DOSSIER:
A Petro lo destituyeron por atreverse a tocar los negocios
Diputado colombiano, Iván Cepeda, critica la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. (Foto: Archivo)
El representante de la Cámara de Colombia, Iván Cepeda calificó como un cinismo que el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe, acusen a Gustavo Petro de haber hecho un mal Gobierno y aseguró que su destitución es por tocar intereses económicos.
El diputado colombiano y defensor de los Derechos Humanos, Iván Cepeda aseguró este jueves, a través de su cuenta en la red social Twitter (@IvanCepedaCast) que al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro “no lo destituyeron e inhabilitaron por inepto o ineficaz, sino por atreverse a tocarles los negocios”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó la destitución del burgomaestre, luego que el Consejo de Estado de ese país anulara este martes las últimas medidas cautelares que había introducido la defensa del ahora exfuncionario público.
Motivo por el cual el diputado colombiano envió un saludo a Petro. “En la mañana de hoy saludo a @petrogustavo, gran líder político y estadista. Estoy seguro que en el futuro volverá a gobernar”.
Seguidamente Cepeda escribió que “es cinismo a la colombiana que (Juan Manuel) Santos y (Álvaro) Uribe ('falsos positivos', parapolítica y 'mermelada') acusen a Petro de haber hecho un mal Gobierno”.
Asimismo señaló que “cuando (Jorge Eliecer) Gaitán les iba a ganar, lo mataron. Cuando la (Unión Patriótica) UP comenzó a ganar vino el genocidio. Cuando Petro comenzaba a gobernar lo derrocaron”.
El Presidente de la República desestimó las medidas cautelares que expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ejecutó el falló que emitió el procurador General, Alejandro Ordóñez, que destituyó e inhabilitó por 15 años al Alcalde por tres faltas graves al cambiar el esquema de aseo de la ciudad.
En tanto, este martes, Petro agradeció a los colombianos por el apoyo que le brindaron durante el proceso judicial, igualmente invitó a todas las instancias del Distrito a mantener y desarrollar los programas de “Bogotá Humana”, tras asegurar que su equipo gobernó hasta el final.
teleSUR / ad - FChttp://www.telesurtv.net/articulos/2014/03/20/diputado-ivan-cepeda-a-petro-no-lo-destituyeron-e-inhabilitaron-por-inepto-4459.html
Las verdades de Petro que nadie quiso oír…..
Por: Pedro Pérez
En estos momentos en que el presidente Santos ha firmado la destitución del exalcalde Gustavo Petro ...
En estos momentos en que el presidente Santos ha firmado la destitución del exalcalde Gustavo Petro vale la pena hacer ciertas consideraciones con relación a lo que denuncio el burgomaestre y el silencio cómplice de los grandes medios que en ningún momento explicaron detalladamente la otra cara de la moneda o simplemente no quisieron que la ciudadanía lo supiera.
En primer lugar para dilucidar este entramado es necesario explicar lo siguiente:
Existían 4 contratistas o concesionarios de recolección de basura en la ciudad de Bogotá y eran en su orden:
1- William Vélez Sierra de ATESA , quien recibía la friolera de 3700 a 4000 millones de pesos mensuales por su servicio de recolección de basuras en las localidades de Fontibón y otras.
2- Aseo Capital, empresa de la cual es dueño Alberto Ríos Velilla y familia, quien según datos de la Alcaldía de Bogotá le vendió a la familia Patino Ocampo. Percibían entre 3.500 y 5000 millones de pesos mensuales.
3- LIME, cuyos accionistas son Argentinos y perciben una suma aproximada de 45000 millones de pesos por la recolección del 45% de la basura en Bogotá.
4- Ciudad Limpia, de propiedad de los caleños Herrera Barona y Losada Salcedo. También recibían unas jugosas ganancias mensuales y por si fuera poco tienen participación en Transmilenio de la calle 80 , Usme Molinos y también son propietarios de los buses del SITP que transitan en las localidades de Engativá y Bosa.
El empresario Alberto Ríos Velilla y su familia son accionistas de una empresa de nombre Land Developer Investment Inc. quien tiene una participación del 20% en la sociedad que ganó la licitación de recaudo por pasajes de la ciudad por la no despreciable suma de 64 BILLONES de pesos por los próximos 16 años….esa joya de la corona la adjudicó el controvertido exalcalde Samuel Moreno con su séquito de asesores comenzando por su hermano Iván Moreno.
