Colombia aspira a ser petrolera sin serlo. A partir de 2015, cuando la producción anual alcanzó la cifra promedio de 1.005.837 de barriles por día, empezaron a declinar las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción...Duque es partidario de implementar el fracking...
La ‘montaña rusa’ del petróleo colombiano
Libardo Sarmiento Anzola
El tiempo pasa pero Colombia no trasciende su anclaje a una economía primaria y extractiva de diverso tipo: en el pasado oro y plata, ayer banano y café, hoy petróleo y carbón. Esta condición periférica hace de la nuestra una economía sujeta a los intereses de imperios y multinacionales, donde soberanía y desarrollo quedan postergados.
El mundo arde: los imperios se baten a través de terceros países para proteger sus dominios territoriales, resguardar sus fronteras, ganar terreno, intentar arrinconar a su contrario, controlar materias primas, frenar los éxodos humanos, etcétera. Las guerras en Siria, Libia, Irak, Irán, Yemen, entre otros lugares del planeta, hacen parte de esta realidad de la geopolítica global y de los antagonismos comerciales, de divisas y de carreras armamentistas nucleares entre estadounidenses vs China-Rusia que desde ahora anuncia las guerras de exterminio que están por venir.
Son confrontaciones que, junto con los embargos a países como Irán y la guerra económica contra Venezuela –amén de los errores de su dirigencia– disparan el precio del petróleo. Los beneficiados de tal confrontación de intereses están de plácemes amasando millones, en primera línea las multinacionales del sector que ven como el precio del barril de petróleo, referencia Brent, llegó a los 88 dólares (1), aunque viene cayendo por sobreoferta y recesión económica a 76 dólares a finales de octubre de 2018. En paralelo, la cotización internacional de los precios del carbón alcanzó este año los 100 dólares la tonelada (2).
Algunas de ellas son las mismas multinacionales minero-energéticas con intereses en Colombia, además de Ecopetrol, que ven acrecentada su felicidad –lucro– por el fallo de la Corte Constitucional que con el argumento según el cual los intereses de los territorios no pueden imponerse sobre los de la Nación estableció que las consultas populares no pueden prohibir las actividades extractivas en las regiones. En el fallo de octubre de 2018, la Corte consideró además que poner las consultas por encima de la Nación va en contra del precedente que indica que el Estado es el dueño del subsuelo; dejando, por tanto, las consultas populares sobre minería y/o ambiente sin poder ni sustento jurídico algunos para decidir sobre el ordenamiento de sus territorios y los recursos que éste contenga, con lo que pisoteó la democracia y deslegitimó la participación popular, vulneró la soberanía de las comunidades y dio patente de corso para que la industria extractiva, en su afán acumulativo, destruya y horade todo el territorio colombiano.
Pero no es solo este el motivo para su buen semblante, pues hay otras circunstancias que así lo propician: la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aprobó el “Procedimiento Competitivo Permanente 2018”, con el cual todo el territorio colombiano quedó expuesto a la especulación, promoción y venta y, según resalta en los términos de referencia, el sector privado podrá, en cualquier momento y lugar, proponer áreas para que sean determinadas, delimitadas y clasificadas por el Consejo Directivo de la ANH; también el presidente Iván Duque y su ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez (ex vicepresidente ejecutiva de Ecopetrol) dieron su beneplácito a las prácticas del fracking o técnicas no convencionales de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo colombiano.
Paradojas
La renta minero-energética es, de lejos, la principal fuente de ingresos para el país, vía ganancias extraordinarias que obtienen las empresas extractivas y regalías, dividendos e impuestos que percibe el Estado. Con cifras de la Dian, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) estimó que en el 2017 esta industria le giró a la Nación 10 billones de pesos (3,5 billones de impuesto de renta y 6,5 billones por regalías y otros aportes), un 54 por ciento más que en 2016, y los cálculos indican que para el 2018 el aumento mínimo sería de 5 billones de pesos, sin los dividendos de Ecopetrol. En total, sumando el impuesto de renta, los dividendos que paga Ecopetrol a la Nación, los derechos económicos en contratos con la ANH y las regalías causadas para las regiones, la industria de los hidrocarburos le aportará al fisco en 2018 alrededor de 17 billones de pesos, de los cuales entre 7 y 7,6 billones corresponden a regalías para las regiones, mientras que el resto son ingreso corriente del gobierno central; la minería (principalmente el carbón) aporta otros 3 billones a las arcas gubernamentales, para un total de renta petrolera cercana a los 20 billones de pesos en 2018, esto es, 12 por ciento del Presupuesto General de la Nación ($235,5 billones).
