Denuncia Human Rights Watch
Colombia, el país con más desplazados del mundo
por Guillermo Rico Reyes
“En los últimos 30 años, los abusos y hechos de violencia asociados con el conflicto armado interno de Colombia han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo.
Se estima que los desplazados colombianos, que en su mayoría escapan de zonas rurales a entornos urbanos, se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra (el equivalente al territorio de Massachusetts y Maryland juntos), gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros. Privados de su tierra y sus medios de subsistencia, la inmensa mayoría de los desplazados colombianos viven en condiciones de pobreza y no cuentan con vivienda adecuada”.
Así inicia el informe que sobre Derechos humanos, desplazamiento y restitución de tierras presentó sobre nuestro país la agencia norteamericana Human Rights Watch (HRW), en el cual explica las grandes dificultades tenidas por la Ley de restitución de tierras promulgada en junio de 2011 por el actual gobierno.
“La ley estableció un proceso híbrido de naturaleza administrativa y judicial destinado a restituir millones de hectáreas despojadas y abandonadas a desplazados durante el transcurso de una década. El programa de restitución de tierras representa la iniciativa más importante de derechos humanos impulsada por el gobierno de Santos. Si se implementa de manera efectiva, ayudará a que miles de familias que han sido devastadas por el conflicto puedan regresar a su hogar y reconstruir sus vidas, a la vez que debilitará el poder de grupos armados y mafias delictivas. La Unidad de Restitución del gobierno ya ha conseguido importantes resultados al aplicar la ley en algunas regiones”, explica el informe.
A pesar de estos avances, subsisten obstáculos significativos que se interponen a la aplicación efectiva de la ley. Muchos de los desplazados que han intentado hasta el momento recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución, han sufrido abusos generalizados vinculados con estos reclamos, incluidos asesinatos, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y amenazas de muerte. Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de tierras informaron haber recibido amenazas.
El gobierno ha denunciado continuamente ataques contra desplazados que exigen medidas de restitución y ha otorgado a cientos de reclamantes en riesgo medidas de protección como teléfonos celulares y escoltas. Pero hemos comprobado que, si bien son medidas importantes, no han sido complementadas por acciones suficientes destinadas a que los responsables rindan cuentas por sus actos, lo cual resulta indispensable para poner freno al origen de las amenazas a la vida de los reclamantes y prevenir ataques.
Total impunidad
“Las amenazas y los ataques son totalmente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra reclamantes de tierras. Los delitos perpetrados contra desplazados en represalia por sus reclamos de restitución casi siempre quedan impunes: los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas sufridas por reclamantes de tierras y líderes. También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a quienes inicialmente desplazaron a los reclamantes y se apropiaron de sus tierras. De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que tiene a su cargo estos delitos, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena. La falta de justicia por estos delitos es una de las causas principales de los abusos que se producen actualmente contra reclamantes de tierras: los actores más interesados en conservar el control de las tierras despojadas a menudo continúan en libertad y pueden frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios”. denuncia el informe Colombia no ha podido contrarrestar de manera significativa el poder de los grupos sucesores de los paramilitares, lo cual también implica una amenaza directa para la seguridad de quienes reclaman tierras, a la vez que atenta de un modo más amplio contra la vigencia del estado de derecho en las zonas adonde los desplazados pretenden retornar. Estos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (auc), responsable de despojos generalizados, ocurridos antes de que el gobierno Uribe pusiera en marcha un proceso de desmovilización que presentó graves falencias. Hasta el momento, los grupos sucesores han sido los autores de gran parte de las amenazas y los ataques contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. Asimismo, algunos terceros que se instalaron en las tierras o las adquirieron luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios, al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), también han atacado y hostigado a reclamantes en respuesta a sus exigencias de restitución.
En los próximos ocho años, el gobierno tiene previsto tramitar las solicitudes de restitución de tierras presentadas por cientos de miles de desplazados. A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados reclamantes y consiga avances significativos en la desarticulación de grupos sucesores de los paramilitares, muchas de estas familias sufrirán nuevas amenazas, episodios de desplazamiento y asesinatos. Y la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos podría verse irreversiblemente desvirtuada.
Abusos genralizados
Numerosos reclamantes de tierras y sus líderes han sido objeto de abusos generalizados como resultado de sus esfuerzos por conseguir la restitución, que han incluido asesinatos, intimidación y amenazas, así como nuevos incidentes de desplazamiento forzado. Este informe documenta ejemplos de estos casos, en los cuales víctimas de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre, Tolima, y también de Bogotá, han intentado recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución. Los datos oficiales y otras evidencias examinadas por HRW indican que el patrón de abusos se extiende por todo el país.
