El Polo solo exige garantías elementales para el ejercicio de la democracia: Clara López en Foro sobre Participación Política
Un partido como el Polo Democrático Alternativo que se encuentra en la oposición solo exige decisiones elementales para el ejercicio de la democracia, como por ejemplo participación en el poder electoral, acceso equitativo a los espacios radiales y televisivos. “Mientras eso no ocurra seguiremos sosteniendo que esta es una democracia recortada, mezquina que no conduce al afianzamiento de la convivencia pacífica entre los colombianos y las colombianas”, planteó la presidenta de esta colectividad, Clara López Obregón, en desarrollo del Foro sobre Participación Política convocado por la mesa de negociaciones de paz de La Habana y organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia.
López Obregón hizo un breve diagnóstico de los escasos espacios que tiene la oposición política en Colombia y la concentración excesiva del poder por el bipartidismo tradicional.
“La desigualdad que impide la alternancia se expresa en varios terrenos y niveles, desde la exclusión de la oposición de la organización electoral y su acceso restringido a los medios de comunicación hasta el secretismo gubernamental que le niega acceso a información vital para el pleno ejercicio de su función crítica y de alternativa política. El Estatuto de Oposición ordenado por la Constitución de 1991 no ha sido expedido en 22 años de intentos fallidos”, precisó la dirigente y candidata presidencial del Polo Democrático.
Se quejó de que la oposición en este país “no tiene asiento por derecho propio en el Consejo Nacional Electoral ni participa en calidad alguna en la Organización Electoral en su conjunto, que es manejada e instrumentalizada de manera hegemónica por los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. El sistema electoral es arcaico y no ha sido posible implementar el voto electrónico o, por lo menos, la identificación biométrica para disminuir el fraude electoral que llevó al propio Registrador del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, a contestar la pregunta de por qué la gente decía que en Colombia se robaban las elecciones. “Pues porque se las roban, así de claro y de sencillo. Esa es la verdad”, contestó”.
López Obregón también se refirió a la tremenda desigualdad de acceso a los medios de comunicación y dijo que esta situación discrimina negativamente a las expresiones de la oposición. “La comparación relevante no es entre el o los partidos de oposición y los demás partidos, sino entre el Gobierno y la Oposición. Las fórmulas existentes dejan a la oposición sin espacios para controvertir y confrontar sus tesis y propuestas con las gubernamentales. El debate público se torna unilateral y unanimista y a la ciudadanía se le cercena su derecho a una información completa”, afirmó.
Sobre esta realidad, puso como ejemplo la situación de su propia colectividad: “El Polo Democrático – señaló-, único partido que se ha declarado formalmente en la oposición goza, conforme a esa disposición, de 58 espacios de dos minutos anuales, es decir, una hora y 56 minutos, equivalente al 6% del total (CNE Resolución No. 257 de 2013). Mientras tanto, el Gobierno cuenta con acceso ilimitado en los dos canales oficiales y el encadenamiento con los canales privados y regionales, las veces que el Presidente considere pertinente. En un solo domingo o máximo dos, la emisión de los Acuerdos para la Prosperidad del Presidente de la República puede ascender a más tiempo televisado que la totalidad de los espacios institucionales del partido de oposición para todo el cuatrienio”.
También sostuvo que otro tanto, “pero más acentuado, se presenta con el tema de la financiación del funcionamiento y participación electoral que merece una revisión a fondo por la altísima incidencia de dineros mal habidos en las contiendas electorales para comprar conciencias, funcionarios y elecciones. La financiación debe ser estatal, limitada y controlada para intentar reducir la corrupción que se desprende de las inversiones de intereses particulares en la elección de quienes pueden afectarlos desde los cargos de elección popular”.