Estas empresas y empresarios fueron los que, según denuncias de Emilio Tapia (el polémico empresario que era la ficha clave de los Moreno en los repartos) se alinearon para hacer el complot una semana antes del 18 de Diciembre del 2013 para que la ciudad se quedara sin quien recogiera la basura y le crearon un trauma sin precedentes a la ciudad y por supuesto a su titular el doctor Petro.
Esa mañana del 19 de Diciembre Bogotá era una ciudad atiborrada de basura y con un despliegue mediático sin comparación (comenzando por Caracol Radio), donde su director el reconocido periodista Darío Arizmendi era la voz cantante y su mesa de trabajo de la que hace parte Darcy Quinn , la muy respetable presentadora y periodista colombiana hija del fallecido periodista Tom Quinn.
Lo que no se sabía o por lo menos el que aquí escribe, es que ella es la actual esposa del señor Alberto Ríos Velilla……Podrá parecer alguna coincidencia pero hubiese sido un poco digno por parte de la emisora que se mencionase este vínculo para evitar malas interpretaciones (en lo que a información del alcalde se refiere). Lo que si no tiene presentación es la manera sesgada, parcial, lasciva y desproporcionada que tuvo el señor Arizmendi contra el alcalde y su programa de gobierno. Lo que no comentó el señor Arizmendi ni su panel de trabajo todas las mañanas es lo expuesto aquí y las ventajas que trajo el Nuevo sistema (Operado por la empresa del acueducto “Aguas de Bogotá”) que en metálico si ha dejado dividendos positivos para el ciudadano de a pie. Este se refleja en la rebaja de la factura del aseo que ahora llega mes a mes.
No comentó el conocido periodista que el día 18 de Diciembre del 2013 si Petro no hubiese tomado cartas en el asunto los contratos con los actuales operadores se hubiese prorrogado automáticamente por otros 8 o 10 años más… eso nunca se comentó en Caracol y creo que muy poco en los otros medios.
No se comentó que los operadores privados (los 4) por ley deberían restituir todo el parque automotor, software, equipos de compactación etc. y por eso ante la imposibilidad de tener infraestructura se tomó la decisión de alquilar volquetas u otro equipo de emergencia para comenzar a recolectar las basuras . Si no se hubiese tomado esa determinación se prorrogaban automáticamente los contratos. Esto tampoco nunca lo comentaron los medios.
No comentaron que la corte constitucional obligó a los concesionarios a vincular a los recicladores por ser población vulnerable y dio plazo también hasta el 18 de Diciembre ya que en las anteriores oportunidades los concesionarios se habían pasado por la faja el veredicto de la honorable corte constitucional. Petro dio inicio a la orden impartida por la corte y comenzó a carnetizarlos y vincularlos al proceso de reciclado manual.
No comentó el doctor Arizmendi y las otras cadenas radiales (Hay que admitirlo que no fue sólo él) que los hijos del expresidente Uribe comenzaron a tomar partido en el gran negocio, pero se les atravesó Petro.
Los recicladores estaban contentos por que al fin se hacía eco de sus demandas, podrían crear empresa y organizar su gente; resulta que apareció la empresa Residuos Ecoeficiencia S.A. una mega compañía creada por los hijos del expresidente con mas de 200 empleados que comenzó el negocio del reciclaje a gran escala y por supuesto, con los grandes concesionarios y sus amigos quienes de manera legal, por que es legal, le dieron trato preferencial a los hijos del expresidente y sacaron de tajo a los recicladores pequeños; los amigos de Tomas y Jerónimo son entre otros el señor William Vélez el mega ganador de megalicitaciones y por supuesto dueño de una de las concesionarias de basuras mas grandes del país. Al atravesarse Petro el negocio del reciclaje deja de ser un asunto de unos pocos y ya no es tan atractivo como antes, de esto tampoco hablaron los medios.
El doctor Alejandro Ordóñez ordenó sacar de un plumazo de la arena política al Doctor Petro y está en todo su derecho, lo único que no encaja es por que la procuraduría no indagó quienes estaban patrocinando la revocatoria que se hizo en contra del alcalde de donde venían los recursos y en que se beneficiaban los patrocinadores.
Recordemos que si es una entidad que contrata con el estado tipo Atesa o Aseo Capital hay conflicto de intereses. Hay que recordar que los Ríos Velilla también tienen un entuerto con Enertolima y Enerpereira , por ahí no se sabe nada del Procurador.
