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¿Qué hay detrás de la tempestad por la captura de Santiago Uribe?
Uribistas dicen que su detención prueba una persecución. Acusaciones datan de la década de 1990.
Por: UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA
Foto: EFE
Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La detención, esta semana, del ganadero Santiago Uribe, el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estaba cantada, con preocupación y rechazo, dentro del círculo íntimo del exmandatario.
El propio Santiago Uribe, según fuentes de su defensa, les dijo a varios allegados que tan solo esperaba la notificación de la Fiscalía para presentarse al búnker en Bogotá a responder por un proceso que considera infundado, el cual arrancó hace 20 años y que lo vincula con la presunta conformación de un grupo armado ilegal en el centro-norte antioqueño conocido como ‘los 12 Apóstoles’.
La noticia sacudió la política del país como hace tiempo no sucedía, al punto de que voceros de varios partidos tuvieron que salir a mitad de semana a pedirles calma tanto al Gobierno como al uribismo, que se trenzaron en una guerra de declaraciones, comunicados públicos y duros mensajes en Twitter.
Según el uribismo, la detención de Santiago Uribe se convierte en el capítulo más evidente de la supuesta persecución judicial y política que se desató hace al menos cuatro años en contra del expresidente, su familia, sus alfiles y su grupo político, el Centro Democrático, hoy en la oposición.
Por eso, abandonaron el Congreso en plena aprobación de las modificaciones a la ley de orden público y marcharon frente a la Casa de Nariño exigiendo la renuncia del Presidente.
Pero el Gobierno insiste en que esa captura, efectuada el lunes al mediodía en el sector de El Poblado de Medellín, es una decisión autónoma de la Fiscalía General y que el uribismo busca deslegitimar con un peligroso llamado a la desobediencia civil. Postura que, además, es aprovechada para descalificar el proceso de paz con las Farc.
De hecho, el escalamiento de la confrontación entre uribistas y santistas se registra en momentos en que los diálogos en La Habana están a punto de lograr la firma del fin del conflicto.
Y si bien la profunda rencilla personal y política entre Santos y Uribe se ha manifestado en diversos escenarios –desde los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz hasta la venta de Isagén, pasando por los sobrecostos en la refinería de Cartagena–, este episodio la agudiza en extremo y, tal vez, sin remedio.
Y lo peor es que este clima de polarización estalla justo cuando la economía requiere de urgentes ajustes y los diálogos en La Habana, de un espaldarazo de características nacionales.
El expediente
Uribe, que sigue insistiendo en que Santos se eligió Presidente, en el 2010, con sus votos y luego lo traicionó, no quiere ceder a pesar de que el Gobierno ha buscado mediación local y externa para recomponer la maltrecha relación, que ahora la captura de Santiago Uribe parece haber roto definitivamente.
Las sindicaciones contra el ganadero, de 59 años, no son de poca monta y, de prosperar, le podrían significar hasta 20 años de prisión. El fiscal décimo delegado ante la Corte, Carlos Mejía, lo llamó a responder por concierto para delinquir y homicidio agravado.
Los cargos están vinculados a la investigación por al menos 37 crímenes ocurridos entre 1993 y 1995 a manos de ‘los 12 Apóstoles’. (Lea también:Santiago Uribe está recluido en un batallón del Ejército en Antioquia)
En su zona de influencia estaban dos de las fincas emblemáticas de la familia Uribe: la hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque y escenario del asesinato de Alberto Uribe Sierra, padre de los Uribe Vélez, y La Carolina, entre Yarumal y Santa Rosa de Osos, clave en el expediente que tiene preso al ganadero.
Desde la captura del exsenador Mario Uribe, primo del expresidente, por sus nexos con el paramilitarismo, el uribismo no había recibido un golpe tan fuerte. Y parecieran temer otro más: la semana se cerró con la sorpresiva aparición en el búnker de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos de Álvaro Uribe, que aseguran que existen presiones de la Fiscalía y de la Casa de Nariño para que uno de sus antiguos socios de negocios, James Arias, el ‘zar de la chatarra’, los involucre en el desfalco al fisco que lo tiene preso y ad portas de firmar un acuerdo con la justicia.