Insumos para el debate en el Foro de Participación Política
El documento que elaboró la presidenta del Polo Democrático, Clara López Obegón y que sustentó durante su intervención en el Foro de Participación Política realizado el pasado 28 de abril en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada es el siguiente:
La posición del Polo frente al proceso de Paz
El Polo Democrático saluda a la Mesa de La Habana y le reitera el llamado hecho desde nuestro III Congreso reunido el pasado mes de noviembre, de manera unánime por los 750 delegadas y delegados elegidos en consulta popular con votación registrada en 1.056 de los 1.123 municipios del país, para que ninguna de las partes se levante de la Mesa sin haber llegado a acuerdos y al Gobierno Nacional para que incorpore al ELN en negociaciones de paz.
También declaramos que estamos de acuerdo con que se concreten fórmulas de participación política de los alzados en armas que se desmovilicen conforme a las exigencias de la justicia transicional que deben garantizar que todas las víctimas de todos los actores del conflicto tengan garantizados sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. La ley que desarrolle el marco jurídico para la paz debe contemplar la no extradición de los guerrilleros que dejen las armas y estén siendo encausados por cortes extranjeras.
También elevamos con fuerza la exigencia de que quienes se reintegren a la vida civil tengan plenas garantías de sus vidas e integridad física,personal y la de sus familias. Ello pasa por la ineludible obligación del Gobierno de desarticular los grupos paramilitares, hoy mimetizados con el equívoco término de Bandas Criminales, BACRIM. La eliminación a sangre y fuego de la Unión Patriótica y antes que ella de los guerrilleros liberales que se acogieron a la amnistía ofrecida por el Gobierno de Rojas Pinilla no se puede ni debe repetir.
Desde este foro reclamamos de las autoridades justicia por los asesinatos de nuestros amigos y compañeros de lucha de la UP: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y José Antequera que junto con 5000 dirigentes van a completar un cuarto de siglo de siglo en la más completa y refractaria impunidad, sin que sus hijos, esposas y copartidarios tengamos la mínima reparación de la verdad. Lo propio reclamamos para Carlos Pizarro León Gómez y demás dirigentes asesinados de guerrillas desmovilizadas sin las garantías que en este proceso no pueden resultar inferiores a su cometido.
Reiteramos nuestra propuesta de que las partes, Gobierno y FARC, consideren una mediación internacional que puede cumplir varias funciones cruciales durante las negociaciones y en la verificación una vez los acuerdos se hayan concretado. Como se ha demostrado en las más variadas negociaciones de paz, la mediación contribuye a hallar puntos de encuentro y fórmulas viables de arreglo, sirve de fuente de información neutral para la sociedad civily durante la etapa posterior de verificación ofrece la posibilidad de una interpretación autorizada de los compromisos de acuerdo a la intención de las partes.
Desigualdad social, económica y política
Compañeras y compañeros asistentes a este Foro: Si se lograra medir la desigualdad en materia de derechos democráticos, el resultado sería igual de aberrante que el de la concentración de la riqueza, la tierra y el ingreso en pocas manos que colocan a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. El pobre desempeño del país en materia de derechos humanos, tasa de sindicalización y violencia contra quienes expresan inconformidad social y política van de la mano de la concentración de la propiedad y del poder político que han hecho imposible que aquí se manifieste lo que la ciencia política asocia con la vigencia de instituciones democráticas funcionales: la alternancia en el Gobierno de quienes hacen parte del binomio Gobierno - Oposición.
La desigualdad que impide la alternancia se expresa en varios terrenos y niveles, desde la exclusión de la oposición de la organización electoral y su acceso restringido a los medios de comunicación hasta el secretismo gubernamental que le niega acceso a información vital para el pleno ejercicio de su función crítica y de alternativa política. El Estatuto de Oposición ordenado por la Constitución de 1991 no ha sido expedido en 22 años de intentos fallidos.
