Un símbolo de la represión de la protesta social
Las jornadas del Paro Nacional han resultado gravemente reprimidas. Sólo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas.
Katalina Vásquez Guzmán
Vigilia por Dilan Cruz en Bogotá. Su familia pidió prudencia. Imagen: AFP
Desde Bogotá
Dilan se marchó. El disparo que le propició el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) le dejó apenas 50 horas de vida. Muerte cerebral, primero. “Lo mataron. ¡Lo maataaaaron! Gritan los muchachos que corrieron a socorrerlo. Dylan estaba tendido en su último aliento de conciencia. “Vamos, graben, graben”. En los videos se evidencia que el agente 003478 disparó de frente una granada de gas lacrimógeno a la cabeza del muchachito.
“Paciente se agravó en las últimas horas y entró en un estado crítico irreversible estamos esperando evolución de curso final”, decía el comunicado no. 7 del Hospital San Ignacio, de la Universidad Javeriana. En sus aceras, donde los últimos meses este mismo escuadrón ha atacado las manifestaciones pacíficas de estudiantes, la gente oró a una sola voz por la vida del joven. Su familia pidió prudencia y que nadie justificara en su tragedia acto de violencia alguno. Dilan Cruz tenía 18 años y se recibía del colegio la semana en que lo mataron. Las jornadas del Paro Nacional han resultado gravemente reprimidas. Sólo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas a nivel nacional. El asesinato de Dilan Cruz indignó a una Colombia que recibió de respuesta del gobierno Duque la exención del impuesto IVA durante tres días.
Hacia las diez de la noche del lunes 25 de noviembre después de tres cuatro días de pelear con la muerte Dilan se marchó. “Comunicado No. 8. Con pesar informarnos, que no obstante la atención brindada durante estos días, en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos, Dilan Cruz, en razón a su estado clínico, acaba de fallecer. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él”. Entonces, ayer las calles se llenaron una vez más. El Hospital San Ignacio se copó de gente conmovida.
Esto abrió un debate por los desmanes históricos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que ha asesinado no solo a Dilan sino a muchos jóvenes que estaban, legítimamente como lo promueve nuestra Constitución, reclamando un derecho: El pliego del Paro Nacional que no se detiene y comenzó con marchas y cacerolazos desde el pasado jueves van desde el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el rechazo las reformas provisional y laboral del país, la exigencia por la protección de indígenas y líderes sociales, y la urgencia de un diálogo con los sectores sociales -no empresariales-.
El exceso de la fuerza no son suposiciones o señalamientos. Son escenas en videos y fotos logradas por celular o por reporteros gráficos como los de Casa Editorial El Tiempo -hoy amenazados- que evidencian la brutalidad policial. La gente la está viviendo junto al pánico generado, según consta también en videos, por la misma policías. Los agentes uniformados se ven protegiendo a encapuchados, se observan golpeando y destruyendo vidrios y edificaciones, atacando con brutalidad mujeres indefensas, o disparando por la espalda como sucedió con Dilan.
Cuenta el columnista y médico internacionalista Víctor De Currea Lugo: "me llegaron audios super confidenciales y 100 por ciento fiables diciendo que los vándalos iban a atacar entre las dos y las cinco de la mañana. “En Bogotá, en la tarde del 22, como sucedió en Cali del día anterior, los rumores de violencia organizada contra la ciudadanía fueron creciendo”, escribió. “Luego llegaron las noticias de saqueos en un almacén Ara, en otro punto de la ciudad. Curioso que al igual que el saqueo en Cali de un almacén Herpo. Pero en ambos casos uno ve que la policía los persigue, pero de manera más que obvia, no los detiene ¿por qué? El almacén Ara es violentado usando un bus de servicio público; la policía aparece en el momento justo para garantizar la noticia de saqueos sin que pase a mayores.
Sobre el papel que está jugando la policía en este Paro Nacional, el que muchos tildan de criminal, Victor De Currea le dijo a Página/12 que “el problema central es la doctrina militar. Mientras eso no se modifique no va a ver cambios de fondo en el comportamiento de la fuerza pública”.
Ayer los congresistas Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, de los partidos opositores, denunciaron ante la Fiscalía a la Fuerza Pública y el Estado por homicidio, concierto para delinquir, pánico, uso desproporcionado de la fuerza y otros abusos en 25 casos de personas heridas entre el 21 y 23 de noviembre. La acción penal señala de máximos responsables del abuso policial Oscar Atehortua Duque, director general Policía Nacional; Hoover Alfredo Penilla Romero, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog); Jorge Luís Vargas Valencia, director de Seguridad Ciudadana y responsable del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En las redes sociales la gente pide al Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa que responda. También al Presidente Duque y todo su gabinete.
El parlamento citará a debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la cúpula de la Policía Nacional para que den explicaciones de la cadena de hechos de extrema gravedad (vandálicos y conspirativos) dirigidos desde sus despachos, al parecer. Pues los hechos no han sido aislados. La demanda será puntualmente por la presunta comisión de los delitos de: homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura; concierto para delinquir; pánico y calumnia, y por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.
Se anexaron más de 30 vídeos y fotografías de denuncias ciudadanas en los que se evidencia la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en los delitos que se solicitan investigar, algunos de ellos por anuencia y complicidad. Hubo, según el documento, 831 casos de retenciones a ciudadanos, entre el 21 y 23 de noviembre, también 25 casos de personas heridas. Y podría existir un gran subregistro en la violación de derechos humanos. Solo el 21 de noviembre se registraron 123 personas lesionadas a nivel nacional. También se entró en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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