La justicia transicional sería un acuerdo de impunidad
Organizaciones sociales y jurídicas señalan graves componentes del acuerdo sobre justicia celebrado en La Habana entre el gobierno y las FARC.
Por Trochando Sin Fronteras
Luego de varias semanas de un tenso silencio del movimiento social ante el contenido del acuerdo…
Organizaciones sociales y jurídicas señalan graves componentes del acuerdo sobre justicia celebrado en La Habana entre el gobierno y las FARC.
Luego de varias semanas de un tenso silencio del movimiento social ante el contenido del acuerdo de ‘justicia para la paz’ difundido en diciembre pasado por el comisionado de paz, este lunes se hizo público un documento que contiene un pronunciamiento con fuertes críticas, particularmente en lo que se refiere a crímenes de estado y derechos de las víctimas.
Se trata de un extenso y profundo análisis de los componentes del sistema de ‘justicia para la paz’, así como del proceso mediante el cual se llegó al acuerdo respectivo. Según sus autores, apoyan los avances positivos del proceso de paz, pero manifiestan que “es también una obligación política y moral realizar observaciones críticas sobre aquellas materias que consideramos pudieran tener graves consecuencias para los derechos humanos y de los pueblos”.
Al igual que Amnistía Internacional, el pronunciamiento califica de ambiguo el acuerdo de justicia, y adicionan que también resulta ‘decepcionante’. Afirman categóricamente que con el sofisma de una ‘pedagogía de paz’ se están fraguando mensajes claramente contrarios a los principios y objetivos de lucha de las víctimas de crímenes de Estado.
Lo anterior lo sustentan básicamente en -por lo menos- siete mecanismos de impunidad que contiene el acuerdo, así como en la “campaña de promoción para ofrecerlos como solución pragmática en una estrategia todavía más turbia de impunidad en favor del Estado”.
Se señala cómo algunos abogados de las FARC reunidos con una asociación de militares en retiro (ACORE) “y otros sectores de la derecha, que la amnistía podría aplicarse para agentes de Estado, y se orienta hacia la obtención de penas irrisorias y la excarcelación de militares genocidas o vinculados con violaciones de derechos humanos”.
Como uno de los ejemplos más preocupantes de la aplicación del acuerdo de justicia, se señala el caso de ex general Rito Alejo del Río, quien podría pueda verse beneficiado, a pesar de haber sido condenado por la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad.
1. Algunos de los mecanismos de impunidad y beneficios para agentes el Estado contenidos en el acuerdo de justicia son señalados en el pronunciamiento así.
2. La inmunidad de los presidentes, a pesar de la comprobada participación de varios de ellos en la definición e implementación de los crímenes de estado.
3. La previa justificación o apología de favorecedores del paramilitarismo, al incluir como beneficiarios a los financiadores o participantes indirectos de ese mecanismo de violencia.
4. La eventual renuncia de la acción penal, que significa la omisión del deber internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
5. La deformación de la amnistía contemplada en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, al incluir a funcionarios públicos (militares y civiles) así como a no combatientes relacionados con la financiación o el narcotráfico.
6. La ruptura de la cadena de mando, que significaría la impunidad para oficiales de alto rango que ordenaron los crímenes.
7. El ocultamiento de los crímenes de lesa humanidad, al calificarlos como actos relacionados con el conflicto armado, cuando la inmensa mayoría de los hechos de violencia fueron ejecutados contra la población civil, en razón de su orientación política o su papel como líder social, entre otras causas.
8. El especial trato de privilegio en sanciones a agentes estatales y paraestatales, por ejemplo con el mantenimiento del fuero carcelario (léase Tolemaida Resort y similares).
La publicación del documento tendría como objetivos “enfrentar con el arma de la razón a un orden de cosas injusto, y construir una memoria histórica y de dignidad”. Por tal motivo se parte de la base de la ilegitimidad e incoherencia del contenido del acuerdo “al ser muy escaso el proceso de sustentación desde y por las víctimas de crímenes de Estado, y la integralidad de sus derechos; y al estar muy distante de la perspectiva histórica y ética de los derechos de los pueblos”. También se critica el hecho de que las determinaciones que aparecen reflejadas en dicho acuerdo de justicia transicional fue suscrito sólo entre dos partes, pero afecta a terceros, que serían los millones de víctimas de la violencia ejercida desde el Estado y las élites económicas y políticas en Colombia.
