivos del Estado se habían convertido en tragedias familiares.
Con todo, esta vez el neolenguaje incrementa su capacidad ultrajante pues viene en el contexto de otras dos grandes expectativas de la sociedad, las que pasan a un segundo plano o se lanzan al olvido en virtud del ruido del nuevo lenguaje. Esas expectativas son: la necesidad de reconciliación que conduzca a la convivencia y la urgencia de una reforma estructural, profunda, del aparato policivo.
En relación con la primera, la agresión simbólica corrió no solamente por cuenta del alto gobierno nacional, sino que también fue ejecutada por la administración distrital. Yendo más allá de la atrocidad del neolenguaje, se profirió un perdón que, en últimas, hizo recaer sobre la víctima la responsabilidad de la reconciliación y de la convivencia. Mientras que el ministro de Defensa balbuceaba una solicitud de perdón que ponía en duda el procedimiento abiertamente criminal de la policía contra la ciudadanía, la Alcaldesa pedía ser perdonada por omisiones que, en su momento, habían provocado su molestia y justo cuando la policía seguía atropellando ciudadanos en Bogotá casi que simultáneamente al acto de reconciliación que se había organizado.
La banalización del perdón. Como bien se preguntan diferentes observadores como el de equipo de los pueblos, el perdón así instrumentalizado no establece la dinámica de relacionamiento que se pretende restaurar. ¿A quién se perdona? ¿De qué? ¿Con qué fin? Tanto el ministro de Defensa como la alcaldesa hicieron a un lado un importante debate sobre el perdón en el marco de los conflictos sociales y económicos que se ha venido construyendo desde las experiencias recientes de búsqueda de la paz en diferentes regiones del mundo.
Una de las conclusiones a las que conduce el consenso entre los expertos en este tema es que el perdón es prerrogativa de la víctima. El perdón se presenta cuando la víctima se asume como sujeto, que fue la condición primordial que le arrebató su perpetrador. La convocatoria la hace la víctima. Ni un ministro de Defensa ni una alcaldesa pueden ser convocantes a “perdonatones”. Ellos son las cabezas de instituciones que deben ayudar a esclarecer la verdad de lo que pasó. La banalización del perdón es una ofensa que profundiza la herida que el Estado le sigue infligiendo a la ciudadanía.
Esto lleva a la segunda expectativa: la urgencia de una reforma estructural de la policía. Desde los años 50 esta institución viene siendo parte del Ministerio de Defensa. Con ello se mantiene la idea de que el espacio público, el escenario político, es un teatro de operaciones militares. La participación ciudadana es, de entrada y en principio, materia de sospecha para las autoridades. El derecho a la seguridad no son asuntos de preocupación civil, sino de iniciativas castrenses.
La policía es una organización civil, no constitutiva de las Fuerzas Armadas, bajo el mando de autoridades civiles democráticamente elegidas para que administren el bien común. Sus protocolos de intervención, su equipamiento, su entrenamiento, su recurso humano no deben seguir las líneas castrenses.
Es urgente la transformación de la institución policial, lo que se propone es una institución garante de la convivencia ciudadana, bajo el mando de autoridades civiles y desconectada del aparato represivo del Estado. En resumen, lo que se necesita es una refundación del aparato punitivo del Estado con una policía que asuma su carácter civil.
Catorce ciudadanos muertos en manos de la policía que se suman a los cientos que caen en masacres que siguen anegando de sangre el territorio nacional. Catorce ciudadanos que no deben ser instrumentalizados por autoridades en necesidad imperiosa de ganar legitimidad. Catorce asesinatos para lo cual no hay neolenguaje que pueda maquillar. Catorce víctimas de la masacre de Bogotá.
Fuente:
3. La inocentada de pensar que los buenos son más
"Los policías obedecen a políticas internas, maduradas con el pasar de los años, en donde se normalizan los abusos"
Héder Jiménez Lobo

Foto: Las2orillas
El cuento de que los buenos son más no convence.
Cuando se pertenece a un grupo, el individuo va a donde va todo el grupo y marcha hacia donde van los demás.
En el Congreso, por ejemplo, la ley de bancadas y otros artilugios de la nunca bien ponderada rama legislativa obligan a pensar como piense el líder; así que los pensamientos individuales van a la sepultura.
En los grupos hay una idea que prevalece, la ley del más fuerte: el que se impone por encima de la colectividad sin importar los medios.
En consecuencia, pensar que en la Policía los buenos son más es una inocentada: obedecen a políticas internas, maduradas con el pasar de los años, en donde se normalizan los abusos.
Si los buenos fueran más no sucedería lo que ha generado el aborrecimiento de la mayor parte del país hacia los miembros que han impuesto el atropello.
Venir con ese cuento es un intento de tapar el sol con las manos.
¿Qué se puede esperar de una organización en donde existen comunidades del anillo, el clan de los verdes, el fletero, la avispa, la mordida y demás con licencia para matar?
Si fueran más los buenos serían queridos, pero no. Los pocos miembros que se rebelen en un grupo en donde la mayoría obedece al principio delictivo terminan muerto o desaparecidos.
Fuente: