DOCE BANCOS EN COLOMBIA QUE HAN COOPTADO LAS INSTITUCIONES SIN NINGUNA REGULACIÓN

Una realidad brilla en todo el mundo: el financiero es un sector oligopólico. Su poder le permite establecer múltiples interrelaciones que lo llevan a consolidarse en unas pocas corporaciones monopólicas en mercados fragmentados, si bien esta tendencia general sigue siendo calificada por algunos manuales de economía, como casos excepcionales, “fallas de mercado” (1).

El característico proceso de crecimiento y acumulación del sector financiero también se cumplió en Colombia, con capitales en procura de mayores márgenes de utilidad, para lo cual diversificaron su core business original de prestación de servicios a sus capitales semilla, hacia la intermediación y la especulación, en mercados cada vez más amplios y diversos. Esta transición, aunque no implica abandonar los negocios semilla, se fue generalizando desde mediados del siglo XX, con fortalecimiento significativo desde la década del 80, con la implantación a nivel mundial el modelo neoliberal.

La nueva fase de acumulación de capital, tiene entre sus principales características el crecimiento permanente de la participación del sector financiero en el PIB, mundial y de los diversos países, con organizaciones de rápido crecimiento y elevadas utilidades. También surgió en un volumen mayoritario, un redireccionamiento de la inversión fresca, desde los sectores de la producción de bienes hacia los rentables mercados financieros con atractivos productos como los spot o los derivados, con la consecuente cooptación de los pilasres del Estado liberal (legislativo, ejecutivo y judicial). Se acompañó este modelo de crecimiento, con la multiplicación de los paraísos fiscales, instaurando con las demás características citadas, la fase de acumulación denominada como “financiarización de la economía mundial”.

Es una transformación global con impacto evidente en Colombia. Los doce bancos más importantes en el mercado local representaron en 2019 el 89,2 por ciento de las utilidades de los conglomerados e intermediarios (tipo 1 a 4) del sector financiero, cuatro de los cuales suman el 67,5 por ciento de las mismas, estableciendo continuamente múltiples relaciones accionarias y de intereses corporativos, para consolidarse progresivamente como un monopolio de facto (Ver Tabla Nº1). Estas entidades bancarias están lideradas por cuatro grandes conglomerados: “El Grupo Aval, a la cabeza de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez; el Grupo Empresarial Antioqueño –GEA–, que tiene a Bancolombia; el Grupo Bolívar, que dirige Miguel Cortés Kotal, con Davivienda, y GNB Sudameris, en cabeza de Jaime Gilinski y el holding que lleva su apellido” (La República, 2019) (2). El 10,8 por ciento adicional de las utilidades del sector bancario criollo se distribuye entre las restantes 37 pequeñas y medianas entidades del sector.

La acumulación de capital de los referidos conglomerados, la ampliación de su experiencia corporativa, las posibilidades abiertas en mercados financieros debiles los llevaron a expandirse hacia Centroamérica a través de la Inversión Extranjera Directa, cada entidad con sus particularidades.

El Grupo Holding Aval, que cuenta con el mayor nivel de activos y utilidades del país, y que en la primera etapa de su gestación ensanchó ganancias a través de la inversión en vivienda, amplió su portafolio a infraestructura –ruta del Sol-Episol–, energía –Empresa de Energía de Bogotá–, gas –Promigas, Gascop, Gas Natural–, medios de comunicación –El Tiempo, Portafolio y revistas–, y hotelería –Hoteles Estelar–, entre otros. Para su inversión financiera internacional su filiar es el BAC-Credomatic, con presencia en todos los países de esta parte de América Latina. “El Banco de Bogotá, por ejemplo, destaca que el 42,1% de su utilidad neta proviene de sus operaciones en los seis países centroamericanos. La entidad, que es parte del poderoso Grupo Aval, cuenta con casi 700 oficinas en esa región y resalta que posee el 12% de las utilidades que generan los mercados de Centroamérica” (3).