En contraste, mientras la participación relativa de la rama minero-energética en el PIB gira alrededor del 9 por ciento, en 2018 el número de trabajadores en la rama “Explotación de Minas y Canteras”, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, no supera la cifra de 180.000, esto es, 0,8 por ciento del total de ocupados a nivel nacional. Las exportaciones minero-energéticas representan la mitad del valor de la canasta de bienes y servicios que vende Colombia al resto del mundo. Realidad que da pie para reafirmar que la política y la economía nacional son extractivas, y así son porque tienen como objetivo extraer rentas y riquezas de los recursos naturales del país y de su fuerza de trabajo para beneficiar al capital transnacional y a la oligarquía rentística criolla.
Esta es una realidad que está en la base del crónico conflicto armado colombiano, atizado por la propiedad de la tierra en cuyo subsuelo descansan los recursos minero-energéticos.
También, como es aceptado por unos y otros, las guerras se alimentan con los negocios, e incluso generan las oportunidades de acumulación capitalista que sin ellas no existirían. Las guerras redefinen las relaciones de poder, propiedad y las cadenas de producción, distribución, consumo y acumulación financiera. La actividad petrolera hace parte de esta lógica antagónica. Las economías extractivas, en particular las petroleras, concentran la riqueza, acentúan los antagonismos laborales y los conflictos sociales, destruyen el ambiente, expulsan las comunidades originarias de sus territorios y obstaculizan el desarrollo humano y sostenible impulsado por dinámicas virtuosas científico-tecnológicas y de innovación.
La biodiversidad y los recursos naturales y energéticos nutren la violencia crónica en Colombia. La dotación minero-energética constituye una maldición para los pobladores históricos. Ellos son sometidos por las multinacionales, los terratenientes, los dueños del capital, los partidos políticos y los variopintos grupos armados, al desplazamiento forzado, a la pérdida de soberanía. Además, los líderes populares son asesinados y los activos necesarios para la sobrevivencia de las familias rurales son expoliados. Incluso en el siglo XXI, la tropelía de las instituciones políticas y económicas extractivas adoptan una forma vandálica, atroz y descarada. Todo el territorio nacional está concesionado por las clases dominantes a los intereses y proyectos de las empresas minero-energéticas (ver mapa). Hay una estrecha correlación entre economía extractiva y violencia (gráfico 1).
Parece contradictorio pero los acuerdos de paz, el desarme y desmovilización de la guerrilla y el alza en los precios de las commodities –o materias primas de carácter energético–, sirvieron para desatar el apetito y voracidad de los inversionistas y expandir la exploración y explotación minero-energética a aquellas zonas que históricamente eran vedadas a los negocios extractivos debido al conflicto armado. Las rentas extractivas aumentan con el desarme y desmovilización de la guerrilla, pero el conflicto social estalla con amplitud y profundidad. Del Presupuesto General de la Nación 2019, aforado en 259 billones de pesos, se destinan a la guerra 33,5 billones (el segundo sector con mayor asignación), la renta minero energética aporta el 57 por ciento de este gasto.
Según el senador Iván Cepeda, la militarización del territorio colombiano se afianza en buena parte a través de la existencia de convenios suscritos entre empresas del sector minero energético (trasnacionales en su mayoría) y la Fuerza Pública, realidad que genera su práctica privatización, la violación de los DDHH y pérdida efectiva de soberanía nacional. El esfuerzo dedicado en cuanto al número de efectivos de la Fuerza Pública destinada a la protección de las empresas minero-energéticas ha oscilado entre 15 y 20 por ciento del total de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano durante lo corrido del siglo XXI, financiados con impuestos de los ciudadanos.
