Cuatro notas, un solo sentido

Ya tiene una demanda por crímenes de lesa humanidad ante la Corte penal Internacional de La Haya. Organizaciones de derechos humanos la instauraron. El hecho de ser presidente impide que se abra investigación contra Álvaro Uribe Vélez.

Los crímenes de lesa humanidad están por encima de cualquier delito. A pesar de ello, Uribe Vélez logró que varios jefes narcoparamilitares, que cometieron miles de horrorosos asesinatos, fueran extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Así evitó que siguieran contándoles a los colombianos que él, políticos de derecha, mandos militares, terratenientes y transnacionales, han estado unidos en la instauración del terrorismo de Estado.

Pero... hoy, la gran preocupación del presidente, del vicepresidente Santos, del ex ministro de la Defensa, otro Santos, y de muchas “personalidades” es no quedar mal con Washington. Por una mínima desavenencia podrían terminar en un tribunal estadounidense. Las pruebas que han entregado paramilitares y otros ex funcionarios colombianos a la justicia estadounidense son categóricas. Y ahí se las tienen guardadas, como es la costumbre estadounidense...

Ha pasado inadvertida. El 24 de noviembre 2009 fue radicada en la secretaría del Senado colombiano una “Denuncia penal por el delito de traición a la Patria” contra Uribe Vélez y posibles coautores. Según la demanda, los acuerdos militares firmados con Estados Unidos “violan los principios fundamentales de la Constitución”.

Tanto crimen y delito no pueden quedar impunes. Si la justicia colombiana o la Corte Penal Internacional no lo logran, quizás un día su cómplice y protector se les voltee. En el momento en que ya no sirvan a Washington, o que su imagen sea insostenible, ahí serán un papel desechable.

Ya lo dijo el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger: “Ser nuestro aliado es fatal”.

Aunque reside en Colombia, fue la policía federal estadounidense, el FBI, la que hizo la investigación. Capturado, en cuestión de horas se le formularon cargos. Supuestamente, en la red Internet Facebook, el joven amenazó de muerte a los dos hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Este 2 de diciembre, en un comunicado de la Presidencia, los vástagos dicen: "repudiamos cualquier acto de terrorismo, tal como lo es la instigación al homicidio, independiente de su motivación y de quien lo lleve a cabo".

De ser cierta la acción del joven, desgraciadamente estaría repitiendo una práctica de la dirigencia colombiana. Ha sido común tildar a los opositores políticos legales de “guerrilleros” o “terroristas”. Ya son centenas los que después han sido asesinados por “desconocidos”.

Hace cincuenta años que se hace. Uribe Vélez multiplicó esa aberrante incitación al crimen. La persona que más ha “merecido” sus ataques es la senadora Piedad Córdoba. Su inquebrantable iniciativa de ayudar al intercambio de prisioneros entre las guerrillas y el Estado es una de las causas.

Es desconcertante la cantidad de vulgaridades y amenazas que sobre ella se dicen. La mayoría se hacen desde la sección “comentarios” en las web de los principales medios de prensa. En Facebook se identificaron 30 grupos que instigan contra su vida. Y ni una investigación.

Luis Carlos Galán, ¿otro crimen de Estado?

El 18 de agosto de 1989, cerca de Bogotá, fue asesinado el candidato a la presidencia de Colombia Luis Carlos Galán.

El dirigente político fue uno de los cuatro candidatos asesinados en aquellos tiempos.

En cada caso, casi de inmediato, sin la mínima investigación, el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Miguel Maza Márquez, aseguraba que el responsable era el narcotraficante Pablo Escobar, líder del llamado cartel de Medellín.

Casi nadie se atrevía a dudar de la palabra del “mejor policía del mundo”, como lo designó Washington. Él estaba en guerra sin cuartel contra el “peor criminal del mundo”, como Washington catalogó a Escobar.

Como ya se sabe, el cartel de Cali, también enemigo de Escobar, le aportaba información a Maza. Por esas “coincidencias de la vida”, el general estaba casado con la familiar de uno de los principales capos de Cali. Detalles sin importancia...

El 18 de agosto de 2009, faltando pocas horas para que prescribiera el asesinato de Galán, uno de los pocos jueces honestos y valientes de Colombia ordenó la detención del ya retirado Maza Márquez.

Lo hizo basado en el testimonio del jefe narcoparamilitar Ernesto Báez, quien aseguró que detrás de la muerte de Galán estaba el “incorruptible” y “honesto” policía.

Pablo Escobar fue responsable de cientos de crímenes y asesinatos. Pero muchos de los que cometieron altos responsables del Estado se los adjudicaron. El de Galán es tan solo una muestra.

Presos políticos y de guerra

En Colombia existen unos siete mil (7.000) presos políticos y de guerra. Casi todos torturados. Mujeres y hombres. Negros, indios, mulatos... sindicalistas, estudiantes, guerrilleros, campesinos, maestros, intelectuales...

Miguel Ángel Beltrán Villegas es uno de ellos. A pedido de Bogotá, este sociólogo fue detenido en Ciudad de México el 22 de mayo 2009. Allí residía como académico visitante. Se adujo que era miembro de las FARC.

Después de torturado fue extraditado, violándose los convenios entre ambos países que prohíben hacerlo por motivos políticos.

El 23 de diciembre 2009, en horas de la noche, Beltrán Villegas fue sacado de su celda en la cárcel Modelo de Bogotá. Según testigos, la única explicación que le dieron es que “sería trasladado a tierras frías”.

Ninguna autoridad informó de su traslado a familiares o abogados.

Hasta este 7 de enero se ignoraba su paradero. Desapareció.

Si en Cuba un contrarrevolucionario es detenido la noticia da la vuelta al mundo y la Unión Europea amenaza con aplicar sanciones. Si en Venezuela un “opositor” infringe las leyes y es arrestado, la prensa mundial se escandaliza ante la “represión chavista”.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.