Bancolombia, por su parte, segundo grupo en utilidades y activos en el país y perteneciente al Grupo Empresarial Antioqueño –GEA–, cuyo patrimonio original devino de la inversión en la industria de los alimentos (embutidos, galletería, chocalete, café y otros), así como de la vivienda, posee actividades bancarias en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. Este grupo, “tiene el 14% de la cartera de Panamá y el 6% en El Salvador y Guatemala. El consorcio, a través de sus filiales, reporta más de 1.000 oficinas en territorio centroamericano” (4). Para su penetración en Guatemala, la economía de mayor tamaño en Centroamérica, Bancolombia “adquirió el 40% de las acciones que aún eran propiedad del BAM Financial Corporation, y consolidó el 100% de los activos del Grupo Agromercantil Holding”. En Panamá, Suramericana S.A. del GEA, firmó desde 2015 un acuerdo para adquirir las acciones de Seguros Banistmo fusionándola a Seguros SURA Panamá (5).

La experiencia de Davivienda, la cuarta entidad bancaria en Colombia, siguió otro camino. Nació a partir de capitales agrarios de origen cafetero y se expandió hacia otros países, focalizando su actividad internacional, y como consecuencia lógica de su origen, en los Estados Unidos, en un primer momento en Nueva York, Miami luego “[…] con el fin de convertirse en un punto de apoyo a las necesidades de los clientes colombianos de Bancafé S.A. para sus negocios internacionales”(6). Tras varios años sus capitales llegan a Centroamérica, después de adquirir las operaciones del banco HSBC en Honduras, Panamá, Costa Rica y Salvador. Al cierre de 2019, su operación en esta región alcanzó una utilidad acumulada de USD 73,4 millones de dólares.

A su vez, el Grupo Gilinski –GNB Sudameris–, en su estrategia de internacionalización, sitúo el foco en Suramérica, para lo cual compró durante los años 2012-2013 las operaciones de HSBC, abriendo filiales en Paraguay, Perú y Uruguay, para expandirse luego hacia el Caribe, apoyándose para ello en la adquisición del 70 por ciento de las acciones del First Caribbean International Bank, lo que le da presencia en 16 países de esa región. Esa Corporación caribeña reporta utilidades acumuladas anuales cercanas a US$200 millones.

Así, los cuatro grupos financieros que explican cerca del 80 por ciento de las utilidades del mercado nacional, están realizando actividades crecientes y de importancia para sus propósitos en el mercado internacional que las clasifican ya como corporaciones multilatinas (7).

Se cumplió así, dentro de las estrategias de expansión de las más importantes corporaciones financieras colombianas, la señalada transición mundial de la acumulación de capital en los sectores agropecuario, industrial o de la construcción, hacia corporaciones que nacen para prestar servicios de intermediación a sus “empresas o sectores semilla” y luego, al comenzar a obtener mayores rentabilidades en la prestación generalizada de servicios financieros, hacen de esos servicios su core business. El Grupo Aval realizó su acumulación originaria de capital, desde los sectores inmobiliario y de la construcción, la industria antioqueña fue el origen de las ramas bancarias y de seguros de Bancolombia, Davivienda tuvo su origen en la actividad cafetera, mientras que el grupo GNB-Gilinsky comenzó su capital en empresas manufactureras. (Yupi, Rimax y BonBril) (8). Así, las grandes corporaciones financieras (Aval, GEA, Davivienda y GNB), impulsaron y continúan impulsando en Colombia y en la región latinoamericana, el fenómeno global de la financiarización.

Esta realidad global, que también en Colombia ha conducido a oligopolios o monopolios de facto, que centraliza y concentra capitales generando así elevados márgenes de utilidad y que adicionalmente coopta instituciones, hace necesario establecer una efectiva regulación antimonopólica; si bien es claro que, como lo demuestra la experiencia internacional, el diseño y puesta en marcha de tales regulaciones se enfrentan a muy serias dificultades.

Un primer elemento a tener en cuenta, son las intervenciones no competitivas, posibles gracias a que desde el punto de vista tecnológico, la eficiencia y la productividad en los mercados dependen del establecimiento de Tallas Mínimas Optimas –TMO– para la producción, la comercialización y la prestación de servicios, hecho que crea a su vez “barreras a la entrada” para los potenciales competidores, que terminan por ser prácticamente infranqueables.

En síntesis, la eficiencia y la competitividad de las corporaciones se correlacionan positivamente con su tamaño en activos y utilidades, lo cual a su vez impulsa “posiciones dominantes de mercado” y elementos proporcionales de poder y de capacidad de cooptación institucional.