Álvaro Uribe viajó hace una semana a Washington a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que considera una persecución y mencionó el caso de su hermano y de sus hijos.Paradójicamente, allí también hay denuncias contra su gobierno por el acoso estatal a la oposición y a la Corte Suprema, que investigaba la ‘parapolítica’.
A su estrategia de denuncia en el campo internacional, ripostó el presidente Santos pidiendo una veeduría externa para el caso de Santiago Uribe, con lo que busca desmarcar a su gobierno de ese proceso judicial.
En el campo interno, la defensa de los uribistas, incluida la del ganadero, está en cabeza de Jaime Granados y Jaime Lombana, dos reputados penalistas. A ellos se unió el exfiscal Luis Camilo Osorio, cuya administración cerró dos procesos claves dentro del expediente de ‘los 12 Apóstoles’. Entre ellos, el del mayor (r) Juan Carlos Meneses, principal testigo en contra de Santiago Uribe.
En el 2010, después de una polémica aparición en Argentina –patrocinada por el nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y el sacerdote Javier Giraldo, reconocido crítico de Álvaro Uribe–, el mayor Meneses admitió que hizo parte de ‘los 12 Apóstoles’ y señaló a Santiago Uribe como uno de los jefes de la banda. Además, reconoció varios de los crímenes que la Fiscalía, en el 2000, había desechado al ordenar la preclusión del proceso, que se reabrió tras su declaración en Argentina.
Meneses dijo que, en 1993, cuando aún era teniente de la Policía, llegó a Yarumal, región asediada por la guerrilla, como comandante. En el empalme con el capitán Pedro Manuel Benavides, este le dijo que allí operaba un grupo paramilitar, con sede en la hacienda La Carolina, cuyo jefe era Santiago Uribe.
Para la Fiscalía, la versión encaja con la de Alexánder Amaya, escolta de Meneses y quien, desde 1996, había hablado del ganadero y de los comandantes de la Policía de Yarumal como partícipes en los crímenes de ‘los 12 Apóstoles’. Desde el 2014, tanto Meneses como Amaya están presos y llamados a juicio por el crimen del conductor de un bus escalera, Camilo Barrientos, quien aparecía como auxiliador de la guerrilla en una lista negra que circuló por Yarumal.
Ese hecho, ocurrido en febrero de 1994, es el que tiene encartado por homicidio a Santiago Uribe.
Pero para los abogados del ganadero, Meneses no es más que un mentiroso, ficha de los ‘Comba’, narcotraficantes del Valle, y protegido del chavismo.
En efecto, estuvo refugiado en Venezuela, antes de entregarse a las autoridades y de que lo confinaran en la cárcel para policías en Facatativá (Cundinamarca). Además, su abogado dentro del proceso por el crimen del conductor del bus fue Alejandro Mejía, defensor y socio de Ignacio ‘Nacho’ Londoño. Se trata del abogado de la mafia asesinado en el 2015 y que defendió a los ‘Comba’, al hacker Andrés Sepúlveda y al coronel de los ‘falsos positivos’ Róbinson González. (Además: Uribe y Zuluaga arrecian críticas en las redes sociales)
Un tercer testigo clave contra el ganadero es Eunicio Pineda Luján, jornalero del Buen Suceso, una finca vecina a La Carolina y que terminó en manos de Álvaro Vásquez, otro de los poderosos de Yarumal, señalado, desde los 90, de patrocinar a ‘los 12 Apóstoles’.
Pineda Luján, quien se encuentra exiliado en Europa, dijo bajo juramento que en varias oportunidades vio a Santiago Uribe y a Vásquez escoltados por hombres armados en esas fincas y que cuando denunció el hecho fue torturado, e intentaron asesinarlo.
La Fiscalía le da credibilidad a su versión, según la cual alias Rodrigo, uno de los gatilleros de la banda, le arrancó dos dientes con un alicate y luego le disparó en varias oportunidades mientras él corría para salvarse.
Aparte de considerar fantasiosa su versión, el penalista Jaime Granados insiste en que Pineda Luján no es testigo confiable por problemas psiquiátricos. Según la Fiscalía, si bien esa afectación existe, es producto de la persecución de la que ha sido víctima. Además, logró que Medicina Legal certificara su aptitud mental para ser testigo.
