Por: Cecilia Orozco Tascón
DAVID MURCIA GUZMÁN FUE ENVIAdo a enfrentar la justicia de otro país sin pagar la condena de 30 años que le había impuesto la justicia nacional. Se fue, además, sin cancelar la multa de más de 24 mil millones de pesos.
Dejó así, en la olla física y sin posibilidades de recuperar lo perdido, a los incautos que le entregaron su dinero. Otra vez Colombia subordina las órdenes judiciales a las exigencias extranjeras. Para el Gobierno, que podía tomar la decisión política de conceder o negar la extradición de Murcia, parece ser más importante que él haya lavado dinero en New York y Miami, a que haya timado a miles de sus compatriotas, no obstante que el Presidente había prometido “buscar el mecanismo para ayudarles a los estratos uno y dos”, víctimas de esta pirámide. Vana ilusión, salvo que el Mandatario considere ayuda suficiente, devolverle $200 mil pesos a quien vendió su casita para entregarle su valor entero a DMG.
No me interesa defender a David Murcia de un destino mucho peor que el que podría tener en una cárcel manejada por el ineficiente y muchas veces corrupto Inpec. Aparte de reconocer que el tipo es un genio aunque sea del mal, me alegro de que reciba el castigo que merece. Eso es una cosa. Otra distinta, es permanecer indiferente ante el desdén con que el Ejecutivo mira las decisiones de los tribunales colombianos. La primera sensación que queda, es la de que se hinca ante cualquier petición de Estados Unidos. La segunda, también cierta, es la de que usa la herramienta de la extradición, no como un instrumento de cooperación, sino como un arma de revancha.
Así ha sucedido en el pasado. Pese a que Simón Trinidad había violado fácilmente todo el Código Penal, el Presidente renunció a entregárselo a los jueces y lo extraditó junto con una pobre mujer semianalfabeta que también pertenecía a las Farc, más por ignorancia y abandono social que por extremista. A los jueces norteamericanos, a quienes los tiene sin cuidado lo que hace la guerrilla en este país, les costó trabajo encontrar argumentos para condenarlos. Pese a que la primera administración Uribe era la creadora del proceso de negociación con los grupos paramilitares y, al mismo tiempo, la promotora de la Ley de Justicia y Paz que les concedía trato de grandes señores a los criminales que dirigían esas organizaciones, una madrugada decidió extraditarlos, en lugar de sacarlos del proceso si era verdad que continuaban delinquiendo, para hundirlos en un pabellón de alta seguridad. Las víctimas colombianas de los delitos cometidos por ellos, perdieron sus derechos a la justicia y a la reparación.
La historia de Murcia es otra. No sé por qué ligo su captura y el momento en que se hizo con un despliegue de fuerzas policiales exorbitante, con las declaraciones que él formuló desde Panamá cuando todavía se sentía un potentado. Murcia, un pequeño ser comparado con el poderío del actual Jefe de Estado, cometió el error de su vida al retar a Uribe cuando mencionó a sus hijos y dijo de él que era “un mal Presidente y un mal papá”. Recuerdo haber oído hablar durante meses, de las irregularidades de DMG. Nadie movió un dedo. Repentinamente todos cayeron sobre Murcia. La Corte Suprema ha dicho que cuando hay sentencia impuesta en Colombia que aún no ha empezado a ser ejecutada, cabría la extradición, pero que, al final, es el Mandatario quien tiene en sus manos la decisión. Presidente: no quiero prejuzgar. Por eso le pregunto: ¿Cuánto incidió en la orden de extraditar a Murcia la ira que le produjeron sus frases en la W?
Cecilia Orozco Tascón
Ilustración Editor E.O. de Uribestiario.com