Oposición excluida de la Organización Electoral
La oposición no tiene asiento por derecho propio en el Consejo Nacional Electoral ni participa en calidad alguna en la Organización Electoral en su conjunto, que es manejada e instrumentalizada de manera hegemónica por los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. El sistema electoral es arcaico y no ha sido posible implementar el voto electrónico o, por lo menos, la identificación biométrica para disminuir el fraude electoral que llevó al propio Registrador del Estado Civil y ex decano de derecho de la Universidad del Rosario, Dr. Carlos Ariel Sánchez, a contestar la pregunta de por qué la gente decía que en Colombia se robaban las elecciones. “Pues porque se las roban, así de claro y de sencillo. Esa es la verdad”, contestó (Sánchez, 2008). La Ley ordenó el voto electrónico desde 2004, en 2009 reiteró el mandato, pero la Organización Electoral y el Gobierno se endilgan mutuamente la irresponsabilidad y nada avanza. Esta misma semana, la ausencia de los delegados del Gobierno impidió que se pudiera aprobar la puesta en práctica de las diversas opciones en las elecciones de consulta de los partidos a realizarse en el segundo semestre del presente año. Con todo, lo que se necesita en Colombia es una completa reestructuración del sistema electoral.
Acceso restringido a los medios de comunicación
El espectro electromagnético es propiedad del Estado pero está parcelado entre el Gobierno y el sector privado. La Constitución establece un criterio de igualdad para el uso de los medios de comunicación del Estado y los que utilizan el espectro electromagnético “de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores” (Arts. 111 y 112). El Polo Democrático, único partido que se ha declarado formalmente en la oposición goza, conforme a esa disposición, de 58 espacios de dos minutos anuales, es decir, una hora y 56 minutos, equivalente al 6% del total (CNE Resolución No. 257 de 2013). Mientras tanto, el Gobierno cuenta con acceso ilimitado en los dos canales oficiales y el encadenamiento con los canales privados y regionales, las veces que el Presidente considere pertinente. En un solo domingo o máximo dos, la emisión de los Acuerdos para la Prosperidad del Presidente de la República puede ascender a más tiempo televisado que la totalidad de los espacios institucionales del partido de oposición para todo el cuatrienio.
La desigualdad de acceso a los medios de comunicación discrimina negativamente a las expresiones de la oposición. La comparación relevante no es entre el o los partidos de oposición y los demás partidos, sino entre el Gobierno y la Oposición. Las fórmulas existentes dejan a la oposición sin espacios para controvertir y confrontar sus tesis y propuestas con las gubernamentales. El debate público se torna unilateral y unanimista y a la ciudadanía se le cercena su derecho a una información completa y vez que le permita evaluar y escoger entre las distintas opciones existentes. En las discusiones con el Gobierno sobre el Estatuto de la Oposición, frente a las distintas alternativas analizadas que incluyeron la asignación de un programa semanal en el canal oficial, acceso a los recursos de la publicidad oficial para financiar los medios alternativos, el Gobierno solamente accedió a otorgar a la oposición el derecho de intervenir 5 minutos dentro de las 48 horas posteriores a una alocución presidencial, un máximo de tres veces al año. Un acceso equitativo a los medios de comunicación, en particular a la radio y televisión constituye una necesidad democrática de primer orden.
Financiación de la política
Otro tanto, pero más acentuado, se presenta con el tema de la financiación del funcionamiento y participación electoral que merece una revisión a fondo por la altísima incidencia de dineros mal habidos en las contiendas electorales para comprar conciencias, funcionarios y elecciones. La financiación debe ser estatal, limitada y controlada para intentar reducir la corrupción que se desprende de las inversiones de intereses particulares en la elección de quienes pueden afectarlos desde los cargos de elección popular.
Secretismo gubernamental como política de Estado.
La Oposición no solo está por fuera del poder electoral y en posición de manifiesta debilidad frente a la deliberación pública nacional, sino que también estáausente de las decisiones que se discuten y se toman en materias ya no de incumbencia exclusiva del Gobierno sino del Estado en su conjunto del cual formalmente, pero sólo formalmente, hacemos parte.
