Jurisprudencia maltrecha. Entre la burla y la impunidad
Julián Carreño
Martes, 24 de Febrero de 2009 15:15 Equipo desde abajo Colombia
En rueda de prensa citada para el 23 de febrero por la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, se hicieron patentes las irregularidades jurídicas derivadas de la Acción de Tutela presentada el pasado 2 de febrero, ante el Consejo Superior de la Judicatura, por el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- Jorge Noguera Cotes. Su pretensión: emprender acciones de nulidad de los más de 50 mil folios probatorios que dan cuenta de los delitos que se le imputan, entre ellos, el asesinato de numerosos sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Ir más allá de la denuncia. Este fue el espiritu que rondó durante la rueda de prensa en la que participaron Tarcisio Mora, presidente de la CUT, Eduardo Carreño, del CAJAR, y Luís Alberto Vanegas, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la CUT
En sus declaraciones, los citantes a este ejercicio comunicativo énfatizaron en la nueva estratagema jurídica emprendida por el abogado del ex director del DAS, Jorge Noguera, al interponer tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, con la que pretende, una vez más, obtener la libertad de su defendido, a espaldas de los crimenes que se le sindican, lista en mano, en contra de sindicalistas y defensores de derechos humanos, cuando era director de la agencia de seguridad estatal.
Hechos que se conectan. Interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos, rebeladas la semana que cursa, dejan entrever que la corrupción estructural que carcome al DAS, continúa vigente. Organismo que es, vaya paradoja, el directamente encargado de la seguridad de las personas amenazadas de muerte por agentes del mismo Estado colombiano.
Dos variables que van de la mano y corroen como cáncer letal: la llamada ‘seguridad democrática’, ligada a los esquemas de protección de civles, y las distintas modalidades de espionaje, normalmente implicadas con el paramilitarismo, que rompen con la privacidad, la seguridad y la vida de las personas que se oponen, desde la acción cívica, al régimen político vigente en Colombia. Acción, que además de ilegal, involucra a la población civil en el conflicto armado, social y político que padece el país.
Eduardo Carreño recordó los vínculos entablados por Don Antonio, ex capitán del Ejército, mano derecha y lugarteniente de Jorge 40, receptor de la lista con nombres, ubicaciones precisas, dadas por el entonces director del DAS, la misma que motivó la muerte, según el abogado, de más de 70 sindicalistas. Razón que propició una crisis, otra, del organismo de espionaje que depende de la Casa de Gobierno, y su supuesta depuración a través de una comisión de notables.
De una tutela ilegítima
Un antecedente que deja mal parado al Consejo Superior de la Judicatura tiene que ver con la Tutela interpuesta por el CAJAR para evitar la extradición de los jefes paramilitares desmovilizados. En ella aducían que los crímenes de lesa humanidad son de mayor jerarquía y entidad, en términos de política criminal, que los de narcotráfico. Respetando los argumentos, el Consejo Seccional de Cundinamarca concedió la Tutela. Pero la reacción no se dejó esperar, y de manera sorprendente el Consejo Superior de la Judicatura actuó, ocho días después, en contravía de las normas y de la evidencia, echando para atrás lo fallado por su entidad dependiente en Cundinamarca. Transcurridos otros dos días y los jefes ya figuraban en los Estados Unidos. En el ambiente quedó el interrogante, ¿por qué tanto afán?
Decisión en contra del derecho y de la verdad. Recordaron los abogados que la Constitución política de 1991 estableció que el Presidente de la República elige a la totalidad de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, esto es, son funcionarios que dependen directamente del Presidente. Centralismo indefinido, agudizado en el presente gobierno. Concentración del poder que le resta autonomía a las distintas ramas del Estado.
La improcedencia de esta Tutela puede repercutir, no solamente en el aparato de justicia, sino en la cuota de impunidad que se le adjudica a Noguera, toda vez que este organismo está impedido para darle salida. Así lo enfatizó Carreño, quien señaló que: “Ante el Consejo Superior de la Judicatura se responde, en primer término, que no hay vías de hecho y, en segundo lugar, que a través de la Tutela no se puede decretar la nulidad de las pruebas. Si ellos quieren acudir a alguna instancia, tienen que ir al Fiscal General de la Nación y pedirle la nulidad o en el juicio Ante la Sala Penal de la Corte pedir dicha nulidad.”
Y agregó: “Lo que se busca fundamentalmente es dilatar el proceso y esto lleva implícito que se comiencen a generar prescripción de delitos. Las prescripciones son de cinco años la mínima y esto corre a favor del señor Noriega. Además, se pretende dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes, lo que implica que las ejecuciones de los dirigentes sindicales que estaban siendo protegidos por el Estado, a través de este organismo, se quedan en la impunidad”.