Por último el procurador delegado quien hizo las veces de investigador en el caso Petro es el doctor Juan Carlos Novoa, él fue el que acopió las pruebas, se dio cuenta que Petro “obstruyó la libre competencia” ( Atesa, Lime, Aseo Capital contratistas que sólo en un mes se ganaban 16.000 millones en el negocio de las basuras fuera de las megalicitaciones que siempre gana don William Vélez ) versus unos competidores desleales como lo son los recicladores de a pie la ciudadanía de Bogotá que no ve luz al final del túnel para salir de esa mafia que si tiene garantías para seguir esquilmando la ciudad y procedió a impartir justicia (15 años de inhabilidad para el alcalde).
El doctor Juan Carlos Novoa es otro entronizado por el doctor Ordóñez , fue su mejor alumno por allá en las épocas de la U S Tomas y también miembro de la iglesia que frecuenta el procurador. Eso por supuesto tampoco tiene nada de malo. El malo indiscutiblemente fue el alcalde Petro.
Por motivos de espacio no me puedo referir al caso trasmilenio pero los invito a investigar quienes son los dueños….encontrarán gratas sorpresas y entenderán por que el sistema no funciona, o por que no lo dejaron funcionar en la administración Petro.
El futuro de Bogotá esta en manos de un personaje conocido pero bastante ambiguo en sus ambiciones políticas: Francisco Santos.
La justicia operó y la C.I.D.H se dio cuenta que en el caso Petro esta no fue imparcial, sin embargo el señor presidente Santos le dio la razón al procurador Ordóñez.
http://www.kienyke.com/kien-bloguea/las-verdades-de-petro-que-nadie-quiso-oir/
Fallo contra Gustavo Petro. Estado empresarial de Derecho
Periódico desdeabajo N°200
Las decisiones tomadas por parte del Procurador en contra de Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, no dejan duda. Asistimos al ocaso de la conceptualización de la soberanía popular, la democracia representativa, el voto programático, el mandato popular y el estado social de derecho.
Testigos indiferentes de su transgresión sepultamos la ilusión de la Constituyente del 91. Aquella que otrora representara la pluralidad de visiones a veces yuxtapuestas, incluso antagónicas, pero en todo caso con pretensiones de armonizar los diversos intereses y articular en paz los sectores sociales de la nación, entronizando en todo caso la supremacía de los derechos naturales, los mismos que con posterioridad a su reconocimiento como norma de normas, han padecido las reglamentaciones que obstruyen su ejercicio.
Ante esta innegable realidad, debe preguntarse, ¿ponderó debidamente el Consejo de Estado en la reciente decisión sobre la continuidad de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, la improcedencia de la tutela ante la existencia de otras acciones legales y, se valoró, teniendo en cuenta la morosidad de la Justicia y el rictus formal de los procesos judiciales que tornan anacrónicos los postulados del derecho y la inmediatez de la justicia? ¿se estudió la aplicabilidad, eficacia y oportunidad en tiempo real de las medidas cautelares de que trata el nuevo código administrativo?
Los interrogantes vienen al caso, porque no podemos olvidar que el Alcalde recibió un mandato popular, sobre un voto programático que le conminaba a través de un programa de gobierno a la realización de los proyectos y planes allí contemplados, bajo los preceptos ideológicos subyacentes al mismo; luego sus actuaciones administrativas, con respecto a la recuperación por parte de la administración pública distrital de la prestación de los servicios públicos y del ejercicio por si misma de las funciones administrativas, no es más que el cumplimiento de un mandato ciudadano del constituyente primario, es decir, del electorado.
Ante esta realidad estamos, claro, nadie puede con base en el ordenamiento constitucional desconocer que el señor Procurador ejerce la función disciplinaria dentro del Estado colombiano. Lo anterior, si bien le permite investigar y sancionar, no implica que en la valoración, que en todo caso siempre es subjetiva, deba también reconocer al imponer una sanción no solo la existencia de los atenuantes referidos en este caso, al cumplimiento de la voluntad popular traducida ésta en el deseo de recuperación de lo público, así como también se debía precisar que de existir la falta correspondería la sanción a la entidad que a su vez estaba encargada de la prestación del servicio público. Se observa que el rigor jurídico en la aplicación de la formalidad de la ley, que en su decir caracteriza al Procurador y exconsejero de Estado, haya desconocido que la entidad encargada por el Alcalde de la prestación del servicio público de aseo fuera la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la que a su vez es un ente descentralizado de carácter distrital que cuenta con personería jurídica propia, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Luego, de haber una falla en la prestación del servicio de aseo, sería imputable a dicha entidad y no al Alcalde que se encontraba actuando en cumplimiento de un mandato ciudadano al buscar implementar una política pública.