Las consecuencias de esta dinámica no son pocas ni pasajeras. Las tendencias concentradoras y centralizadoras del capital, que son propias del proceso de crecimiento, producen mayores márgenes de utilidad y de eficiencias corporativas, pero terminan indefectiblemente generando oligopolios o monopolios, lo cual va en detrimento del consumidor o de los usuarios de los servicios. Aun así, los perjuicios para el consumidor nunca han impedido que los capitales busquen afanosamente su concentración y centralización monopólica.

Un par de datos reafirman la concentración de los capitales financieros en Colombia: en 2019, las utilidades de los Bancos del Grupo Aval (Bogotá, Occidente, Corficolombiana, Popular y AV Villas), representaron el 40,6 por ciento de las utilidades del sector financiero que opera en Colombia. Al incluir las demás compañías del Grupo, como Porvenir S.A. (administradora de pensiones y cesantías), las compañías de Leasing, las fiduciarias, las aseguradoras y las filiales internacionales, este peso relativo del Holding se eleva significativamente. Por su parte, las utilidades de Bancolombia, sin incluir tampoco su actividad internacional ni otras empresas del Grupo Empresarial Antioqueño –GEA– como las aseguradoras, más que doblaron (2,3 veces) las utilidades de los 37 bancos más pequeños que operan en el país.

Es un crecimiento y poder económico creciente que proyecta sus efectos sobre el conjunto de la vida nacional, en particular en el ejercicio político y del control de los gobiernos nacional, departamentales y municipales, con efectos lógicos en leyes y regulaciones de todo tipo. Los monopolios no son, como es lógico, solamente en el campo económico, y la sociedad en su conjunto padece los efectos de está lógica del poder.

Desde décadas atrás el capital ha intentado colocarse límites en su potencial concentrador y monopólico vìa leyes antimonopolio, pero la experiencia evidencia su ineficacia. En efecto, los ejemplos prácticos de Europa y de los Estados Unidos permiten comprobar que estas fueron perdiendo importancia y en verdad nunca se lograron implantar adecuadamente. Basta recordar algunas de las leyes antimonopólicas de Europa como el Tratado de Roma (1957) o de los Estados Unidos la Ley Sherman Antitrust –1890–, la Ley Clayton –1914–, la Ley Glass-Steagall –1933–, y la Ley Dodd-Frank –2010–.

En cuanto a las numerosas leyes y enmiendas antimonopolio expedidas en los Estados Unidos, la que tal vez contó con mayor respaldo político fue la Ley Glass Steagall de 1933, la que incluyó, entre otras regulaciones al sector financiero, la prohibición a los Bancos de Depósito, cuyos recursos están conformados por los ahorros de las personas particulares, de fusionarse con la muy rentable pero altamente riesgosa Banca de Inversión, tipo Goldman Sachs. Se logró con esta ley impedir, durante tres décadas, que la Banca de Inversión se fusionara con Bancos de Depósito y comenzaran a ofrecer productos y realizar inversiones, “apuestas”, de alto riesgo, con los recursos de los ahorradores.

La Ley Glass-Steagall, apoyada por los demócratas y por no pocos republicanos, impuso controles importantes sobre las entidades financieras y cuestionando la validez de las teorías anti-regulatorias de los economistas neoliberales, acompañó una época de auge económico –“los gloriosos 30 años”–, entre 1945 y hasta 1975, momento del primer “choque petrolero”.

A pesar de existir esta regulación, Wall Street y la City de Londres entre otros centros financieros, empezaron a generar en los años 80 novedosos instrumentos como los derivados, las inversiones en mercados spot, el empaquetamiento de diversas deudas, etcétera. y a realizar operaciones tales como invertir en bonos de países en quiebra, en forma similar a como lo hizo Goldman Sachs en Grecia, luego de haber asesorado a este país en el maquillaje de sus cuentas viabilizando su ingreso a la Unión Europea.

Durante todo el período anterior a la crisis (1987-2006), se nombró presidente de la Reserva Fderal de los Estados Unidos –FED–, al famoso Alan Greenspan quien previamente había ejercido como director corporativo de Aluminum Company of America (Alcoa); J. P. Morgan & Co.; Morgan Guaranty Trust Company y Mobil Corporation. Esta carrera profesional, dirigiendo grandes corporaciones y entidades financieras explica, en buena medida, su compromiso neoliberal a favor de la “desregulación bancaria”, la cual condujo a la Gran Crisis de 2008-2009.