Del cinismo a la impunidad: sólo un paso
La artimaña no es nueva. Como se conoce, el 22 de febrero de 2007 Noguera fue detenido tras pruebas que dieron cuenta de su relación directa con el ex jefe paramilitar Jorge 40. Pese a lo cual el ex director del DAS recuperó su libertad el 23 de marzo del mismo año, a través del recurso jurídico “Habeas corpus” otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, el 6 de julio de ese mismo año fue recapturado y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 “…por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con el de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto homogéneo”.
Luego, tras una ruptura procesal, Noguera volvió a recuperar su libertad, en plena etapa del juicio, adelantado esta vez por la Corte Suprema de Justicia, que consideró la actuación como nula, toda vez que el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, no asumió la investigación de manera directa, lo que violaba el principio de fuero constitucional de este alto funcionario. Tras este imprevisto, el Fiscal dictó nuevamente intrusión contra Noguera Cotes, llamándolo a indagatoria, e imponiéndole medida de aseguramiento el 12 de diciembre de 2008, fecha en la que fue de nuevo detenido y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
A pesar de que Noguera pidió nulidad de actuación ante la Corte Suprema de Justicia, ésta ha dejado en claro que las pruebas presentadas en su contra tienen toda la legalidad y quedan incólumes, por cuanto se han practicado ajustadas al debido proceso, bajo las formalidades de la ley. De aprobarse la Tutela, por tanto, el aparato judicial quedará como promotor de la impunidad, poniendo en entredicho cualquier injerencia punitiva, pues actúa en connivencia con el crimen.
Sindicalistas y defensores en Derechos Humanos burlados
El presidente de la CUT, Tarcisio Mora, enfatizó que “…en el asesinato a sindicalistas, a lo largo y ancho del territorio nacional, se esconde una estrategia de fondo. El Acuerdo de Ralito que se constituyó en una auténtica alianza entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares”. Por tanto, la extradición de los jefes de estos grupos, se traduce en un grave obstáculo para impartir justicia. Recordó el dirigente sindical, que entre los enviados a los Estados Unidos se cuenta Salvatore Mancuso, sancionado por el asesinato de dirigentes de la Unión Sindical Obrera-USO, con ocho años de prisión.
Recordaron los abogados, en el comunicado con que citaron a la rueda de prensa, el testimono de Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, presentado pocos días antes de la realización de la audiencia convocada por el Congreso de los Estados Unidos, para examinar la situación de violencia antisindical reinante en Colombia: “en los últimos 23 años se registraron en Colombia, 2.694 sindicalistas asesinados, 482 de los cuales, ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 60% de estos asesinatos no han sido investigados y apenas en 90 casos ha habido una sentencia condenatoria, pero sólo de los autores materiales, no intelectuales”.
Otra cara del problema responde a una estrategia de exterminio sistemática que va más allá de las eliminaciones de orden físico. A los asesinatos sistemáticos de sindicalistas se suma la modificación de las relaciones productivas derivadas de la precarización de las condiciones laborales y del mismo derecho a la asociación de los trabajadores. Dos ejemplos lo ilustran bien. En el 2006, el Ministerio de Protección Social rechazó 71 solicitudes de organización sindical y la Central Unitaria de Trabajadores pasó desde su fundación de 1.600.000 afiliados a 450 mil.
Impedidos en el derecho legítimo de organización, y asesinados, el movimiento sindical y los defensores de derechos humanos, son lacerados desde varios flancos, con predilección de quien tiene la función de proteger su integridad. “Se dispararon las alarmas con el problema del DAS y esto nos obligó a denunciar ante el país la posibilidad de liberación del señor Jorge Noguera. Él entregó unas listas a algunos paramilitares y esos dirigente fueron asesinados y frente a esto llamamos a la justicia y al pueblo colombiano para que esté más alerta frente a la Tutela que él presentó para que se anulen las pruebas. Haremos lo que haya lugar, hay que actuar en el marco internacional, así como a nivel nacional también”, aseveró Tarcisio Mora.
Las víctimas de estos crímenes claman justicia, por lo que resulta vital que la sociedad colombiana haga suya la veeduría de lo que pueda suceder a partir de estas acciones que pretenden impunidad. Es necesario, no sólo pensar en una depuración de estos organismos, sino también hacer patente la situación estructural de corrupción y crimen que impera en las distintas ramas del poder en Colombia.
Por, Julián Carreño