Negación y falsas promesas
La clase dirigente colombiana ignora la inestabilidad y volatilidad característica del negocio minero-energético y las externalidades negativas asociadas. Niega los fatídicos momentos que atravesó el país por causa de la crisis petrolera en años recientes. Olvida los requerimientos ineludibles de elevar la productividad de la economía (su evolución ha sido negativa o cercana a cero en lo corrido de la década, en 2018 aumentó algo insignificante: 0,5%), la necesidad de diversificar la economía, mejorar la competitividad y empezar a desarrollar las actividades generadas por la cuarta revolución industrial, con el propósito y fin de no depender, de manera insensata y suicida, de los recursos minero-energéticos, darle paso a una política pública orientada a fortalecer la soberanía en todos los planos, para el presente y el largo plazo, y mejorar el bienestar y la justicia social. La adicción a los hidrocarburos permite olvidar los estragos causados e idealizar el futuro. ¿Qué tan sólida, verosímil y sostenible es esta recuperación? A partir del análisis de los recientes resultados financieros de Ecopetrol, principal empresa del país (que cuenta con 600 campos en desarrollo, explota otros 300, participa, con el 80% de la producción nacional de hidrocarburos y emplea 7200 trabajadores), considerando el período 2013-2018, este artículo presenta hechos objetivos para ofrecer una respuesta argumentada.
La Empresa colombiana de petróleo atraviesa por un buen momento (ver gráficos 2, 3 y 4). El precio del barril, referencial Brent, registra un promedio de 74 dólares durante 2018; la acción se negocia a una cifra cercana a los 4.000 pesos en la bolsa de valores criolla; durante el primer semestre la empresa obtuvo una utilidad de 6,13 billones de pesos, un 180 por ciento más respecto al mismo período de 2017.
Una situación que despierta un entusiasmo delirante. Más aun, teniendo en cuenta la recesión y crisis sufrida por la empresa en el cuatrienio 2012-2016, cuando el precio promedio anual del barril cayó de 111,7 a 45 dólares, el valor de la acción se desplomó de 5.410 a 1.340 pesos y la utilidad anual de Ecopetrol pasó de 15,4 billones en 2011 a una pérdida de 3,9 billones en 2015, año en el cual los accionistas no pudieron cobrar dividendo alguno. Durante ese período oscuro e incierto, la Empresa entró en una zona de alta probabilidad de quiebra.
Destorcida y ¿recuperación?
Una forma sencilla de analizar la fortaleza financiera de una empresa es la utilización de una fórmula econométrica, la Altman Z-Score. De acuerdo con los cinco indicadores requeridos para el estudio de la fortaleza financiera, Ecopetrol prendió todas las alarmas el cuatrienio 2012-2016: la empresa tenía poca liquidez (es decir poco capital de trabajo); no distribuía dividendos; no producía ganancias; el valor de la empresa estaba disminuyendo en relación con la deuda total; y no estaba rotando sus activos con suficiente velocidad.
De acuerdo con la combinación de los ratios financieros, el análisis de la fortaleza financiera de Ecopetrol muestra que durante 11 años, entre 2003 y 2013, se mantuvo en la zona segura (el puntaje de Altman Z-Score registra un valor promedio de 4,4, con un máximo de 5,7 en 2008 y un mínimo de 3,5 en 2006). El peligro de quiebra ocurre cuando el puntaje Z-Score cae por debajo de 1,81; el riesgo ocurre en el intervalo 1,81
A partir de 2017 se registra una recuperación de la actividad minero-energética, el precio del barril de petróleo aumentó a 54,8 dólares promedio y en lo corrido de 2018 acaricia los 80 dólares, recuperación reflejada en el precio de la acción de Ecopetrol: 1.410 pesos en promedio durante 2017 y 3.009 pesos en 2018. La utilidad de la empresa fue de 6,6 billones en 2017; se distribuyó el 53,3 por ciento de las ganancias y el dividendo pagado por acción fue de 59 pesos. La tasa de cambio fluctúa dentro de una franja de precios entre 2.900 y 3.200 pesos por dólar, dependiendo de las oscilaciones en el precio internacional del barril de petróleo.
El buen momento que disfruta Ecopetrol no responde sólo al empuje que le inyectó el repunte en los precios del petróleo, sino porque, además, ha logrado una buena dinámica en su operación y permitido que su estructura de costos y gastos sea más eficiente (el costo medio de producir y transportar un barril de petróleo es de 20 dólares); además inició el pago anticipado de una parte de su abultado y costoso endeudamiento. Adicionalmente, mejoraron todos los ratios financieros,principalmente por las relaciones entre capital de trabajo, Ebitda y ventas netas respecto al valor de los activos totales.