Durante la investigación realizada para este informe, HRW documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus líderes ocurridos desde 2008 –en sucesos en los cuales perdieron la vida 21 personas– donde existen pruebas convincentes de que los ataques fueron motivados por los reclamos o el activismo de las víctimas en relación con la restitución de tierras. “En otros cuatro casos, no se pudo determinar claramente, sobre la base de la información disponible, si las muertes se vinculaban con los reclamos impulsados por las víctimas, aunque existen indicios de que podría haber sido así. También se documentan dos tentativas de homicidio y el secuestro de un líder de restitución de tierras. Las víctimas de estos asesinatos y agresiones –ocurridos en cinco departamentos distintos– incluyen a líderes, reclamantes individuales, familiares de estos y sus abogados”.
“Diversos informes de autoridades estatales y organismos internacionales señalan que los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras se han producido en una escala incluso mayor. Por ejemplo, en agosto de 2013 la Fiscalía General de la nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” perpetrados en 16 departamentos desde 2000, en los cuales murieron 56 personas. La Defensoría del Pueblo informó al menos 71 asesinatos de líderes de restitución de tierras ocurridos en 14 departamentos entre 2006 y 2011.
“Las muertes han conseguido infundir de manera permanente el temor a que se produzcan otros ataques, no sólo entre familiares de víctimas y otros reclamantes, sino también entre las autoridades que trabajan en aspectos vinculados con la restitución. En una carta enviada en marzo de 2013 al presidente Santos, decenas de jueces especializados en causas de restitución de tierras de todo el país pidieron que se les concedieran medidas de protección y manifestaron que temían seriamente por su seguridad en los siguientes términos: ‘Son de público conocimiento los atentados a que se han enfrentado las víctimas reclamantes, sus líderes y los miembros de las organizaciones que los respaldan’”.
Responsables
El informe retoma un discurso pronunciado en julio de 2012 por el presidente Santos, donde identificó a los principales responsables de las amenazas contra reclamantes de tierras: “Muchos de los que están amenazando [...] son los propios dueños o supuestos dueños de las tierras que han sido reclamadas (...) Hay otros sectores. Sectores que yo he llamado de la extrema izquierda [...] y de la extrema derecha, que están vinculados con los antiguos paramilitares, que no quieren que les quiten sus tierras, que se apropiaron en forma indebida”. HRW también comprobó que grupos sucesores de los paramilitares, terceros que despojaron a los desplazados de sus tierras –a veces en connivencia con paramilitares– y, en ciertas zonas, las farc, son los principales responsables detrás de los abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras.
En la mayoría de los casos de asesinatos, tentativas de homicidio y nuevos incidentes de desplazamiento forzado que documentamos, la evidencia sugiere en forma persuasiva que grupos sucesores de los paramilitares, en particular los Urabeños, serían responsables; y estos mismos grupos son además los autores de muchas de las amenazas. La información aportada a HRW por distintas entidades estatales refuerza estas conclusiones. Los grupos sucesores de los paramilitares se dedican al narcotráfico y otras actividades mafiosas en muchas de las regiones en que anteriormente las redes paramilitares cometieron despojos de tierras, como Córdoba y Urabá, donde se ha producido una proporción significativa de los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras.
El secuestro en noviembre de 2011 del líder de restitución Héctor Cavadía, del corregimiento de Totumo, Antioquia, es un claro ejemplo de los ataques deliberados perpetrados por los Urabeños. Cavadía contó que, mientras estuvo secuestrado, le dijeron que la tierra que reclamaba tenía un dueño y le hicieron preguntas sobre otros líderes de su asociación de desplazados que exigían la restitución de tierras. Durante un encuentro mantenido en 2011 en la región, un jefe de ese grupo dio la orden de que a “todo el que fuera a reclamar tierra […] lo iban a desaparecer”, según surge del testimonio judicial prestado por un ex miembro de ese grupo.
También terceros que adquirieron u ocuparon tierras luego de que sus habitantes originarios fueron obligados a abandonarlas han sido responsables de muchos de los abusos. Estos terceros incluyen desde ganaderos y empresarios hasta paramilitares desmovilizados. Las evidencias indican de manera convincente que los grupos sucesores y otros actores han intimidado, amenazado y, en algunos casos, incluso asesinado a reclamantes de tierras por iniciativa de terceros.
El informe también incluye a las guerrillas: “En algunas zonas las farc y el eln han amenazado y asesinado a desplazados que reclamaban la restitución de sus tierras. Por ejemplo, Germán Bernal, quien trabaja activamente para conseguir que desplazados puedan retornar a Santiago Pérez, un corregimiento en el sur del departamento de Tolima, dijo haber recibido amenazas reiteradas del Frente 21 de las farc debido a sus reclamos. Las cifras del gobierno indican que las amenazas de las guerrillas se extienden a otras regiones del país: desde enero de 2012, más de 50 reclamantes y líderes de al menos 13 departamentos que exigían la restitución a través de la Ley de Víctimas han informado a las autoridades que recibieron amenazas de guerrillas.
http://www.desdeabajo.info/actualidad/colombia/item/22741-colombia-el-pa%C3%ADs-con-m%C3%A1s-desplazados-del-mundo.html
