Ilustración B.E.O. de Uribestiario.comLa Emergencia Social es un Sofisma para ocultar la profundidad del problema de la Salud
Martes 9 de febrero de 2010
Es tal el cinismo del Gobierno Nacional que la declaración de la Emergencia Social no fue decretada por la crisis del sistema de salud manifiesta por el cierre sistemático de la Red Publica Hospitalaria, el deterioro de los servicios, la continuación del “paseo de la muerte”, sino, por el reclamo de los sectores financieros que han hecho de la salud, su gran negocio y enfrentan coyunturalmente un estado de iliquidez por las crecientes deudas del FOSYGA.
Demandamos que el déficit actual en salud, sea asumido directamente por la Nación; solicitar ante la Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad de la norma que declaró la Emergencia Social y propiciar un gran debate en el Congreso de la República sobre la crisis de la salud.
La Emergencia Social promulgada por el Gobierno Nacional a través del decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009, busca afianzar la política de trasladar los costos de la salud a los usuarios y descargar la responsabilidad financiera a las entidades territoriales, contribuyendo a la profundización de la privatización de la salud como derecho fundamental, que el Estado debe garantizar a la población.
Entonces, ¿En qué quedó el discurso oficial del Gobierno Nacional y de sus aliados en el Congreso de la República donde se decía que se garantizaban coberturas universales con los recursos asignados en los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007?. Hoy queda al descubierto que teníamos la razón los que nos opusimos a la aprobación de estos dos actos legislativos en el Congreso de la República y que ellos representaban recortes sustanciales en billones de pesos, para la salud y la educación, hoy lo estamos confirmando con la declaración de la Emergencia Social.
Es tal el cinismo del Gobierno Nacional que la declaración de la Emergencia Social no fue decretada por la crisis del sistema de salud manifiesta por el cierre sistemático de la Red Publica Hospitalaria, el deterioro de los servicios, la continuación del “paseo de la muerte”, sino, por el reclamo de los sectores financieros que han hecho de la salud, su gran negocio y enfrentan coyunturalmente un estado de iliquidez por las crecientes deudas del FOSYGA y de las entidades territoriales que desafortunadamente apoyaron los dos actos legislativos que hoy tienen en dificultades el funcionamiento de la Red Pública Hospitalaria, ya que los recursos que se liberaron producto de los recortes, se los apropió el Ejecutivo Nacional, en cabeza de la Presidencia de la República, y se rifan en los Concejos Comunales que semanalmente desarrolla en las regiones el Presidente Álvaro Uribe Vélez. Podemos afirmar, entonces, que el remedio es peor que la enfermedad.
Teniendo en cuenta estas consideraciones el Polo Democrático Alternativo PDA rechaza la declaratoria de Emergencia Social y las medidas reglamentarias anunciadas por ser ilegal, extralimita el mandato constitucional y descarga los costos contra los usuarios y contribuyentes y va en contravía del fallo de la Corte Constitucional en la Sentencia T 760 de 2008. Respaldamos las movilizaciones ciudadanas y sindicales contra esos decretos y la actitud valiente de las asociaciones científicas y gremiales de los profesionales de la salud. Demandamos que el déficit actual en salud, sea asumido directamente por la Nación; solicitar ante la Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad de la norma que declaró la Emergencia Social y propiciar un gran debate en el Congreso de la República sobre la crisis de la salud, producto de la aplicación del modelo económico neoliberal y plantearnos un nuevo modelo de seguridad social en salud bajo la responsabilidad del Estado, que elimina la intermediación y que garantiza en la practica la salud como derecho fundamental, lo cual, significa la derogatoria de las leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007, que es un compromiso programático del PDA y de nuestro candidato presidencial Gustavo Petro, con el pueblo colombiano.
JAIME DUSSÁN CALDERON Presidente
BORIS MONTESDEOCA ANAYA Secretario General