En consecuencia, el modelo Z-Score de Altman refleja una mejor situación financiera de esta empresa, pero no suficiente como para estar tranquilos. En efecto, en 2018 el análisis de la fortaleza de la empresa señala que aún se encuentra en una situación de riesgo, el índice presenta un valor de 2,55. Cualquier turbulencia financiera, escalamiento del conflicto armado, adversidad geopolítica o caída en el precio del barril de petróleo haría recular a la empresa de hidrocarburos colombiana, una vez más, a la zona de peligro de quiebra.
Financiarización y fragilidad
Durante los gobiernos de Uribe y Santos (2002-2018) se exprimieron en su totalidad las utilidades anuales de Ecopetrol, incubando un proceso continuo de descapitalización y endeudamiento creciente e inviable. El reparto anual de utilidades en el período 2008-2014 fue cercana al 80 por ciento (gráfico 4 y 7).
La relación entre la deuda total y el valor de los activos disminuyó de 64,8 por ciento en 2003 a 28,1 en 2008; posteriormente comenzó una fase alcista de la deuda alcanzando el 62,6 por ciento en 2016. En medio de la crisis y con un alto endeudamiento, la Empresa se vio obligada a vender activos. En 2018, por pagos adelantados, el índice de endeudamiento baja a 57 por ciento; los activos valen 121,6 billones de pesos y la deuda alcanza los 69,4 billones.
Es una situación compleja que responde a las lógicas de la financiarización, que es una transformación de la economía en la cual el apalancamiento tiende a sobrepasar el capital y los mercados financieros dominan sobre la producción real. Ecopetrol se encuentra financiarizada, su objetivo principal es producir resultados financieros de corto plazo, para responder a los inversionistas (propietarios de las acciones) y a los acreedores. En 2018, su deuda financiera suma 41,4 billones de pesos (gráfico 8); el 86,3 por ciento contraída en moneda extranjera, con el capital financiero transnacional y es no corriente (pagos del principal a más de un año). En 2017, el servicio neto de la deuda (amortización e intereses) le significó a Ecopetrol, durante los seis primeros meses, una erogación de 1.155.515 millones de pesos; en 2018, primer semestre, el costo de la financiarización aumentó a 1.188.853 millones de pesos (Gráfico 9).
Además, cuando el peso se deprecia el servicio de la deuda externa se vuelve más costoso; también la deuda de Ecopetrol es sensible a las alzas de las tasas de interés en el mercado financiero internacional. Al finalizar 2017, en concordancia con la reducción de la calificación de la deuda soberana de Colombia, que pasó de BBB con perspectiva negativa a BBB- con perspectiva estable, la agencia calificadora de riesgos Standard and Poor’s (S&P) también le redujo la nota a la petrolera colombiana como emisora de valores.
Pérdidas y ganancias del Grupo Empresarial
El grupo empresarial Ecopetrol está conformado por 31 empresas: 25 subsidiarias, 3 asociadas y 3 son negocios conjuntos; algunas operan en paraísos fiscales, por tanto no obedecen a la legislación de Colombia ni reportan sus estados financieros al país. Dos de las subsidiarias, ubicadas en Panamá, se encuentran en proceso de liquidación: Amandine Holdings Corp y Los Arces Group Corp. De las 29 empresas activas, 18 generaron utilidades durante el primer semestre de 2018 por cuatro billones de pesos y 11 arrojaron pérdidas por 515.065 millones de pesos (Gráfico 10). Las empresas del grupo que afrontan investigaciones penales, fiscales y disciplinarias por millonarios sobrecostos en su montaje y conflicto de intereses de miembros de la junta de la petrolera, como Reficar y Bioenergy, generan altas pérdidas al grupo Ecopetrol. Las utilidades tienen como fuente principal las empresas dedicadas al almacenamiento y transporte por ductos de hidrocarburos (Cenit) y a la producción y comercialización de resina de polipropileno (Propilco).
Tendencias y amenazas
Una sociedad puede ser ella misma cuando es capaz de expresar sus potencialidades reales. Colombia aspira a ser petrolera sin serlo. A partir de 2015, cuando la producción anual alcanzó la cifra promedio de 1.005.837 de barriles por día, empezaron a declinar las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción. Durante 2016 la producción diaria fue de 886.198 barriles de petróleo, y en 2018 de 869.000. Las proyecciones oficiales señalan que la producción de crudo tendría una senda decreciente para el mediano plazo, así: 822.000 barriles diarios en 2022, y 800.000 en 2028. Las reservas actuales de petróleo del país son de 1.800 millones de barriles, por lo tanto, a la tasa actual de explotación, su autosuficiencia se estima en menos de seis años.