“El caso de Pineda Luján es el mejor ejemplo para entender la capacidad y determinación de Santiago Uribe y de los miembros que aún subsisten de ‘los 12 Apóstoles’ para silenciar un testigo”, dice la providencia al sustentar la captura contra el ganadero.
El siniestro Toyota rojo
Y si bien Santiago Uribe es la figura más visible dentro del expediente, desde mediados de los 90 han sido mencionadas decenas de personas frente a las cuales la justicia no actuó, no obstante la gravedad de los señalamientos en su contra.
La lista la encabeza el coronel (r) de la Policía Pedro Manuel Benavides, quien como Meneses fue comandante en Yarumal y beneficiario de un polémico cierre de investigación en el 2002, a pesar de que en el expediente hay testimonios que lo ponen como uno de los principales actores del terror en la zona.
“Cuando estaba el capitán Pedro Manuel Benavides en Yarumal había un Toyota rojo carpado que llamaban el ‘carro de la muerte’, pues todo ensangrentado lo lavaban al frente de todo el mundo y los cadáveres los amarraban en la parte de adelante del carro y entraban por el pueblo pitando como si trajeran un trofeo. Ese testimonio le llegó a la Fiscalía el 7 de febrero de 1996, enviado por un habitante.
En el 2009, Meneses grabó secretamente una charla con Benavides en la que se menciona a ‘los 12 Apóstoles’ y a Santiago Uribe.
Para la defensa del ganadero, el audio está manipulado y es una prueba ilegal. Además, Benavides sostiene que Meneses lo que le estaba planteando era un montaje contra los hermanos Uribe Vélez. (Lea aquí: Las pruebas en el proceso de la Fiscalía contra Santiago Uribe)
La Fiscalía, sin embargo, califica de fundamental esa grabación para demostrar que los dos policías tuvieron relación con la banda y tenían conocimiento de las supuestas acciones de Santiago Uribe para entorpecer la acción de la justicia. De hecho, ante las quejas internacionales de la defensa de los Uribe de que al ganadero se le ha denegado justicia por 20 años, fuentes de la Fiscalía responden que la dilación se debe a maniobras ilícitas para cerrar el caso.
“Existe evidencia sobre la interferencia de Santiago Uribe, por interpuestas personas, para controlar los resultados de investigaciones penales a favor de otros miembros de su organización armada y como estrategia para garantizar su silencio”, dice la Fiscalía.
Este no es el único caso judicial en el que lo han señalado de supuestas manipulaciones. Su nombre está en el expediente del famoso caso ‘Tasmania’, con el que se pretendió afectar la imagen de la Corte Suprema y de su investigador Iván Velásquez.
El ya mencionado Álvaro Vásquez y los comerciantes Emiro Pérez y Nonato de la Cruz Vargas también aparecen en el expediente y serán citados. De la misma manera, con 83 años, el cuestionado cura de Yarumal Gonzalo Palacios, a quien, dicen, el grupo criminal debe su nombre.
Y uno de los pocos jefes paramilitares que lograron esquivar la extradición en el 2008, Rodrigo Pérez Alzate, el poderoso ‘Julián Bolívar’, se arriesga a volver a la cárcel y perder los beneficios de pena alternativa. La Fiscalía dice que a ‘Bolívar’ –protagonista de un montaje contra la excongresista Yidis Medina cuando esta se enfrentó al uribismo– se le olvidó confesar ante la justicia todo lo que sabe de ‘los 12 Apóstoles’.
Por ahora el clima político y judicial del país está hirviendo y parece poco viable que baje la temperatura, al menos en los próximos días. Por el contrario, Uribe anunció para hoy una nueva embestida contra el Gobierno y está invitando, el próximo 2 de abril, a salir a la calle para protestar por lo que él califica como “la consolidación de la entrega al terrorismo”.
La defensa de Santiago Uribe, que el viernes fue sacado de los calabozos de la Fiscalía en Bogotá y trasladado a una guarnición militar en Rionegro (Antioquia), ya anunció la búsqueda de medidas cautelares ante la CIDH para que se le garantice el debido proceso y un fallo definitivo tras 20 años de investigación.
¿Qué le dijo Uribe a la CIDH?
