¿En dónde está la plata del Hospital Veterinario de la U.T.?
Una denuncia señala la existencia de graves irregularidades en el manejo de los recursos que son del erario. Los responsables: el Consorcio encargado de la obra y la misma Universidad del Tolima.
La obra se construye en la calle 20 Sur (sector barrio Miramar, en la vía a Armenia), y está pensada como un complejo de tres mil metros cuadrados, con tres plantas que albergarían equipos de última tecnología, aulas de clase, consultorios y otras instalaciones. (Foto: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA )
Por el momento es imposible responder dónde están y cuánto de los millonarios recursos que la Universidad del Tolima destinó para la construcción del Hospital Veterinario han sido debidamente invertidos.
La Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) de la U.T., que supervisa la ejecución de la obra, informó a finales de mayo que los más de tres mil millones de pesos girados al constructor coinciden con el avance de las obras, pero esa versión contrasta con los informes de la interventoría.
Además, una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación evidencia que existen presuntas irregularidades en el uso de esos recursos, que son de carácter público, y deja en entredicho lo afirmado por Lisandro Bernal, director de la ODI.
Pero lo más preocupante es que la denuncia no viene de las directivas de la Alma máter, como debería ser a raíz de a los reiterados incumplimientos del Consorcio CLB Tolima 2014, sino del socio mayoritario de esa unión que tiene a cargo la construcción del Hospital.
William Cardona, quien tiene una participación del 60 por ciento en el Consorcio, denunció a sus dos socios: Jorge Eduardo Borgogno y Renee López, quienes integran la unión, cada uno con el 20 por ciento.
En el documento, Cardona sostiene que en medio de la ejecución del contrato de obra número 0671-14 que suscribió el Consorcio con la Universidad se configuran varios delitos.
Abuso de confianza calificado, administración desleal, peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales hacen parte de los graves señalamientos.
Llama la atención que Cardona no solo ‘metió en el baile’ a los dos empresarios, sino también a las directivas de la Universidad del Tolima por su comprobada permisividad frente a las presuntas irregularidades.
También, es de destacar que el asidero probatorio de las presuntas faltas se basa en parte en los informes entregados por el Consorcio Interventores Asociados 2014, firma que adelantó la interventoría de la obra desde septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015.
¿Qué ocurrió con el anticipo?
En entrevista con EL NUEVO DÍA efectuada a finales de mayo pasado, Lisandro Bernal había informado que hasta esa fecha se había desembolsado al Consorcio dos pagos, uno por mil 369 millones de pesos y otro por mil 121 millones de pesos. Es decir, más de dos mil 500 millones de pesos.
Según dijo el funcionario en ese entonces, los dos pagos correspondían a las actas parciales de obra número Uno y número Dos, respectivamente.
Sin embargo, en ningún momento indicó que la Universidad del Tolima había girado un anticipo al constructor de mil 841 millones de pesos, recursos adicionales a los pagos que corresponden a las dos actas.
En efecto, en su denuncia, Cardona precisa que la Universidad sí efectuó un anticipo, lo que coincide con el contenido del informe de Interventoría del periodo abril 11 - mayo 11 de 2016, de la firma Consorcio U. Tolima.
Esa firma reemplazó desde enero de 2016 al Consorcio Interventores Asociados 2014, el que renunció el 31 de diciembre de 2015 argumentando que la Universidad del Tolima no atendió sus recomendaciones.
Volviendo a la denuncia, Cardona señala que tanto Borgogno como López “tomaron recursos del anticipo por 425 millones de pesos, que no han sido legalizados de manera correcta”.
Y agrega que “ante este hecho no hay evidencia de que la Universidad hubiese tomado las medidas pertinentes para verificar la correcta inversión del anticipo o la correspondiente recuperación”.
Aquí cabe resaltar que EL NUEVO DÍA revisó el último informe de la primera firma interventora -Consorcio Interventores Asociados 2014- y en él se indica que hubo “incumplimiento en el correcto manejo del anticipo”.
Además agrega que el mismo “no fue concordante con el plan de inversión del anticipo presentado por el Consorcio (CLB Tolima 2014)”.
Pero lo más grave es que este informe es del 31 de diciembre de 2015 y la firma interventora había advertido a la U.T. de la presunta irregularidad desde junio de 2015.
A mayo pasado, casi un año después, no se conocían acciones jurídicas desde la Universidad contra el Consorcio, que no solo incumplió con la entrega del complejo, pactada para mayo de 2015, sino que también no ha dado cuenta del correcto uso de los recursos.
