Santos impone privatización de Ecopetrol en medio de la inconsecuencia sindical
Por Alejandro Torres
El 29 de diciembre pasado el gobierno expidió, al amparo de la emergencia económica, social y ecológica, declarada el 7 del mismo mes, el decreto 4820, “Por el cual se dispone la enajenación de una participación accionaria de la Nación en Ecopetrol S.A.” So capa de las calamidades, producidas más por la inveterada indolencia oligárquica que por los embates naturales, el gobierno santista encontró la vía más expedita para cumplir con uno de sus acariciados objetivos: seguir entregándoles a los tiburones de las finanzas la poderosa petrolera estatal.Luego de la primera operación de venta, en 2007, del 10.1% de la compañía mediante la emisión de acciones autorizada por la Ley 1118 de 2006, que cambió su naturaleza jurídica y facultó la privatización hasta en 20%, Uribe planteó, a finales de 2009, alienar otro 10%, y trasladarle los ingentes recursos así obtenidos al Ministerio de Transporte para su plan de troncales, o sea, endosárselos a los Nule y sus pares. El fracaso de la reelección dejó la tarea en manos de Santos, el continuista. Éste, el 25 de noviembre anterior, ante un auditorio de ávidos contratistas, que lo aplaudieron a rabiar,anunció que dispondría la enajenación de otro 10% “operación que ya está autorizada por la ley”, para invertir en grandes obras de infraestructura. El obsequioso afán presidencial, que daba a entender que se cambiaría el destino de los recursos de la llamada capitalización, dispuesta en 2006, sirvió para que los agiotistas maniobraran en la bolsa, haciendo bajar el precio de la compañía, y para que el gobierno dejara sentado, de una vez por todas, que de lo que se trataba era de poner en almoneda otro 10% correspondiente a las acciones propiedad de la nación, depositadas en el Ministerio de Hacienda. Como por arte de taumaturgo, apenas tres meses después de posesionarse, el jefe de la Prosperidad Democrática había dispuesto que el 30% de Ecopetrol dejaría de ser de los colombianos.
La alta burocracia oficial se ha enredado en malabares verbales tratando de explicar la antinacional determinación, pues cada día es más evidente lo descabellado que resulta feriar un bien que, de lejos, le representa a Colombia su mayor fuente de recursos. Máxime cuando hoy es claro que la cacareada “democratización” de 2007, sólo sirvió para enriquecer más a unos cuantos potentados, principalmente a los tahúres de los fondos de pensiones y cesantías y, además, que ella no tuvo la menor importancia dentro de los planes de crecimiento de la empresa, los cuales estaban asegurados por la productividad de Ecopetrol, con más veras en una coyuntura mundial de auge de los precios de los hidrocarburos, que le han permitido acercarse a una producción de un millón de barriles diarios equivalentes de petróleo, convertirse en la cuarta petrolera más grande de América Latina y en una de las primeras 40 del sector en el globo, avaluada en 80.000 millones de dólares y con utilidades operacionales que tocan los US$ 6.000 millones. A la vuelta de unos pocos años los financistas engrosarán sus arcas con cerca de $US 1.500 millones anuales, dado que la firma reparte cada año en dividendos más o menos el 80% de las ganancias; y eso sin contar con que una prolongada sequía o cualquier otro hecho “sobreviniente” haga emerger la necesidad de rebanarle nuevas y más jugosas tajadas.
Para completar el desmán, en el Congreso hace curso el proyecto de Acto Legislativo para modificar las regalías —fondos destinados básicamente a gastos de salud y educación en las regiones productoras—, modificación que el gobierno ha defendido como necesaria, entre otras cosas, para poder mantener en el exterior sumas enormes provenientes de la explotación de hidrocarburos y otros yacimientos, con el manido pretexto de prevenir la “enfermedad holandesa”, que se origina por la revaluación del peso al ingresar considerables sumas de divisas. Qué ironía, mientras el gobierno esteriliza de esa manera los recursos propios, se desvive por atraer el capital extranjero llamándolo a participar “en igualdad de condiciones” de la feria del patrimonio público. La teoría económica de los tecnócratas sostiene que los dineros públicos hay que colocarlos en el exterior a tasas ínfimas para no anegarnos en divisas que propulsan la inflación y, a la vez, que deben solicitarse inversiones y créditos internacionales a granel y con réditos confiscatorios, que hipotecan el país y apabullan al pueblo y a los sectores productivos mediante alzas de las tarifas de los servicios públicos, de los combustibles y gravámenes crecientes. De remate, el Ministro de Hacienda sale tartamudeando a explicar que no hay afán de vender; que se harán cautelosa, ordenada y progresivamente pequeñas ofertas de entre 1.6 y 1.8 billones de pesos. Salta a la vista que tales cifras se suplirían con creces con los solos dividendos que se les trasladarán a los caimacanes de la especulación cuando tengan en sus manos el 30% de la petrolera.