Foto de facebook
Uribe y su abogado, Víctor Mosquera, tenían el objetivo de solicitar medidas cautelares a favor del exministro Sabas Pretelt y de su exsecretario general Alberto Velásquez, ambos condenados por la ‘Yidispolítica’. Según expuso, sus dos escuderos tienen más de 65 años y enfermedades graves. Pero no les ha sido suspendida la pena y ninguno tuvo acceso a una segunda instancia.
El temario se amplió por la presencia en la reunión de Luis Almagro, secretario general de la OEA. En ese momento, Uribe empezó a hablar de una persecución sistemática contra él y su familia. Se refirió al caso de su hermano Santiago (capturado días después) y a sus hijos Jerónimo y Tomás, vinculados a negocios con el zar de la chatarra, preso por millonarias defraudaciones a la Dian. Aunque, al final de la reunión, Uribe emitió un comunicado en el que hizo referencia a los presuntos “fallos políticos” contra sus escuderos por parte de la Corte Suprema y a supuestos falsos testigos reclutados por el exmagistrado Iván Velásquez, de eso no dijo nada en la reunión oficial. Pero sí habló de aspectos polémicos del proceso de paz con las Farc.
Las pruebas en el proceso de la Fiscalía contra Santiago Uribe
Expediente dice que el ganadero interfirió en el proceso contra miembros de 'los 12 Apóstoles'.
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Santiago Uribe Vélez fue capturado el lunes pasado en Medellín.
“El accionar de los ‘12 Apóstoles’ se ha caracterizado por un ambiente de amenaza e intimidación de testigos”. “El caso de Eunicio Pineda Luján es el mejor ejemplo para entender la capacidad y determinación de Santiago Uribe Vélez y de los miembros que aún subsisten de los ‘12 Apóstoles’ para silenciar un testigo”.
Afirmaciones tan graves como esas son las que hace la Fiscalía en la decisión que esta semana puso preso, por un proceso penal que tiene más de 20 años, a Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe.
El contenido completo de ese documento, conocido por EL TIEMPO, revela que no existió una prueba sobreviniente que llevara a la Fiscalía a ordenar la captura, aunque sí la recuperación técnica del contenido de una grabación subrepticia realizada por el capitán Juan Carlos Meneses en el 2009 y que ahora los investigadores califican como un “elemento trascendental de la imputación” contra el ganadero.
La grabación, que la defensa considera ilegal y manipulada, corresponde auna charla entre Meneses –el principal testigo de cargo contra Santiago Uribe– y el coronel retirado Pedro Manuel Benavides. Los dos fueron jefes de la Policía en Yarumal, el municipio donde se originó el grupo ilegal a comienzos de los 90, y ambos fueron beneficiarios del cierre de las investigaciones penales que había en su contra por los crímenes de ‘los 12 Apóstoles’.
Benavides es el mismo coronel que hace algunos años denunció que Meneses le había ofrecido 500 millones de pesos, supuestamente de la mafia, para sindicar falsamente a los hermanos Uribe Vélez.
En la grabación, Meneses le saca declaraciones a Benavides sobre los hechos de Yarumal, habla de la reactivación de las investigaciones en su contra y sugiere que él tiene “cómo ubicar a Santiago” para que los ayude con los nuevos procesos.
Al evaluar la grabación, la Fiscalía descarta una manipulación y dice que tiene “continuidad lingüística”. Y concluye que la misma es prueba de hechos como “el compromiso penal tanto de Meneses como de Benavides por acción u omisión en los ilícitos cometidos en la zona por los paramilitares” y “las promesas que Santiago Uribe les hizo a Meneses y Benavides de ayudarles en los procesos contra ellos, las cuales habría cumplido al punto de que las mismas habían sido objeto de archivo”. El capítulo de las investigaciones cerradas es duramente cuestionado por la Fiscalía.
Benavides reconoció que la voz de la grabación era suya y que en efecto se reunió en el 2009 con Meneses, pero ha negado relación con la banda y, más aún, cualquier conocimiento de una actividad ilegal de Santiago Uribe. Ahora la Fiscalía lo investigará por falso testimonio, además de reactivar el proceso en su contra por los crímenes cometidos en Yarumal hace más de 20 años, que considera de lesa humanidad.
La Fiscalía dice que fue legítimo que Meneses grabara a Benavides, “pues tenía la plena convicción de que estaba recogiendo información sobre la participación de este y de Santiago Uribe (...), con el propósito de asegurar evidencia que pudiera disuadir a sus eventuales agresores de atentar contra su vida”.