Los otros incumplimientos de los que habla Cardona:
-Renuncia de la Interventoría: Argumentó que no continuaba por falta de garantías para realizar su labor. Ocurrió en diciembre de 2015.
-Incumplimiento en la ejecución del contrato: El Hospital se debió entregar en mayo de 2015 y a la fecha el avance es del 53 por ciento, según las directivas de la U.T.
-No le permiten hacer parte del Consorcio: Cardona asegura que tanto Borgogno como López, “con el apoyo de la Universidad del Tolima”, no le han permitido ejercer la participación del 60 por ciento en el Consorcio, a pesar de que representa el mayor porcentaje y fue “quien aportó la experiencia específica en construcción de hospitales (…) razón por la cual se han presentado graves retrasos y obras mal construidas”.
-No se ha dado cumplimiento a la Norma Sismo resistente.
¿Quién va a pagar los platos rotos?
EL NUEVO DÍA revisó el último informe de la actual firma interventora y que corresponde al periodo abril 11 - mayo 11 de 2016. En el documento, se aconseja a la Universidad tomar acciones jurídicas contra el Consorcio como la imposición de una multa por su claro incumplimiento.
También, recomienda a la U.T. solicitar los libros de contabilidad al Consorcio, debidamente soportados con cuentas de cobro, facturas, certificados de egreso, “que permitan la verificación de los recursos invertidos a la fecha con saldos de bancos y demás”.
Al cierre de mayo pasado, Lisandro Bernal le había contado a EL NUEVO DÍA que las directivas de la Universidad analizaban distintas posibilidades dirigidas a ‘destrabar’ el proyecto, pero no precisó si se demandaría al Consorcio o si se le impondría una multa.
Lo que sí aclaró, es que el Hospital ya no le costará a la Universidad seis mil 139 millones de pesos, valor proyectado a mayo de 2015, sino que con seguridad habrá incrementos en el valor total del contrato.
Con respecto a ese sobre costo cabe preguntar ¿Quién lo asumirá: la Universidad o el Consorcio? También, no se sabe quién asumirá los costos adicionales por concepto de interventoría, pues luego de mayo de 2015 se debió incurrir en nuevos gastos.
Por ahora, las obras en el Hospital están suspendidas hasta el próximo 19 de junio y habrá que esperar a si la Universidad toma cartas en el asunto o si los organismos de control adoptan determinaciones.
Más dineros sin un destino claro
Al parecer hay más recursos que estarían embolatados. Cardona ratifica en su denuncia que en el desembolso número dos, que corresponde al acta parcial número Uno, por más de mil 369 millones de pesos, existe otra irregularidad.
Según afirma, los millonarios recursos públicos fueron girados a “una cuenta bancaria aperturada solamente con la firma de los integrantes Jorge Eduardo Borgogno y Renee López, sin mi autorización, consentimiento ni posibilidad de control (...)”.
Y continúa: “(...) es claro que el manejo de los recursos provenientes del contrato se debe hacer en conjunto entre todos los integrantes”, y agrega que tanto la U.T. como entidades bancarias permitieron que solo dos integrantes del Consorcio, con el 40 por ciento de participación, recibieran el millonario monto a sus espaldas.
Pero no siendo suficiente, Cardona enumera otra falta que califica de “suma gravedad”, pues asegura que el tercer desembolso, que corresponde al acta parcial número Dos, se consignó en una cuenta diferente a la del Consorcio.
El denunciante indica que más de mil 121 millones de pesos del erario fueron girados a una cuenta corriente a nombre de Borgogno “como persona natural, es decir, no se giró a nombre de contratante (Consorcio CLB Tolima 2014 o de todos sus integrantes) como debe ser”.
Esto significa, que estos recursos públicos fueron a parar a manos de un particular en diciembre de 2015, según indica Cardona y el último informe de la primera firma interventora.
En su denuncia, destaca que tanto él como la firma interventora informaron mediante “múltiples oficios” al Rector (José Herman Muñoz Ñungo) y al Supervisor de la Universidad del Tolima de las irregularidades a nivel financiero”.
Cardona también asegura frente a los hechos, que la Universidad incumplió “constantemente” el Estatuto de Contratación Interno y los principios que regulan la contratación del Estado.
Y advierte que a febrero de 2016, la Alma máter no había emprendido acción alguna tendiente a “recobrar los dineros públicos que han sido malversados por los consorciados involucrados”.
CRISTIAN CAMILO ARROYO MORA
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