En realidad, Greenspan consolidó en la FED la doctrina neoliberal pura que ya había tomado curso en los 80, con Paul Volcker (presidente de la FED, 1979-1987) quien pasó a la historia como el hombre que impulsó el comienzo de una era de desregulación e innovación, en herramientas financieras. El modelo financiero neoliberal de Volcker & Greenspan, se mantuvo con Ben Shalom Bernanke (2006-2014), con la señora Janet Yellen (2014-2017) y se profundizó con el dúo Jerome Powell-Donald Trump. No es de extrañar, por tanto, el pronóstico difundido desde antes de la pandemia por el Foro Económico Mundial, Roubini y varios otros expertos, sobre la explosión en 2020 de una Gran Crisis financiera, más fuerte que la de 2008-2009 (9). Lógicamente, el análisis económico de la crisis financiera 2020 se ha pospuesto, dada la gravísima situación de salud y económica, que impuso la pandemia (10).

A finales de los 90 la presión del sector financiero obligó a Bill Clinton (1993-2001), a pesar de pertenecer al partido demócrata, a la aprobación de la “Ley de Modernización de los Servicios Financieros” de 1999, dirigida de manera deliberada a neoliberalizar la regulación sobre la banca. Esta norma eliminó prácticamente de raíz la Ley Glass-Steagall de control sobre Wall Street, en particular en su prohibición de fusionar la banca de ahorradores con la banca de inversión. Los perjuicios de derogar esta regulación en 1999 saltaron a la vista diez años después, en 2008-2009, con el endeudamiento propiciado por la banca, de las familias y empresas que quebraron. Además “la derogación dio lugar a un período de mega-fusiones. Los nuevos seis bancos de mayor importancia aumentaron sus activos del 20% del PIB en 1997, a más del 60% del PIB en 2008”. Un proceso en el cual, “según la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, ‘los grandes bancos de inversión [...] concentraron sus actividades cada vez más en actividades comerciales arriesgadas que produjeron grandes ganancias [...] Como Icarus, nunca temieron volar cerca del sol’” (11).

Finalmente, la Ley Dodd-Frank de reforma financiera y de protección de los consumidores fue refrendada por el presidente Barack Obama el 11 de julio de 2010, fecha en la que entró en vigor. Esta Ley, como siempre sucede después de las grandes crisis y de la presión social que ellas producen, acometió una reforma financiera abarcando casi todos los aspectos de la industria como respuesta a la peor crisis económica desde la gran depresión, con el objetivo de devolver a los inversores la confianza en la integridad del sistema financiero (12).

Este último intento de regular la Banca fue anulado “con 258 votos a favor y 159 en contra, (por) la Cámara de Representantes (que) aprobó anular la Ley Dodd-Frank, lo que implicó una victoria legislativa para Trump, quien durante la campaña prometió eliminar la medida. La eliminación de la reforma era algo anhelado por los grandes bancos de Wall Street y por instituciones financieras menores y regionales” (13). Nuevo triunfo del sector financiero que llevó a afirmar a Bouthelier (2019), que “la economía norteamericana ha conseguido fabulosos desarrollos a pesar de la legislación antitrust, y gracias a que ésta no se ha aplicado” (14).

Así, todos los intentos de diseñar y poner en marcha regulaciones estrictas para la banca y devolverle la confianza a los ahorradores e inversores en la integridad del sistema financiero, demuestran cada día más la fragilidad de las instituciones legislativas ante un sector fuertemente consolidado como es la banca de Wall Street, sector fortalecido en la crisis recibiendo un rescate del erario público estadounidense superior a los US$ 700 mil millones de dólares, a través de la compra que realizó la Reserva Federal de los famosos “Títulos Basura” (Subprime).

Hoy, como resultado de la pandemia, la FED regresó a las prácticas de rescate corporativo y bancario de 2008-2009 y que terminaron costándole millones de dólares a los contribuyentes. Se ha señalado en este momento, que “la Reserva Federal de EE. UU. se enfocará en compras de bonos corporativos” (15), pero adicionalmente realizará operaciones de recompra (repos) de bonos del Estado, lo cual está introduciendo mayores saldos negativos al ya gigantesco déficit fiscal del gobierno norteamericano. La sostenibilidad del dólar y de las políticas monetarias de los EE.UU. sufren así una nueva disminución en su credibilidad. La regulación vigente no limita estas operaciones financieras del Estado, ya que el presidente Trump tuvo en 2018 una victoria legislativa al cumplir su promesa de campaña de eliminar la Ley Dodd-Frank, que promovieron los demócratas y Obama tras la crisis de 2008” (16).

