1. En plena democracia continúan los atropellos a los derechos humanos
"El gobierno no solo rechaza los reclamos de campesinos, indígenas, estudiantes y trabajadores, sino que deslegitima la palabra de todo aquel que se vaya en contra de sus ideales”
María Pilar Velázquez
El pasado julio del corriente año, una gran cantidad de ciudadanos marcharon en diversas ciudades de Colombia por la paz con el lema “no más líderes sociales asesinados”, exigiendo al presidente Iván Duque que tomara medidas en el asunto. En Bogotá, la marcha comenzó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y culminó en la Plaza Bolívar.
Según Naciones Unidas, desde que fue firmado el acuerdo de paz en el año 2017 se asesinó un promedio de un líder social cada cuatro días. Por otra parte, según Indepaz (Instituto para el Desarrollo y la Paz), se han registrado más de 620 asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas campesinos e indígenas desde el 1 de enero de 2016 al 8 de julio de 2019. Sin embargo, esta situación no solo abarca a activistas y líderes sociales sino también a excombatientes de las Farc. Indepaz precisó que desde la firma de los acuerdos hasta la fecha fueron asesinados 137 insurgentes.
Esta marcha simbolizó no solo el cansancio y desazón de miles de ciudadanos, sino que también constituyó una clara posición en contra del presidente Iván Duque que desde su asunción, hace alrededor de un año y medio, no hizo más que trabar el proceso del acuerdo de paz entre el Estado y la otrora guerrilla —ahora partido político— Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Algunos le han otorgado el carácter de genocidio, por las sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas hacia estos grupos sociales en el marco de un supuesto régimen “democrático”.
La situación resulta alarmante para gran parte de la población, teniendo en cuenta además de que luego de firmado dicho acuerdo, las cantidades de líderes muertos no solo no se redujeron, sino que se incrementaron. La ya conocida trama de poder que opera en la vida política colombiana tejida por acciones del gobierno nacional, el narcotráfico y paramilitares impiden la acción y movilización de muchos sectores, víctimas del miedo y las consecuencias que puedan tener sus reclamos.
Además, muchos analistas, pensadores, investigadores y periodistas colombianos insisten en señalar el vínculo que hay entre estas muertes con prácticas paraestatales. Si bien en su mayoría son ejecutadas por parte de “sicarios” o personas civiles, en muchos casos se les asigna a los agentes estatales la autoría intelectual de los asesinatos.
El miedo a hablar y a manifestarse en el país es ya de larga data y ampliamente conocido. Sin embargo, esto hoy está comenzando a cambiar. Nos parece de suma urgencia elevar esta problemática por fuera de las fronteras de Colombia e informar y socializar lo que ocurre en el país hermano del continente latinoamericano.
Como dice Fabián Torres en una nota de Las2orillas: “Se optó por acabar a todo aquel que generara oposición: estudiantes, políticos, líderes sindicales, campesinos, indígenas, todo en nombre de la droga, del dinero y el Estado (…) somos el resultado del odio, la muerte y la metralla de una guerra ajena”.
Estas muertes en particular no son sino una más en la lista de categorías a las que el Estado colombiano nos tiene acostumbrados. Una de ellas, por ejemplo, son las muertes por “falsos positivos”, en donde el Estado simulaba terminar con la vida de guerrilleros o otros agentes como “bajas en combate”, y no hacían sino asesinar a civiles o personas que nada tenían que ver con el conflicto. Estos hechos ocurrieron durante los años 2006 a 2009 durante el programa de “Seguridad Democrática” del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Como diversos investigadores han marcado, Colombia transita en la contemporaneidad una guerra irregular interna, producto de la “inmersión profunda del Estado en el modelo neoliberal”. En este proyecto, en el que se incluye el actual presidente, discípulo de Álvaro Uribe, quien fue presidente en los períodos 2002-2006 y 2006-2010, se promulgó la ampliación de la inversión estatal alrededor de lo que se concibe como guerra contra el “narcoterrorismo”. “Aumento del gasto militar, la compra de armas y aeronaves, las aspersiones con glifosato sobre los cultivos de coca, las propuestas de conformación de redes de informantes (que contribuyan al control de la delincuencia organizada y los grupos al margen de la ley), y otro sinnúmero de estrategias relacionadas, que se articularon a lo que se denominó el Plan Colombia” (Sabogal, 2012, p. 8).