El presidente Iván Duque (2018-2022) defiende la tesis según la cual el sector minero-energético es fundamental para el desarrollo del país y para cumplir las metas de su Plan de desarrollo “El pacto por Colombia”. Duque es partidario de implementar el fracking. La política petrolera se fundamenta en dar continuidad a las medidas tomadas durante la administración Uribe y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien repite esa Cartera con el actual Presidente. Esta política petrolera encontrará una férrea oposición en las comunidades que defienden su territorio de la explotación y desastres provocados por las actividades extractivas, como también en los grupos ecologistas y dentro de las organizaciones políticas que se oponen al fracking.
Estamos, por tanto, ante una política petrolera que no repara en el medio ambiente, en la opinión de las comunidades pobladoras de los territorios de extracción, ni en el beneficio prioritario del país, de ahí que exista disposición de los empresarios privados y del Gobierno Nacional para la venta parcial de Ecopetrol. Se trata de la enajenación de una parte de la participación de la nación en la empresa y la venta de algunas de sus subsidiarias o asociadas. Para concretar esta política antinacional argumentan la necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país y, al mismo tiempo, contar con nuevos recursos que le permitan a la nación redireccionar recursos hacia la infraestructura.
Es una pretensión que recibió el inmediato rechazo de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo –USO–, opuesta a la venta de las acciones que tiene el Estado en Ecopetrol. La USO calificó la iniciativa como un atentando contra la soberanía energética e invitó a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales y al país para que “nos acompañen en este proceso por la defensa del activo más valioso que tiene la nación, como es Ecopetrol”. Sin embargo, con fundamento en las ganancias extraordinarias que obtiene la empresa, el sindicato logró negociar favorablemente la Convención Colectiva que regirá las relaciones obrero-patronales hasta el 31 de diviembre de 2022. Un éxito económico pero no social, ambiental ni político; de una parte, las comunidades siguen padeciendo la arremetida de asesinatos, desplazamientos forzados, expoliación y destrucción de sus territorios, de otra, mientras los trabajadores colombianos devengan siete veces menos que los salarios promedio internacionales deben pagar un combustible cinco veces más alto que los precios globales (se olvidó la ya añeja consigna: “el petróleo es de Colombia y para beneficio de los colombianos”); tampoco el sindicato respaldó colectivamente el proyecto de “Ley orgánica de hidrocarburos” que no hace mucho promocionaba participativamente la USO con las comunidades territoriales y populares del país.
En esta tensión entre protección de los activos públicos nacionales y su enajenación, también resalta la tirantez proveniente de la guerra que vive el país. El estudio de la economía política de la guerra en Colombia muestra una estrecha relación entre el conflicto armado y la explotación de hidrocarburos. Los ataques a la infraestructura petrolera no responden solo a las motivaciones económicas de la insurgencia sino también a objetivos sociopolíticos, publicitarios y tácticos militares. Entre 1986 y lo que va del 2018, Caño Limón Coveñas ha sido atacado 1.490 veces. Entre enero y octubre de 2018, el mismo oleoducto sufrió 76 ataques contra su infraestructura, según datos de Ecopetrol. El último ocurrió en la zona rural de Curabá, Boyacá afectando también los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena del departemento de Arauca. De este modo, superaron los registros de los tres años anteriores: en 2017 hubo 62 ataques, en el 2016, 42, y 15 en el 2015.
En contra del Ejército de Liberación Nacional (Eln) –que ha hecho de la soberanía nacional, la participación popular y la defensa de los recursos minero-energéticos el sentido y significado de su lucha política–, los sectores belicistas, quienes se lucran del negocio de la guerra, incitan al Gobierno para “congelar” la negociación, prolongar la guerra fratricida y hacer “trizas” los acuerdos de paz con las Farc. Para el gobierno de Duque la única negociación viable es la desmovilización de la guerrilla, la entrega de armas y el sometimiento a la justicia institucional. La prolongación del conflicto armado interno tendrá consecuencias nefastas en la geopolítica colombiana y en la industria petrolera.