Por otro lado, el acuerdo también parte de la base de reconocer legitimidad a la actuación del Estado durante el desarrollo del conflicto. Pero si ello hubiese sido así, “nunca se habría llegado a esta realidad cuantitativa y cualitativa de millones de víctimas de la violencia estatal”. Por eso se considera esa presunción como una distorsión de la realidad que favorece a altas jerarquías del poder instituido.
Las organizaciones que firman el pronunciamiento opinan que en el mencionado acuerdo de justicia se ha producido un triunfo de las posiciones del Estado.
Por tal razón se han podido ver las manifestaciones de voceros del gobierno y del estado colombiano (incluidos los militares) en favor de ese acuerdo. A pocos días de firmado, el Gobierno notificó al país y al mundo las medidas que se implementarán para que la mayoría de los responsables de crímenes de lesa humanidad en la cadena de mando y beneficiarios de la guerra sucia tengan la seguridad jurídica de evadir la persecución legal, o a cambio de una poca o graduada verdad superficial obtengan una perenne seguridad jurídica.
Ese triunfo del establecimiento estaría representado en dos factores: primero, la posición del derecho a la rebelión (reconocido como tal en la declaración universal de los derechos humanos), que resulta equiparada a la criminalidad de Estado, lo cual representaría una derrota política y moral significativa. En segundo lugar, “lo que ha sido tan costoso generar en la conciencia de espacios y luchas del pueblo colombiano: la convicción y la prueba de que hemos enfrentado a una organizada maquinaria de terrorismo e impunidad institucionalizada de los poderosos”.
En la última semana de octubre de 2015, cuando el presidente Santos explicó el acuerdo de justicia transicional a 170 generales y almirantes, estos se pusieron de pie y dieron un prolongado aplauso… anécdota o señal de la gravedad de lo acordado? . Dos meses antes de la firma del acuerdo definitivo en La Habana, Santos expresó en el Congreso de la Asociación Colombiana del Petróleo que “…si hay un sector que se va a beneficiar de esta paz, es éste… lo único que esto les trae a ustedes son beneficios. A ustedes y cualquier empresario del país… Si ustedes se leen con cuidado los acuerdos que ya hemos logrado, se van a dar cuenta que ahí no hay un punto, no hay una coma, que los afecte negativamente, ni uno…”
Se mencionan casos de otros sectores, además de los militares, que resultarán cobijados con los beneficios de la justicia transicional; a quienes apoyaron desde la legalidad o la ilegalidad, y de modos diversos, la violencia estatal y paraestatal: empresas petroleras (por ejemplo los casos de Repsol y Occidental Petroleum, documentado entre otras agencias por Amnistía Internacional en 2004); empresas palmicultoras (Palmas de Curvaradó S.A, entre otras); empresas bananeras (como la multinacional Chiquita Brands); ganaderas y latifundistas (afiliadas algunas a Fedegán y a la SAC).
Finalmente, quienes se plantean su posición crítica en el referido documento, aclaran que se diferencian “radicalmente de quienes desde la derecha (Álvaro Uribe, Procurador Ordóñez y muchos otros) desacreditan dicho acuerdo de justicia, como una forma de atacar el proceso de paz. Y nos separamos también del oportunismo y desfachatez de quienes defendiendo artificios dentro del proceso de paz (ejemplo el saliente Fiscal Montealegre y la inmensa mayoría de la clase política), proponen y preparan desde las instituciones la libertad de agentes del Estado y de paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como una forma de simetría para compensar y aventajar los intereses de sus castas frente a la condicionada liberación de unos cuantos guerrilleros.”
Nota: consultar texto del acuerdo de justicia para la paz en
y texto completo del pronunciamiento sobre el acuerdo de justicia
http://kaosenlared.net/la-justicia-transicional-seria-un-acuerdo-de-impunidad/
