José Gregorio Hernández Galindo
Creemos que, más que la mala imagen, lo que debe preocupar es la cruda realidad a la que nos enfrentamos en esta materia, en cuanto la sociedad colombiana continúa presenciando, perpleja e incrédula, el aumento de las denuncias y las exhumaciones de cadáveres por cuenta de méritos y logros militares conseguidos mediante el crimen.
El propio Gobierno se ha visto precisado a disolver una brigada del Ejército, probablemente con el propósito de restablecerla con nuevos efectivos y ojalá con procedimientos internos de control, pues allí los investigadores castrenses encontraron serias irregularidades de las que informaron al Presidente de la República y al Ministro de Defensa.
| Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha tomado ya varias decisiones de importancia, dentro del criterio indicado por el Fiscal Iguarán de no permitir la impunidad, y de evitar que, como consecuencia de una inactividad del Estado colombiano, tenga que asumir competencia la Corte Penal Internacional. No olvidemos que precisamente esta clase de crímenes constituyen el principal objeto de su jurisdicción, a la luz del Tratado de Roma, y veamos que este lunes se dio comienzo a los primeros juicios, en busca de garantizar la efectividad del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
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La Fiscalía adelanta, según sus datos, 1.230 investigaciones de civiles reportados como muertos en combate. La Unidad de Derechos Humanos procesa 848 investigaciones, y las seccionales llevan 382 casos, sin perjuicio de las nuevas denuncias que se presentan en distintos puntos del territorio nacional.
Todo esto estremece y afana. Son falsos positivos, y verdaderos crímenes. Algo muy grave está pasando en el interior del Ejército de Colombia.