No se nos reconoceel derecho a ser informados sobre un tema tan trascendental como el de las conversaciones de paz. Fuimos los primeros en levantar la necesidad de encontrar una solución política negociada al conflicto armado y sin embargo, el Gobierno ha informado a los gremios, a sus bancadas parlamentarias e, incluso a las fuerzas militares, pero a pesar de la solicitud formal al Ministro del Interior, se nos oculta una información tan valiosa para el devenir nacional y para nuestro derecho a conducir una parte de la opinión ciudadana.
Tampoco hemos podido conocer las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que tienen que ver las actuaciones delos distintos gobiernos en la defensa de nuestra soberanía territorial sobre San Andrés y Providencia y su mar territorial, sin que en ella haya podido opinar la oposición, la población raizal del Archipiélago San Andrés y Providencia e, incluso, el propio Congreso de la República o el Consejo de Estado, conforme a sus funciones constitucionales. Ese secretismo, en nuestro criterio, ha llevado a que se configure un vicio de consentimiento de la Nación colombiana frente a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en grave detrimento de la soberanía que implica serias responsabilidades que no se pueden ni deben rehuir. El secretismo de Gobierno es la norma que rige las relaciones no solo entre el Gobierno y la Oposición, sino entre el gobierno y la opinión, generando un grave déficit en la deliberación democrática.
En la actualidad se negocia en absoluto secreto el Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP) con los Estados Unidos del cual hacen parte además México, Chile y Perú. Entre la comunidad usuaria de internet existe una enorme preocupación por el impacto que puede tener sobre derechos de autor, la libertad de expresión, la privacidad y las condiciones para la innovación en los países firmantes, pero ni la opinión pública ni la oposición han recibido información alguna. Como bien lo afirman Miguel Morachimo yKatitza Rodríguez, “necesitamos que nuestros Estados empiecen a negociar por nosotros y con nosotros, ya no a nuestras espaldas” (El Espectador abril 26, 2013).
Participación ciudadana
El secretismo gubernamental es solamente una manifestación de un problema mayor consistente en gobernar sin atención a los mínimos principios de la democracia. El Gobierno se entiende como un espacio de poder en función de unos intereses y no un servicio en beneficio de todos. La exclusión de la oposición en materias clave de Estado es también el síntoma de la exclusión general de la ciudadanía de los espacios e información respecto de los temas que la afectan.
La democracia participativa de la Constitución de 1991 se quedó en enunciados huecos y se hace necesaria una profunda reforma del Estado para abrir la administración pública a la luz del día y al control ciudadano, elemento esencial para combatir el viejo modelo de hacer política que ha metástasis en la corrupción generalizada.
Se hace indispensable incorporar instancias de participación ciudadana incidente en los procesos de planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de la gestión. Particularmente en el nivel local, se hace necesario implementar mecanismos de cómo los presupuestos participativos y, en general, espacios de participación ciudadana en los distintos niveles.
Estatuto de Oposición
Al comienzo de este Gobierno saludamos con optimismo la visita del señor Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a nuestra sede nacional para entablar una interlocución que estimamos necesaria entre Gobierno y Oposición. Se convino formar una Comisión conjunta para elaborar una propuesta la cual avanzó hasta cuando llegó el momento de las definiciones. Sobre estimamos la voluntad política gubernamental para implementar el acceso a los medios de comunicación y una mejor financiación para estructurar una especie de gabinete en la sobra para hacerle seguimiento técnico a la gestión gubernamental y estructurar la alternativa programática. En la más reciente reunión, hace unos dos meses, el Ministro Carrillo nos cambió el Estatuto por un Foro que parece se llevará a cabo en el mes de mayo.
Criminalización de la protesta social
Uno de los temas que buscamos incorporar en el Estatuto de Oposición tiene que vercon la protección y acompañamiento estatal a la protesta y movilización social. En Bogotá avanzamos de manera contundente en dirección a modificar la equivocada formación de la Fuerza Pública frente a las movilizaciones de estudiantes, personas desplazadas víctimas de la violencia, bloqueos de vías y tomas de instalaciones públicas. Acuñamos el lema de “mano fuerte con el delito y mano tendida con el conflicto social” lo que nos permitió la solución pacífica de situaciones complejas como la toma del parque del Tercer Milenio por más de 7.000 desplazados, albergar la primera Minga Indígena en su paso por Bogotá sin la represión oficial que signó su paso por otras ciudades, el manejo pacífico de las movilizaciones estudiantiles de la MANE, entre muchos otros.