En síntesis, desde hace más de un siglo –destacándose el caso de los Estados Unidos–, se conocen intentos de regular el oligopolio financiero los cuales, en la práctica, han fracasado; prueba de ello es el comportamiento ampliamente desregulado de la Banca a partir de los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989) y Margaret Thatcher (1979-1990) y las graves crisis a las que condujeron. Ciertamente, la pandemia no ha hecho más que acelerar la gran crisis prevista para el 2020, dándole continuidad a la iniciada en 2008-2009.

Ahora bien, si las políticas antimonopólicas son de difícil aplicación en países como Estados Unidos y los de Europa, en Colombia, país que cuenta con un sector financiero altamente concentrado y que ha cooptado buena parte de las instituciones, resulta necesario identificar otros caminos democráticos pospandemia para instaurar nuevas políticas de Estado, no solo en este y sino en otros campos del desarrollo económico y social.

Es una perspectiva necesario de acometer y en la cual cabe recordar algunos ejemplos exitosos, como los de Corea del Sur y Malasia, que ilustran la orientación que pueden tomar las políticas que conducen al desarrollo. Estos países entendieron desde los años 70 que el sector financiero y los recursos que intermedia, son una herramienta de desarrollo y no un objetivo en sí mismo, son un medio y no un fin. Se dieron cuenta que “no necesariamente si al sector financiero le va bien, a la nación le va bien” (17).

El éxito del desarrollo de Corea del Sur se explica, en buena medida, por que los instrumentos de financiación, principalmente los estatales, fueron canalizados hacia el desarrollo industrial agregando valor en conocimiento, bajo dos parámetros básicos: “Government Led” y “Selectivity” (“Liderazgo gubernamental” y “Selectividad”). Estos parámetros significaron que el gobierno orientó y lideró el desarrollo económico e industrial del país, a pesar de que a partir de los 80, ambos países también recibieron las presiones neoliberales, para que sus Estados abandonaran la intervención en el proceso de desarrollo nacional.

El otro parámetro, la “selectividad”, significó que la economía se concentró y especializó en 4 sectores: Acero, automotriz, electrodomésticos y electrónica profesional. Estos 4 sectores, altamente relacionados entre sí como insumos unos de otros, manejan tecnologías transversales que se retroalimentan positivamente. Así, Corea del Sur modificó su estructura productiva privilegiando su manufactura que pasó del 18 por ciento de su PIB en 1970, al 31 por ciento en 2012. (Ver tabla Nº 2). Con estas políticas, esta economía llegó a ser líder mundial en la producción de aceros de alta calidad (Pohang Iron and Steel Company), en automotriz (Kia, Hyunday), electrodomésticos (LG, Samsung) y es uno de los principales productores mundiales de chips (Samsung). El liderazgo de Estado y la selectividad, que Colombia, al igual que Corea del Sur, había comenzado a implementar con gobiernos como el de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), fueron abandonados por los “vientos” (¿huracanes?) “neoliberales” de la globalización y la apertura que sin planeación ninguna llegaron aquí en la década del 80 (18). El sector ampliamente beneficiado por el abandono de estas políticas fue el financiero, que de un “deber ser” como instrumento de desarrollo pasó a ser un objetivo en sí mismo para la generación de amplios márgenes de utilidad por la intermediación y la especulación financiera.

En este contexto neoliberal, propuestas suaves de regulación no irán muy lejos. Pero, ¿cuál es entonces la alternativa? Sin duda, el redireccionamiento de los objetivos y funciones de la banca estatal ya existente, para que impulse selectivamente proyectos ambiciosos agrícolas, industriales y productivos de “talla mundial”. Con esta política del Government Led que aplican exitosamente Corea del Sur y Malasia, los gobiernos que privilegien este tipo de políticas, en conjunto con los empresarios, deberán contar de ahora en adelante con una banca estatal que focalizada en el Desarrollo Industrial y Agrícola, con importante agregación de valor en conocimiento.

No se parte para ello de cero. Además de la experiencia vivida en otra época, el país conoce diferentes estudios y propuestas –entre ellos los de la Andi y la academia– que identifican los sectores y políticas en los que Colombia todavía tiene oportunidades de competir internacionalmente. Dentro de estos sectores la manufactura y la agroindustria ocupan un lugar privilegiado (19).