Los atentados a la infraestructura del petróleo, los bloqueos a las actividades de explotación y los conflictos laborales en las empresas minero-energéticas han llevado a que en 2018 las evaluadoras internacionales vuelvan a considerar a Colombia como un país con alto riesgo petrolero. Un ejemplo es el reporte de Securing America’s Future Energy, emitido el 16 de febrero de 2018, que incluye al país en el mapa de riesgo petrolero. El mapa titulado ”Barriles en riesgo”, indica que las dilatadas conversaciones de paz entre el Gobierno y el Eln, el incumplimiento de la clase dominante con los acuerdos de paz, el rechazo a la explotación petrolera por parte de las comunidades locales y los conflictos patronal-sindicales han conducido a nuevos ataques contra los oleoductos del país, al bloqueo de la producción y a la incertidumbre del futuro minero-energético.
Un futuro no solo en riesgo sino además incierto, pues sin contar con una política soberana para situarse en la arena global, carenciendo de una ley orgánica minero -energética, gestionada democráticamente y sin reservas importantes del hasta ahora vital recurso energético, la dirigencia rentista del país vive de las bondades de las bonanzas prolongadas o pasajeras del petróleo, robándolas y derrochándolas a través de la caja menor y mayor de los gobiernos de turno, sin ahorrar a través de una política estratégica en conocimiento, innovación e industria que le permita trazar para el futuro próximo sendas de soberanía así como abrir ventanas para que ingresen recursos por la aplicación de una política económica sostenible que destaque lo mejor de cada una de los sectores sociales y de las regiones que integran nuestro país.
La empresa, amenazas y buenos tiempos
Ecopetrol S.A. es una compañía transnacional de economía mixta pública por acciones, de carácter comercial constituida en 1948 en Bogotá, casa matriz del grupo empresarial Ecopetrol, dedicada a actividades comerciales o industriales relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos, directamente o por medio de sus empresas subordinadas.
La aprobación del Decreto 1760 de 2003, promovido por la administración Uribe, generó la fractura de Ecopetrol, quedando como otro operador más. En 2006, Uribe también impulsó la aprobación de la Ley 1118 en el Congreso de la República para traspasar parte de la propiedad de Ecopetrol al capital privado. Ahora, el 11.51 por ciento de las acciones de la Empresa se cotizan públicamente en las bolsas de valores de Colombia y Nueva York. El número de acciones en circulación es de 41.116.694.690, el 88.49 por ciento de las cuales le pertenecen al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
A partir de las dos últimas décadas del siglo XX, la mentalidad nacional, la economía y las finanzas públicas se petrolizaron en Colombia, producto del hallazgo de significativos volúmenes de hidrocarburos y el aumento acelerado del precio de los bienes minero-energéticos en el mercado internacional. En 2013 la producción diaria del país alcanzó la cifra de 1.010.000 barriles de petróleo y en 2012 el precio llegó a 112 dólares el barril referencial Brent (gráfico 2).
La participación de Ecopetrol (de manera directa o asociada) pasó de 52 por ciento que registró a principios de la década de 1980 a 80 en los últimos años. Las utilidades anuales se elevaron de 5,3 billones de pesos en 2009 a 15,4 billones en 2011. Esta tendencia alcista en la producción y los precios permitió, de una parte, que la acción se transara en 2.045 pesos en 2007 y cinco años después en 5.410; de otra, el dividendo anual por acción fue de 115 pesos en 2008 y de 300 en 2011 (gráficos 3 y 4).
1. Al revisar el histórico de la cotización del crudo Brent desde 1987, vemos que alcanzó su precio máximo, USD 132,7, en julio de 2008 y su precio mínimo, USD 9,8, en diciembre de 1998
2. La producción de carbón en Colombia llegó a 90,8 millones de toneladas en 2017; en septiembre de 2018 la producción promedio de crudo aumentó 1,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, pues se produjeron 868.704 barriles de petróleo promedio por día; y la producción comercial de gas fue de 962,5 millones de pies cúbicos por día, lo que significa un crecimiento del 3,6 por ciento en comparación con 2017.
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*Economista y filósofo. Consultor, escritor e investigador independiente. Integrante de los Consejo de Redacción de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.
LIBARDO SARMIENTO ANZOLA
Fuente:Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº183, noviembre de 2018
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35548-la-montana-rusa-del-petroleo-colombiano.html