Se observa, además, que en principio las políticas públicas no son cuestionables por los órganos judiciales, sino la ejecutoria de las mismas en cuanto con ello se vulneren derechos contemplados en el ordenamiento. Pero al indicar en sus declaraciones que las decisiones de la administración Petro vulneraban el derecho a la libertad de empresa, se acusa y condena la política pública que buscaba recuperar para la administración pública la prestación de un servicio público.
Se destaca además que uno de los operadores privados afectados con la decisión de la administración pública, es el mismo que la actual Viceprocuradora General de la Nación Dra. Martha Castañeda Curvelo, en ese entonces Magistrada, absolvió como ponente, mediante sentencia de 7 de marzo de 2005 confirmada por el consejo de estado el 8 de julio de 2010, dentro de una acción constitucional de carácter popular que cursó desde el año 2003 en el Tribunal Administrativo del Magdalena por la posible violación a normas de protección ambiental y sanitarias con ocasión de la ubicación del denominado relleno sanitario de Palangana; el mismo que sigue operando en Santa Marta, casi que como un botadero a cielo abierto, ubicado a menos de 500 metros lineales de barrios populares construidos con antelación y al interior de un Parque Natural Distrital, que fuere sustraído parcial e inconsultamente por el concejo de Santa Marta en sesiones nocturnas, celebradas durante el curso del referido proceso judicial de carácter popular.
¿Qué pensaría el Procurador si pernoctara, si quiera una noche, expuesto a los nauseabundos olores y vectores a los que continúan condenados los vecinos del sector de Palangana? Sí destituyó a un mandatario sobre el argumento de amenazar los derechos colectivos al ambiente sano y a la salud pública, ¿por qué no ha investigado y sancionado a quienes sí vulneran dichos derechos en el ejemplo citado?
Somos conscientes que la existencia de una falla en el servicio no exime de culpa la ocurrencia de otra, así como también que el yerro en la función pública no genera derecho, pero no deja de llamar la atención que en este caso el ganador sea don William Vélez, es decir Interaseo SA ESP, y el perdedor, por su parte, sea toda la institucionalidad y esencia democrática, vertida al basurero con la desproporcionada providencia disciplinaria que desconoció el carácter ciudadano de la decisión de la administración distrital de Bogotá, liderada por Petro.
¿Cosas de la Justicia? ¿Acomodamientos con nombre propio? Se confirma así que en Colombia sólo es posible realizar un único modelo de administración pública, en el cual los bienes públicos siempre son la base de los negocios privados. Es cierto que la moribunda Constitución del 91 posibilitó y legalizó el que las organizaciones privadas prestaran no solo servicios públicos sino también el que ejercieran funciones administrativas, pero fundamentó el Estado como social de derecho, basado en la soberanía popular, la democracia representativa y el voto programático. Por tanto, quien recibe el mandato ciudadano para ejercitar una política pública no puede ser sujeto de sanción por vivenciar la esencia de la democracia al procurar cumplir con el mandato recibido, a menos que cometa actos de corrupción o faltas graves en su implementación. A quién se castiga en este caso, ¿Al elector?, ¿al mandatario?, ¿al modelo ideológico que subyace a la política pública? No obstante, aún queda valorar sí a través de la solicitud de medidas cautelares dentro de una acción de nulidad y restablecimiento, en la admisión de la demanda, puedan contemplarse, reconocerse y protegerse eficazmente, los derechos, valores e instituciones antes enunciados.
http://www.desdeabajo.info/actualidad/colombia/item/23758-fallo-contra-gustavo-petro-estado-empresarial-de-derecho.html
La muerte política de Petro: Un caso de un problema mayor
Carlos Eduardo Maldonado
Estaba anunciado. La de Petro es la crónica de una muerte anunciada. Todo lo demás, entre la decisión del Procurador y el resultado final, fue para quienes aún esperaban lo imposible, pensar con el deseo. Lo cual, en realidad, tiene dos faces. De un lado, el hecho humanamente maravilloso de conservar la esperanza, por definición, contra todas las adversidades. Se trata de la dimensión espiritual de la existencia. Y de otra parte, el simbolismo de oponerse a las voluntades contrarias, acaso advenedizas, en este caso representadas en el procurador Alejandro Ordóñez y todo lo que él representa.