A propósito de ello, cabe recordar aquí uno de los tantos errores que cometió el país, con organizaciones como el Instituto de Fomento Industrial –IFI– con resultados disímiles y que a finales de los 80 tenía el propósito de reestructurarlo “con el fin de hacerlo más eficiente, eliminando los subsidios y adecuándolo a las exigencias del medio” (20). Por el contrario, en el contexto del enfoque de los gobiernos neoliberales, de Gaviria en adelante, se decidió en lugar de especializar y mejorar este tipo de instituciones de fomento industrial, acabarlas. Este hecho y otros similares, fueron el síntoma de que se había decidido desde aquella década, y sin tener claro porque, abandonar cualquier política de industrialización y de agregación de valor en conocimiento, y convertir al país en una economía dependiente del sector primario, minero-petrolera.

Un solo ejemplo entre varios, sobre las opciones que ofrecía el IFI, fue la mina de ferroníquel de Cerro Matoso, en la que el Instituto estaba invirtiendo y que los “técnicos” del gobierno aseguraron, era una pésima inversión. Fue así como cedieron esta “mala inversión”, a BHP Billiton, una de las compañías mineras más grandes del mundo, para la cual el mineral ha generado por décadas cuantiosísimas utilidades. “En este tiempo, según datos suministrados por la empresa, Cerro Matoso ha exportado 910.000 toneladas de níquel, que en ingresos brutos equivalen a $ 20,9 billones de pesos (US$ 11.000 millones de dólares)” (21). Esto es lo declarado por la misma empresa.

Una banca de inversión estatal, con instituciones dirigidas a sectores técnicamente seleccionados con buenas posibilidades de consolidación, como lo era en su momento Cerro Matoso, son la alternativa para un importante desarrollo nacional; y debe ser estatal puesto que a la banca privada el tema del desarrollo económico y social no le suscita mayor interés. Se observa aquí una clara diferencia con los exitosos casos de Corea del Sur y Malasia, países que cuentan con este tipo de instituciones financieras y con abundantes recursos estatales para la promoción y el fomento productivo.

Ahora bien, puesto que Colombia ya cuenta con más de 11 entidades financieras estatales y el Holding estatal recién creado por el gobierno, que de acuerdo con el Ministro de Hacienda empieza actividades con activos superiores a $ 80 billones de pesos, no sería necesario crear ninguna nueva entidad. Que el Holding y sus instituciones promuevan conjuntamente con los empresarios y de manera decidida a través de financiación subsidiada, el desarrollo económico y social del país, focalizado como se propone más arriba, depende claro está, no de la buena voluntad de cada uno de los gerentes que las dirigen, sino de la existencia de un Gobierno y un Plan que verdaderamente se enfoque en una política el desarrollo. Para ello es preciso abandonar esta filosofía que sostenía con fuerza uno de los Directores de Planeación Nacional en los 90: “La mejor política Industrial es no tener política industrial”. Los resultados de semejante filosofía, y de las decisiones tomadas por los orientadores de la política estatal, están a la vista.

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1. Mankiw Gregory, 2012. Principios de Economía. 6ª. Edición. Ed. McGraw-Hill/Interamericana de España. Samuelson Paul & Nordhaus William, 2019. 19ª Edición. Ed. McGraw-Hill/Interamericana de España.

2. Jaime Gilinski Bacal, 2019. https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/jaime-gilinski-bacal.

3. Dinero, 2019. Las razones (y riesgos) del multimillonario desembarco de bancos de Colombia en Centroamérica. https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/razones-del-desembarco-de-bancos-colombianos-en-centroamerica/266009.

4. Dinero, 2019. Las razones (y riesgos) del multimillonario desembarco de bancos de Colombia en Centroamérica. https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/razones-del-desembarco-de-bancos-colombianos-en-centroamerica/266009.

