Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)
La estrategia popular dice que para saber de qué sector vino una acción hay que ver quienes son sus principales beneficiarios. Ese es el mejor indicador respecto de un episodio a todas luces contraproducente para un movimiento que quiere imponer cambios de fondo en una sociedad tan desequilibrada como la nuestra; o si fue una hábil jugarreta de la derecha reaccionaria, que quiere acabar con la imagen del “enemigo” y lograr un ambiente favorable ya sea para su destitución, por la vía de la revocación del mandato, o el golpe de estado al estilo “Micheletti” (Honduras).
Viene a cuento esta reflexión en torno al escándalo político y mediático que se ha desatado por la decisión tomada por el Superintendente de Telecomunicaciones de suspender por tres días las emisiones diarias del Canal 4 Teleamazonas (un canal de señal abierta, de alcance nacional, que se origina en Quito) y la suspensión definitiva de la Voz de Arutan, una radio local de la amazonía ecuatoriana ordenado por el CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones).
El problema legal
En el Ecuador rige, desde hace años, una Ley de Radiodifusión que establece sanciones para los medios audiovisuales si incurren en causales determinados en la propia ley o en su reglamento.
En el caso de Teleamazonas, un canal abiertamente antigobiernista, que viene haciendo campaña contra el Gobierno Correa y su revolución ciudadana, desde el momento mismo en que asumió el poder (enero 15/2007) este ya sufrió dos sanciones administrativas (multas de 20 y 40 dólares, una ridiculez) por haber emitido como noticias dos supuestos total y completamente infundados. El tercero, cometido en mayo/2009, tuvo relación con un acto que estaba programado en la isla Puná (muy cerca de Guayaquil) con la perforación de un pozo en una zona donde se presume que hay gas. A este acto debían concurrir los presidentes Hugo Chávez (de Venezuela) y Rafael Correa (de Ecuador) ya que la operación está a cargo de la venezolana PDVSA, por acuerdo firmado entre los dos países.
Teleamazonas, la víspera del suceso, transmitió “un reportaje” según el cual los pescadores de Puná (que viven de eso y que son una pequeña población rural) se iban a quedar sin trabajo por seis meses, cuando menos, ya que las perforaciones iban a dañar el entorno acuático del sistema y a ahuyentar precisamente la pesca del sector. Lógicamente, los supuestos perjudicados se levantaron en protesta, se tomaron el taladro de perforación y obligaron a la suspensión del acto oficial.
Por cuanto Teleamazonas era reincidente en este tipo de infracciones, la Superintendencia de Telecomunicaciones inició una acción administrativa y, de acuerdo a disposiciones legales y reglamentarias, debía sancionar al infractor con la suspensión de actividades del canal por tres días o noventa. El Superintendente escogió la sanción menor.
El caso de La Voz de Arutám, en cambio, es mucho más grave ya que esta radioemisora, muy sintonizada en la región oriental ecuatoriana, especialmente en el sector indígena que gobierna la CONAIE, el organismo central de los indígenas que, por esos días (agosto –septiembre) habían declarado un paro general contra el Gobierno Correa. La estación radial fue el eje de la movilización en ese sector e incitó a la población aborigen a levantarse contra “el dictador” hasta las últimas consecuencias. Precisamente, en este sector se dieron enfrentamientos entre comandos policiales y manifestantes, con un profesor bilingüe indígena asesinado (Bosco Wisuma) de un balazo en la frente, justo lo que demandaban los dirigentes del paro para radicalizar la medida y propiciar un levantamiento nacional. La maniobra no prosperó ya que el Gobierno logró que los dirigentes indígenas se sentaran a conversar en las denominadas mesas de diálogo y que se investigue sin miramientos el asesinato del profesor, ya que el gobierno sostiene la tesis de que la policía no pudo haber sido, ya que enfrentó esta acción sin armas de fuego.
La actitud de la estación radial fue denunciada a la Superintendencia de Telecomunicaciones en donde se siguió un trámite hasta que la autoridad competente ha dictado su fallo: el cierre definitivo de esta estación radial. Un caso que no se había dado en el Ecuador sino en la época en que era Presidente el Dr. Rodrigo Borja Cevallos quien emplazó a una radiodifusora (Radio Sucre) a que probara en 5 días una afirmación que habían lanzado, en el sentido de que un hermano suyo había sido el traficante de armas.
Esperaban una “víctima”
No fue más. La rabiosa oposición de extrema derecha, que trata de rearmarse y de terminar con el régimen de Rafael Correa y su revolución ciudadana, a cualquier precio, desde que se conoció la resolución administrativa de esta autoridad, salió a “defender” la libertad de expresión que según ellos había sido conculcada por “el autócrata” Correa y a tratar de hacer de esta medida la demostración más palpable de que el Ecuador se encaminaba a un estado “fascista” que acabaría con todas las libertades y derechos ciudadanos, consignados en la nueva Carta Fundamental del Estado y en “acuerdos internacionales” que el país ha reconocido.
El escándalo sirvió además como pretexto para que asambleistas de oposición, que habían firmado un acuerdo con el sector gubernamental para llegar a “consensos mínimos” sobre la Ley de Comunicación, que debe aprobarse obligatoriamente según mandato constitucional, abandonaran la sesión de pleno que debía iniciar el conocimiento y aprobación de un texto reconocido por la comisión especial que discutió este tema, sin duda de mucho interés para todo el país, y anunciaran el fin del acuerdo legislativo y acciones políticas inmediatas contra el “gobierno opresor”. No lo dijeron específicamente pero dieron a entender que las tales acciones irían desde un derrocamiento inmediato del régimen hasta un boicot de las sesiones congresales en contra de una ley de comunicación “que nunca debe dictarse”. Precisamente ponían como ejemplo de lo que puede pasarle al país si aprobaba una ley de comunicación, si antes de ponerla en vigencia ya se tomaban estas medidas “arbitrarias”.