La historia tiene cuatro actos, por así decirlo: en el primero, que en realidad es un proemio: el tema de las basuras en el pasado mes de noviembre. Más allá de las denuncias de si hubo confabulación o no –algo que es evidente que si la hubo aun cuando no se puedan aportar pruebas contundentes, como ha sostenido Emilio Tapia-, Petro literalmente dio papaya.
Y dio papaya porque él representaba el tercer triunfo consecutivo de la izquierda en el segundo cargo más importante del país, la alcaldía de Bogotá. Un auténtico escándalo para las fuerzas del establecimiento y las políticas de extrema-derecha. Petro sale con las manos limpias, sin escándalos de robos o corrupción, pero con la acusación de que no sabe hacer equipo y carecer de experiencia en gestión. Y si en la vida no se puede dar papaya, en política aún menos.
Sobre la base de esa introducción, el primer acto de la obra consiste en la acusación del procurador Ordóñez. La mano larga de los intereses más oscuros del país en uno de los cargos más poderosos de la nación.
Ordóñez logró poner a los medios de comunicación en contra de Petro y polarizó hasta cierto punto a la ciudad e incluso al país. La sentencia estaba anunciada: 15 años de inhabilidad política. Es decir, la muerte política de Pero, quien con 53 años (próximo a cumplir 54), cuando termine la sentencia dictada por Ordóñez y los suyos tendrá 69 años. Si en los deportes la muerte de un deportista de alta competencia tiene lugar en promedio hacia los 30 años, en política a los 70 es prácticamente imposible acceder a un puesto importante.
El segundo acto fueron las protestas, argucias, estrategias y acciones de Petro, sus abogados, sus equipos y simpatizantes. Desde la toma de las calles y la plaza pública hasta un diluvio de tutelas y otras acciones jurídicas. Y se dijo muy bien: Petro, como casi toda la izquierda es excelente en protestas y denuncias, en oposición y confrontaciones, pero ingenua, inepta e ignorante en administración y gestión. Esto es, en el manejo de las jaurías y técnicas de los aparatos de gobierno y estado. Literalmente: los aparatos.
El tercer acto tuvo lugar de manera inexorable. Luego de haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y haber logrado una medida cautelar, la suerte de Petro dependía del candidato-presidente Juan Manuel Santos. Y en un mismo día tuvieron desenlace todos los actores, guiones y acciones del tercer acto. El más breve de la obra y el más dramático. La sentencia anunciada fue ejecutada sin piedad, técnicamente, sin dilaciones.
Pero es fundamental poner las cosas en perspectiva.
Colombia es un país en el que históricamente han negado el derecho a la oposición. En el país a la oposición se ha aniquilado físicamente. Se la aísla, se la coopta o la asesinan. Tal es la historia de Colombia que incluye nombres como Gaitán y Guadalupe Salcedo, los asesinatos masivos de la Unión Patriótica (UP) o los cambios de las armas por puestos burocráticos, becas y viajes; por ejemplo.
Lo de Petro, sin embargo, es una nueva modalidad de muerte, a saber: la muerte política. Ya no es necesario eliminar físicamente a la oposición; basta con decretarles, mediante todas las componendas y triquiñuelas jurídicas y disciplinarias la muerte política.
Primero fue Piedad Córdoba; ahora es Petro. Y los casos seguirán con absoluta seguridad. Esto se llama la combinación de todas las formas de muerte: muerte civil o penal, muerte física o política, muerte de personaría jurídica o mediática. Los mecanismos se han refinado y vuelto acaso más simbólicos, pero no por ello menos violentos.
La suerte de Petro está echada. La de Piedad Córdoba, por el contrario, aún tiene espacios y posibilidades de juego.
Como quiera que sea, el mensaje debe llegar y calar. Colombia se encuentra debatiendo las posibilidades de un acuerdo de paz en La Habana. Y es en ese marco que hay que entender las muertes y la vida de políticos de oposición. Esto es, la lógica política en curso.
Con la decisión sobre Petro lo más conservador de la conciencia nacional está de plácemes. A lo que asistimos es a un juego de emociones, y un despliegue de tácticas y estrategias. La iniciativa la ha tomado el establecimiento, el gobierno, el estado y las fuerzas más conservadoras de la nación. Petro, un símbolo de la izquierda, sólo puede reaccionar; según parece, no más.