5. Centralaméricadata, 2020. Bancolombia completa compra de banco guatemalteco. https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Grupo+Bancolombia%22

6. Davivienda, 2020. Nuestra historia. https://www.daviviendaintl.com/quienes-somos/

7. La República, 2020. Bancos colombianos reafirman su espíritu multilatino con adquisiciones

8. Jaime Gilinski Bacal, 2019. https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/jaime-gilinski-bacal.

9. World Economic Forum, 2018. La gestación de una recesión y crisis financiera en 2020.

Roubini Nouriel, Junio 14, 2019. Cada vez más riesgo de recesión y crisis en 2020. https://www.project-syndicate.org/commentary/trade-war-recession-crisis-2020-by-nouriel-roubini-2019-06/spanish?barrier=accesspaylog

10. Ramonet Ignacio, 2020. https://mondiplo.com/la-pandemia-y-el-sistema-mundo.

11. Lin Melissa, 2011. Ley Glass-Steagall: ¿Su Derogación Causó La Crisis Financiera? https://www.google.com/search?q=Lin+Melissa%2C+2011.+Ley+Glass-Steagall%3A+%C2%BFSu+Derogaci%C3%B3n+Caus%C3%B3+La+Crisis+Financiera%3F&rlz=1C1ARAA_esCO652CO652&oq=Lin+Melissa%2C+2011.+Ley+Glass-Steagall%3A+%C2%BFSu+Derogaci%C3%B3n+Caus%C3%B3+La+Crisis+Financiera%3F&aqs=chrome..69i57.1541j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

12. https://www.boletininternacionalcnmv.es/ficha.php?menu_id=&jera_id=&cont_id=90. Bouthelier Antonio, Ordenaciones legales antimonopolio.

https://www.google.com/search?q=v%C3%A9ase%3A+bouthelier+antonio%2C+.+ordenaciones+legales+antimonopolio.&rlz=1C1ARAA_esCO652CO652&oq=&aqs=chrome.2.35i39l8.2105669j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

13. El Economista, 2020. https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Trump-ansioso-por-firmar-la-derogacion-de-normas-financieras-20180523-0093.html

14. Ibídem.

15. Dinero, 2020. Reserva Federal de EE. UU. se enfocará en compras de bonos corporativos. https://www.dinero.com/economia/articulo/reserva-federal-de-estados-unidos-comprara-bonos-corporativos/289912

16. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-firma-proyecto-de-ley-para-eliminar-normas-financieras

17. Sobre las políticas financieras e industriales que aplicaron desde los años 70, Corea del Sur y Malasia, en contraste con las colombianas de la misma época, véase: Avellaneda Ricardo, Nieto-Potes Mauricio, et.al., 2016. Colombia, Corea del Sur y Malasia. Sus políticas industriales. 1970-2012., 2016.

http://edicionesean.ean.edu.co/index.php/productos-de-investigacion1/libros/libros-digitales/23-publicaciones/515-colombia-corea-del-sur-y-malasia. Ver recuadro.

18. Quienes trabajamos en el Estado durante la época de llegada del neoliberalismo, fuimos testigos de la serie de programas y políticas de industrialización y desarrollo tecnológico que canceló la “locomotora neoliberal”. Existían por ejemplo, programas como el de “Desarrollo de la Industria de Bienes de Capital – PROBICA”, financiado por Incomex, Planeación Nacional y Naciones Unidas-Onudi, que funcionó entre 1984 y 1990 y que el gobierno del presidente Gaviria liquidó. De esta forma fueron eliminados ambiciosos proyectos de industrialización, prefiriendo que la economía colombiana se convirtiera en mono-exportadora minero-petrolera.

19. Los sectores, ramas y productos que deben constituir el foco de la “nueva política industrial” han sido analizados con detalle en varios estudios, de los cuales se pueden destacar: ANDI, 2015: Estrategia para una nueva industrialización. Ed. Nomos, Bogotá, Colombia; Nieto M. Orjuela C. Ortiz W y Avellaneda R., 2016. Aportes para la nueva política manufacturera colombiana. Ed. UEAN.

20. Redacción de El Tiempo, 1995. Así comenzó el desarrollo del país. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-347551#:~:text=La%20Planta%20Colombiana%20de%20Soda,el%20aprovechamiento%20de%20recursos%20naturales. La Corporación de Fomento Industrial de Chile y otras instituciones similares de Latinoamérica estaban logrando avances importantes en la industrialización.

21. Semana, 2012. Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre. https://www.semana.com/nacion/articulo/cerro-matoso-mina-rica-pueblo-pobre/262408-3

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* Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Economía del Desarrollo en la Universidad de París I–Sorbonne y miembro del Grupo de Pensamiento Atheneum, que propone modificaciones de política económica, educativa y social, a ser aplicadas durante los años de pospandemia. El autor agradece los comentarios de Mauricio Soler, Gonzalo Castellanos y Patricia Garavito, integrantes de Atheneum.

Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº201, agosto 2020