Para la oposición retardataria, que trata de reagruparse y fortalecerse en torno al “show man” de la televisión, Carlos Vera, la sanción impuesta tanto al canal televisivo como a la radio comunitaria-misional, no podía ser más oportuna:
- Si desde la asunción al poder, la derecha sipiana (mediática) venía acusando al Gobierno de la revolución ciudadana de “autoritarismo” y de “agraviar” a los medios “independientes” la sanción, que le adjudicaron directamente a Correa, era una demostración de que el Gobierno era un enemigo de la libertad de expresión y que se encaminaba a su liquidación e intimidación. Esto, desde el supuesto que los medios y quienes los dirigen y los utilizan, son los auténticos y únicos dueños de la libertad de expresión.
- La derecha mediática, en sus afanes de reagrupamiento “democrático” se valió de este episodio para pretender “sacar la gente a la calle” a protestar. Claro que esas manifestaciones poco espontáneas no tuvieron acogida popular; pero, es un principio y sobre todo un ensayo de lo que puede organizarse más adelante.
- La sanción fue también un pretexto para que los sectores más retardatarios de la Asamblea Nacional (antiguo Congreso) se desligaran de un consenso que había sido articulado por su Presidente para, mediante concesiones, llegar a aprobar una ley de comunicación que, en buen romance no afectara a nadie, especialmente a los grupos de poder económico y mediático que están tras este esquema.
- La medida facilitó al canal 4 Teleamazonas algo que venía buscando desde hace rato: “su victimización” esa suerte de aparecer como víctima del “dictador” cuando en realidad, de acuerdo a claras disposiciones constitucionales, ese canal debe desvincularse a corto plazo del principal Banco privado del país (el Banco Pichincha) ¡Qué mejor! que “ser clausurado” (aunque sea temporalmente) por el “autócrata” así se puede acusarle de ser un enemigo jurado de la “libertad de expresión” Un simil de lo que sucedió hace ya más de un año, en Caracas, Venezuela, la famosa Radio Caracas Televisión (RCTV) una señal televisiva que se permitía decir cualquier cosa contra el gobierno de Chávez pero a la que no le renovaron su licencia de operación en señal abierta. Sin embargo, RCTV sigue operando pero solo a través del tevecable. Su filial Globo retomó su posición y sigue siendo un canal provocador permanente, en busca de su clausura, de su victimización. A ver si por ahí pueden derrocar a ese gobierno elegido y reeligido en las urnas.
- La clausura de la radio shuara (indígena oriental), en cambio, era muy oportuna para la derecha recalcitrante en instantes en que la dirigencia de la CONAIE había anunciado que se salía de las mesas de diálogo y que preparaba movilizaciones contra el Gobierno. La clausura de la radio le daba pie a la reacción para incentivar al sector indígena oriental a que retome sus “reivindicaciones” y promueva nuevas manifestaciones, esta vez reclamando por la “libertad de expresión”.
La inoportunidad de la medida
Desde el Gobierno, el Presidente Correa, en su alocución radial de los sábados (que en esta ocasión fue pregrabada el jueves 24 de diciembre) no solo que defendió la medida sino que expresó que si por él habría sido imponía al canal una suspensión de 90 días. La tesis del Gobierno es la de que los medios sipianos no son dueños de la libertad de expresión; y que si hay una ley que los regula, pues deben cumplirla o atenerse a las consecuencias.
Sin embargo, sectores que no son parte del actual régimen pero que tampoco respaldan o promueven a la oposición de derecha, sin desconocer que al CONATEL y al Superintendente de Telecomunicaciones les asiste el derecho para imponer estas y otras sanciones, sin embargo estiman que estas fueron total y completamente inconsultas, inapropiadas para el momento político actual y cuando la derecha retardataria , a ojos vistos, se rearma y se prepara para enfrentar a la “revolución ciudadana” con hechos concretos: la revocatoria del mandato (una posibilidad constitucional) o la defenestración del Presidente y sus cuadros, en el más puro estilo de Honduras. Voceros de esta derecha precisamente se han preocupado en los últimos meses en “reivindicar” como legítimo el vulgar golpe de estado dado contra el Presidente Zelaya y las “elecciones democráticas” de quien pretende asumir el poder en su reemplazo.
En este contexto, salta a la vista que en las esferas gubernamentales existen grupos burocráticos (los famosos mandos medios) que desde adentro y mediante una serie de medidas antipopulares, están socavando la popularidad de Correa con miras a su derrocamiento, ya que no habrá elecciones presidenciales sino en el 2013 y el “autócrata” tiene buenas posibilidades de reelegirse por un nuevo período (4 años) En el peor de los casos, lo que tratan es de socavar su imagen (que ya lo están logrando) para justificar cualquier “medida extrema”
Y vaya que en Ecuador, desde 1997 (doce años) se han dado casos de derrocamientos mediante la “insurrección popular” Quizá ese puede ser un ensayo a ejecutarse pero esta vez para recomponer el viejo sistema neoliberal, que de alguna manera ha sido reemplazado por un estilo y un discurso renovador.