Las disposiciones que elevan a delito simples contravenciones en la Ley de Seguridad Ciudadana deben ser derogadas y la formación de la Fuerza Pública debe orientarse hacia la distinción que años de Doctrina de Seguridad Nacional eliminaron entre la represión del delito y la represión de la inconformidad social. En términos más generales, las Fuerzas Armadas deben ser preparadas para el posconflicto lo que implica un programa serio de transformación y formación para sus nuevas tareas.
El grado de avance quedó consignado en un documento del PNUD, IDEA Internacional y NIMD. (2011), Oposición Política en Colombia: ¿Un debate inconcluso?, que puede consultarse en su página web
Algunos de los elementos que debe contemplar el estatuto de la oposición son los siguientes que fueron planteados al Gobierno en 2010:
1. Derecho de réplica ampliado: debe incluir tiempo igual (“Equal time”) para plantear propuesta alternativa a la oficial cuando Presidente hace uso de la TV (EEUU).
2. Acceso ampliado a medios de comunicación: “derecho de acceso en radio y televisión.”
3. Cuota de participación en la pauta publicitaria del Estado para financiar los medios de comunicación tanto impresos, radiofónicos, televisivos y virtuales (Portugal) de la oposición y alternativos en general.
4. Derecho ampliado a la información oficial, no solo para parlamentarios sino para órganos directivos de Partidos de Oposición
5. Acceso a información sobre temas de Estado. Asiento por derecho propio en Comisión de Relaciones Exteriores y Junta Directiva del Banco de la República; Información sobre temas de paz.
6. Presencia efectiva en poder electoral, con representación por derecho propio en el Consejo Nacional Electoral.
7. Control político ampliado a través de la designación de representantes de la Oposición para regir órganos de control (Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y las Personerías en lo territorial).
8. Derecho de réplica para vocero o presidente del Partido de Oposición en el Congreso.
9. Cumplimiento del mandato legal para la implementación del voto electrónico (Ley 1475 de 2011) a más tardar en las elecciones para Congreso de 2014.
Otro tema asociado fue el relativo a las exigencias de garantía de seguridad personal para el ejercicio de la oposición:
1. Reconocimiento de palabra y obra de la legitimidad de la oposición, con especial referencia a la confirmación en su cargo del Director del DAS quién había obrado sin la diligencia debida cuando se conocieron las denuncias de las operaciones ilegales conocidas como Chuzadas y salieron de dicha entidad cajas llenas de documentos, memorias de computador y demás material probatorio, sin problema alguno.
2. Protección especial para el ejercicio de la oposición y la vida e integridad física de quienes la ejercen. Sobre el particular se le hizo entrega de un dossier de dirigentes asesinados y amenazados, tanto políticos como sociales.
3. Respeto a la movilización y protesta pacífica
4. No criminalización de la inconformidad social y política
5. Reforma del decreto 1740 de 2010 sobre protección personal a dirigentes sociales y políticos
Conclusiones
Nosotros como oposición no le estamos pidiendo al Gobierno que nos entregue las transformaciones políticas económicas y sociales a través de un contrato solemne. Lo que exigimos son decisiones elementales para el ejercicio de la democracia. Queremos participar con intenciones de control dentro de poder electoral. Queremos contar con los espacios radiales y televisivos para poder hacer conocer nuestras propuestas y pensamiento al pueblo. Es lo menos que se puede pedir en materia de garantías a la oposición. Y mientras eso no ocurra seguiremos sosteniendo que esta es una democracia recortada, mezquina que no conduce al afianzamiento de la convivencia pacífica entre los colombianos y las colombianas.
29 de abril de 2013.
Polo Democrático Alternativo
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