El gobierno del actual presidente Duque ha resultado ser una continuidad de este modelo represivo instaurado por la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Este no solo rechaza los reclamos de campesinos e indígenas, estudiantes y trabajadores, sino que deslegitima la palabra de todo aquel que se exprese en contra de sus ideales, basándose así su modelo de gobierno en un autoritarismo que fortalece las políticas represivas y el ingreso de “inversiones de privados”.
Fuente: https://www.las2orillas.co/en-plena-democracia-continuan-los-atropellos-a-los-derechos-humanos/
2. Guerrerismo reaccionario y decadencia anexionista
Aunque se camufle de democrática la diplomacia de la fracción uribista, es guerrerista, belicista, comisionista y utilitarista de la mal vivida situación de millones de venezolanos, drama que sin escrúpulo alguno han exprimido convenientemente, sin ser siquiera eficaces en su imaginaria política de asistencia humanitaria. Pues poco se ha hecho por los desdichados emigrantes venezolanos […]
Aunque se camufle de democrática la diplomacia de la fracción uribista, es guerrerista, belicista, comisionista y utilitarista de la mal vivida situación de millones de venezolanos, drama que sin escrúpulo alguno han exprimido convenientemente, sin ser siquiera eficaces en su imaginaria política de asistencia humanitaria.
Pues poco se ha hecho por los desdichados emigrantes venezolanos en nuestro país, más allá de someterlos de forma igualitaria a la hostilidad del capitalismo colombiano.
Resulta preocupante este hecho pues con la viabilización del TIAR (Tratado Internacional de Asistencia Recíproca) por la OEA el pasado miércoles lo que puede presumirse es un efecto contrario a la retahíla que la fracción uribista profesa como base de su campaña diplomática.
El TIAR es un retrogrado acuerdo militar constituido en América Latina e impulsado por los Estados Unidos en 1947 a inicio de la guerra fría. Aunque en decadencia, hoy pretende invocarse a manera de comodín en la brega por resolver por derecha la actual crisis venezolana. Conformada por 18 países de 35 de la región y en su esencia contempla acciones que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, suspensión de transportes marítimo, terrestre y aéreo, hasta acciones coercitivas de carácter militar.
Lo diciente resulta al advertir que, de las cuatro potestades de este tratado, las dos primeras ya han sido adelantadas durante los últimos meses de manera multilateral por las elites derechosas del continente que han virtualizado un gobierno paralelo en Venezuela, dando rienda suelta a la esquizofrenia gobernante de la derecha venezolana.
El manejo mediático de esta cuestión ha sido contradictorio pues mientras se denuncia y expone al gobierno de Nicolás Maduro como parte una estratagema “terrorista y castro-chavista” y se incita a la intervención imperialista de tipo militar en el vecino país, se profesa un discurso de falsa defensa democrática y voluntad pacifista enfocado a resguardar los intereses de las élites plutocráticas del continente, en medio de un hostil y complejo contexto de disputa inter-imperialista a nivel global y de un amenazante ambiente de recesión económica.
Asistimos a la implementación de una reaccionaria y anexionista diplomacia entre élites que subordinan a sus intereses de clase el interés general. Pero lo preocupante de este suceso es lo que se halla tras bambalinas, una estrategia de tipo gradual en contra de cualquier expresión alternativa al régimen del capital en donde la derecha colombiana ha decidido asumir un vergonzante liderazgo apretando dos derroteros definidos por la Casa Blanca, Venezuela y Cuba.
Se trata de la consolidación de condiciones diplomáticas y jurídicas para legalizar la intransigencia neo fascista en la región. Una modalidad de acción diplomática, ejecutiva y militar que no ha titubeado en combinar todas las formas de lucha legales e ilegales y que más allá de un tipo de intervención militar en un solo país, busca aniquilar las distintas fuerzas sociales y políticas que a lo largo y ancho de las fronteras nacionales y regionales buscan configurar proyectos de nación distintos a los establecidos por las élites dominantes en la región.
Por esta cuestión es que el remedio resulta peor que la enfermedad, pues el militarismo y el guerrerismo, aunque busque hacerse a mantos de legalidad, significa el inicio de un largo ciclo de violencia que hoy difícilmente comprometerá los intereses de un solo país, proyectándose como un nicho de conflicto militar de tipo regional.
El guerrerismo reaccionario se ha posicionado como base del poder de las élites conservadoras y fascistas de la región, a la vez, que mediante su accionar se trata de estabilizar la relación de dependencia y anexionismo de los países latinoamericanos al centro imperialista de los Estados Unidos cuestión altamente anti nacionalista y vergonzante.
