Tras el golpe, la pandemia:
Bolivia una deriva autoritaria
Rebeca Peralta Mariñelarena
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El COVID-19 ha venido a develar la crisis múltiple del capitalismo y del modelo neoliberal implantado a lo largo de la región, basado en el achicamiento del Estado, la privatización de los servicios básicos, la supuesta “auto-regulación” del mercado y la disminución del gasto público. En toda América Latina, los sistemas de salud se mostraron insuficientes para atender a la población afectada por el coronavirus, como también fue insuficiente el personal y los insumos médicos necesarios para contener la enfermedad, con las honrosas excepciones de Cuba y Venezuela.
En ese contexto, se reveló esencial la esfera estatal para garantizar derechos como el acceso a la salud, pero también el acceso al agua; así como para efectuar la dispersión de recursos vía bonos o ayudas sociales destinadas a los sectores más vulnerables para que pudieran sobrellevar el confinamiento y, con ello, disminuir las curvas de contagio.
Sirva lo anterior para apuntar la centralidad del Estado en la atención de una emergencia como la que vivimos hoy día, no solo en la esfera económica o en la laboral –como garante de derechos ante la oleada de despidos por el cierre de empresas– sino también en la esfera de la democracia; pues, en el contexto del manejo de una crisis de estas dimensiones, se despliega desde los Estados el famoso privilegio del uso legítimo de la fuerza, –con estados de excepción incluidos–, lo que redefinirá la intensidad de la democracia de cada país.
En esa línea, el objetivo de este texto no es buscar tendencias forzosas para la región, todo lo contrario. Se busca ubicar la especificidad del manejo de esta pandemia para detectar las derivas posibles que se dibujan para nuestras sociedades. Y en este artículo se revisa un caso muy particular: Bolivia.
Un estado de excepción permanente
El contexto en el que el coronavirus encontró a Bolivia es único, a partir del golpe de estado de 2019 se viene ensayando la instauración de un estado autoritario, consecuencia del retorno de los militares a la esfera política y su reciente empoderamiento sobre la población civil, con la consiguiente restricción de las libertades democráticas2.
La estabilidad económica de un país que creció por cinco años consecutivos por encima de la media de la región3 y el manejo responsable de un gobierno legítimo, representante de la voluntad popular ganada en urnas, son solo recuerdo. Desde el primer día del gobierno de facto dio inicio el desmantelamiento de las empresas públicas, llevando a la quiebra a empresas estratégicas que proveían de recursos al país, mismos que eran redistribuidos vía bonos y ayudas sociales a más del 50 % de la población.
La empresa estatal de aviación, BOA, fue forzada a su quiebra en favor de la privada AMASZONAS, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue el botín de las corruptelas de sus nuevos y flamantes ejecutivos. Por su parte, la empresa estatal de comunicación, ENTEL, fue desfalcada en tiempo récord y el responsable se encuentra prófugo en Estados Unidos4. Se ha recurrido a préstamos extraordinarios del Banco Central de Bolivia para pago de salarios y se dispuso de asignaciones millonarias para el gasto militar5.
El saqueo no paró, incluso, en el escenario de pandemia. Por el contrario, se realizaron compras de respiradores con sobreprecio6, se violó la cuarentena rígida por parte del círculo cercano a Añez, con el correspondiente uso indebido de bienes del estado por parte de los ministros golpistas.
La Bolivia que dejó Evo en 2019 ostentaba el primer lugar en crecimiento, ya se apuntó más arriba, pero, sobre todo, ostentaba el primer lugar en reducción de las desigualdades y en la reducción de la pobreza del Continente7. El año 2019, fue reconocido como un país de Desarrollo Humano Alto8. En esos más de 13 años del gobierno de Evo, se incrementó la esperanza de vida de 63.5 años en el 2005, a 73.5 años el 2018.
En términos políticos, se profundizó la democracia en su vertiente intercultural y participativa, y se incorporaron mecanismos de revocación de mandato, así como de consulta previa a las naciones y pueblos indígenas sobre el uso de los recursos naturales asentados en sus territorios. Todo ello, junto con políticas específicas de equidad, paridad y alternancia –y otras que no podemos desarrollar por el espacio–, expandió el espectro de lo social en espacios tradicionalmente exclusivos del Estado.
Esto es lo que pulveriza día a día el gobierno de facto.
Por ello, ante la creciente movilización a favor de la realización de elecciones –en las que, por cierto, el candidato del MAS es favorito–, Añez necesita imponer un estado de excepción permanente para sostenerse en el poder, y la pandemia brindó la oportunidad perfecta para ello. Bajo el argumento de implementar acciones sanitarias, se incrementaron las detenciones de todo el que incumpla las disposiciones del gobierno, simultáneamente se incrementaron los patrullajes de las fuerzas armadas en las ciudades y se normalizó la presencia de los militares en las calles9.
