DIEZ AÑOS PASARON EN VANO. LAS CIfras fiscales de comienzos de la década de 2000 y las de este año son prácticamente idénticas. Son malísimas.

El déficit del Gobierno Central se mantiene en cerca del 5% del PIB, el del Gobierno consolidado del orden del 3%, y persiste un significativo déficit primario, de tal manera que el Estado se sigue endeudando para pagar los intereses de su creciente deuda. Esto es insostenible.

A mediados de la década, como consecuencia del buen crecimiento económico y del dinamismo de los recaudos, hubo una mejoría transitoria en las cifras fiscales. A esto también contribuyeron los efectos rezagados de los ajustes que se produjeron en la administración Pastrana y en el primer gobierno del presidente Uribe. De allí en adelante, el populismo les echó mano a los buenos ingresos.

Por populismo empresarial se feriaron los ingresos fiscales entre los grandes contribuyentes: se dieron exenciones a diestra y siniestra; se crearon zonas francas por docenas y se firmaron contratos de estabilidad que garantizan que sus beneficiarios están exentos de los planes de ajuste que tendrán que pagar los demás colombianos.

Por populismo se ordenaron costosísimas transferencias fiscales, como el famoso AIS, a favor de los grandes terratenientes. Y por razones electorales se amplió la magnitud de Familias en Acción.

Por populismo se prometieron vigencias futuras para multimillonarios proyectos de infraestructura, incluso antes de que éstos se hubieran presentado. Hay promesas en firme para financiar la construcción de metros y trenes de cercanías, sin que todavía esté claro si son viables, rentables o aconsejables desde el punto de vista técnico.

Por populismo se ha mantenido y acrecentado el insostenible régimen público de pensiones, que ahora responde por nuevos regalos pensionales a favor de concejales, indigentes y loteros.

Por populismo de las Cortes se siguieron ordenando gastos millonarios para defender quiméricas y utópicas nociones de salud universal, sin que se hubiera hecho ningún esfuerzo de priorización, análisis o consideración sobre la capacidad de pago de la sociedad.

Por la acumulación de estas dádivas populistas, frente a la cual las debilitadas instancias técnicas de Hacienda y Planeación nada han podido hacer, la situación fiscal de Colombia se mantiene en un estado crítico: como lo ha mostrado Anif, el Gobierno se está endeudando a chorros, han aumentado las tasas de los TES y se están trayendo dólares que golpean a los exportadores con la revaluación.

El anunciado recorte fiscal, por medio del cual sólo se ha renunciado a gastos que de todas formas no se iban a hacer, no mejora para nada la situación. Lo que se necesita es una reforma tributaria estructural que corrija el código fiscal vigente, antitécnico, inequitativo, contrario al crecimiento económico.

En lugar de esta indispensable reforma estructural, el Gobierno le ha dado prioridad al diseño de reglas de estabilidad, que podrían ser útiles para manejar un sistema fiscal viable a lo largo del ciclo económico. El problema es que en Colombia hay que comenzar por el principio: se debe establecer primero un sistema de gastos y recaudos razonable, equitativo y sostenible. Sólo con esta base se podría pensar, después, en algún tipo de manejo anticíclico, semejante al que tienen países más ordenados.