Además del coronel Benavides, se reabrirá el caso contra el comerciante Álvaro Vásquez Arroyave, señalado desde mediados de los 90 como una de las cabezas de ‘los 12 Apóstoles’ y quien también se benefició del cierre de la investigación hace 15 años. Él era dueño de un restaurante, San Felipe, que es señalado en varias denuncias como centro de operaciones de los paramilitares. También tenía la finca El Buen Suceso, vecina de La Carolina y donde trabajaba como jornalero Eunicio Pineda Luján.
Otros personajes del municipio, como el sacerdote Gonzalo Palacios, también están en la mira de la justicia.
La Fiscalía encontró que Santiago Uribe y Vásquez “hacían parte de una red de comunicaciones identificada como Yarumal y manejada por la empresa Unicom”, en la que supuestamente el ganadero se identificaba como ‘R-15’. De esa red de comunicaciones, asegura la Fiscalía, también hizo parte el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
La decisión contra Santiago Uribe también le complicará la vida al jefe paramilitar ‘Julián Bolívar’, que hizo parte de ‘los 12 Apóstoles’ y, según el expediente, ha mentido sobre ese capítulo. ‘Bolívar’ se arriesga a perder los beneficios de Justicia y Paz y a pagar por los crímenes cometidos como paramilitar los 40 años que se imponen en la justicia ordinaria.
El coronel cuestionado
Desde los 90, testigos le dijeron a la justicia que el coronel Manuel Benavides amarró el cadáver de una de las víctimas de ‘los 12 Apóstoles’ y lo llevó por las calles, como supuesto escarmiento para ladrones. En la grabación que tiene la Fiscalía, que es del 2009, Meneses le dice a Benavides que “el Gobierno no los va a proteger ni a sacar la cara por ellos”. Después afirman, según el documento, que “si Uribe los pone en bandeja de plata les toca decir definitivamente que ellos lo único que (hicieron) fue recibir plata para no meterse y (que) recibieron presiones de Santiago para que la gente (la banda) hiciera lo que quisiera por allá en los municipios”.
‘Testigo torturado’
La referencia al ataque contra Eunicio Pineda Luján, que en el 2010 apareció como testigo, se refiere a la tortura e intento de asesinato de los que fue víctima en 1994, poco después de denunciar que vio a Santiago Uribe y a Álvaro Vásquez rodeados de hombres armados en la finca La Carolina. A Pineda le arrancaron dos dientes con unos alicates y luego le dispararon por la espalda mientras huía para salvarse. Frente a la descalificación que la defensa le hizo como testigo por sufrir de esquizofrenia, la Fiscalía ripostó con un concepto de Medicina Legal que valida su idoneidad. Además, se comprobó que sí vivió en la zona.
En el proceso declararon testigos que decían que nunca lo vieron en el pueblo.
Se enreda ‘Julián Bolívar’
En septiembre del 2014, EL TIEMPO reveló que Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, uno de los más poderosos jefes de las Auc y de los pocos que se salvaron de la extradición en el 2008, tenía varias de las claves sobre ‘los 12 Apóstoles’.
Pérez Alzate, que recuperó su libertad en mayo del año pasado, dijo que estuvo en la zona, pero que llegó después de la existencia de ese grupo de ‘limpieza social’.
La Fiscalía dice que “Rodrigo Pérez Alzate no ha hablado de su relación con Santiago Uribe y su vinculación a un centenar de crímenes que no ha versionado ni confesado, incluidos la tortura y tentativa de homicidio de que fue víctima de Eunicio Pineda”.
Denuncias desde los 90
El 29 de diciembre de 1993, la personera de Yarumal remitió a la Fiscalía las primeras alertas por los crímenes de ‘los 12 Apóstoles’ y mencionó entre los casos la muerte de Manuel Vicente Varela en La Carolina. Él era señalado de manejar una red de expendio de drogas.
Hoy, la Fiscalía cuestiona que en 1999 un fiscal de Derechos Humanos hubiera cerrado el caso contra Santiago Uribe: “Se desconoció flagrantemente que para ese momento ya se contaba en el expediente con las pruebas no desvirtuadas que daban cuenta de la existencia de la presunta vinculación” del ganadero con el grupo ilegal, afirma.
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