De la confianza inversionista a las relaciones de confianza obrero patronal
Tanta villanía hace echar de menos las cada vez más lejanas épocas en que esa clase de atentados contra la soberanía y los recursos estratégicos de la nación causaban turbulentas respuestas, al frente de las cuales destacaba la Unión Sindical Obrera, USO, a la vanguardia de los demás sectores patrióticos, empeñándose en arduas batallas hasta batir los nefandos propósitos o vender cara la derrota. En esta ocasión, la casi centenaria organización, aparte de algunos pronunciamientos plagados de generalidades y el consabido anuncio de preparar perentoriamente las respectivas acciones jurídicas ante la honorable Corte Constitucional, nada le ha dicho al país sobre un plan de batalla concreto, correspondiente al crimen en cierne. En realidad, el sindicato ha defeccionado una y otra vez desde el descalabro de 2003, cuando en los albores del mandato de Uribe, y contra toda previsión, claudicó ante el decreto 1760, que allanó el camino de la privatización y le sustrajo a la empresa el control de los hidrocarburos. [1]
No hubo ninguna protesta seria contra la ley de capitalización de 2006. Cuando el gobierno, en 2007, anunció que iniciaría la subasta, tímidamente declaró: “Instamos a las fuerzas democráticas y progresistas a mantener nuestro reclamo por defender el patrimonio público más importante”. Empero, en otro aparte del mismo comunicado consignó, sin ambages, la mezquindad a la que ha quedado reducido el antiguo espíritu combativo de la organización: “La USO, hoy está convencida, que la actual composición del Congreso de la República, no garantiza medidas nacionalistas a favor de una política que favorezca (sic) nuestras propuestas de soberanía y seguridad energética para nuestro país, sino que poco a poco van a seguir siendo entregados nuestros recursos a las empresas transnacionales. Por lo tanto consideramos que una de nuestras tareas principales será promover el cambio de la composición del Congreso de la República con la presencia de parlamentarios demócratas y nacionalistas para el impulso de una ley de Hidrocarburos y la definición de una política energética que responda a un modelo de desarrollo que favorezca los intereses de los colombianos y colombianas”. Tan imbuida está la burocracia gremial del cretinismo parlamentario que campea en la izquierda que no se percató del significado de lo escrito, pocos renglones atrás, sobre los hechos que condujeron al nacimiento de Ecopetrol: “Fue así como producto de la huelga del 48 se aprobó la Ley 165 que ordenó la creación de una Empresa que recibiera los campos a revertir y se cristalizó mediante el Decretó 2130 de 1951.” Los proletarios petroleros más de media centuria antes habían enseñado, una vez más, como lo venían haciendo desde comienzos del siglo XX, que es por medio de enconadas batallas y no de los tejemanejes electorales y del cabildeo como se consiguen avances legales más o menos importantes. Ni para qué referirse a la tamaña estulticia y apostasía de soñar con un parlamento que defienda los intereses de los colombianos.
Entonces, tampoco extraña que, en abril de 2009, la USO firmara con la administración de Ecopetrol un acuerdo, también sin antecedentes, “para promover relaciones de confianza entre las partes”; documento lleno de vergonzosas concesiones, el cual fue reafirmado en octubre de 2010, en el que se erige en dogma “el diálogo constructivo y productivo (…) la alternativa prioritaria para la solución de los conflictos al interior (sic) de Ecopetrol”; el sindicato ofrece no hacer agravios verbales que atenten contra el buen nombre de las personas, acepta condicionar los pronunciamientos públicos a la “verdad y a la transparencia”, propugna por el respeto a la diversidad, propala la “convivencia” y el “bien común” sobre los “valores” de “responsabilidad, integridad, respeto y confianza”. Resulta penoso que la dirigencia actual de la USO haya sucumbido ante la palabrería burguesa acerca de los valores y verdades válidas para todos, explotadores y explotados, y luego termine como plañidera lamentándose públicamente de que lo suscrito se interprete por la empresa “como una claudicación del sindicato a sus principios, o como la renuncia a la defensa de los derechos laborales, ni menos como el reconocimiento de la inexistencia de conflictos al interior de Ecopetrol, las empresas contratistas y las comunidades”, o de que el vicepresidente, Angelino Garzón, lo esgrima como ejemplo de paz laboral, lo capitalice políticamente, lo use para embaucar a otros trabajadores, conseguir avales de la OIT y “dar reimpulso” al Tratado de Libre Comercio con los gringos. Qué otra cosa podían esperar del decano de los traidores, a quien ellos aceptaron como garante, con el pusilánime argumento de que la administración así se lo había exigido. En medio de tan lamentable postración, era obvio que el gobierno no vacilara en seguir la piñata.
Se hace necesario un profundo sacudimiento ideológico y político dentro de ese otro patrimonio nacional que es la Unión Sindical Obrera; de lo contrario, la batalla por la defensa de la compañía y la riqueza petrolera y gasífera de la nación seguirá seriamente comprometida.
Notas
[1] Para un análisis detallado de la actuación de la USO en este importante episodio, ver el Capítulo III. El mal ejemplo cunde, El conflicto en Ecopetrol, de la Carta al Comité Ejecutivo Central del MOIR, de la cual el autor es uno de los firmantes.
