Pacto, ¿segundo tiempo de los paros agrarios?
La explosión de paros agrarios desde febrero pasado –iniciando con el cafetero‒ estremeció al país. Se activó la discusión sobre precios internos e internacionales de los productos agrícolas y los efectos de la revaluación y la ‘enfermedad holandesa’ en los mercados, que abarataron importaciones y encarecieron exportaciones. Tuvieron difusión sin precedentes toda una serie de videos que denuncian el oligopolio, prohijado institucionalmente, de compañías de semillas patentadas; los análisis que develan lo exorbitante de los precios de fertilizantes e insumos, incluyendo combustibles y energía; y numerosas crónicas sobre la pobreza e indigencia de campesinos e indígenas. En ese ambiente se suscitó una solidaridad ciudadana multitudinaria.
El gobierno de Santos, que no había previsto dicha explosión, ha tenido reacciones equívocas. En la movilización de más de 130.000 caficultores atribuyó primero el estallido a una convocatoria de “las extremas” políticas y de la subversión. Como tal argumentación fracasó para desmovilizar, empleó la Fuerza Pública y después intentó suplantar, sin éxito, a los protestantes por la “institucionalidad” gremial, también descolocada por los acontecimientos. Finalmente, firmó acuerdos que, salvo la lenta y parcial implementación del PIC, ha incumplido.
Agosto fue el capítulo siguiente. El uso desmedido de escuadrones de choque, que ha llevado a poner en cuestión hasta su existencia misma, y despectivas expresiones presidenciales sobre la protesta actuaron como gasolina para apagar el incendio. La resistencia de paperos, lecheros, cacaoteros, cultivadores de frutas y hortalizas de clima frío, maiceros, paneleros, caficultores y arroceros centró el debate en el impacto de los TLC, típica apertura hacia adentro, como la denomina Abdón Espinosa, y en acuerdos comerciales como Alianza del Pacífico, en cuyas negociaciones se omitió trato preferencial o exclusión de estos productos, contrariamente a otras naciones, que sí lo hacen.
La militarización del país, sustentada en un “vandalismo” cuyos verdaderos orígenes en varias ciudades no están aún esclarecidos, ayudó a desbloquear vías. No obstante, los problemas siguen sin solución y, pese a acuerdos regionales con algunos sectores sociales y a la instalación de “mesas”, cuyo diálogo es más infructuoso que eficaz, las respuestas, incluidas las coyunturales, siguen distantes.
A todas estas, el Gobierno ha citado a un “Pacto Nacional para el Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural”, con el que ‒por los desconocidos contenidos tras los que se convoca, y por propuestas publicadas, como las de la SAC‒ nada induce a pensar que se contrariarán las políticas vigentes, causantes de la postración, empezando por el “libre comercio”, sino que, antes bien, se ahondarán. Otra señal sería, si se quisiera iniciar con seriedad, honrar primeramente los acuerdos convenidos como un requisito para recuperar la credibilidad oficial y el diálogo constructivo.
Como están las cosas, el Pacto es el relanzamiento del APERTURISMO o un acto de perdón y olvido de los incumplimientos del Gobierno o, quién quita, una plataforma reeleccionista frente al sector agropecuario o todas las hipótesis anteriores y, en ese marco, no se perfila como viraje de 180 grados en las políticas estructurales para la agricultura de Colombia. Comienza ‒por lo visto‒ el segundo tiempo de los paros agrarios, el que, por ahora, va a continuar en parajes y regiones rurales con masivas movilizaciones.
Aurelio Suárez Montoya
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