12.000 sufren los excesos de las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociadohttp://www.diariocorreo.com.ec/imagenes/2009/03/economia19.jpg
Jueves 21 de enero de 2010
En los terminales marítimos se vienen perpetuando escandalosas violaciones a los derechos laborales de los trabajadores sin que las autoridades laborales intervengan de manera efectiva, denunció el representante a la Cámara por Bogotá. Wilson Alfonso Borja Díaz. Alrededor de 12.000 trabajadores, los afectados hoy por intermediarias de toda calaña.
Las Cooperativas de Trabajo Asociado, en flagrante contradicción con las normas expedidas por el Ministerio de la Protección Social que regula su conformación y operación, en especial lo previsto en el Decreto 4369 de 2006, actúan de manera ilegal como intermediarias tras la utilización de la figura de las empresas de servicios temporales, cuando expresamente se les prohíbe.
Mediante la vinculación de personas con el fin de que realicen las labores que contratan, principalmente las operativas en los terminales marítimos, les niegan elementales garantías laborales. En especial, aquellas relacionadas con la estabilidad en el empleo.
“Entre los fenómenos más preocupantes –señaló el congresista Borja– es que los trabajadores ni siquiera gozan de seguridad social, a pesar del elevado número de accidentes de trabajo que ocurren en este sector de la economía, los cuales incluso muchas veces terminan en casos de invalidez y muerte”.
Sumado a los señalamientos por presunta informalidad en el manejo contable de las CTA –Cooperativas de Trabajo Asociado–, los incumplimientos en entrega de dotaciones de implementos de trabajo son el pan diario en los puertos marítimos. También se presentan irregularidades en el pago de los salarios u honorarios de los trabajadores e incluso se habla de venta de cartera laboral.
Wilson Borja culmina su pronunciamiento señalando que ha solicitado información de las autoridades sobre hechos tan irregulares y que, de existir mérito para ello, espera las investigaciones y sanciones de rigor. “Conductas de este tipo atentan contra el Estado de derecho, así como al derecho al trabajo digno que debe cobijar a todos los colombianos y colombianas”, concluyó.