Dicho en el lenguaje de muchos ciudadanos de la calle, la decisión contra Petro fue una decisión de clase, un acto de poder y fuerza.
Los críticos y analistas de la obra de teatro no dejarán, no sin razones, de expresar sus opiniones en los días, semanas y meses venideros. En las próximas representaciones algunos nombres podrán cambiar y algunos repetirán roles y se alternarán papeles. Pero el juego de las formas de violencia en el país no cambiarán en el futuro inmediato. Esta vez, la forma ha sido la de violencia política.
Colombia deberá alcanzar la madurez suficiente para poder vivir y convivir con la oposición. Que es lo que hace a una nación democrática y madura. El problema es que esa clase de aprendizajes no se logran voluntariamente.
http://www.desdeabajo.info/actualidad/colombia/item/23757-la-muerte-pol%C3%ADtica-de-petro-un-caso-de-un-problema-mayor.html
Cronología del proceso de destitución al alcalde Gustavo Petro
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue destituido por la Procuraduría General de Colombia por presuntas irregularidades en el sistema de recolección de desechos (Foto: Archivo)
El funcionario vio ratificada su remoción del cargo por parte del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien firmó la medida luego de que el Consejo de Estado rechazó los últimos recursos que permitían a Petro mantener sus competencias.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, desestimó las medidas cautelares que expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ejecutó el falló que emitió el procurador General, Alejandro Ordóñez, que destituyó e inhabilitó por 15 años al Alcalde por tres faltas graves al cambiar el esquema de aseo de la ciudad.
9 de diciembre de 2013: La Procuraduría General del la Nación, encabezada por Alejandro Ordóñez, señaló que el Alcalde Bogotá, Gustavo Petro, incurrió, en faltas disciplinarias por irregularidades en la implementación del nuevo esquema de recolección de basuras, por lo que decide destituirlo de su cargo e inhabilitarlo políticamente por 15 años.
Según el Ministerio Público, Petro "ordenó libremente asignar la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia". Además de acusarlo de que improvisó y no planeó la implementación del esquema y la inclusión de la población recicladora de la ciudad, tal como se lo ordenó la Corte Constitucional.
Gustavo Petro hizo un llamado a través de su cuenta en la red social Twitter (@petrogustavo) para que los bogotanos se manifiesten pacíficamente contra la medida.
10 de diciembre de 2013: Miles de seguidores del alcalde Petro se movilizan por la capital colombiana hacia la Plaza de Bolívar en rechazo a la destitución del funcionario.
11 de diciembre de 2013: El ministro de Interior de Colombia, Aurelio Iragorri, solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) no inmiscuirse en los asuntos internos y de orden disciplinario de su nación, después de que el organismo pidiera a la Procuraduría colombiana una cita para consultarle sobre la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
12 de diciembre de 2013: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, indicó que tendrá reuniones privadas con Petro y el sistema de justicia, con la finalidad de llevar el caso por las vías institucionales.
14 de diciembre de 2013: El Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre afirmó este sábado que el organismo que dirige iniciará dos investigaciones preliminares sobre la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Las indagaciones buscan determinar si el Procurador violó el principio de igualdad al despojar de sus competencias a Petro e inhabilitarlo políticamente por 15 años ante las presuntas inconsistencias en la gestión del sistema de limpieza de Bogotá.
Respecto a la segunda arista de la investigación, se busca analizar las declaraciones del empresario Emilio Tapia, quien aseveró que se desarrolló todo un complot contra Petro en la transición del sistema privado de recolección de basura a un servicio de carácter público.
23 de enero de 2013: Luego de acudir a todos los recursos dispuestos por la legislación colombiana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló este jueves a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, exigiendo que se suspenda de manera temporal el proceso emprendido contra el funcionario público por parte de la Procuraduría.
18 de marzo de 2014: La Sala Plena del Consejo de Estado Colombiano revocó ocho de las 23 tutelas que tenían suspendido el fallo de destitución impuesto por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lo que dejó firme la sentencia.
Con una votación de 15 votos a favor y ocho en contra, el alto tribunal consideró que no se logró demostrar la vulnerabilidad de los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos al momento de la destitución del funcionario.
19 de marzo de 2014: El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó la tarde de este miércoles la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego que el Consejo de Estado de ese país anulará ayer las últimas medidas cautelares que había introducido la defensa del ahora exfuncionario público.
teleSUR/as-GP
