Sepulcros blanqueados
Morelli y Ordóñez son iguales, por eso conformaron una tenebrosa alianza. Que entre el diablo y escoja.
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Definitivamente Procuraduría y Contraloría están en las peores manos, no sólo por lo que han hecho sus actuales titulares, sino por el mal que todavía son capaces de hacer.
La contratadora Sandra Morelli hizo un negocio multimillonario con una empresa que tiene socios investigados por lavado de activos, tanto en Colombia como por agencias americanas, según lo reveló Noticias Uno. Esta vez la bocona y altanera funcionaria no ha refutado tan grave acusación, que tampoco se atrevieron a desmentir los supuestos empresarios comprometidos. Eso, por sí solo, bastaría para que alguna autoridad le pusiera fin al régimen de terror que esa señora alterada y arbitraria ha sembrado en la Contraloría.
Pero allí no paran los asombros. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, ¿será verdad que esta semana coincidencialmente se prodigaron ascensos en los cargos e incrementos salariales a algunos funcionarios de la Contraloría, que curiosamente tienen muchas cosas que contar ante diversas autoridades? ¿Clientelismo, obstrucción a la justicia o cohecho?
El procurador Alejandro Ordóñez, que llegó a tan alta dignidad de la mano del Partido Liberal y de Gustavo Petro, entre otros indoctrinarios, no cesa en su cruzada partidista de atravesarse al proceso de paz y tejer flojos argumentos para absolver a sus copartidarios conservadores y uribistas.
Mientras de Ordóñez se sabe que hace política a toda hora, pues no de otra forma compró su tramposa reelección, esta semana intentando parecerse al recordado exprocurador Aramburu —ese sí honesto y respetable— requirió al presidente Santos para que no intervenga en actos proselitistas, como él califica los eventos sociales. Claro, se le olvidó a Ordóñez que Aramburu no era, como él, candidato presidencial en la sombra, como también que cuando le envió la famosa carta al presidente Carlos Lleras, renunció al cargo. Pero Ordóñez no es experto en renunciar sino en reelegirse.
Como nadie se tragó el cuento de que Ordóñez tenía la buena intención de reprimir la intervención en política del mandatario, entonces decidió refutar sin mencionarlo, al nuevo ministro de Justicia. En efecto, mientras que Alfonso Gómez Méndez declaraba que el referendo para los acuerdos de La Habana no sería armado, el procurador, sin ninguna prueba, haciéndole eco a la ultraderecha criolla y cobrándole al Gobierno que hubiere sacado del gabinete a su amanuense Ruth Stella Correa, sostuvo que los ciudadanos votarían ese referendo con un revólver en la cabeza.
Su cinismo es a toda prueba. Ordóñez inventó la tesis de que los funcionarios que han viajado a La Habana sin permiso del presidente o del comisionado de Paz, están incursos en los mismos delitos que hoy tienen preso a otro aliado uribista, el exgobernador Jorge Alfredo Ramos. Aquí no sólo habló como amigo íntimo de Uribe y alfil del Centro Democrático, sino como defensor a ultranza de cuanto godo se enreda en la parapolítica. Se le olvidó a este procurador politizado que quienes han ido a La Habana no fueron a pedir apoyo electoral a las Farc, y, además, que viajaron porque el presidente Santos públicamente ha pedido apoyo de todos para el proceso de paz. Pero el procurador aprovecha la ocasión para subliminalmente amenazar a esos funcionarios y de paso para justificar el papel nada imparcial que ya asumió la Procuraduría al favorecer a Ramos, de quien seguramente pedirá que lo absuelvan de todos los cargos.
Morelli y Ordóñez son iguales, por eso conformaron una tenebrosa alianza. Que entre el diablo y escoja.
Adenda. No puede sucedernos que el esfuerzo democrático que significó expedir la Ley de Tierras y de Víctimas termine con el lánguido resultado de que solamente una familia logre la restitución de sus predios y el restablecimiento de su vida en el campo, según lo ha revelado el contundente y creíble informe “El riesgo de regresar a casa”, presentado por Human Rights Watch. En vez de desmentir este documentado estudio, acudiendo al torpe expediente de maquillar cifras, el Gobierno debería ocuparse de hacer efectiva la ley antes de que se convierta en otra decepción nacional.
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Ramiro Bejarano Guzmán
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