El estado de excepción permanente es el único escenario en el cual pueden gobernar aquellos que llegaron a la Presidencia a través de un golpe10. Bajo el falso postulado de “primero la salud” se perpetúa un régimen de muerte, que a base de tanques militares y bala usurpó un gobierno y secuestró a un país.
Esta crisis sanitaria ha sido también el argumento para achicar el Estado a través del cierre de tres ministerios y algunos viceministerios11, pero más que una reducción administrativa, se trata de un ataque a la plurinacionalidad, a la interculturalidad y la descolonización reconocidas constitucionalmente el año 2009, gracias a las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos. Bajo el supuesto de la “austeridad estatal”, se desmantela la institucionalidad construida por las luchas populares e indígenas. Coincidencia aparte, esta reducción del gasto del Estado se da después de que Bolivia obtuviera un préstamo del FMI que asciende a US$ 327 millones12. Estamos frente al retorno recargado de la agenda neoliberal.
Lo que se vislumbra es, por un lado, el intento del gobierno por perpetuar el estado de excepción como condición para su sobrevivencia y, por otro, el incremento del descontento social tanto por los excesos del golpe de Estado –impunidad ante las masacres de Sacaba y Senkata-, como por el manejo irresponsable de la crisis sanitaria.
La disyuntiva no es entre las elecciones y la salud, es entre un proyecto de muerte –asociado al capitalismo y su vertiente más autoritaria–, y un proyecto de vida, del vivir bien de las comunidades rurales y urbanas. La disputa real es por recuperar un país.
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Rebeca Peralta Mariñelarena es licenciada y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, coordina el Grupo de Trabajo de CLACSO “Geopolítica, integración regional y sistema mundial”, trabajó en el gobierno de Evo Morales Ayma hasta el día del golpe de Estado.
1 Para Boaventura de Sousa Santos la democracia de baja intensidad es la que se funda en el mercado económico y el mercado político y funciona por la naturalización de la corrupción. Se trata de una democracia representativa sin opción real de participación que convive con el fascismo social. En contraparte, la democracia de alta intensidad es participativa e intercultural. Véase: “Para una democracia de alta intensidad” en Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Disponible en:
2 Detenciones sin orden previa, registros domiciliarios, intervención de comunicaciones, prohibición de la libre circulación de personas, de la realización de reuniones y manifestaciones.
3 En el año 2014, el crecimiento del PIB en Bolivia fue de 5.5 %; en 2015, de 4.9 %; en 2016, de 4.3 %; en 2017, de 4.2 %, y para 2018 creció por encima del 4.5 %.
4 Elio Montes Chávez, ex gerente de la estatal ENTEL, durante los 82 días que duró su gestión, realizó pagos irregulares a hoteles 5 estrellas de La Paz, contrató vuelos particulares en avionetas, pagó sumas millonarias a un corredor de autos, así como finiquitos exorbitantes a sus amigos contratados en la estatal. Montes se fugó del país el 13 de febrero de 2020 en un avión con destino a Miami. Véase: https://bit.ly/31ngWb5
5 Tan solo en la primera semana del gobierno de Añez se aprobó la erogación de cinco millones de dólares para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Véase: https://bit.ly/2YBZduL
6 El gobierno de Añez compró 170 ventiladores (que no funcionaron) a un precio 4 veces mayor al del mercado. Véase: https://bit.ly/3eEHjx9. Asimismo, se realizó la compra de gases lacrimógenos también con sobreprecio a una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC. Véase: https://bit.ly/2ZkchUy
7 Véase: https://bit.ly/2NCwvUk
8 El Desarrollo Humano se mide considerando las variables de: esperanza de vida al nacer, años esperados de escolaridad y PIB per cápita, véase: https://bit.ly/3iaE0zB
9 Mediante el Decreto Supremo Nº 4199, 21 de marzo de 2020, se establecen todas las prohibiciones y restricciones a la población, así como las penalidades ante su incumplimiento: arresto por 8 horas y pago de una multa de 500 bolivianos, equivalentes a 73 dólares, cuando el salario mínimo diario llega apenas a los 12 dólares.
10 Hace unos días Jeanine Añez anunció que no se promulgará la ley de convocatoria a elecciones generales aprobada por el legislativo, exigió para ello al Legislativo, la entrega de un “estudio epidemiológico”. Véase: https://bit.ly/2VrSPEt.
11 Se suprimió el Ministerio de Culturas, del cual dependían los viceministerios de interculturalidad y descolonización; así como el Ministerio de Deportes y el de Comunicación; y el Viceministerio de coordinación con movimientos sociales fue convertido en una Dirección.
12 Véase: https://bit.ly/2CI949H
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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 549: Las tramas que esconde la pandemia 14/07/2020
Fuente:
